ROSA MARIA VENEGAS MELLO

PIURA:¿ MAJAZ O PAZ ?.

2009-12-16T08:32:00.000-08:00

Nuevamente aparecen denuncias sobre muertes de comuneros en la sierra de Piura. Se trata, otra vez, de las comunidades cercanas a Minera Majaz. Como se sabe, allí hay un conflicto entre empresa minera, Estado y comunidades que ya generó demasiada violencia.

Hace poco, en medio de ese contexto de conflicto, un grupo de desconocidos atacó un campamento de la mina y asesinó a un vigilante y un trabajador de la misma. Hasta la fecha, la policía no ha identificado a los atacantes ni ha establecido a qué motivos se debió el ataque.

Ahora, las nuevas víctimas campesinas se han producido cuando efectivos policiales llegaron a una comunidad del distrito Carmen de la Frontera para dejar notificaciones a personas citadas por un fiscal. Los efectivos quisieron detener a un campesino, al parecer sin orden judicial. Se produjo una riña con los pobladores y los policías terminaron disparando sus armas.

Los exámenes y fotografías de los médicos legistas han sido divulgados por la prensa. Hay evidencia de que al menos uno de los campesinos recibió balazos en la espalda y desde arriba hacia abajo. Por tanto los policías no habrían disparado en defensa propia.

Este episodio trae a la memoria otro ocurrido hace dos años contra campesinos de la misma zona. Fueron unos 30 los campesinos secuestrados y sometidos a tortura por un grupo de policías y vigilantes de la empresa que da vigilancia a dicho proyecto minero. Uno de ellos terminó muerto. Este caso ha terminado en tribunales de Inglaterra, que aceptaron la denuncia de los comuneros sobre la responsabilidad de la empresa inglesa Monterrico Metals, entonces dueña de Minera Majaz.

Ya es hora de poner freno a esta violencia en Huancabamba. En lo inmediato se debe revisar la legalidad de la presencia de Minera Majaz. Ya en 2006 la propia Defensoría del Pueblo señaló que dicha minera no había cumplido con obtener los respectivos permisos a las comunidades. Un pronunciamiento de registros públicos de Sullana señaló lo mismo. A esto se suma que esta mina se ubicaría en alturas donde hay importantes fuentes de agua para Piura y Cajamarca, con gran riesgo de contaminación a tres ríos de la zona.

A la vez, hay que reformar el proceso de las concesiones, mineras y otras, que se dan sin mayor participación de las comunidades y poblaciones locales ni de gobiernos regionales y municipales.
http://www.expreso.com.pe/edicion/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=10&Itemid=66

APROBARON POR UNANIMIDAD LEY QUE EXCLUYE EL COBRO ILEGAL DE FONAVI EN RECIBOS DE AGUA.

2009-12-10T15:13:00.000-08:00

Proyecto de Ley fue promovido por la Congresista Rosa María Venegas Mello, el cual beneficiará a 42 mil familias afectadas de la Región Piura.

Por unaminidad fue aprobada hoy en el pleno del Congreso de la República la ley que excluye el cobro ilegal del fonavi en los recibos de agua , proyecto impulsado por la congresista Rosa María Venegas Mello a través de la iniciativa legislativa 3299.
Así la congresista Venegas Mello sustentó hoy nuevamente su exigencia de justicia para los 42 ,000 mil familias de escasos recursos económicos de Piura a quienes inconsultamente se les venía ejecutando dicho cobro a través de los comprobantes de pago expedidos por la empresa prestadora de servicios de agua en Piura EPS Grau.
Por tanto la ley que modifica los artículos 3 y 4 del decreto de Urgencia Nº 074 -2000 , referido al proceso de recuperación de deudas por conexión domiciliaria se propone establecer el pago de las mismas realizadas con recursos del FONAVI sin afectar el cobro de los comprobantes de pago de los servicios de agua potable y alcantarillado que realizan las entidades prestadoras de servicios de saneamiento.
Por todas estas consideraciones la ley fue aprobada con exoneración de segunda votación , con 72 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones.
De este modo con la presente ley los miles de usuarios del servicio de agua de Piura afectados por el cobro ya no verán amenazado el elemental servicio el cual corría el riesgo de ser cortado al no pagar dichas deudas.
Por tanto los usuarios con esta ley impulsada por la congresista Venegas verán respetado su derecho al agua en Piura , y tendrán tranquilidad en una zona afectada constantemente por el Fenómeno El Niño.

CONSTRUCCIÓN DE 971 VIVIENDAS PARA MAESTROS IMPULSA CONGRESISTA VENEGAS MELLO.

2009-12-10T09:39:00.000-08:00

A través de los aportes de los docentes a Derrama Magisterial.

La construcción de 971 viviendas dignas para los docentes de la Región Piura comprendidas en la Primera Etapa del Programa Nacional de Vivienda Magisterial en el área de terreno de 20 hectáreas adquiridas por la Derrama Magisterial gestiona la Congresista Rosa María Venegas Mello dentro de su labor parlamentaria.
Para ello hoy la parlamentaria piurana ha presentado un oficio al Presidente de la Derrama Magisterial César Augusto Reyes Valle para que se materialice el pedido de los secretarios generales del SUTEP Regional Piura quienes desde el 17 de noviembre pasado han dirigido una carta notarial al vicepresidente de la derrama magisterial Luis Arteaga Salazar solicitando se agilice el inicio de la construcción de las viviendas.
La parlamentaria expone en el documento la urgente necesidad y el interés preferente de contar respectivamente con las viviendas así como también la edificación de un centro recreacional para los profesores de la
Región Piura aportantes de la Derrama Magisterial .
Cabe informar que los secretarios regionales del SUTEP Piura han solicitado a la parlamentaria interceder con sus gestiones para que se de inicio inmediato a ambos proyectos que serán financiados con sus propios aportes a la Derrama Magisterial y que según denuncian los docentes piuranos han sido manejados “ en forma unilateral sin tomar en cuenta los intereses del magisterio piurano”.
Asimismo los dirigentes del SUTEP Regional solicitan la mediación de la parlamentaria Rosa Venegas Mello para que los directivos de la Derrama Magisterial Nacional cumplan con exponer a los agremiados regionales las condiciones de la construcción de viviendas las cuales dicen deberán contar con la respectiva “licencia social ”de aprobación de su parte para su ejecución.

http://www.elregionalpiura.com.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=2159:venegas-971&catid=31:piura&Itemid=209

EL CENTRALISMO CONTRA PIURA.

2009-12-04T08:44:00.000-08:00

Ya se aprobó la ley de presupuesto público para 2010. Las cifras, aunque el gobierno lo niegue, muestran que seguimos teniendo un Estado y un gobierno centralistas.

Si se revisan las cifras del presupuesto aprobado por el Congreso, veremos que el gobierno central ejecuta el 72 % del presupuesto nacional. El conjunto de gobiernos regionales ejecuta apenas el 16 % del presupuesto. El conjunto de más de 2000 gobiernos municipales ejecutan solamente el 12 %. Esta concentración del gasto es incluso mayor que en el año 2009.

Esto quiere decir que frente a la crisis mundial, una de las opciones que se ha tomado no es descentralizar más, sino aumentar el centralismo. Es decir, proteger más al gobierno central y quitar recursos a los gobiernos regionales y municipales. Esta es la opción del Gobierno a través del ministerio de Economía.

Esta orientación va causar complicaciones a varios proyectos de inversión que hay en las regiones. Pero es absurdo es que, habiendo una mayor cantidad de congresistas provenientes de las regiones (75 de 120), el Congreso apruebe con sus votos un presupuesto centralista que afecta el desarrollo regional.

Es el caso del proyecto Alto Piura. Este aumentará las tierras cultivables y producirá mayor energía eléctrica. Tiene la aprobación del gobierno regional y del gobierno central. El presupuesto de 2009 ya incluyó una partida de 75 millones de soles. Figura entre los mejores proyectos aprobados por el Congreso. El Presidente García prometió dotarlo de presupuesto cada año. Sin embargo, para el 2010 no se ha aprobado ninguna partida

Antes y durante del pleno hicimos muchas gestiones para obtener el presupuesto para el Alto Piura, junto con agricultores de la zona, y con el propio gobierno regional. El año pasado lo logramos. Pero esta vez no se pudo. De ello es responsable el ministro de Economía y sus opciones centralistas. Pero también son responsables ciertos congresistas apristas que anteponen sus problemas partidarios con el Presidente regional, y se han negado a apoyar el presupuesto para el Alto Piura.

El pueblo de Piura debe organizarse y movilizarse para obtener lo que se les ha negado en el Congreso. Ni el centralismo ni la irresponsabilidad de algunos podrán más que un pueblo decidido a defender sus derechos.

LAS ALAS POLÍTICAS DE UN RECTOR.

2009-12-04T08:38:00.001-08:00

Es notable la red de influencias que la universidad particular Alas Peruanas ha tendido sobre nuestros poderes públicos. El rector de dicha universidad ha logrado establecer vínculos directos con una cantidad de jueces, congresistas y políticos de varias corrientes políticas.

¿Para qué quiere tanta influencia la mencionada universidad? Para tener la respuesta debemos recordar que Alas Peruanas no fue reconocida por los organismos autorizados para ello (Asamblea Nacional de Rectores y CONAFU). El rector actual tampoco fue reconocido por dichos organismos. Estos, entre los años 2000 y 2002, dictaminaron que ni la Universidad ni su rector contaban con los requisitos exigidos. Entonces los rechazados acudieron ante el Poder Judicial y éste dictaminó que debían ser reconocidos.

Sin embargo la universidad tiene otros centenares de juicios. El rector tiene cerca de treinta. Esto nos da una idea de porqué es importante, para ellos, tener redes en el poder judicial. Y no solamente entre jueces superiores o supremos sino en el mismo organismo encargado de nombrar y evaluar a jueces de todo nivel: el concejo nacional de la magistratura. Al menos uno de sus miembros también ha viajado con gastos pagados por Alas Peruanas.

La misma universidad, y otras semejantes, también pretenden que se den leyes que hagan muy permisivos los controles que debe ejercer la ANR y CONAFU. Esto nos da una idea de porqué el rector de Alan Peruanas también tiende redes en el Congreso, y en particular entre la bancada oficialista. Hay por lo menos tres congresistas apristas que tienen algún nivel de sociedad con Alas Peruanas. Dos de ellos son integrantes de la Comisión de Educación.

Como si fuera poco, últimamente se ha sabido que dicha universidad tiene como alumno al alcalde de Lima, aspirante a presidente y jefe político de varios congresistas, don Luis Castañeda Lossio, estudiante de arquitectura. Es mas, el rector de Alas Peruanas acaba de conseguir sus firmas para formar su propio partido político.

El Estado y el Gobierno debieran poder garantizar que una universidad privada, con numerosas filiales, no imparta educación de baja calidad. ¿Cómo va poder hacerlo si se permite que una de ellas, o su rector, se den el lujo de cooptar jueces, congresistas y políticos a diestra y siniestra?.

NO A LA VIOLENCIA EN HUANCABAMBA.

2009-11-03T08:13:00.000-08:00

Escribo esta columna el día lunes, cuando los diarios de Piura y Lima publican primeras informaciones sobre un ataque armado que se habría producido el domingo contra un campamento minero de la empresa Río Blanco, en el distrito de Carmen de la Frontera, en la provincia piurana de Huancabamba, con el saldo de dos vigilantes fallecidos.

La empresa ha denunciado que se trató del ataque de unas 20 personas armadas. El diario Correo, en su edición piurana, además de esa versión también incluye otra, según la cual las victimas habrían sido impactadas por disparos accidentales de la escopeta de otro de los vigilantes.

Sin embargo, la versión de la empresa también se refiere al incendio de las instalaciones del campamento. Poniéndonos en el caso de que efectivamente se haya tratado de un ataque por un grupo armado, toda la sociedad peruana y en particular la piurana, todos los sectores, debemos condenar esta acción y a sus autores.

De tratarse de un atentado, este debe ser rechazado con mucha fuerza porque, en primer lugar, ha ocasionado pérdida de vidas y, en segundo lugar, ocurre en un lugar en el que este atentado provocará mayor violencia y quienes sufrirán las consecuencias serán las poblaciones y comunidades locales.

Frente a esta denuncia, las autoridades deben actuar con mucha prudencia y no sugerir que los probables autores se encuentran entre las poblaciones que han rechazado la presencia de la mina Río Blanco, antes Majaz. De hecho, los propios funcionarios de la mina ya han señalado que no creen que dichos autores pertenezcan a dichas comunidades y han narrado que han sido los comuneros los que han prestado auxilios a algunos trabajadores después de ocurrido el eventual ataque.

Por otro lado, frente al conflicto que aún subsiste entre las comunidades de esta zona y la empresa Río Blanco, debemos recordar que este se origina porque el gobierno no cumple las obligaciones de consulta a las comunidades, previa al otorgamiento de concesiones mineras. Si se cumpliera debidamente con la consulta previa, libre e informada a estas comunidades esos conflictos no se hubieran producido. El gobierno aún está a tiempo de hacerlo para quitarle pretextos a cualquier grupo interesado en sembrar violencia en Huancabamba o en otras partes del Perú.

LA PROTESTA DE LOS PUERTOS.

2009-11-02T09:57:00.000-08:00

El lunes 26 de octubre un paro de protesta detuvo buena parte de los puertos del país. Su demanda es que se anule la concesión del puerto de Paita y que no se repita esa medida con los otros puertos del país. Los congresistas que nos opusimos a la manera tan irregular como se hizo la concesión de Paita no lo hicimos por oponernos a la inversión privada. Al contrario,esa inversión, cuando se hace con las debidas regulaciones , puede ser beneficiosa para nuestro desarrollo.

Sin embargo, respecto a Paita, las condiciones favorables en exceso al concesionario privado, la empresa Terminales Portuarios Euroandinos. Se le da el puerto en condiciones de monopolio , se considera al muelle antiguo como si fuera parte de su inversión nueva, se le garantiza un nivel de ganancias , no se regula una parte importante de las tarifas, y se le permite demorar sus inversiones propias.

Para llegar a esto se modificaron leyes de desarrollo portuario y se redujeron las facultades de la Contraloría General de la República. Y cuando crecía el cuestionamiento a la concesión, el ministro de Transportes, Enrique Cornejo ,y la Jefa de Preinversión , Sra. Cayetana Aljovín, apresuraron el contrato.

Una de las razones de Cornejo y Aljovín para defender esta irregular concesión fue que iba a reducir las tarifas de los servicios portuarios ya hacer de Paita un puerto más competitivo.Sin embargo, como se sabe, lo primero que ha hecho la empresa EYP, el primer día que tomó posesión del Puerto ( 7 de octubre) ha sido decidir un alza descomunal de las tarifas , en algunos casos de hasta un 400%.Es decir que ha bastado un sólo día de concesión para que se demuestre la validez, de todos los argumentos de los trabajadores portuarios , de los expertos y de los congresistas que la cuestionamos.

A la inversa, ha bastado un solo día para que se revele la falsedad de los anuncios de Cornmejo y Aljovín.El rechazo a la concesión es ahora mayor que antes. Ahora también hay sectores de empresarios en aduanas, exportadores, industriales, transportistas y hasta comunicadores que se oponen. Esta amplia reacción ha motivado que la concesionaria se avenga a negociar las tarifas. Lo, que se necesita, sin embargo, es revisar el contrato pues en cualquier momento pueden subir las tarifas a su antojo.

PAITA, CONTRATO BAJO SOSPECHA

2009-09-17T11:16:00.000-07:00

La semana pasada la Comisión de Transportes del Congreso debatió el tema de la concesión del puerto de Paita. La suscrita y otras y otros congresistas pedimos que se forme un grupo de trabajo para que esclarezca este discutible caso y que la suscripción del contrato se aplace un mes hasta que haya un informe de dicho grupo de trabajo.

La propuesta no prosperó. Congresistas apristas, fujimoristas y de Unidad Nacional sostuvieron que el Congreso no debería interferir en las funciones de Proinversión, ni en el proceso de suscripción de un contrato. Un congresista fujimorista sostuvo que en el Perú había “una ofensiva antiinversión” y que el Congreso debía defender la inversión.

Si bien el Congreso debe jugar un papel favorable a la inversión, su rol fundamental es el de fiscalizar la legalidad de los actos del Ejecutivo. Mas bien, es el Congreso el que vive una ofensiva contra sus facultades de fiscalización por parte de los que favorecen sin mesura al inversionista privado.

Es el caso de la concesión del puerto de Paita. El concurso se inició en abril de 2008 y terminó con su adjudicación a un consorcio portugués en marzo de 2009. La semana pasada señalamos varios aspectos cuestionables en este asunto. Ahora nos centraremos en dos normas, una para aumentar los beneficios del concesionario privado, y otra para reducir el papel fiscalizador de la Contraloría.

El decreto legislativo 1022, de junio de 2008, modifica a la ley 27943 o ley del sistema portuario nacional, con la única finalidad de asegurarle mayores ganancias al concesionario. Quien compare la versión original de la ley y las modificaciones se percatará de ello con suma facilidad.

El decreto de urgencia 047 –2008, de diciembre de 2008, recortó facultades de fiscalización de la Contraloría, limitándola a emitir informe previo sólo sobre la versión final del contrato e impidiendo que se pronuncie sobre el diseño de la transacción. El miércoles 9, en el Congreso, el propio Contralor expresó su desacuerdo con ese decreto.

Con tales indicios de manipulación legal de la concesión, era imperativo que el Congreso indague antes de que se firme el contrato. No obstante, el contrato ya fue suscrito apresuradamente. Así, bajo sospecha y sin transparencia es como se hacen las cosas que luego desencadenan conflictos.

SUBVERSIÓN: ¿HAY ESTRATEGIA? ¿HAY CONDUCCIÓN?

2009-09-17T11:12:00.000-07:00

Un nuevo ataque senderista ha causado un doloroso saldo de muerte entre efectivos de nuestras Fuerzas Armadas. Esta vez, las bajas han enlutado hogares de oficiales y efectivos de la Fuerza Aérea. Vayan hacia ellos nuestras más sentidas condolencias no sólo por el drama que ahora las envuelve, sino porque han caído cuando intentaban rescatar soldados heridos por un ataque previo de los mismos senderistas.

Para que este sacrificio no sea en vano, todos aquellos que tenemos algún deber o función al interior de los poderes públicos debemos preguntarnos si tenemos o no una verdadera política antisubversiva o si quienes la conducen lo están haciendo bien. O si, por el contrario, una conducción empírica y negligente está exponiendo a nuestros oficiales y soldados mucho más de la cuenta

Esta pregunta es un imperativo por que desde hace un año los senderistas le han causado 38 muertes a las Fuerzas Armadas, 10 a las Fuerzas Policiales y cuatro a los civiles. A ello se suman 43 heridos.

Se trata de una serie de ataques senderistas que han tomado por sorpresa a los efectivos de las fuerzas del orden en varias oportunidades desde octubre del año pasado. Fueron cuatro en las últimas dos semanas, pero tenemos anteriormente el caso de Sanabamba y el ataque a la comisaría de San José de Secce, ambos en Huanta.

Entonces cuando ya son varias veces que se producen estos ataques y toman desprevenidos a nuestros efectivos hay algo grave que esta pasando en términos de imprevisión. Y de esto no se puede responsabilizar ni a la prensa ni a quienes critican al gobierno.

El ministro de Defensa, Rafael Rey, parece que no lo entiende así. En su reciente presentación ante el Congreso, en la parte que fue difundida públicamente, no dio explicaciones al país respecto a cómo es posible que esté sucediendo todo esto ni cómo espera enfrentarlo, por lo menos a grandes líneas.

Lo que hizo el ministro es emprenderlas contra los “criticólogos”, los “derrotistas”, la Comisión de la Verdad o contra ex ministros. Incluso dio lecciones a la prensa sobre cómo debe ser los titulares y las primeras planas de los medios sobre la cuestión del terrorismo. Pero explicaciones sobre los hechos mismos de la última semana, ninguna.

Lo que un ministro de Defensa tendría que hacer, prioritariamente, es explicar al país y al Congreso donde están las fallas y hacer los cambios para que no se repitan. Tiene que estar mucho más enfocado en cumplir su responsabilidad de conducción. Si necesita recursos, pedirlos al MEF oportunamente. Si necesita que se fortalezcan los servicios de inteligencia, ordenarlo, pues eso está en su campo por lo menos parcialmente.

Pero más allá del ministro de Defensa hay una responsabilidad global del gobierno y de nuestro Congreso mismo. El problema de la subversión requiere un enfoque integral que incluya no sólo el problema del narcotráfico. En realidad ambos fenómenos están vinculados a los grandes niveles de desempleo, pobreza y corrupción que subsisten en el país. No bastan las estrategias focalizadas. Se necesita una que sea global. Y eso es lo que brilla por su ausencia.

PAITA, CONCESIÓN CONTRA LAS LEYES

2009-09-03T13:32:00.000-07:00

Un juzgado de Paita acaba de admitir a juicio una demanda de nulidad de la concesión de su Terminal Portuario. La demanda ha sido presentada por el sindicato de trabajadores de ENAPU – PAITA. El demandado es el Ministerio de Economía, que tiene a su cargo a PROINVERSION, responsable de la concesión.

La demanda de los trabajadores de Paita tiene que ver con la violación a sus derechos laborales, pues con la concesión se ven afectados su continuidad laboral y los adeudos que se les tiene. De consumarse la mencionada concesión pasaría a primar el régimen de los “cargos de confianza”.

Economía deberá responder en unos días la demanda ante el mencionado juzgado de Paita. Esperamos que se respete la independencia de la jueza Ana Luisa Yaipén Rodríguez. Que no haya la consabida presión política, ni sobre ella ni sobre sus superiores. Los piuranos debemos estar atentos a que este no sea el caso.

Sin embargo, el Ejecutivo y la Contraloría de la República deben también responder a otros cuestionamientos importantes que se han venido haciendo a la concesión del Terminal Portuario de Paita al consorcio Tertir Cosmos. Han sido hechos por los trabajadores, por militares en retiro como Roberto Chiabra , por ciudadanos como el ex congresista Manuel Dammert e incluso por varios congresistas, incluido el aprista Luis Negreiros.

Lo mas importante en este caso es la oposición de los propios trabajadores del puerto de Paita y de la población en general del mismo puerto. Esto se expresa en el activismo del Frente de Defensa de Paita y en la consulta ciudadana que realizaron en marzo pasado. En esa consulta, no siendo oficial ni obligatoria, votaron más de 11 mil ciudadanos, de los cuales cerca del 90 % se opuso a la concesión.

Lo que ocurre es que hay muchos aspectos cuestionables a esta concesión . La primera de ellas es que ha sido manejada de manera totalmente centralista, solo por funcionarios de Proinversión y otros sectores del Ejecutivo. Ni el gobierno regional ni la Municipalidad Provincial de Paita han tenido atribuciones para incidir sobre el proceso de la concesión.

Por otro lado, para facilitar la concesión a un privado se han forzado figuras legales como la de hacer pasar como una infraestructura nueva algo que ya tiene décadas de funcionamiento. Se ha sido muy poco exigente en cuanto a la capacidad de gestión demostrada por el adjudicatario de la concesión; se le ha pedido compromisos de inversión muy bajos, en plazos muy largos y con periodos de gracia también demasiado largos; el Estado le ha dado garantías de ganancias mínimas que de no ser alcanzadas serán cubiertas, es decir subsidiadas, por el propio Estado; se está permitiendo la configuración de un monopolio privado inconstitucional y finalmente se permite que el concesionario hipoteque la concesión con lo cual se pierde el manejo soberano del puerto por parte del Estado.

Estas irregularidades estaban siendo examinadas por la Contraloría. Sin embargo el gobierno ha dado el DS 181- 2009- EF otorgando garantías a la nueva empresa concesionaria. Lo cual implica la ilegal interrupción de un proceso de control que no se debe dejar pasar. Estemos atentos a este asunto trascendental para los piuranos.

LA VERDADERA INCLUSIÓN

2009-08-25T10:37:00.000-07:00

Hacia 1973 nuestro país comenzó a sentir los impactos de la crisis mundial del petróleo. Subió el precio de los combustibles, y eso tuvo un efecto multiplicador sobre todos los otros precios. Los gobiernos empezaron a aplicar “paquetazos” que afectaron sobre todo el consumo, el empleo de las mayorías y los servicios sociales del Estado. Allí comenzó a crecer la pobreza, o sea la condición de la gente que no accede a satisfacer sus necesidades básicas.

A comienzos de los 80 estalló otro problema, el de la deuda externa. Para pagar la deuda los gobiernos tuvieron que continuar los “paquetazos”, castigando siempre el consumo, el empleo y los servicios sociales del Estado. Entonces la pobreza adquirió un carácter masivo y se le comienza a considerar el problema más urgente del país y se comienzan a implementar los llamados Programas Sociales de Emergencia.

A comienzos de los 90 el país sufre otro salto en sus niveles de pobreza. Esto ocurrió, primero, por la hiperinflación que hubo a fines de los años 80. Y, segundo, porque el recordado “shock” fujimorista apuntó a reducir la inflación mediante el recorte, otra vez, del consumo, del empleo y de los servicios sociales del Estado. Los programas de asistencia social tuvieron que ampliarse y se creó el llamado Foncodes o Fondo de Compensación Social.

A fines de los años 90, otra crisis internacional, la llamada crisis asiática, también tuvo efectos sobre la economía peruana. Esta entró en recesión, y volvió a obligar al gobierno de entonces a que se apliquen nuevos ajustes que castigaron el empleo y hubo un repunte de la pobreza. Cuando se recupera la democracia, en el año 2001, más del 54% de peruanos sufrían la condición de pobreza.

En la primera década del siglo XXI hemos tenido cifras de crecimiento económico durante 7 años. La pobreza, según ciertas mediciones, ha retrocedido, pero continúa siendo un problema preocupante. Ello se debe, primero, a que el crecimiento ha sido muy desigual. Hay regiones del país en donde la pobreza no ha retrocedido nada. También hay indicadores que no han mejorado nada, como el consumo de calorías. En segundo lugar, la actual crisis económica mundial está ocasionando, con toda seguridad, un repunte de la pobreza allí donde había mejorado.

Por eso, y por que los conflictos sociales han crecido mucho en los últimos años, es que el Presidente García se ha referido a la inclusión como una de sus metas principales. Inclusión, se entiende, es la superación de la pobreza. Es la incorporación de las personas pobres a las condiciones que le permitan satisfacer sus necesidades básicas. Por lo tanto no es atenuación ni paliativo pasajero, sino acceso sostenible a una vida digna.

En este sentido, programas como los Núcleos Ejecutores o el de muchos otros programas sociales, podrían ser paliativos o acciones de emergencia. Pero no son verdaderas vías de inclusión. Hay que ir a los factores causales de la pobreza. Fundamentalmente, a la generación de empleo sostenible, tanto urbano como rural. Y por otro lado, a la mejora de servicios sociales como la Educación y la Salud. Tenemos que lograr un tipo de economía que garantice eso. Si no, nunca tendremos una verdadera inclusión.

¿HASTA CUÁNDO SIN INTELIGENCIA ANTISUBERSIVA?

2009-08-23T20:53:00.000-07:00

La elite política se encontraba discutiendo los anuncios del mensaje presidencial de Fiestas Patrias. Varios de estos anuncios, como los cambios en la forma de elegir al Congreso y a los gobiernos regionales o la entrega directa de dinero a núcleos ejecutores de obras comunales, estaban recibiendo diversas críticas. El nuevo ministro del Interior, Octavio Salazar, había hecho noticia en los últimos días con dos temas. En uno de ellos, el ministro anunciaba que su sector también iba a hacer monitoreo de conflictos. Curioso anuncio pues, como se sabe, el sector Interior ya tiene unidades de inteligencia cuya función precisamente es analizar y pronosticar la evolución del orden interno. Lo que pasa es que al ministro Salazar le encanta aparecer en los medios desde que era alto oficial de la Policía.

Por esa misma razón, el otro anuncio del ministro también fue de esos que buscan primeras planas. Señaló que iba a proponer que se penalice a los poseedores de drogas aunque sea en pequeña cantidad. Este anuncio fue criticado por especialistas en temas de represión al narcotráfico pues un adicto no es necesariamente un narcotraficante. Sin embargo cumplió el papel de colocar al ministro en las noticias.

En esas andábamos cuando, al igual que tantas veces antes, un nuevo atentado sorprende al país y deja un saldo de cinco muertos, tres de ellos policías y dos civiles. Ocurrió en San José de Secce, en Huanta, una localidad que ya durante los años 80 fue martirizada con diversos episodios de violencia. Este atentado es de suma gravedad no sólo por las víctimas sino porque ha mediado la virtual toma del pueblo por un grupo numeroso y bien armado de delincuentes armados que, obviamente, preparó la acción desde antes.

Como la vez anterior en que una patrulla del Ejército fue emboscada por un grupo subversivo en otro paraje de Huanta, con el saldo de 13 soldados muertos, es muy probable que en los días siguientes este tema desplace a otros de la atención pública. El Congreso volverá a escuchar las explicaciones del ministro, se hablará otra vez sobre el Plan VRAE, sobre inteligencia y desarrollo social, hasta que otros sucesos hagan olvidar a este reciente atentado.

No podemos continuar con esta manera de actuar sólo por reacción y despreciando la magnitud del problema del senderismo y del narcotráfico. Todos sabemos que esos son los dos mayores problemas delictivos que afronta el país. Justamente ambos tienen en las zonas aledañas de Huanta sus principales zonas de actividad en Ayacucho. A la vez todos sabemos que en ambos casos las operaciones clave son las de inteligencia.

Las acciones de desarrollo social también son imprescindibles para quitarle base social a narcos y subversivos. Pero las acciones de inteligencia son fundamentales para prevenir los atentados y para capturar a los mandos de esas organizaciones. Hasta ahora no tenemos señales de que en este campo se hayan logrado avances serios. ¿Podrá el nuevo ministro del Interior mostrarnos esos avances en poco tiempo? ¿A su vez, podrá el gobierno mostrarnos que por fin le da a este tema de la subversión y el narcotráfico la seriedad que se requiere?

PREPARÉMONOS ANTE EVENTUAL FENÓMENO DE "EL NIÑO"

2009-07-22T09:48:00.001-07:00

Ante la posibilidad de un severo fenómeno de "El Niño", pronosticado por la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), agencia científica del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, urge que los presidentes regionales, alcaldes y autoridades vinculadas con la prevención de desastres naturales desarrollen un plan de contingencia y ejecuten obras que minimicen los posibles riesgos en el país.

Es importante la labor que realiza el Instituto Nacional de Defensa Civil, pero no será suficiente, si este trabajo no se articula con un proyecto de alcance nacional, donde participen todos los involucrados y no solamente se prioricen departamentos costeros.

La advertencia de la NOAA debe llevarnos a una seria reflexión en la toma de decisiones, no obstante que el pasado sábado, el gobierno destinó mediante decreto de urgencia un monto de S/. 15.8 millones para invertir en proyectos de prevención en el norte peruano, cantidad que considero insuficiente para los departamentos de Tumbes, Piura y Lambayeque.

Es conocido que en los dos primeros meses de cada año se producen huaycos, derrumbes e inundaciones, obstaculizando el comercio, transporte de carga y tránsito de personas. Esta situación se agrava aún más en períodos cuando los fenómenos de "El Niño" son severos. La temporada de precipitaciones pluviales se inicia en noviembre, pero el efecto se siente en los siguientes meses, de ahí la necesidad de tomar las medidas de prevención ahora que aún tenemos tiempo y evitar de esta manera, daños severos que afecten a nuestra economía.

El fenómeno "El Niño" ocasiona excesivas lluvias que provocan inundaciones y desborde de ríos, además de alterar los ecosistemas marinos y costeros, sin contar con los innumerables aludes que se producen. Hay indicios que se está formando un fenómeno severo, razón por la cual todos debemos participar para estar prevenidos y evitar que los desastres nos tomen desprevenidos.

Ante esta advertencia, las naciones asiáticas ya están tomando acciones de prevención con altos presupuestos a fin de evitar la caída de sus economías, precisamente en tiempos de recesión y crisis financiera internacional. Las investigaciones indican que se está desarrollando un fenómeno que alteraría los patrones del clima en todo el mundo.

El reporte de la NOAA revela que existe la creciente probabilidad que este fenómeno llegue a las costas norteñas peruanas ocasionando muchos siniestros. Aún se recuerda los destructivos y devastadores fenómenos en 1983 y 1997, que no solamente afectaron al norte, sino a todo el país.

En el ámbito internacional el fenómeno "El Niño" se está desarrollando justo cuando las economías globales están luchando por superar el impacto de la peor crisis financiera mundial desde la Gran Depresión en 1929. Reportes pasados indican que "El Niño" causó la muerte de más de 2,000 personas entre 1997 y 1998 y miles de millones de dólares en daños a granjas, infraestructura, puertos y minas.

La NOAA es una organización especializada en realizar estudios de las condiciones de los océanos y la atmósfera. Avisa del tiempo meteorológico, realiza cartas de mares y de cielos, guía sobre el uso y la protección de los recursos oceánicos y costeros, y conduce estudios para mejorar el entendimiento y la administración del medio ambiente.

NUEVO GABINETE, NUEVAS OPORTUNIDADES SOCIALES

2009-07-16T10:38:00.000-07:00

La presencia de un nuevo gabinete ministerial no solamente significa "oxigenar" al Ejecutivo, sino también la oportunidad que tiene el presidente de la República para fortalecer algunas debilidades en su gestión gubernamental, afectada últimamente con diversos conflictos sociales.

Estamos tan ensimismados por los conflictos, algunos de origen político y ponderados por los medios de comunicación, que muchas veces hemos olvidado que los principales enemigos del país son la pobreza y el subdesarrollo, tétricos titanes que debemos superar en los siguientes años.

El camino a recorrer es aún largo y deberá estar basado en el diálogo y el consenso social. Hemos escrito en diversas oportunidades que el diálogo es la principal herramienta del desarrollo y éste se logra cuando las partes tienen voluntad de hacerlo.

De ahí que urge recuperar el principio de autoridad, pero también las buenas prácticas de gobernabilidad que incluya al diálogo como herramienta transversal de la gestión pública. Las nuevas propuestas de desarrollo social deberán ser inclusivas y tener el respaldo de la sociedad civil organizada, especialmente de los diversos ámbitos naturales de las iniciativas legislativas, públicas y gubernamentales. Todos reclaman cambios y la población está de acuerdo con ello. Se trata, entonces, de impulsar el desarrollo social mediante nuevas y mayores inversiones en las regiones y gobiernos locales.

En la elaboración de las propuestas de desarrollo, las nuevas oportunidades implican también tener el concurso de quienes serán los beneficiados mediante las denominadas "mesas de diálogo", a fin de evitar posibles enfrentamientos innecesarios que contribuyan con el subdesarrollo, la pobreza y proyecten una imagen de país bananero. Ya no se puede perder más tiempo.

El Perú ha encontrado el camino de su desarrollo y vamos hacia ese horizonte. Los 94 meses de crecimiento económico es un indicador óptimo, pero faltan algunos ajustes en la parte social, cuyas soluciones están precisamente en las organizaciones de base.

Por cierto que de la noche a la mañana no se resolverán los problemas, muchos de ellos originados en anteriores administraciones o en los gobiernos locales o regionales. Sin embargo, es necesario respetar los acuerdos suscritos por las administraciones Del Castillo y Simon, porque el cambio de gabinete no representa ausencia de problemas, caldo de cultivo de los conflictos sociales.

Nuestros pueblos han esperado durante años la solución de sus problemas. Han sido pacientes, de ahí que algunas personas hayan confundido esta paciencia con la sumisión y humillación, violando los principios elementales de los derechos civiles, tan humanos como la vida misma. Han abusado de nuestros pueblos hasta dejarlos en la orfandad social y abandonados a su suerte. Esa injusticia es una deuda que la sociedad tiene con los grupos más vulnerables como las etnias amazónicas, pueblos andinos y comunidades urbano-marginales.

En esta nueva etapa, no solamente expresamos nuestros buenos deseos, sino que exhortamos al gabinete Velásquez a tener una vocación integradora y de servicio, visión de futuro y compromiso social con los más necesitados de nuestra patria. Son nuevos tiempos que requieren también nuevas oportunidades para todos.

Coincidimos con Basadre cuando dijo que el Perú es más grande que sus problemas, pero también estaremos atentas a las decisiones que tome el nuevo presidente del Consejo de Ministros.

LIDERAZGO PARA EL DESARROLLO Y DIÁLOGO PARA LOS CONFLICTOS

2009-07-16T10:18:00.001-07:00

Nuestro país vive momentos difíciles como resultado de los conflictos sociales que se están desarrollando estos días. Algunos de ellos probablemente tengan válidas razones, pero por las acciones violentas que se suscitan con las fuerzas del orden, éstas pierden sus justas aspiraciones.

En nuestro trabajo de representatividad hemos comprobado que no se necesitan realizar acciones de violencia para lograr objetivos concretos que beneficien a nuestros representados. Creemos firmemente que el diálogo es la principal herramienta para lograr un clima de armonía y confianza.

El camino que nos toca recorrer está en el diálogo y no en la violencia que siempre generará funestos resultados. Todos reclaman cambios sociales y la mayor parte de la población está de acuerdo con impulsar el desarrollo económico-social a través de nuevas y mayores inversiones en las regiones. Sin embargo, cuando nos enteramos que al cierre del primer semestre del año, el gobierno sólo ha ejecutado el 23.1 por ciento de la inversión presupuestada para el 2009, pareciera que las protestas tienen asidero real. ¿Qué está pasando? Precisamente en un año difícil marcado por la crisis financiera internacional, se debe impulsar la demanda interna mediante las inversiones públicas.

Es más, las protestas reclaman mayor atención a sus problemas, pero también sus autoridades son responsables de la situación en la que se encuentran. Según las estadísticas del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, hasta junio de 2009 los gobiernos regionales y locales sólo han gastado el 17.6 y 24.4 por ciento de sus presupuestos de inversión, respectivamente.

Como representante del departamento de Piura, conozco de cerca la realidad de las regiones. He participado en diversas protestas, pero siempre ha primado el diálogo. Para muestra un botón. El pueblo piurano ha estado esperando durante más de 70 años hacer realidad el ansiado Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura que estuvo encarpetado muchos años. Ese proyecto se logró con esfuerzo y participación de todos los piuranos, pero básicamente mediante el diálogo con las autoridades que escucharon la importancia de este proyecto.

En su momento salimos a las calles a protestar, respetando por cierto la propiedad privada y pública, incluso hemos realizado un paro regional a favor del Alto Piura. Usando como herramienta el diálogo se conformó el Frente de Defensa Regional y posteriormente una Mesa de Trabajo integrada por las autoridades locales y regionales.

Con diálogo hemos suscrito un Acta de Acuerdos con las autoridades gubernamentales y congresales entre quienes estuvieron las máximas autoridades del Congreso de la República, Comisión Agraria del Congreso de la República, Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Economía y Finanzas, y el Ministerio de Agricultura. Cada instancia la hemos asumido con firmeza, pero también con diálogo.

¿Y cuál fue el resultado de esas acciones pacíficas? El resultado fue que se consiguió los primeros 75 millones de nuevos soles para el Proyecto Alto Piura, considerado como una de las mejores leyes del Congreso de la República en el 2008. Hemos citado al Alto Piura como ejemplo para demostrar que muchos conflictos sociales pueden resolverse cuando las partes tienen la voluntad de encontrar soluciones pacíficas. Luchemos juntos contra nuestros principales enemigos que son la pobreza y el subdesarrollo.

DIÁLOGO COMO SOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES

2009-07-16T10:08:00.000-07:00

Al término de esta tercera legislatura en el presente período, aún nos quedan muchas tareas por cumplir en diversos aspectos del desarrollo social. Hemos comprobado en algunos casos, que no se necesitan realizar acciones de violencia para lograr objetivos concretos que beneficien a nuestros pobladores. Creemos firmemente que el diálogo es la principal herramienta para retomar la paz social y lograr la armonía que siempre ha caracterizado a nuestros pueblos.

Las hojas de ruta que requiere el país están en el diálogo y no en la violencia que genera innecesarios conflictos sociales, donde cada uno hace lo que bien le parece. Hay falencias que deben ser superadas y responsabilidades que urgen ser asumidas en ambos lados de los conflictos.

Como representante del departamento de Piura, he participado en diversas protestas, pero siempre ha primado el diálogo. Hemos hablado fuerte en el hemiciclo, pero lo hicimos con respeto y altura. Nuestra voz se ha escuchado y no nos hemos callado ante la injusticia. Por cierto que no todo ha salido favorable, pero hemos logrado con la ayuda del pueblo y sus autoridades, alcanzar metas históricas usando como herramienta el diálogo.

El Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura que durante más de 50 años estuvo encarpetado, no obstante haber tenido parlamentarios que tuvieron la oportunidad de rescatarlo de los archivos, se logró con esfuerzo y participación de todos los piuranos, pero básicamente con diálogo con las autoridades pertinentes que escucharon la importancia de este proyecto para el departamento de Piura.
Asimismo, como responsable de un grupo de trabajo que recibió diversas de denuncias de cadetes mujeres por abuso de autoridad, hostigamiento laboral y acoso sexual en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, también hemos logrado que algunas de estas cadetes hayan sido repuestas en sus centros de estudios. El caso de la cadete PNP, Flor de María Cahuaya Alegre, quien fue dada de baja por haber salido embarazada, se logró con diálogo porque fue un caso de justicia para ella.

También Karla Vargas Torrejón fue repuesta como cadete de la Escuela Militar de Chorrillos (EMCH) y en las próximas semanas se estará graduando como subteniente EP. Aunque el caso de ella fue distinto, el diálogo con el ministro de Defensa y con las autoridades de la EMCH fue cardinal para lograr resolver casos de justicia para ella.

Asimismo, cuando presentamos el proyecto de Defensoría del Personal Militar y lo coordinamos con el Ministerio de Defensa, lo hemos hecho con la convicción de contribuir al bienestar de las personas, pero al mismo tiempo respetando las normas y reglamentos internos que tienen las instituciones.

Hemos citado algunos ejemplos para demostrar que muchos conflictos sociales pueden resolverse cuando las partes tienen la voluntad de encontrar soluciones pacíficas. Necesitamos que el país recobre la paz social y que todos los peruanos vivan en armonía.

No permitamos que propósitos foráneos y voluntades totalitarias pretendan imponer sus concepciones en el país, pero al mismo tiempo, invocamos a las autoridades gubernamentales, tener mayor sensibilidad para escuchar a las diversas voces que nuestros pueblos tienen. Permitir conflictos sociales por falta de diálogo es atentar contra las inversiones y el desarrollo social que los peruanos anhelamos. Que no se borre con una mano lo construido con la otra.

APORTES DE LA CONGRESISTA PARA LA EPS GRAU DE PIURA

2009-06-24T09:52:00.000-07:00

Es importante destacar el rol que juegan los trabajadores cuando se unen para sacar adelante algún proyecto social que beneficie a las mayorías nacionales. Nos referimos a los trabajadores de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau del departamento de Piura, quienes al ver a su institución inmersa en un proceso concursal y lista para su concesión o privatización, decidieron asumir la defensa de la organización con competitividad empresarial, vocación de servicio, visión de futuro y trabajo en equipo.
De tal manera que la EPS Grau salió de su estado de postración, casi en la bancarrota, a uno de cuidados intensivos. Tal vez pasó lo peor, pero aún queda un largo camino por recorrer. Pero el mérito no lo tienen los directores, quienes desde Lima han pretendido liderar a la institución. Tampoco lo tiene la alta gerencia, mayormente foránea, que por desconocimiento de la idiosincrasia piurana tuvo más errores que aciertos. El mérito está en los trabajadores, quienes desde el principio consideraron a la EPS Grau como una empresa que es fuente de vida.
A raíz que a la empresa se le declaró en reestructuración patrimonial, suspendiendo a las 25 municipalidades del ámbito de su competencia por una Junta de Acreedores, la EPS Grau no puede aspirar a mejores condiciones empresariales ni ser sujeta de crédito internacional, precisamente por estar vigente el proceso concursal. Por esa razón, presenté un proyecto de ley que busca capitalizar las acreencias a favor de la empresa y ponerla al servicio de todos los piuranos.

La norma tiene por objeto la capitalización de las acreencias directas con el Fondo Nacional de Vivienda y deudas originadas por las contribuciones reembolsables derivadas de la ejecución de obras de infraestructura de saneamiento a favor de los usuarios con recursos del Fonavi. Es decir, pretendemos fortalecer el patrimonio empresarial de la EPS Grau. Sin embargo, esta decisión no exime a los directivos y funcionarios de las responsabilidades administrativas y penales en que hubieran incurrido en el ejercicio de sus funciones, especialmente ahora que existe un nuevo directorio.

El anterior directorio quiso privatizar a la empresa, aduciendo que la gestión privada es más eficiente, olvidándose que son 25 municipalidades los verdaderos accionistas de la institución y que precisamente llegó a un estado de falencia por la gestión de ellos mismos. Luego, la Junta de Acreedores optó por concesionar a la empresa, pero ante la presión social de los pobladores, se dio marcha atrás. Ahora se habla de un "contrato de gerencia", modalidad que consiste en entregarla a un operador privado que no efectuará inversión alguna, simplemente será un administrador.

Otra lucha que es mérito de los trabajadores es el recurso de amparo que hemos presentado para dejar sin efecto el mandato judicial emitido por la Corte Superior de Justicia de Piura que restablecía la cobranza de los créditos del Fonavi. Esta medida ha dado su fruto, porque el MEF suspendió por dos meses esta cobranza.

Paralelamente al recurso de amparo, también hemos presentado un proyecto de ley que excluye a las EPS la cobranza de las deudas por conexión domiciliaria con fondos financiados por el Fonavi. Cuando los trabajadores se unen por un bienestar social, aún el trabajo congresal es más productivo

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOS PUEBLOS AMAZÓNICOS

2009-06-24T09:43:00.000-07:00

Hay lecciones importantes para aprender de lo sucedido en el conflicto social de nuestra amazonía. Una de esas lecciones es la igualdad de oportunidades que deberían tener las comunidades nativas y los pueblos originarios en el Congreso de la República, como lo tienen las mujeres en la representación nacional o ellos mismos en los gobiernos regionales.

Los tristes sucesos ocurridos en la ciudad de Bagua con la fría estadística de 33 fallecidos, un desaparecido y cerca de 550 millones de nuevos soles en pérdidas desde que se inició el paro amazónico, se hubieran evitado, si en el parlamento tuviésemos interlocutores válidos de las legítimas aspiraciones de los pueblos nativos, que hoy reclaman ser escuchados.

El artículo 12 de la Ley de Elecciones Regionales establece que las agrupaciones políticas deben presentar candidatos a la presidencia, vicepresidencia y Consejo Regional de cada provincia con un mínimo de 15 por ciento de presentantes de comunidades nativas y pueblos originarios de cada región donde existan, conforme lo determine el Jurado Nacional de Elecciones. Esta misma realidad debería reflejarse en el ámbito nacional, de tal manera, que en el Congreso de la República habría representantes de la amazonía peruana.

Es más, no tener representantes de nuestra amazonía en el parlamento significa estar en contraposición con la Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres, que establece en su primer artículo que la ley tiene por objeto garantizar a hombres y mujeres el ejercicio de sus derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía, impidiendo la discriminación en todas sus esferas.

Por esa razón, consideramos de suma importancia que en la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N° 26859) se incluya la propuesta que establece que un mínimo de 15 por ciento de representantes de comunidades nativas y pueblos originarios de cada región donde existan, conforme lo determine el Jurado Nacional de Elecciones, sean parte de los candidatos al Congreso de la República. Eso sería justo y equilibrado para una nación tan diversa como el Perú. No olvidemos que el país es un conjunto de nacionalidades y que cada una de ellas tiene su propia idiosincrasia y cosmovisión. La riqueza peruana es precisamente que es una nación pluricultural y multilingüista.

Muchos de los problemas que tenemos en la actualidad y gran parte de las limitaciones que afronta el proceso de descentralización, se deben precisamente a la falta de interlocutores válidos entre el Congreso y las diversas etnias. Con la propuesta, deseamos contribuir a solucionar parte de los futuros conflictos sociales que por falta de representatividad y de comunicación, siguen causando pérdidas económicas y deteriorando nuestra imagen como país.

Ante los sucesos de Bagua, todos reconocemos que los pueblos amazónicos son peruanos como nosotros, pero muchas veces en la práctica, este reconocimiento es nulo cuando se trata de sus derechos. De esta manera, el Congreso de la República tiene nuevamente la oportunidad de contribuir en la formación de un país sin exclusiones ni discriminaciones, donde todos somos iguales ante Dios y la ley. Con este aporte, estamos seguros que nuestro país será más unitario en medio de la pluriculturalidad.

LECCIONES DE BAGUA

2009-06-24T09:35:00.001-07:00

Los funestos sucesos acaecidos en Bagua nos deben hacer reflexionar que en el Perú aún falta trabajar el proceso de democratización en diversos ámbitos de la población, especialmente en los grupos étnicos amazónicos, comunidades rurales y estratos urbano-marginales. Quienes creen que democracia es sufragio universal o libertad de prensa se equivocan. Lamentablemente, el caso Bagua nos deja importantes lecciones con un costo social demasiado alto.

Cuando se publicó el controvertido Decreto Legislativo 1090 el 28 de junio de 2008, norma que aprueba la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, poco se hizo para difundir los alcances de este decreto y peor aún, no se tomó en cuenta la opinión de quienes debieron participar en las consultas previas. Esta situación se prestó para muchas manipulaciones y conjeturas. Si las autoridades gubernamentales hubieran convocado a los dirigentes nativos, por competencia del tema, probablemente hoy estarían con vida los 34 peruanos entre policías y nativos, y la economía nacional no hubiera perdido más de US$ 186 millones (560 millones de nuevos soles) como consecuencia del paro amazónico. La cantidad de muertos son cifras oficiales, pero los grupos amazónicos revelan que hay más de 60 fallecidos, que sigue siendo un número aún no determinado de nativos muertos.

De esta manera los grupos amazónicos estarían informados de los alcances del decreto legislativo y no se hubiera permitido manipulaciones de caudillos que por afán electorero o compensanción económica incitaron al paro amazónico con su secuela de violencia fratricida. Los principios democráticos así lo exigen y lo demandan de quienes presiden la administración del Estado, porque se trata del gobierno del pueblo para el pueblo.

La situación es compleja para la administración García y también para las comunidades amazónicas. A pesar del estado de emergencia y toque de queda en la zona, en otros lugares hay brotes de violencia muy cercana a la subversiva combinada con el narcotráfico. No estamos acusando a nadie, pero una situación de desgobierno en la amazonía, es el insumo que necesitan los grupos antidemocráticos, donde lo único que prima es literalmente la ley de la selva.

Dos lotes de la empresa pluspetrol fueron invadidos, el aeropuerto Trompeteros, base de transporte del Lote N° 8, fue tomado, nuevas carreteras están bloqueadas y para el 11 de junio se organizan diversas manifestaciones callejeras de protesta en Lima y otras ciudades de provincias.

Ante esta situación, hacemos un llamado a las autoridades gubernamentales y grupos amazónicos a que cesen los enfrentamientos en diversas localidades, para lo cual solicitamos que se suspenda el estado de sitio en Bagua. Lamento que las autoridades no hayan tenido la capacidad de resolver el conflicto por medios pacíficos.

Otra lección que nos debe quedar en claro es que ante este problema, urge que el Ejecutivo o Congreso de la República suspenda o derogue los decretos que están generando estos enfrentamientos y que la Mesa de Diálogo conformada para ese fin haga llegar las propuestas necesarias a fin de reformar las normas de acuerdo a las necesidades que existan en la amazonía.

Nos preocupa la violencia que se está generando por esta situación, propiciada por la intolerancia y la intransigencia de quienes pueden resolver el problema con diálogo y atender de esa manera las demandas de los grupos amazónicos.

NO AL COBRO ILEGAL DEL FONAVI POR LA EPS

2009-06-24T09:21:00.000-07:00

Ante nuevos e innecesarios conflictos sociales como consecuencia de los cobros ilegales por parte de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), he presentado un proyecto de ley que excluye la cobranza de deudas de los usuarios con el Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), porque perjudica a las empresas que prestan ese servicio, afectan la economía del público consumidor que pone en riesgo la salud pública y vulneran la paz social del país.

La norma tiene por finalidad que las EPS no asuman la cobranza de las cuotas mensuales de los trabajos financiados con recursos del Fonavi, cuyas deudas fueron asumidas por los usuarios. Propongo que para evitar perjudicar a las empresas, las EPS celebren convenios con entidades bancarias o agentes especializados en recuperación de cartera pesada. También pido la urgente derogación de las normas que se opongan a la iniciativa legislativa que por cierto no irroga costo alguno al Estado, pues la modificación está orientada a que las entidades bancarias se encarguen de la cobranza.

Esta situación está generando diversos conflictos sociales en el país, como por ejemplo en el departamento de Piura, jurisdicción a la que represento, donde la población ha decidido no pagar el recibo de agua, perjudicando directamente a la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau S. A. (EPS Grau) que por el menor ingreso que recauda, su economía empieza a caer notablemente. También perjudica a los propios usuarios, porque ante la falta de pago de los recibos de agua por parte de la población, el servicio será suspendido.

También he remitido un oficio al presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon Munaro, solicitándole una reunión de trabajo para exponerle los fundamentos de la propuesta e informarle acerca de los posibles conflictos sociales que se está generando por esta situación, perjudicando directamente a miles de familias pobres de los asentamientos humanos y convulsiona la paz social que debe reinar en nuestro país.

Es importante para mí tener la responsabilidad de contribuir a resolver este problema, atendiendo los reclamos de la sociedad civil, alcaldes y autoridades que han recurrido a mi despacho parlamentario por este tema. Por esa razón, pediré al premier que mediante un Decreto de Urgencia disponga la suspensión de la cobranza de los saldos deudores por concepto de conexión domiciliaria de obras de infraestructura urbana básica de agua potable y alcantarillado, de las personas beneficiarias de préstamos otorgados con recursos del Fonavi.

Hay un riesgo ante la renuencia de los usuarios para pagar las cuotas de Fonavi en los recibos de agua, en virtud que el gobierno ha venido condonando deudas, conforme a la Ley Nº 27044 que extingue las deudas de electrificación y sustitución de la contribución de Fonavi por el Impuesto Extraordinario de Solidaridad. Incluso, mediante el Decreto de Urgencia Nº 016-2000, se dispuso la constitución de una comisión multisectorial encargada de realizar una evaluación de la situación de los préstamos del Fonavi otorgados a personas naturales para la ejecución de obras de infraestructura básica de electrificación y saneamiento, y poco se ha avanzado hasta la fecha. No olvidemos que hay 42,170 familias piuranas que están esperando soluciones a sus problemas y dispuestas a salir a las calles para reclamar justicia.

JUBILADOS EN LA AGENDA PENDIENTE

2009-06-24T08:43:00.000-07:00

Escribir acerca de los jubilados es adelantarnos un poco a nuestras vidas, porque tarde o temprano, estaremos en esa situación. En el Callao existe un grupo de 950 personas, agrupados bajo el nombre de "Fondo de derechos adquiridos del ex sistema asistencial de estibadores" conocido simplemente como Fodasa. En realidad, no todos son jubilados, sino también lo integran los sobrevivientes y derivados por viudez, invalidez y orfandad.

Desde hace 13 años no perciben aumento de sus remuneraciones, siendo éstos entre 50 y 240 nuevos soles. Sí, tal como lo leen. Hay personas que perciben 50 nuevos soles mensuales, muy por debajo de una pensión digna que en un estado de derecho como el que predica el actual mandatario, que cada día reclama justicia social para todos, desdibuja las buenas intenciones de quienes nos gobiernas. Por lo que vemos en la realidad, la justicia aún no llega al Fodasa, existiendo 950 razones que reclaman una justa y digna remuneración.

El Fodasa es un fondo de trabajadores jubilados y pensionistas creado por Ley N° 21933 y es una pensión complementaria a la de la seguridad social que antes se regía por los aportes de los jubilados activos y jubilados derivados como viudez, orfandad e invalidez. Desde 1996 no reciben incremento alguno en sus haberes y han solicitado mediante el Congreso de la República la nivelación de sus pensiones de acuerdo con la Ley N° 27617.

Ellos siempre han contribuido con sus aportes. Desde que se disolvió el sistema laboral marítimo en 1991 (Decreto Supremo 054-91-PCM), ellos siguieron con sus contribuciones de manera privada hasta que mediante el Decreto Supremo 25702 de 1992, se eliminó el derecho a las navieras a seguir aportando.

No obstante, a la Ley N° 28550 que establece que el monto de la pensión mínima para los pensionistas del Régimen Especial del Decreto Ley N° 21933, incorpora a los estibadores del Régimen de Prestaciones de Salud que administra el SSP – Fodasa, no podrá ser inferior al monto de la pensión mínima establecida en la Ley N° 27617, esta norma no se cumple.
¿Qué está sucediendo para que esta ley no se cumpla? ¿Por qué el MEF (léase funcionarios burócratas) no ha reglamentado la ley, si la norma misma establece que el Ministerio de Economía es el encargado de reglamentarla? Esta ley, aprobada por el Congreso de la República, fue publicada el 17 de junio de 2005 y supuestamente entraba en vigencia el 1 de enero de 2006, previa reglamentación. Efectivamente, seis meses después, el 1 de junio de 2006, el MEF publica en la sección "Normas Legales" del diario El Peruano, el Decreto Supremo N° 076-2006-EF que "establece monto de la pensión mínima para los pensionistas que perciben como única pensión la del Régimen Especial que prevé el Decreto Ley N° 21933".

Sin embargo, en el camino surgieron inconvenientes, vinculados a intereses particulares, que establecieron que la mayoría de los pensionistas ya se han beneficiado del incremento de la pensión mínima establecida en la Ley N° 27617, decisión que hasta la fecha es rechazada por los jubilados, cuyas boletas de pago, efectivamente revelan que perciben 50 nuevos soles como pensión mensual. ¿Se trata de ignorancia burocrática o de un nuevo caso de corrupción en perjuicio de los jubilados?

DEUDA AGRARIA, COMPROMISO DEL PERU

2009-06-24T08:33:00.000-07:00

El martes pasado escribimos acerca de la urgente necesidad que tiene el gobierno para pagar los bonos de la deuda agraria, en virtud que fue contraída por el Estado hace más de 38 años y hubo el compromiso de cancelarlos en el período establecido de 30 años, cuya fecha caducó el 30 de diciembre de 2006.

El ministro de Economía ha dicho que el pago de los cupones de la deuda agraria se efectuaba a su vencimiento a través del entonces Banco Agrario, para cuyo efecto, el MEF cumplió con transferir los recursos necesarios conforme al Decreto Ley 17716, conocida como la "Ley de Reforma Agraria". Pero esta tesis no se ajusta a la verdad porque el Banco Agrario cerró en 1990 y los bonos vencieron dieciséis años después.

Si bien es cierto que la deuda agraria no fue asumida en la presente administración gubernamental, también es real que es un compromiso que el Estado asumió con los tenedores de los bonos, por lo tanto es una deuda que debe cancelarse. Es verdad que algunos de los tenedores de esos papeles cobraron el justiprecio fijado por las autoridades de entonces, porque la ley facultaba la transferencia a terceros de aquellos instrumentos financieros, pero a qué precio. Por ejemplo, un tractor valorizado en más de S/. 50,000 por sus propietarios, para el Estado el valor fue de sólo un sol.

El ministro también afirmó que en la Dirección Nacional de Endeudamiento Público del MEF no hay registro alguno respecto a los bonos de la deuda agraria. No se trata de registro o padrón alguno, sino de cumplir con el compromiso del Estado que fue pagar la deuda y en última instancia, cumplir también con la sentencia del Tribunal Constitucional que establece la cancelación de los papeles. El TC ha sentencia que el Estado (Léase gobierno de turno) asuma el pago de las indemnizaciones al valor actual. Hacer caso omiso es burlarse del ente interpretador de las leyes en el Perú.

La sentencia del TC ha sido contundente y debe acatarse. No olvidemos que esa institución es el órgano de control de la constitucionalidad, autorizada por la Carta Magna. Significa que al Tribunal Constitucional se le ha confiado la defensa del principio de supremacía constitucional, es decir, que como supremo intérprete de la Constitución, cuida que las leyes o actos de los órganos del Estado no socaven lo dispuesto por ella. Interviene para restablecer el respeto a la Constitución en general y de los derechos constitucionales en particular, en este caso de los tenedores de los bonos de la deuda agraria.

Desde esta perspectiva, pido que el Estado asuma el pago de los cupones de la deuda agraria, cumpliendo de esta manera el compromiso que se hizo con los expropiados de la reforma agraria hace más de 38 años. Sólo cuando la justicia se aplica en el sentido más lato de la palabra, podemos afirmar que somos una nación donde la seguridad jurídica es la base del desarrollo económico del país. Dejemos la política del "perro muerto" y asumamos con hidalguía los compromisos que como Estado estamos obligados a cumplir, pero sobre todo, cuando una sentencia del TC, así lo exige.

EL ESTADO DEBE ASUMIR PAGO DE BONOS DE DEUDA AGRARIA

2009-05-12T08:13:00.000-07:00

Los diversos medios de comunicación están difundiendo las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza Ugarte, quien reveló en el Congreso de la República que el Estado no tiene registro de deuda alguna por parte de los tenedores de los bonos agrarios.

Sin embargo, al amparo de las normas legales vigentes y a los principios de justicia social, predicado por la administración del presidente Alan García Pérez, el Estado sí tiene la obligación de asumir el pago de esos bonos.

Efectivamente, de acuerdo a la Constitución Política de 1933 y la "Ley de Reforma Agraria" (DL Nº 17716), las expropiaciones por reforma agraria podían efectuarse con los denominados "Bonos de la Deuda Agraria", los cuales tenían valor nominal y efecto cancelatorio. Con la entrega de esos papeles, el Estado cumplió con cancelar la deuda por reforma agraria, surgiendo a partir de entonces una deuda de dinero contenida en los referidos bonos, los cuales eran libremente transferibles a partir de lo dispuesto en la Carta Magna de 1979.

Con el transcurrir del tiempo, algunos de esos tenedores de bonos transfirieron sus instrumentos financieros y cobraron de alguna manera lo que consideró el gobierno militar lo que habría de pagarse esos años. Otros, por el contrario, cuyas tierras fueron expropiadas y transferidas a terceros, no hicieron cobro alguno con la esperanza de rescatar sus propiedades. Son ellos a quienes el Estado debe pagarles los bonos de la deuda agraria. Algunos ya no están con nosotros, sólo sus descendientes, pero los derechos permanece iguales.

Si la administración de gobierno paga puntualmente los servicios de la deuda externa, pactos acordados por gobiernos pasados, por qué no se puede hacer lo mismo con la deuda interna. A nadie se le ocurre proponer que no se pague la deuda externa porque es responsabilidad de otros gobiernos. Los compromisos del Estados son invariables, cualquiera sea el color político de la administración de gobierno. De la misma manera, la administración García debe asumir la deuda contraída en el gobierno militar y reconocida por diversas autoridades de los gobiernos subsiguientes.

Desde esta perspectiva, el Estado debe asumir el pago de los cupones de la deuda agraria a través del Banco Agrario, cumpliendo de esta manera el compromiso que se hizo con los expropiados de la reforma agraria hace más de treinta años, cuando se les prometió el justiprecio real.

Tampoco se trata de negarse a pagar porque se canceló en papeles, sino de encontrar soluciones salomónicas para atender las demandas de este grupo de peruanos por ser de justicia social.

En tiempos de internacionalización económica y globalización social los estados basan su desarrollo en la seguridad jurídica, y el desarrollo es también actuar con justicia frente a los diversos problemas que tiene una sociedad, en el caso peruano, la deuda agraria. La debilidad o inexistencia de la seguridad jurídica también deja al descubierto prácticas de estados dictatoriales, lo cual rechazamos. De ahí la urgencia de encontrar soluciones para resolver este problema que ya lleva más de treinta años.

Además, el caso también es de justicia porque se les expropió propiedades que ellos no querían vender. Toda expropiación debe tener un fin común o bienestar social, pero en el caso de los agricultores, sus tierras simplemente fueron traspasadas a terceros. Recogiendo el espíritu bíblico de justicia, "dad al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios".

GOBIERNO DEBE PAGAR DEUDA AGRARIA

2009-05-11T15:31:00.000-07:00

El ministro de Economía ha dicho en la Comisión de Agricultura del Congreso de la República que el Estado no tiene por qué pagar los bonos de la deuda agraria en virtud que no se registran deudas con los tenedores de bonos en la Dirección Nacional de Endeudamiento Público del MEF.

Sin embargo, al amparo de la normatividad vigente, el Estado sí tiene la obligación de asumir el pago de los bonos de la deuda. Efectivamente, de acuerdo al artículo 29 de la Constitución Política de 1933 y del Decreto Ley Nº 17716 (Ley de Reforma Agraria), las expropiaciones por reforma agraria podían efectuarse con los llamados "Bonos de la Deuda Agraria", los cuales tenían valor nominal y efecto cancelatorio.

Como bien afirma el titular del MEF, con la entrega de esos papeles, el Estado cumplió con cancelar la deuda por reforma agraria, surgiendo a partir de entonces una deuda de dinero contenida en los referidos bonos, los cuales eran libremente transferibles a partir de lo dispuesto en la Constitución Política de 1979.

Con el tiempo, algunos de esos tenedores de bonos transfirieron sus instrumentos financieros y cobraron de alguna manera lo que consideró el gobierno militar lo que habría de pagarse esos años. Otros, por el contrario, cuyas tierras fueron expropiadas (léase sustraídas y transferidas a terceros) no hicieron cobro alguno con la esperanza de rescatar sus propiedades. Son ellos a quienes el Estado debe pagarles los bonos de la deuda agraria. Algunos ya no están con nosotros, sólo sus descendientes, pero los derechos son iguales.

La actual administración de gobierno paga puntualmente los servicios de la deuda externa, comprometido con anterioridad por otros gobiernos y a nadie se le ocurre decir que porque no fue la administración presente, no pagará la deuda. El compromiso es del Estado y no con las personas. De la misma manera, la administración García debe asumir la deuda contraída en el gobierno militar y reconocida por diversas autoridades de los gobiernos subsiguientes. No apliquemos la política del "perro muerto" y asumamos la deuda que el Estado tiene con otros peruanos.

Desde esta perspectiva, pido que el Estado asuma el pago de los cupones de la deuda agraria a través del Banco Agrario, cumpliendo de esta manera el compromiso que se hizo con los expropiados de la reforma agraria hace más de treinta años.

No se trata de decir alegremente: "no pago, porque en la Dirección Nacional de Endeudamiento Público del MEF no hay un registro de deuda agraria". Ya tenemos la mala experiencia de haber decidido arbitrariamente, limitar el pago de la deuda externa al 10 por ciento de las exportaciones, que al final lo único que se logró fue incrementar los intereses de la deuda no pagada y propiciar el cierre de puertas ante los organismos multilaterales de crédito internacional.

En tiempos de globalización económica todo se paga. Por lo tanto, la cancelación de los tenedores de bonos de la deuda agraria es justo porque se les quitó una propiedad que ellos no querían vender. "Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios", así sentencia la Escritura.

Publicado el martes 12 de mayo de 2009.

EL NUEVO PLAN QUE EL VRAE NECESITA

2009-05-05T10:18:00.000-07:00

En nuevo plan de lucha contra el narco-terrorismo en el VRAE será la principal herramienta que los gobiernos regionales podrán usar para iniciar en esa amplia zona el correcto desarrollo social que esperan los pueblos de la sierra sur del país.

Se tiene conocimiento que la nueva estrategia girará en torno a tres pilares: Desarrollo, Control de los terroristas y Combate contra el narcotráfico. Aunque, la aplicación de estas estrategias está intrínsecamente ligada entre ellas, dejaré las dos últimas para que se pronuncien los especialistas. Me referiré exclusivamente al desarrollo social.

Hemos escrito mucho sobre el particular e incluso hemos viajado a la zona para conocer in situ la realidad de la población, que no es ajena a la experiencia de la sierra norteña, región que conozco muy bien. Es decir, la realidad casi siempre es la misma: Falta la presencia del Estado en todas sus formas.

Urge que el Estado se haga presente mediante diversas acciones que garanticen un adecuado desarrollo económico con justicia social. La ausencia de estos elementos implicaría facilitar el funesto accionar de la delincuencia subversiva, fusionada en este caso, con cárteles organizados del narcotráfico. La pobreza siempre será el caldo de cultivo del narcoterrorismo.

El desarrollo social debería incluir, no solamente la construcción de escuelas y centros de salud, sino la aplicación de adecuados programas de educación acorde con la realidad de la zona y proyectos de salud preventiva que incluyan los servicios básicos de agua y desagüe. Asimismo, propiciar la interconexión de los pueblos mediante la construcción de caminos y carreteras, principales indicadores del desarrollo económico local.

Tampoco se trata de erradicar sin medida alguna los cultivos ilegales de coca, principal sustento económico de miles de campesinos que no tienen otra alternativa que sembrar indiscriminadamente miles de hectáreas de cocales. En algún momento se habló de sembríos alternativos como café, palma aceitera y frutales, pero ninguno de estos proyectos podrá ser realidad si antes no hay un proyecto integral de desarrollo local y donde participe la propia comunidad. Aquí está el desafío de los gobiernos regionales.

Por el lado del gobierno central, está el reto de incentivar la inversión privada en la zona. La instalación de empresas y plantas agroindustriales en la región, propiciará lentamente la generación de nuevos y mayores puestos de trabajo, sustitución progresiva de cocales ilegales, combate frontal contra el narcotráfico, lucha contra la extrema pobreza, reducción del analfabetismo y caída de la morbimortalidad infantil.

Es decir, el desarrollo social debe estar por encima de cualquier estrategia de control de terroristas y combate contra el narcotráfico. Si bien la desarticulación y la captura de remanentes subversivos son tareas de la Fuerza Armada y Policía Nacional del Perú, no será tan efectivo como tener a la población en óptimas condiciones y preparadas para rechazar de plano cualquier accionar de la delincuencia terrorista.

De la misma manera, la fuente de financiamiento de los subversivos se verá cortada y por lo tanto, su accionar también será limitado. Sólo el desarrollo social es capaz de traer paz y armonía en las comunidades del VRAE y zonas similares atacadas por el mismo problema.

Publicado el martes 5 de mayo de 2009

¡LARGA VIDA AL DECANO!

2009-05-05T09:19:00.000-07:00

Han pasado 170 años, desde que el histórico sábado 4 de mayo de 1839, “El Comercio”, diario comercial, político y literario nació para constituirse en uno de los periódicos más importantes de América Latina en el siglo XXI.

Su slogan “comercial, político y literario” ha calado hondo en la sociedad peruana, que efectivamente, el suplemento “El Dominical” ha jugado un rol importante en la vida cultural de la nación, habiendo pasado por esa vieja redacción, ilustres hombres de prensa que iluminaron con su sabiduría la vida de las nuevas generaciones de periodistas, en las que me incluyo como comunicadora social.

Hablar del decano, es referirse a la historia misma del periodismo. Tal vez, muchas veces no estemos de acuerdo con la postura de sus editoriales, pero por sus 170 años que lleva adentro, merece resaltarse esta fecha. ¡Larga vida para el decano y otros medios de comunicación!

Este aniversario es un buen motivo para que los periodistas de cualquier redacción, tengamos un tiempo de reflexión acerca de lo que significa la comunicación social en el Perú de hoy. No pretendo dar clases de periodismo, simplemente llamó la atención de los hombres de prensa para rescatar y revalorizar esta noble profesión, tan venida a menos en los últimos años.

Urge volver a los principios elementales de informar con veracidad y desde los diversos ángulos. Si se trata de opinión, respetar las ideologías ajenas, tal vez ellos tengan su propia verdad. Rescatar lo bueno de las personas y también de las instituciones.

En el Congreso de la República no solamente hay noticias de “escándalo”, propicias para titulares de algunos medios, sino también, informaciones de vital importancia para el desarrollo social del país. Por ejemplo, la entrega de los primeros 75 millones de soles para iniciar el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura, es fundamental para el desarrollo de casi un millón de peruanos que viven en el departamento de Piura.

Igualmente, las necesidades que tiene el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú para renovar su flota vehicular es otra noticia que interesa a todos, porque es la única institución social que goza del 97 por ciento de aceptación y es a la que recurrimos todos cuando estamos frente a una amenaza de incendio o muerte.

Los 170 años que cumple el decano o los aniversarios de los otros medios no deben pasar desapercibidos, ni terminar en una gran fiesta que por derecho corresponde, sino en un tiempo de reflexión para los periodistas y para todos aquellos involucrados con el cambio social.

Precisamente, Oscar Miró Quesada, el recordado RACSO, acuñó la frase que se hizo muy popular en las redacciones y facultades de comunicación social o ciencias de la comunicación: “El periodismo puede ser la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios”. La respuesta deberá darla cada periodista que diariamente busca una noticia para informar a sus lectores, radioescuchas, televidentes o internautas.

El periodismo no sólo debe ser una pasión, sino también una gran responsabilidad social de quienes ejercen la profesión, dirigen los medios de comunicación o son los propietarios de los mismos.

Publicado el martes 5 de mayo de 2009.

NUEVO PLAN VRAE CON DESARROLLO SOCIAL

2009-04-29T15:39:00.000-07:00

En los próximos días culminará el nuevo plan de lucha contra el narco-terrorismo en el VRAE, principal herramienta que los gobiernos regionales podrán usar para iniciar en esa amplia zona el correcto desarrollo social que esperan los pueblos de la sierra sur del país.

Parafraseando al poeta César Vallejo, "hermanos, hay mucho por hacer y construir".

Publicado el martes 28 de abril de 2009.

COMISIÓN MULTIPARTIDARIA PARA CONTROLAR NARCOTERRORISMO

2009-04-21T08:31:00.000-07:00

Ante el incremento de las ilícitas actividades del narcotráfico y delincuencia terrorista, urge que todos los sectores sociales puedan coordinar acciones para cerrar filas contra una funesta alianza que debe acabar para lograr la paz que el país necesita.

Hemos propuesto en el Congreso de la República, la conformación de una comisión especial multipartidaria encargada de efectuar el seguimiento y acciones de control del narcotráfico, narcoterrorismo, uso ilícito de insumos químicos y lavado de activos en todas sus formas. El objetivo es proponer iniciativas legislativas en coordinación con las autoridades regionales y locales de los Valles de los ríos Apurímac y Ene (VRAE), Alto Huallaga y El Monzón, para que conjuntamente con el Poder Ejecutivo sirvan para elaborar alternativas de solución a los principales problemas de la zona.

También, se pretende brindar prioridad a los proyectos de desarrollo de inversión que se pueda derivar de un plan social para el VRAE. De tal forma que se reduzca drásticamente la pobreza en esa zona, principal caldo de cultivo para las actividades subversivas.

No olvidemos que tras la conmoción que produjo el más intenso y cruento accionar de Sendero Luminoso, y luego de la derrota militar-estratégica propinada a esta organización criminal, la amenaza subversiva no se extinguió. Por el contrario, se concentró en los territorios de mayor incidencia de cultivos ilegales de coca y producción de cocaína, metamorfoseándose hasta convertirse en un movimiento narcoterrorista, entrelazado principalmente con mafias del narcotráfico peruanas y con una fuerte disposición para estrechar nexos con los cárteles mexicanos y colombianos.

Lamentablemente, el Perú sigue como el segundo abastecedor mundial de cocaína después de Colombia, agudizando este problema, no sólo en el VRAE, sino también en los valles del Alto Huallaga y Monzón, zonas donde se presume cierta presencia de elementos subversivos. Los senderistas se han dedicado a hostilizar y asesinar mediante emboscadas y francotiradores, a las fuerzas policiales y militares que patrullan y brindan seguridad a las tareas de erradicación de cultivos ilícitos de hoja de coca y operativos de interdicción antidrogas. Otras víctimas han sido las autoridades que supervisan los operativos antinarcóticos y obreros dedicados a la erradicación de sembríos ilegales.

Está probado que Sendero Luminoso es un brazo armado del narcotráfico dedicado a obstaculizar la lucha antinarcóticos en las principales zonas de cultivos de coca ilegal y producción de cocaína.

Desde esta perspectiva, el Perú no es la única nación que tiene este problema, sino también las naciones de América Latina. La región enfrenta este grave problema desde diversos frentes en el que se encuentran involucrados todos sus organismos, siendo el Parlamento un partícipe fundamental en esta lucha a partir de comisiones tanto ordinarias como especiales.

En Bolivia, la Cámara de Diputados tiene un Comité de Lucha Contra el Narcotráfico; Chile cuenta con una Comisión Especial del Senado para estudiar nuevas fórmulas para combatir el narcotráfico; y en Colombia, la Cámara de Representantes debate acerca del control político sobre la lucha contra los cultivos ilícitos. También, la Cámara de diputados de Brasil cuenta con la Comisión Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, encargada de enfrentar esta problemática.

Por estas razones, creo conveniente que el Congreso peruano debe tener una comisión especial que analice este problema y empiece a dar soluciones conjuntas con la sociedad civil.

Publicado en el diario EXPRESO / Martes 21 de abril de 2009

ACUERDO NACIONAL PARA DERROTAR AL NARCOTERRORISMO

2009-04-15T14:28:00.000-07:00

El país nuevamente se ha visto impactado por el asesinato de catorce soldados en la selva ayacuchana de Huanta. La cruel alianza entre el narcotráfico y senderistas nuevamente está cobrando víctimas inocentes.
Lo ocurrido en Sanabamba debe dejarnos importantes lecciones para aplicar en la zona del VRAE.

En primer lugar, el apoyo social en esa región es mínimo o casi nulo. Nos referimos concretamente a programas de educación y salud, cuya ausencia es el principal caldo de cultivo para que los delincuentes subversivos encuentren derechos "que reivindicar".

En segundo lugar está la situación de nuestras Fuerzas Armadas. Se ha dicho mucho sobre esta realidad, pero muy poco se está haciendo. Testimonios de personas allegadas a las víctimas refieren que los soldados no estaban preparados materialmente. No pretendemos afirmar que existe una guerra interna, pero sí advertimos que hay condiciones sociales para que los subversivos encuentren "ingredientes" para su accionar. Lamentablemente, la extrema pobreza de nuestros pueblos siempre será la principal arma que tenga la delincuencia narcoterrorista.

Un tercer elemento es la participación del Estado en esa zona. En la década de los ochenta, Ayacucho y Apurímac, zona de influencia del VRAE, fueron los dos principales departamentos donde la subversión ganó terreno, precisamente por la falta de un Estado real en los diversos ámbitos del quehacer social. Las últimas estadísticas revelan que la pobreza se mantiene igual en esa zona, e incluso, se ha incrementado en algunas provincias. Por cierto que esta situación viene de los anteriores regímenes.

La presencia del Estado es clave en esos departamentos. La subversión no sólo se combate con armas, sino con construcción de escuelas y establecimientos de salud equipados, impulso de programas para emprendedores desde la perspectiva de las microfinanzas y lucha contra la pobreza, entre otros.

Ya es tiempo que el problema del VRAE sea visto desde una lógica social. Tampoco se trata de destruir cocales de cientos de campesinos que viven de sus cosechas, sin ofrecerles nada a cambio. ¿Qué respuesta social hay para los peruanos que viven en el VRAE?

Hay que meditar en lo ocurrido y ver dónde estuvieron los errores. Cualquier cambio en el VRAE no debe partir del escritorio de algún burócrata limeño, sino del consenso social con la participación de los mismos involucrados, es decir, de los campesinos de la zona.

No olvidemos las lecciones del pasado. Cuando la tarde del domingo 18 de mayo de 1980, los senderistas al mando de Abimael Guzmán, atacaron la lejana comunidad ayacuchana de Chuschi, en Viscashuamán, las autoridades limeñas decían lo mismo que ahora afirman quienes usan saco y corbata en Lima: "Son abigeos". Años después, esos "abigeos" propiciaron más de 25 mil muertes en una guerra política y fratricida, donde también participaron las Fuerzas Armadas.

Hoy, después del asesinato de los catorce soldados en Sanabamba, hay voces que casi dicen los mismo y hasta piden renuncias de ministros. Surgen "expertos" en lucha antisubversión que recomiendan todo tipo de medidas. El gobierno haría bien en convocar a las mentes más lúcidas del país o seguir los lineamientos del Acuerdo Nacional para encontrar soluciones reales a los principales problemas del país, que en este caso, no sólo es delincuencia terrorista, sino también narcotráfico.

Publicado el martes 14 de abril de 2009

APOYEMOS A LOS BOMBEROS VOLUNTARIOS DEL PERÚ

2009-04-01T13:15:00.000-07:00

En el país, la única institución que goza del 97 por ciento de credibilidad y aceptación en la población es el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Curiosamente, ningún equipo deportivo u organización académica goza de ese respaldo social, menos grupo político o poder del Estado alguno.

Sin embargo, siendo los bomberos la institución a la cual todos acuden en caso de emergencia, es también la “última rueda del coche” en las diversas agendas gubernamentales y regionales, salvo honrosas excepciones que literalmente se pueden contar con los dedos de la mano.

Los bomberos están presentes en todos los aspectos de la vida de una ciudad. Atienden emergencias diarias que van desde 10 en ciudades chicas hasta superar los 150 casos en grandes ciudades. Una ciudad moderna, en cualquier parte del mundo, no se puede concebir sin el adecuado servicio de la Compañía de Bomberos.

Por esa razón, urge que el gobierno central y los gobiernos regionales impulsen en sus agendas públicas el respectivo apoyo a la noble causa de los hombres de rojo. No es posible que las unidades y vehículos de rescate de Lima tengan más de 35 años de antigüedad y peor situación viven las compañías de provincias.

Casi todas las unidades y vehículos de rescate fueron conseguidos en calidad de donación por los diversos gobiernos amigos. Urge entonces que el gobierno y las regiones destinen una partida para la renovación del parque automotor. Es necesario que las autoridades atiendan al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que viene solicitando audiencias con algunos ministros, a fin de que sus pedidos sean atendidos.

En una nación como el Perú que se presta de respetar el Estado de derecho y fomentar la democracia entre sus habitantes, no se puede concebir que hasta la fecha, ninguna autoridad preste ayuda a esta institución que lo único que solicita es ayuda para ayudar a otros. No para sí mismo, sino para ponerse al servicio de los demás.

En el Congreso de la República hay parlamentarios bomberos, tenemos ministros bomberos y contamos con altos funcionarios bomberos que saben acerca de las necesidades de la institución, pero ésta sigue siendo la zaga de todas.

Mediante esta columna, hacemos un llamado al ministro de Salud, para que se firme el convenio que permitía a los profesionales médicos contribuir con los bomberos, especialmente en las unidades paramédicas que tantas vidas salva a diario.

Así como la presidencia del Consejo de Ministros aprobó una transferencia financiera al pliego del Ministerio de Defensa para el mantenimiento y reparación de aviones MIG-29 y compra de material antitanques, de la misma manera, se debe actuar para la adquisición y equipamiento de unidades.

También las autoridades deben respetar los acuerdos y normas que favorecen la actividad bomberil. En el caso de Piura, estamos solicitando que el gobierno regional cumpla con la norma que permita la renovación y modernización del parque automotor y su respectivo equipamiento. Queremos que se cumpla la Resolución Ejecutiva Nº 992-2006/GOB.REG.PIURA-PR que aprueba los lineamientos para la promoción y facilitación de la formación de bomberos y su equipamiento en la región Piura. Sólo ayudando a los bomberos, ellos podrán auxiliarnos en cualquier momento de necesidad.

Publicado el martes 31 de marzo de 2009.
Columna "Cuestión Previa" / Diario EXPRESO.

URGE VER EL ROSTRO HUMANO EN LAS INVERSIONES

2009-04-01T13:11:00.000-07:00

Desde hace 91 meses, el Perú está creciendo a un ritmo promedio mensual del 5.5 por ciento. Los representantes de los bancos de inversión y organismos multilaterales de crédito internacional revelan que es una de las pocas economías del mundo que está creciendo a pesar de la crisis financiera internacional, e incluso vaticinan que sería la nación líder en América Latina en el presente ejercicio anual.

Según los últimos indicadores anuales. el crecimiento ha sido de 9.8 por ciento en 2008 y 9 por ciento en 2007. Por cierto que fueron años fructíferos, fortalecido por el alza en los precios internacionales de los metales. Todo eso es bueno para nuestra economía si lo miramos desde una óptica empresarial.

Sin embargo, desde el lado social, aún queda una gran deuda por saldar que nos imaginamos está presente en la agenda pendiente del gobierno, especialmente ahora que vienen tiempos difíciles para nuestra economía. Las estadísticas indican que la pobreza, si bien se ha reducido en zonas urbanas y costeras, se mantiene y ha crecido en los ámbitos rurales de la sierra y selva peruana.

¿Qué le está faltando al crecimiento económico? Le falta simplemente darle un rostro humano. Es decir, impulsar programas sociales que generen nuevos emprendimientos, impulsen las microfinanzas e incentiven actividades empresariales para los pobres.

También urge promocionar nuevas inversiones en áreas sociales, pero al mismo tiempo rentable para cualquier inversionista. Un ejemplo claro es el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura, que necesita promocionarse en los mercados internacionales. Aunque el proyecto ya tiene asignados los fondos para iniciar la construcción del primer componente, la participación de capitales privados es primordial para las siguientes etapas.

Asimismo, el puerto de Paita, el segundo del país, requiere ser modernizado. Si bien es cierto que Proinversión entregará el próximo martes la buena pro al consorcio ganador, también es real que se requiere tomar en cuenta la opinión de los trabajadores, que serán de manera directa los beneficiados o afectados.

Con respecto al puerto, éste requiere ser competitivo para convertir a Paita en el polo norte de desarrollo económico y social, pero al mismo tiempo, la modernidad tiene que estar acompañada siempre del rostro humano. Evitar los despidos de trabajares por un lado, y fomentar programas de reconversión laboral por el otro, si eso ocurre ante la presencia del nuevo operador internacional del puerto.

Todos sabemos que Callao, Matarani y Paita forman el triunvirato del desarrollo económico no solamente de la costa peruana, sino de todo el país. La infraestructura de esos puertos debe mejorarse para fomentar las exportaciones y generar mayores puestos de trabajo. Muchas veces, la modernidad no viene acompañada de adecuados programas sociales de reconversión laboral o emprendimientos empresariales. Esa parte debe trabajarse más.

En mi calidad de congresista piurana, apostamos por el desarrollo social y deseamos que el crecimiento económico nos siga acompañando, no obstante, los momentos adversos que nos toca vivir. Que en la agenda pendiente gubernamental también se consideren los proyectos que también pueden desarrollarse en el departamento.

Promocionemos el Proyecto Alto Piura en los mercados foráneos y que el consorcio ganador del puerto de Paita, contribuya al fortalecimiento del departamento, como nuevo polo de desarrollo económico y social.

Publicado el martes 24 de marzo de 2009

ALTO PIURA: TIEMPO DE SEMBRAR

2009-03-17T09:49:00.000-07:00

Después de casi 70 años, el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura (PEIHAP) es una realidad. Esta semana el Ministerio de Economía y Finanzas debe promulgar el decreto supremo que incorpora los 75 millones para la Unidad Ejecutora del proyecto. ¿Qué nos falta hacer ahora?

Llegó la hora de sembrar. Eso quiere decir que debemos promocionar el proyecto en los diversos mercados foráneos con la finalidad de encontrar posibles inversionistas para los siguientes componentes del PEIHAP, considerado en el proyecto mismo.

Aunque no tenemos construcción alguna que mostrar como nuestro vecino Olmos, si es importante que las autoridades del gobierno central, especialmente de Proinversión, sepan acerca de los beneficios que tiene para la población norteña, porque el proyecto que va desde la producción eléctrica, mediante la construcción de dos centrales hidroenergéticas, hasta la ampliación de la frontera agrícola y mejoramiento de tierras de cultivo que en total sobrepasan las 50 mil hectáreas en una primera instancia.

El Proyecto Alto Piura no sólo es un negocio rentable para los capitales extranjeros, sino que también fomentará el desarrollo social, agroindustrial, energético y exportador de la zona.

No debe sorprendernos que el presidente del Consejo de Ministros haya llevado empresarios y medios de comunicación a Olmos, tal vez, ellos tengan algo que mostrar. Nosotros los piuranos sabemos de la importancia de nuestro proyecto y creemos firmemente que unidos también mostraremos en su momento el inicio de las obras.

Lo que sí creemos y confiamos es que el premier hará lo propio con el Alto Piura. Como primer funcionario público nombrado por el presidente, ahora no representa a una región, sino a todo el país. Qué bueno que nuestros hermanos lambayecanos muestren sus obras, pero mejor es que los piuranos unidos, trabajemos juntos para hacer del PEIHAP la puerta del ansiado desarrollo social que muchas comunidades andinas altopiuranas esperan.

Ahora es tiempo de promocionar el Alto Piura. Ante la crisis financiera internacional que está afectando a las economías del mundo industrializado y que recién se está sintiendo en América Latina, es importante prestar atención a aquellos proyectos que son rentables para cualquier inversionista, pero que también cumplen un rol fundamental para saldar parte de la deuda social de los pueblos. El Alto Piura es uno de ellos.

Cuando estuve en España tuve la oportunidad de compartir las bondades del PEIHAP, razón que me motiva insistir que Proinversión es el canal adecuado para que el Proyecto Alto Piura esté en la vitrina de los grandes proyectos que tiene el país para presentarlos a la comunidad financiera internacional. Este año, según nos comentó el ministro de Economía, Luis Carranza Ugarte, el gobierno dará importancia a Olmos, Majes y la siguiente etapa del Chira-Piura, pero también al Alto Piura.

Esta orientación hacia los grandes proyectos tiene por finalidad impulsar las inversiones y paliar en parte los efectos de la crisis financiera internacional. La internacionalización de la economía está generando en casi todas las naciones un déficit de energía, donde el Perú no es ajeno a esta realidad. El PEIHAP contempla la construcción de dos centrales hidroenergéticas, razón por la cual también es atractivo para las inversiones.

Por estas y muchas razones más, confiamos que el premier también tome la iniciativa de promocionar el Proyecto Alto Piura que beneficiará a miles de agricultores piuranos, generará nuevos empleos, reducirá la pobreza e impulsará también la producción agroindustrial y pecuaria de la región.

Publicado en el diario El Tiempo
Martes, martes, marzo 17, 2009.

PROMOCIONEMOS EL PROYECTO ALTO PIURA

2009-03-17T09:38:00.000-07:00

Con la promulgación del decreto supremo por parte del MEF, el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura es una realidad. Ahora nos toca promocionar este proyecto ante los inversionistas extranjeros, porque no solamente se trata de un buen negocio para los capitales extranjeros, sino también de fomentar el desarrollo social, agroindustrial, energético y exportador que cambiará la vida de miles de agricultores.

Ante la crisis financiera internacional que está afectando a las economías industrializadas del mundo y que recién se está sintiendo en la región, es importante prestar atención a aquellos proyectos que son rentables para cualquier inversionista, pero que también cumplen un rol importante para saldar parte de la deuda social de los pueblos. El Proyecto Alto Piura es uno de ellos.

El proceso de globalización está generando en casi todas las naciones un déficit de energía, donde el Perú no es ajeno a esta realidad. El crecimiento demográfico y el incremento de empresas con nuevas tecnologías demandan mayor consumo de energía. Siendo que el Proyecto Alto Piura contempla la construcción de dos centrales hidroenergéticas, urge entonces darle prioridad en la agenda pública en los próximos años para su promoción internacional.

Confiamos que el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, también pueda programar una visita a los terrenos donde se iniciará la construcción del Proyecto Alto Piura, y si puede llevar a algunos empresarios y representantes de medios de comunicación, mejor. De esa manera, se difundiría las bondades de este gran proyecto que no sólo beneficiará al departamento de Piura, sino al norte peruano.

Desde esta perspectiva, esta semana será decisiva para el gobierno y también para el pueblo de Piura. Por un lado, el gobierno debe promulgar el Decreto Supremo que incorpora los 75 millones de nuevos soles para iniciar las obras del Componente I del proyecto, y por el otro lado, el pueblo piurano mediante el gobierno regional, podrá disponer de los recursos para la licitación del proyecto.

El proyecto piurano es también una excelente oportunidad que tiene el gobierno para fomentar la inversión pública y reactivar la demanda interna. Si para combatir los efectos de la crisis financiera internacional urge poner en marcha toda la maquinaria de los grandes proyectos, se debe considerar al Alto Piura como uno de los más rentables para la inversión pública, pero también para cualquier inversionista foráneo.

Piura se caracteriza por tener una de las tierras más ricas en materia agrícola, agroindustrial y producción agropecuaria. El proyecto no sólo generará energía eléctrica, producción agrícola y pecuaria, sino también mejorará la calidad de vida de miles de campesinos de Ayabaca, Morropón y Huancabamba, considerados los más pobres de la región. Es decir, es una buena estrategia para combatir la pobreza en el campo.

Si bien es cierto, Piura aún no tiene construcción alguna que mostrar a la prensa, tal como se hizo con nuestro vecino Olmos, estamos seguros que las autoridades gubernamentales tendrán presente que el Alto Piura representa un hito histórico en el desarrollo social del país, en la reactivación de la demanda interna del norte y en el cambio de vida de miles de campesinos. Por todas estas razones, promocionemos el Proyecto Alto Piura.

Publicado en el diario EXPRESO.
Columna "Cuestión Previa" / Martes, marzo 17, 2009

PROYECTO ALTO PIURA: URGE QUE MEF SEA MÁS DILIGENTE

2009-03-09T15:49:00.001-07:00

El próximo lunes se reunirán los integrantes de la Comisión Técnica Interregional para determinar el tema del agua para Lambayeque, Cajamarca y Piura, pero aún el Ministerio de Economía y Finanzas no ha publicado el decreto supremo que incorpore en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios los 75 millones de nuevos soles para iniciar las obras del Componente I del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura.

¿Qué pasa en el MEF? Ya casi ha pasado una semana desde que el gobierno promulgó el decreto de urgencia que establece las medidas extraordinarias para asegurar el financiamiento del Componente I del Proyecto Alto Piura, pero aún los funcionarios de ese portafolio no se pronuncian. También hemos remitido un oficio al ministro Luis Carranza, a quien solicitamos promulgar con carácter de urgencia la dación del referido decreto supremo.

En el DS se autoriza al MEF incorporar el monto asignado, quedando supeditada dicha autorización a la aprobación del respectivo expediente técnico. En el oficio remitido al ministro, también le adjuntamos la respectiva resolución del Gobierno Regional de Piura que aprueba el expediente técnico. Para el pueblo piurano la prioridad la tiene la transferencia de los fondos. La pregunta que muchos se hacen es: ¿De dónde vendrán los 75 millones?

En principio, la septuagésima segunda disposición final de la Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para 2009, autoriza al MEF incluir en el Presupuesto General de la República el monto asignado que aseguren el flujo futuro para la ejecución de las obras. En ese sentido, con la finalidad de atender el financiamiento a que se refiere la citada disposición final se ha promulgado el Decreto de Urgencia Nro. 033-2009.

En el Artículo 2º del citado decreto se autoriza al MEF, mediante la Dirección Nacional del Tesoro Público, a constituir un depósito por el monto que se necesita con cargo a los saldos disponibles de los recursos establecidos en el numeral 1.1 del artículo 1º del Decreto de Urgencia Nº 016-2009. ¿Qué expresa ese numeral? Dice: "Exceptúase el saldo presupuestal de libre disponibilidad del Tesoro Público obtenido al final del año fiscal 2008 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, de la aplicación del inciso a) del párrafo 7.1 del Artículo 7° de la Ley N° 27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal; y, autorízase para que con cargo a dichos saldos de libre disponibilidad se financie la Séptima Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29291, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2009".

Es decir, la sétima disposición complementaria, amplía el Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (Foniprel) en 1,567 millones de nuevos soles para cuyo efecto autorízase a la Dirección Nacional del Tesoro Público a depositar dichos recursos en la cuenta del Foniprel, suma que forma parte de las deducciones para efectos de la aplicación del inciso a) del párrafo 7.1 del artículo 7° de la Ley N° 27245, Ley de responsabilidad y transparencia fiscal. Tales recursos se sujetan a las disposiciones que regula el Foniprel, incluido el Decreto de Urgencia N° 030-2008.

Esto quiere decir que los 75 millones serán financiados con los recursos del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local.

Publicado el martes 10 de marzo de 2009.

Diario EXPRESO / Lima

DERECHO DE CADETES MUJERES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y PNP

2009-03-09T15:29:00.000-07:00

A pocos días de celebrarse el Día Internacional de la Mujer, es lamentable dar a conocer públicamente las constantes agresiones físicas y psicológicas a cadetes mujeres que estudian en instituciones castrenses.

Nos referimos a los casos de las cadetes mujeres de la escuela de oficiales de la Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, sólo por citar ejemplos que son de público conocimiento, entre otros tantos que por razones obvias no se salen a la luz.

Cuando hace dos años presidía la Comisión de la Mujer del Congreso de la República, conjuntamente con representantes de diversas instituciones de la sociedad civil, trabajamos una Ley de Igualdad de Oportunidades (LIO) para hombres y mujeres, que tenga por objetivo poner fin a una serie de abusos y discriminaciones, no solamente en los ámbitos laboral, social y económico, sino también en el académico, como es el caso de las cadetes mencionadas.

Sin embargo, al parecer esta norma que es Ley en todo el territorio peruano, no se aplica en las escuelas militares. La LIO garantiza a mujeres y hombres el libre ejercicio de sus derechos con plena igualdad y sin discriminación. ¿Qué está faltando en el país para que esta norma no se cumpla en las instituciones castrenses? ¿Las mujeres son menos que los varones? ¿Quiénes son los responsables para que la ley se cumpla?

No pretendemos que las mujeres sean tratadas como cristales o personas especiales en las escuelas de formación militar, simplemente queremos que se respeten sus derechos y no se abuse con maltratos psicológicos y castigos corporales a quienes exigen sus derechos como personas.

Es lamentable que en el Grupo de Trabajo sobre "Control político y fiscalización de las denuncias por violencia familiar, social y laboral; Violación sexual y abuso de autoridad en la Fuerzas Armadas, PNP e instituciones del Estado en agravio de mujeres, niños, niñas, adolescentes y adulto mayor", se sigan recibiendo diversas denuncias sobre violación sexual, acoso y hostigamiento en agravio de cadetes y soldados mujeres, y personal femenino en las Fuerzas Armadas.

La Ley 28983 promulgada en marzo de 2007 tiene como finalidad, no solamente de fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, sino también de hacer respetar los derechos de ciento de mujeres que cada día son discriminadas y sus derechos vulnerados.

El caso de las cadetes merece toda nuestra atención. Ellas ingresaron a las escuelas militares con buena salud, aptas para la vida militar y con proyectos de vida. Sus padres confiaron en el Estado para dejar a sus hijas en instituciones tutelares de las Fuerzas Armadas. No es posible que por la culpa de algunos malos oficiales, no de las instituciones que merecen todo nuestro respeto, los proyectos de vida de las jóvenes se vean truncados.

Es responsabilidad del Estado garantizarle a cada una de las cadetes, no solamente la indemnización por el daño recibido, sino también ayudarles a reintegrarse a la sociedad. Sólo así entenderemos que la LIO está vigente y que cumple su rol integrador en la sociedad peruana.
A dos años de la Ley, urge darle nuevos bríos, exigiendo que se respeten los derechos de cadetes y soldados mujeres, y personal femenino en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú.

Publicado el martes 3 de marzo de 2009.

Diario EXPRESO / Lima.

EN DEFENSA DEL AGUA Y PROYECTO ALTO PIURA

2009-02-23T15:05:00.000-08:00

En mi calidad de congresista de la República y representante del departamento de Piura, el viernes pasado me reuní con el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon Munaro, para tratar acerca de la transferencia de los S/. 75 millones para iniciar las obras del Componente I del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura.

Ante mi petición, el premier se comprometió con solicitar personalmente la respectiva partida al ministro de Economía, Luis Carranza, mañana en el Consejo de Ministros. Algo que debe quedar en claro es que en la Ley de Presupuesto para el presente ejercicio, ese monto ya está aprobado.

Además, el titular de la PCM, sostuvo que no habrá ningún condicionamiento para la transferencia del dinero, que debe concretarse esta semana. Como lambayecano, reconoció la importancia del Proyecto Alto Piura porque es una obra que generará nuevos y mayores empleos, reducirá la pobreza y reactivará el agro altopiurano.

Sin embargo, en caso que las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas no entreguen la partida para el Alto Piura, el titular de ese portafolio será denunciado constitucionalmente por oponerse a una norma legal aprobada en el Congreso de la República, al margen también de la promesa que hiciera el presidente Alan García Pérez.

Los piuranos somos gente de paz y nos gusta vivir en armonía con todos. Por el momento estamos facilitando el diálogo con las autoridades gubernamentales, tomando la iniciativa de reunirme con el premier. Sin embargo, si hay respuestas desfavorables para el pueblo piurano, respaldaré el paro regional convocado por el Frente Regional de Defensa del Agua y el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura, para el 25 de marzo.

Con respecto al agua del Río Huancabamba, sobre este tema no hay nada que discutir. El asunto ya fue zanjado hace tiempo y sus aguas, según los expertos, beneficiarán a los proyectos Alto Piura y Olmos. El representante de la Autoridad Nacional del Agua, Juan Carlos Sevilla afirmó recientemente que “el Estado definió 335 millones de metros cúbicos del Río Huancabamba para el Proyecto Alto Piura. Si Piura ya tiene agua que siga. Si el proyecto Olmos tiene las obras a medio hacer, debe concentrarse en solucionar su problema”.

Es cierto que desde los inicios del siglo pasado la idea fue trasvasar las aguas del Río Huancabamba para irrigar las pampas de Olmos, pero también es real que las aguas del Huancabamba que nace en las alturas de Cajamarca ocupa gran parte del departamento de Piura, de ahí su nombre. No queremos que en nombre del Proyecto Olmos, los piuranos nos veamos privados de un proyecto que ya tiene cerca de 50 años de lucha y que beneficiará el riego de más de 31 mil hectáreas de cultivo y ampliar la frontera agrícola del departamento en 34 mil nuevas hectáreas, con el respectivo desarrollo pecuario y forestal.

Los piuranos estaremos vigilantes para que se cumpla con la Ley, viviendo con dignidad y sin quitarle nada a nadie. Pero también expresando, que se nos respete y no se afecte nuestros derechos. Desde esta perspectiva, hacemos un llamado a la unidad y al diálogo con paz, pero que no se confunda que nuestra tranquilidad es sinónimo de conformismo social.

Columna "Cuestión Previa", Diario Expreso

Publicado el martes 24 de febrero de 2009

LLAMADO DE ALERTA EN PIURA

2009-02-16T14:46:00.000-08:00

Desde hace buen tiempo la ciudad y la provincia de Sullana, en Piura, vienen siendo objeto de una alarmante incidencia de hechos delictivos. No se trata solo de robos de poca monta sino de asaltos con uso de armas de fuego. Frente a esto han comenzado a surgir grupos de ciudadanos que demandan una mejor actuación por parte de la Policía Nacional y las Municipalidades.

El fenómeno del crecimiento de la delincuencia ocurre en casi todas partes. Se da con mayor fuerza en las zonas cercanas a las fronteras como Piura, y Sullana, en particular. Las fronteras son propicias para toda clase de tráficos ilegales y estos irradian las conductas delictivas hacia las zonas cercanas.

Frente al crecimiento de la delincuencia se han ensayado una serie de respuestas. Entre esas respuestas están las que tienden a sobredimensionar las medidas represivas. Se aumentan las penas, algunos piden la pena de muerte para cierto tipo de delitos, o se reduce la edad para penalizar a los jóvenes, o se dispone la participación de los militares en la represión al delito común.

El resultado de sobredimensionar la respuesta represiva no ha sido positivo. Más represión no ha producido menos delitos. Por ejemplo, la pena de muerte no ha producido menos incidencia de los delitos para los cuales se aplica.

Respuestas más efectivas son las que tienen que ver con la reforma de las instituciones responsables de prevenir o castigar al delito. Estas instituciones, tales como la policía y el Poder Judicial, tienen que asegurar que las leyes y sanciones se cumplirán pues uno de los acicates del delito es la expectativa de impunidad.

Ahora bien, instituciones como la policía y el poder judicial, como cualquier otra institución, necesitan de la presión y la vigilancia de los ciudadanos y de las autoridades elegidas para que cumplan bien su labor.

Los alcaldes, por otro lado, debieran tener algún nivel de mando efectivo sobre la policía local. Las leyes les asignan responsabilidad en materia de seguridad pero poco podrán hacer si la policía sigue teniendo una estructura centralista que depende sólo de un ministro del Interior y de un director de la Policía en Lima. Somos de la idea de que la experiencia de los serenazgos debe ser canalizada para conformar verdaderas policías municipales.

La organización vecinal es otra de las respuestas más adecuadas para combatir al delito. Está probado que las ciudades, comunidades o barrios desorganizados son más propensos a la actividad delictiva o a ser víctimas de la misma. El caso de las rondas campesinas o algunas rondas urbanas es un ejemplo. Pero todo tipo de organización vecinal también es útil al momento de tener que movilizar a una población para enfrentar algún flagelo. El delito lo es, de hecho.

Esperamos que estas consideraciones nos sirvan para comenzar a responder ante la situación que preocupa a provincias como Sullana.

Revista GENTE
Publicado en la edición de febrero 2009

FUNCIÓN FISCALIZADORA EN CASO PETRO-TECH

2009-02-16T14:41:00.000-08:00

Diversas lecturas se leen sobre el rol que debe tener la comisión congresal para investigar la reciente venta de las acciones de Petro-Tech a un consorcio colombo-coreano y el posible impacto que tendría esta transacción en el Estado peruano. Entre dimes y diretes se está perdiendo la objetividad de la función fiscalizadora que tiene el Congreso de la República, motivando titulares periodísticos que lo único que hacen es distraer la finalidad de la investigación.

El caso de Petro-Tech no es el único que por falta de decisión política de los diversos gobiernos de turno, se han convertido ahora en lesivo a los intereses de todos los peruanos. Tal vez, sólo sea la punta de un iceberg que urge darle una mirada para evitar nuevas sorpresas.

Es cierto que desde sus orígenes este contrato fue viciado al no cumplirse con las normas contenidas en la licitación internacional, que establecía otorgar la buena pro a una empresa de capitales foráneos o dueña en su totalidad de las acciones de sucursal alguna. Pues bien, este contrato se suscribió con Petro-Tech Peruana, sucursal de Petro-Tech Internacional y propietaria sólo del 99 por ciento de las acciones. Los ex ministros Daniel Hokama y Jorge Camet Dickman probablemente tengan mucho que decir sobre este caso. Es más, el actual ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, también debe saber algo, en virtud que fue asesor del MEM en esos años.

Si bien es cierto que la moción para conformar la Comisión Investigadora el pasado jueves 12 de febrero fue investigar las razones de la venta y sus contingencias tributarias, societarias y de otro tipo con relación a los contratos celebrados con el Estado, también es real que la autonomía del Congreso de la República, permite que esta comisión no puede tener restricciones para la elaboración de su trabajo. Creemos firmemente que esta comisión debe investigar, no solamente posibles irregularidades recientes, sino lo actuado desde sus orígenes cuando se presume que hay vicios cometidos.

Hay quienes creen que un posible “exceso” de la comisión atentaría contra las inversiones en el país. Eso no es así. El Congreso no tiene facultad para modificar una relación contractual como son los convenios y contratos internacionales, pero sí los congresistas tenemos el deber ético de denunciar actos que atenten contra los intereses nacionales.

El reputado jurista francés André Hauriou, afirmaba que un parlamento es un conjunto de censores que obliga a los gobernantes a justificarse públicamente y someter a la crítica pública las razones de su política. Desde esta perspectiva, el contrato con Petro-Tech es un caso de interés público y por lo tanto, sujeto a la crítica y análisis de sus censores, en este caso del Congreso de la República.

Además, las comisiones investigadoras no constituyen solamente un control político, sino también proveen elementos de control jurídico. Precisamente, en la labor fiscalizadora de sus integrantes, está la base de la seguridad jurídica que requieren las inversiones para establecerse en el país. Los inversionistas deben saber que para hacer buenos y exitosos negocios en el Perú, se requiere cumplir con normas limpias y transparentes, así como de los mecanismos de control que tienen las diversas instituciones del Estado.

Columna "Cuestión Previa" del diario EXPRESO
Publicado el martes 17 de febrero de 2009

RESPUESTAS FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA

2009-02-16T14:35:00.000-08:00

Desde hace buen tiempo la ciudad y la provincia de Sullana, en Piura, vienen siendo objeto de una alarmante incidencia de hechos delictivos. No se trata solo de robos de poca monta sino de asaltos con uso de armas de fuego. Frente a esto han comenzado a surgir grupos de ciudadanos que demandan una mejor actuación por parte de la Policía Nacional y las Municipalidades.

El fenómeno del crecimiento de la delincuencia ocurre en casi todas partes. Se da con mayor fuerza en las zonas cercanas a las fronteras como Piura, y Sullana, en particular. Las fronteras son propicias para toda clase de tráficos ilegales y estos irradian las conductas delictivas hacia las zonas cercanas.

Frente al crecimiento de la delincuencia se han ensayado una serie de respuestas. Entre esas respuestas están las que tienden a sobredimensionar las medidas represivas. Se aumentan las penas, algunos piden la pena de muerte para cierto tipo de delitos, o se reduce la edad para penalizar a los jóvenes, o se dispone la participación de los militares en la represión al delito común.

El resultado de sobredimensionar la respuesta represiva no ha sido positivo. Más represión no ha producido menos delitos. Por ejemplo, la pena de muerte no ha producido menos incidencia de los delitos para los cuales se aplica.

Respuestas más efectivas son las que tienen que ver con la reforma de las instituciones responsables de prevenir o castigar al delito. Estas instituciones, tales como la policía y el Poder Judicial, tienen que asegurar que las leyes y sanciones se cumplirán pues uno de los acicates del delito es la expectativa de impunidad.

Ahora bien, instituciones como la policía y el poder judicial, como cualquier otra institución, necesitan de la presión y la vigilancia de los ciudadanos y de las autoridades elegidas para que cumplan bien su labor.

Los alcaldes, por otro lado, debieran tener algún nivel de mando efectivo sobre la policía local. Las leyes les asignan responsabilidad en materia de seguridad pero poco podrán hacer si la policía sigue teniendo una estructura centralista que depende sólo de un ministro del Interior y de un director de la Policía en Lima. Somos de la idea de que la experiencia de los serenazgos debe ser canalizada para conformar verdaderas policías municipales.

La organización vecinal es otra de las respuestas más adecuadas para combatir al delito. Está probado que las ciudades, comunidades o barrios desorganizados son más propensos a la actividad delictiva o a ser víctimas de la misma. El caso de las rondas campesinas o algunas rondas urbanas es un ejemplo. Pero todo tipo de organización vecinal también es útil al momento de tener que movilizar a una población para enfrentar algún flagelo. El delito lo es, de hecho.

Esperamos que estas consideraciones nos sirvan para comenzar a responder ante la situación que preocupa a provincias como Sullana.

Columna "Cuestión Previa" del diario EXPRESO
Publicado el martes 10 de febrero de 2009.

ABUSO EN UNA ESCUELA DE LA POLICÍA: ¿POR QUÉ OCURREN?

2009-02-02T13:58:00.000-08:00

El último domingo 1 de febrero, el programa “Día D” de ATV pasó un video que registra imágenes de graves abusos cometidos en agravio de jóvenes de ambos sexos, ingresantes a la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional de Chimbote.

Un primer momento de los abusos es en la “bienvenida”, el primer día que los jóvenes quedan internados en la Escuela. Esa noche, cadetes de años superiores ingresan a los cuartos de los ingresantes. Les echan talco y aparentemente betún. Hasta aquí no se pasa de lo jocoso. Pero a uno de los ingresantes le aplican un spray deodorizador en la boca.

Más adelante, cerca de las 4 a.m., un oficial ingresa a las habitaciones de los ingresantes y esparce abundante gas lacrimógeno. Varios de los cadetes terminan vomitando y al borde de la asfixia. Después de unos instantes los obligan a que reingresen, ocurriendo lo mismo.

El segundo momento es aún peor. Ocurre unos meses después con el llamado “bautizo”. A los cadetes hombres y mujeres los hacen arrastrarse por un túnel similar a una acequia de desagüe, a la salida los hacen gritar para echarles puñados de tierra en la boca, y luego les hunden la cabeza en una pozo de barro. Después los hacen arrastrarse sobre basura llevando pedazos de desechos en la boca y obligándolos a rugir.

Lo más revelador es que el video tiene créditos abiertamente señalados. Quien aparece como productor del video es el propio director de la Escuela. Al final de la cinta aparece su foto y el texto “Cmdte PNP Juan Manuel García Ríos ETS PNP Chimbote Presenta Ceremonia Entrega de Huesos y Pulgas”. Según los periodistas este video se vendía a 15 soles a los familiares de los ingresantes.

Estos hechos revelan tres cosas. Primero, que en dicha Escuela el director promueve que se cometan abusos incalificables en contra de las y los cadetes ingresantes. Segundo, que este oficial es un evidente infractor de diversos artículos de la ley de régimen disciplinario de las fuerzas armadas y policiales, una ley que rige su comportamiento en tanto integrante de las fuerzas policiales. Tercero, que los cadetes y sus familias han asumido que esto es parte normal de la formación en una Escuela policial.

Infracción a la ley y a los derechos de las y los cadetes por parte de los que conducen dicha Escuela, y desconocimiento de sus propios derechos por parte de los cadetes y de sus familias, por otra parte, nos indican una situación propicia para que se cometan este tipo de abusos. Es más, ello abre las puertas a abusos todavía más graves.

¿Esto es un hecho aislado?. No parece. En agosto de 2007 una cadete de la escuela de suboficiales de la policía de Ayacucho denunció que unas instructoras le hicieron permanecer de madrugada con la ropa mojada. En otro momento la hicieron comer un recipiente lleno de ají con dos litros de leche. Lo primero le provocó una neumonía. Lo segundo, una gastritis crónica.

Hechos como éstos ameritan que el ministro del Interior informe a las comisiones del Congreso cómo es que las diversas Escuelas de la Policía garantizan o no el respeto a la dignidad, a la salud y a los derechos de sus cadetes.

Publicado en el diario EXPRESO.
Martes, febrero 3, 2009

URGE PLAN DE SEGURIDAD PARA PIURA

2009-01-30T09:42:00.000-08:00

En los últimos meses se ha venido observando un incremento de la delincuencia común y organizada en diversas partes del país, especialmente en el departamento de Piura. Robos, asaltos, secuestros y actos de violencia de toda índole están ocurriendo por doquier. Urge entonces, un plan de seguridad ciudadana que devuelva la tranquilidad a todos los piuranos.

Ese plan integral, basado en la convivencia y seguridad ciudadana, debería ser elaborado, no sólo por las autoridades pertinentes, sino por representantes de las instituciones tutelares de la región como el Poder Judicial, gobiernos locales, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo; Policía Nacional del Perú y organizaciones de la sociedad civil, algunas de las cuales ya están trabajando ese tema.

La idea es garantizar la realización de una serie de estrategias, acciones y programas específicos, que tengan como objetivo erradicar la delincuencia común y tratar de manera integral, la problemática que origina esta lacra social.

Ese plan que se confeccione debe guardar relación con un diagnóstico verídico de la situación de cada distrito, para lo cual habría que realizar un proyecto piloto. Proponemos que ese piloto sea la provincia de Sullana porque en esa ciudad ya existe un trabajo pionero, el que realiza el Movimiento Cívico por la Paz.

Es urgente que el diseño esté construido con el concurso de todas las entidades del Estado encargadas del tema que operen en las diversas jurisdicciones. Debe participar la comunidad y que debería ser validado por el Consejo de Seguridad, instancia que haría el seguimiento y la evaluación del mismo.

Por cierto, que ya hubo planes en el pasado, pero que hasta la fecha, no han funcionado o simplemente no se han implementado. Se debe tener en cuenta que mediante ese Plan se determinarán las estrategias y las acciones a seguir. De ahí que sea fundamental que cuente con indicadores a ser evaluados en un tiempo específico. Esta estrategia debe contener compromisos, responsabilidades, objetivos y metas claras, que nos permita monitorear cada una de las acciones.

Como primera tarea, propongo la conformación de una Mesa de Concertación de Lucha Contra la Delincuencia e Inseguridad Ciudadana; que nos permita aprobar en primera instancia el “Plan integral de convivencia y seguridad ciudadana”. Para ello, se debe hacer una convocatoria a todas las autoridades y sociedad civil organizada relacionadas con el tema.

La iniciativa debe partir del Ejecutivo. En la medida que demoren en elaborar un plan integral que garantice la seguridad ciudadana, se continuará lamentándose acciones violentas que aquejan a los piuranos, y en algunos casos, hasta les quitan la vida. Como representante del pueblo, apoyaremos iniciativas que sirvan para el bienestar de todos, y que incluso, contribuyan con el crecimiento económico regional, porque garantizará también, el desarrollo de un turismo interno que dinamice a los diversos operadores económicos, creando riqueza y empleo para los piuranos. Una ciudad segura, es también una excelente plaza turística para desarrollar. No olvidemos que seguridad ciudadana está ligada con el desarrollo social.

Publicado el 29 de enero de 2009

APROBEMOS LA LEY GENERAL DEL AGUA

2009-01-23T09:19:00.000-08:00

El jueves 15 de enero, el pleno del Congreso logró aprobar en primera votación la Ley de Recursos Hídricos o Ley General del Agua. Participamos en este debate recogiendo los puntos de vista de juntas de usuarios y comités de regantes que demandan la pronta aprobación de esta ley.

Algunos congresistas sostuvieron que debía posponerse la aprobación del proyecto pues no habría sido bien debatida. Cabe señalar que los proyectos de ley sobre este tema se vienen debatiendo desde el 2006 y que el dictamen que ha llegado al pleno obtuvo consenso en la Comisión de Agricultura.

Además este proyecto debe reemplazar a una ley que data de 1969 y las condiciones actuales ya son muy distintas. Igualmente trata de poner un marco legal general antes de que se aplique el decreto legislativo 1081 cuyos efectos pueden ser funestos, tal como lo han advertido los usuarios y regantes.

En efecto, el DL 1081 puede generar muchos conflictos. Crea una Autoridad Nacional del Agua (ANA) como principal organismo de gestión del agua. Pero su consejo directivo sólo incluye a representantes del poder ejecutivo. No incluye a representantes de las organizaciones sociales usuarias del agua. Por otro lado, el mencionado decreto legislativo autoriza a la mencionada ANA a entregar la gestión del agua a empresas privadas.

Con tales medidas, el Decreto Legislativo 1081 conforma una ANA excluyente y abre las puertas a que se privatice la gestión del agua, lo cual significa que el lucro será un criterio de gestión y se impondrán mayores costos para los usuarios.

En cambio el proyecto de ley que está en proceso de aprobación establece “la participación de los usuarios y de la población organizada en la toma de decisiones que afectan el agua”. Señala también que la administración del agua “sólo puede ser otorgada y ejercida en armonía con el bien común”.

A la vez, el proyecto de ley establece que el consejo directivo de la ANA incluya representantes de gobiernos regionales, municipios rurales, de las organizaciones de usuarios y de las comunidades campesinas y nativas.

El contenido del proyecto define y regula el sistema nacional de gestión de recursos hídricos, liderado precisamente por la ANA. Define y regula las autoridades administrativas del agua y los consejos de cuenca. Define el rol de gobiernos regionales y locales, así como de las organizaciones usuarios.

El proyecto también regula los distintos tipos de usos del agua así como los diversos derechos de uso y su extinción. Igualmente, el régimen económico del uso del agua. También establece normas de protección y de planificación en la gestión del agua y las correspondientes infracciones y sanciones para los que violen la ley.

Como tenia que ser, el proyecto propone la derogatoria de la antigua ley 17752 y de los decretos legislativos poco atinados como el 1081. Esperamos que la Comisión Permanente del Congreso no se demore en aprobar la segunda votación para que el proyecto pase al Poder Ejecutivo y sea promulgado.

Publicado en el diario EXPRESO
Martes 20 de enero de 2009

DETENGAMOS EL CONFLICTO EN MAJAZ

2009-01-12T11:23:00.000-08:00

La semana pasada señalamos que un decreto supremo podía volver a provocar conflictos en los distritos de Carmen de la Frontera y Paicapampa, en las provincias de Huancabamba y Ayabaca, en la sierra de Piura. El DS 024 2008 DE le concede derechos mineros a la empresa china Zijin, dado que ésta ha comprado a la Minera Río Blanco, antes Majaz.

La concesión de derechos mineros a Zijin abarca un territorio aún más extenso que el de Majaz pues la empresa china ha adquirido a otra empresa que tenia concesiones en territorios vecinos, siempre en la zona de frontera. Como se sabe, las comunidades campesinas han cuestionado a la actividad minera en esta zona. Como sus puntos de vista son pasados por alto, se ha originado un conflicto que ya lleva años. Por eso las nuevas concesiones pueden dar lugar a un escalamiento del conflicto.

En los últimos días se han dado a conocer dos noticias que indican que el conflicto puede agudizarse en el corto plazo. Una da cuenta de un incendio de instalaciones de la empresa Río Blanco en Carmen de la Frontera. Los trabajadores de la minera han acusado a ronderos de las comunidades como autores del incendio. Los ronderos sostienen que se trata de un auto atentado para usarlo contra las comunidades. Esto muestra que la situación es tensa y que se puede polarizar aún más.

La otra noticia es la revelación, por un diario de Lima, de fotografías que muestran que el primero de agosto de 2005, una protesta de comuneros de la zona fue brutalmente reprimida por efectivos policiales y guardias privados de Minera Majaz. Las imágenes muestran la muerte de uno de los comuneros y los violentos vejámenes y torturas a que son sometidos 28 de sus compañeros. Esta información, cuya difusión es parte del legítimo oficio periodístico, también va a caldear los ánimos.

Es urgente que las autoridades de los poderes públicos actuemos para desactivar el conflicto y se eviten situaciones de violencia de dimensiones impredecibles.

En lo que respecta al Ejecutivo, invocamos al premier Yehude Simon que establezca una mesa de diálogo en la zona para que se escuchen las demandas de las comunidades y, si hay diferencias, sean tratadas con respeto y tolerancia. Creemos que es posible un diálogo más serio que aquel escenificado por el anterior premier Del Castillo.

En lo que respecta al Congreso, invocamos a nuestros colegas congresistas piuranos a que nos unamos para apoyar el diálogo y para contribuir a garantizar que los diferentes puntos de vista sean tratados también de manera pacífica y que no se produzcan nuevos excesos represivos.
A la vez, los congresistas piuranos debemos promover que se abra una investigación que deslinde las responsabilidades políticas e institucionales respecto a los gravísimos sucesos de agosto de 2005. El ministro del Interior de ese entonces, Félix Murazzo, y el director de la Policía Nacional, general Marcos Miyashiro, deben ser llamados a declarar ante una comisión investigadora del Congreso. Estas y otras medidas deben ser tomadas al más breve plazo.

Columna "Cuestión Previa" del diario EXPRESO.

Publicado el martes 13 de enero de 2009

UN DECRETO CONFLICTIVO PARA PIURA

2009-01-12T07:54:00.000-08:00

El gobierno comienza mal el año 2009. Como ya lo hemos señalado, uno de sus principales defectos en el 2008, e incluso antes, ha sido su propensión a generar conflictos y malestar entre la población. Pues bien, entre fines del 2008 y comienzos del 2009 ha dado un decreto supremo que va a provocar conflictos en Piura y un decreto de urgencia por el cual, sin mayor fundamento, los ministros se aumentan los sueldo. Vamos a comentar la primera medida.

El decreto supremo que va a generar conflictos en Piura tiene que ver con la autorización que da el gobierno para que se concedan 35 derechos mineros a una empresa china en la zona de frontera de las provincias de Huancabamba y Ayabaca.

El problema es que los derechos mineros otorgados a la empresa china Xiamen Zijin Tongguan Investment and Development se ubican dentro de una zona a 50 kilómetros de frontera. La Constitución prohíbe que se otorguen esos derechos a extranjeros en dicha zona salvo que el otorgamiento a esos derechos sea de necesidad pública.

Ocurre que la gran mayoría de estos derechos se ubican en el distrito de Carmen de la Frontera, provincia de Huancabamba y algunos otros en los distritos de Paicapampa y Ayabaca en la provincia de Ayabaca. Estos son distritos donde precisamente las poblaciones han expresado su rechazo a actividades mineras como en el caso de la minera Majaz. La empresa china que ahora ha recibido la autorización del gobierno es precisamente la dueña de los que antes era Majaz - antes era de ingleses- y ahora es Río Blanco.

Los conflictos de Río Blanco con la municipalidad distrital de Carmen de la Frontera y la municipalidad provincial de Huancabamba no han terminado. En el pasado mes de noviembre estas autoridades cuestionaron la legalidad de los estudios de impacto ambiental presentados por dicha empresa.

Ahora tenemos que se amplían los derechos mineros de la empresa china en dicha zona de frontera. Nótese que, para eludir las restricciones constitucionales, el ministerio de Defensa declara que otorgar esos derechos es de “necesidad pública”. ¿Cuál es su sustento? Pues leyes que se refieren a la minería o a la inversión en general, cuando la restricción constitucional se refiere específicamente a zonas de frontera y derechos a extranjeros en ella. Por tanto el sustento tendría que demostrar específicamente cómo así el otorgamiento de estos derechos a la empresa china en esta zona deviene “necesidad pública”.

Con el antecedente de Majaz y Rio Blanco –que incluso ha sido multada por el ministerio de Energia y Minas por incumplimiento de normas ambientales- lo mas probable es que se produzcan nuevos conflictos. ¿Son estos conflictos algo de “necesidad pública”? ¿Necesita conflictos el “público” de Huancabamba y Ayabaca?.

Resulta curioso, por otra parte, que sea el ministerio de Defensa, con el aval del Presidente García y el Premier Yehude Simon, el que defina la “necesidad pública” de esta medida mientras que no se toma en cuenta para nada el punto de vista de las localidades en donde se ubican las tierras vinculadas a los derechos mineros. Una expresión mas del centralismo insensible que tanto conflicto ha generado en nuestra patria.

Columna "Cuestión Previa", diario EXPRESO
Publicado el martes 6 de enero de 2009.

LO QUE DEBE MEJORARSE PARA EL 2009

2009-01-12T07:50:00.000-08:00

El 2008 hizo crisis la economía mundial. Los EE.UU. entraron en una recesión que ha tenido efectos en Europa e incluso en Asia. Ni siquiera China ha podido sustraerse del maretazo mundial de la crisis.

En el Perú, uno de los primeros efectos de la crisis ha sido el de revelar las enormes limitaciones del gobierno encabezado por Alan García. Su primera respuesta fue que el país estaba blindado pues nuestro crecimiento era invulnerable. Esas fueron sus palabras hasta poco después de la Cumbre de APEC.

Al poco tiempo, cuando ya fueron evidentes los primeros impactos de la crisis, la caída de precios de nuestros minerales, o el desplome de la Bolsa de Valores de Lima, el gobierno, presionado por los empresarios, salió a presentar un improvisado Plan Anticrisis por 10 mil millones de soles.

Es un plan improvisado por tres razones: 1) Fue elaborado de manera atropellada, hecho demostrado en las sucesivas postergaciones de su presentación. 2) Una parte importante de las medidas de ese plan ya estaban consideradas en el Presupuesto aprobado por el Congreso para el 2009 y 3) Dicho plan carece de metas concretas que le dieran sentido a las medidas anunciadas. ¿Cómo no iba a haber improvisación si primero se niega el problema y después, por las circunstancias, se presenta una supuesta solución?

Esta secuencia de primero negar la magnitud real de los problemas y luego adoptar medidas sacadas de la manga es una constante en el gobierno del presidente García. Ha estado presente a lo largo del 2008 y ha generado graves conflictos.

Al comienzo del año apareció aquella medida del Ministerio de Educación para reducir la contratación de maestros a sólo los del tercio superior de calificaciones en sus centros de estudios. Tuvo que producirse un amplio y sólido rechazo de los gobiernos regionales y de los propios maestros para que esto se rectifique.

Luego ocurrió el conflicto de Moquegua, largamente desatendido y subestimado, hasta que estalló. El ministro de Energía y Minas nunca se dio cuenta que unos pillos estaban manipulando las concesiones mineras en su sector. Detonado el conflicto, le tocó al ministro del Interior revelar su propia imprevisión.

Después sucedió la protesta de las comunidades de la Selva, como resultado de unos torpes decretos legislativos que sin mayor consulta pretendían imponerles normas que faciliten la enajenación de sus tierras. El Congreso tuvo que derogar esos decretos para desactivar un conflicto muy grave.

El escándalo producido por el general Edwin Donayre con sus palabras sobre Chile pudo haberse atenuado si en el sector Defensa se hubieran tomado medidas oportunas respecto a ese alto oficial, cuyos desafíos a la autoridad democrática ya se habían manifestado desde antes de la publicación de su infeliz video.

2009 será un año más difícil para el Perú. Que el Presidente se haya dedicado a disfrazar la realidad es algo que puede agravar la situación. Los ciudadanos no somos tan débiles como para que nos oculten la verdad. Lo que ahora demandamos del gobierno es previsión, racionalidad y capacidad de consenso, no improvisación ni polarización.

Columna "Cuestión Previa", diario EXPRESO.
Publicado el martes 30 de diciembre de 2008.

LOS MENSAJES DEL NIÑO DE BELÉN

2009-01-12T07:44:00.000-08:00

A pocas horas de la Navidad el momento es propicio para una reflexión sobre el mejor sentido que puede tener nuestra fiesta cristiana, que celebra el nacimiento de Jesús en un humilde lugar de Belén. Dejemos un instante los afanes que acompañan los aspectos materiales de esta fiesta y recordemos algunos de los mensajes más de fondo que nos llegan en lo que narra la Biblia sobre dicho acontecimiento.

Una parte central del mensaje cristiano es la simpatía, la compasión y la identificación con los más vulnerables. En el caso de los niños, estos sentimientos incluyen el amor, incluso la veneración. Cuando el mensaje bíblico da cuenta del nacimiento del niño Enmanuel, el hijo de Dios, el mensaje está diciendo que en cada niño hay un significado divino como manera de reforzar el impulso de protección que cada pequeño nos inspira.

Protección del niño, y de la madre, es precisamente lo que también queda claro cuando se orienta a José para que no deje a María que ya había concebido. También cuando se le advierte que debe huir a Egipto para salvar al niño pues Herodes quería asesinar al futuro rey de los judíos.

En la persona de Herodes, el contenido bíblico advierte a la humanidad sobre la ceguera que a veces envuelve a quienes detentan el poder. Una ceguera que puede llevar a la inhumanidad de cegar vidas, incluso de infantes, como ruin manera de defender el poder sobre el resto de los hombres y mujeres.

Por otro lado, en el regreso de Jesús a las tierras de Nazaret y Galilea, como antes en la peregrinación a la Tierra Prometida, nos parece leer el amor por la tierra, por el hogar histórico que corresponde a cada conglomerado humano y que también merece el respeto recíproco entre cada uno de ellos.

El bautizo de Jesús por Juan, siendo que este observó que debería ser Jesús, el maestro, quien lo bautizase, nos relata la sencillez y la humildad del Nazareno, que no practicaba la rigidez de jerarquías supuestamente inalterables en toda circunstancia.

Esa sencillez queda nuevamente de manifiesto cuando, tentado reiteradamente para que demuestre su poder mediante actos materiales, Jesús responde que más poder había en la palabra de Dios, que podemos entender es el mensaje pleno de humanidad que él portaba.

La palabra, la predicación, la persuasión como medio ideal para sembrar e irradiar en los demás la identificación cristiana con nuestros semejantes, pero sobre todo con los más sencillos y vulnerables, es algo que también nos queda trasmitido desde Jesús a través de los textos bíblicos.

Parte de esa predicación es la identificación con los que padecen injusticia y hambre. Jesús enaltece a los que propugnen la reconciliación y la pacificación, pero también da sus bendición a los que tengan sed de justicia y les promete satisfacción, lo mismo que a los perseguidos “por causa de la justicia”.

Hoy, que celebramos la Navidad, hagámoslo con sencillez, recordando que con el niño de Belén comenzaba la vida de quien iba a predicar estos y otros mensajes que no deben ser nunca olvidados.

Columna "Cuestión Previa" del diario EXPRESO.
Publicado el 23 de diciembre de 2008.

SESENTA AÑOS DE DERECHOS HUMANOS UNIVERSALES

2008-12-09T16:41:00.000-08:00

El 10 de diciembre se cumplieron sesenta años de la Declaración Universal de los Derechos humanos, suscrita en 1948 por los países miembros de la recién creada ONU. Este documento es muy importante para todos nosotros, ciudadanos del mundo. Consagra un conjunto de derechos que sirven de referencia programática para unas sociedades y un mundo más humanos.

La Declaración ha proclamado derechos para todos los ciudadanos del orbe, no importa el régimen político o económico ni la religión de sus países. Tampoco importa su condición social o el color de su piel. Por eso se llama universal.

Un primer grupo de los derechos de la Declaración son los derechos políticos y civiles. Son los que consagran las libertades políticas y religiosas, así como el derecho ciudadano a participar en el gobierno. También colocan límites a la acción de los poderes del Estado para que las arbitrariedades no anulen las libertades. A estos derechos se les llama de primera generación, pues históricamente surgieron con el pensamiento liberal, antes que los otros derechos.

Los derechos de segunda generación, que también figuran en la Declaración Universal, son los llamados económicos, sociales y culturales, que surgieron a la luz de los aportes de los pensadores sociales. Allí aparecen el derecho al trabajo, a la remuneración decente, a la organización sindical, a la seguridad social, a la atención médica, a una educación adecuada, a las libertades culturales y a la protección de la creación artística o científica.

Posteriormente a la Declaración de 1948 han surgido otros tipos de derechos, llamados de tercera o hasta de cuarta generación, entre los cuales figuran los derechos de los pueblos originarios, los derechos ambientales o las libertades contra toda forma de discriminación, y no solamente contra el racismo. Varios de esos derechos también han sido consagrados por convenios de Naciones Unidas, como los de la OIT.

La Declaración tuvo un antecedente dentro de la ONU que fue la formación, en 1946, de la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Fue esta Comisión la que se encargó de desarrollar los trabajos concernientes a la elaboración de la Declaración, previos a su aprobación. Estuvo presidida entonces por una notable mujer, Eleanor Roosevelt.

Eleanor Roosevelt no era una experta en temas jurídicos. Pero tenía una gran experiencia política, proveniente de su gran activismo en temas de derechos civiles, sociales y educativos desde los años 20. Esposa del presidente Franklin D. Roosevelt, lo acompañó en sus campañas políticas pero ella tuvo las propias de manera muy destacada: promovió el voto de las mujeres, los derechos para los negros y los programas educativos para los jóvenes.

En 1948, 10 de diciembre, después de conducir a un grupo de expertos, la Sra. Roosevelt presentó la Declaracion Universal ante la Asamblea General de la ONU. Sesenta años después, sus mandatos todavía no son una plena realidad, pero es celebrada en todo el mundo por su condición de guía para la acción.

Columna "CUESTIÓN PREVIA". Diario Expreso

Publicado el martes 9 de diciembre de 2008

LA UNIDAD DEBE PRIMAR EN PIURA

2008-12-09T16:33:00.000-08:00

Hace unos días, el principal tema del Congreso fue la Ley del Presupuesto General de la República. Como congresista por Piura tenia particular interés en el financiamiento para el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (PEIHAP).

Como se sabe, a este debate asiste todo el gabinete de ministros, encabezado por el premier, quien se encarga de sustentar los términos generales del Proyecto de Presupuesto, mientras cada ministro sustenta lo que corresponde a sus respectivos sectores.

Para este momento ya habíamos presentado, junto con otros congresistas piuranos, una propuesta para que el Proyecto de Presupuesto incluya la partida de 75 millones de nuevos soles necesarios para financiar el PEIHAP. En los días anteriores habíamos comprometido el apoyo del premier, del presidente del Congreso y de la Comisión de Presupuesto del Congreso.

Cuando el premier Yehude Simon ya estaba terminando su exposición, la partida para el Alto Piura no había sido mencionada todavía. En ese momento pedimos una interrupción y le recordamos al premier su compromiso. En su respuesta confirmó que esa partida estaba incluida.
El día viernes 28, después de algunas discrepancias por otros temas entre el Ministerio de Economía y la Comisión de Presupuesto, finalmente quedó aprobada le Ley de Presupuesto. En su texto figura la disposición complementaria siguiente:

“SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA.- Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas incluir en el Presupuesto General de la República para el Año Fiscal 2009, el monto de S/. 75’000,000.00 (Setenta y cinco millones y 00/100 de Nuevos Soles) que aseguren al flujo futuro para la ejecución del Componente I – Obra Pública del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura declarado de necesidad y utilidad pública mediante Ley Nº 29193, dejando sin efecto el Decreto Supremo Nº 059-2007-EF que conforma la Comisión Multisectorial y el Informe de la citada Comisión Multisectorial. La presente autorización está supeditada a la aprobación del respectivo expediente técnico”.

Con esto Piura había ganado una batalla para que se haga realidad uno de sus más importantes proyectos de desarrollo. Ya está colocado el financiamiento en el Presupuesto. Corresponde ahora que el gobierno regional demuestre fehacientemente que no hay expedientes técnicos pendientes.

Tras este logro nos toca sacar una lección. Obtuvimos una victoria porque pudimos actuar unidos las organizaciones sociales, los alcaldes del Alto Piura, los congresistas piuranos, el gobierno y también nos acompañaron algunos medios de la región. Incluso fue necesaria una acción de lucha, un paro en el Alto Piura.

Esta es la forma en que debemos actuar de ahora en adelante para hacer realidad otras aspiraciones de la región. Todavía hay mucho por hacer. Pero si lo hacemos unidos y somos siempre leales al pueblo de Piura, avanzaremos mejor y más rápido. Ese es mi llamado ahora a todos los que representan a nuestra región.

Columna "CUESTION PREVIA". Diario EXPRESO

Publicado el martes 2 de diciembre de 2008

ALTO PIURA: LO QUE DEBE ACORDARSE CON EL PREMIER

2008-11-20T17:59:00.000-08:00

Para este miércoles 19 ya está programada en la agenda del primer ministro Yehude Simon la reunión que le solicitamos ver el tema del proyecto hidroenergético del Alto Piura. Un proyecto que tiene por lo menos 45 años de espera y que ya es hora de que, por lo menos en su primera parte, se ejecute de una buena vez.

En esta reunión participarán los representantes del frente de defensa del Alto Piura, del Gobierno Regional, diversos alcaldes provinciales y distritales, colegios profesionales y líderes agrarios de Piura. Sobre el tema del proyecto del Alto Piura hay dos puntos que deben ser resueltos con urgencia.

Uno de ellos es la versión que dio el premier Simon en el Congreso de que el gobierno regional no había presentado aún el llamado expediente técnico.

El gobierno regional sostiene que ya ha presentado el resumen de este expediente técnico a las instancias correspondientes del Ejecutivo. Agrega que eso es suficiente pues únicamente corresponde al gobierno regional conocer el expediente completo, dado que la licitación de las obras es competencia suya. Eso es lo que el gobierno regional ha expresado al premier Simon.

Este primer punto tiene que ser definitivamente aclarado, acordado y superado con prontitud entre el premier y el gobierno regional

El segundo punto es la fuente de financiamiento para la primera parte de las obras del proyecto. Para el año 2008, se aprobó que una parte importante de dicho financiamiento provendría de fuente externa, es decir de un crédito externo.

El problema es que la ruta del endeudamiento externo es demasiado larga. El MEF no avanzó en eso este año argumentando, justamente, que el gobierno regional no había presentado los estudios técnicos. Por otro lado, esta ruta se ha complicado más por los problemas financieros internacionales. Por ello la solución más rápida y efectiva es que el financiamiento mencionado provenga del Presupuesto General de la República.

Así es como se debió haber hecho para el año 2008. El Estado culminó el año 2007 con un superávit fiscal de 10 mil 500 millones de soles. El monto que se colocó para buscar crédito externo era de 40 millones de dólares, o sea unos 130 millones de soles. Apenas el 1.2 por ciento del mencionado superávit, y por lo tanto bien pudo haber sido afrontado con el presupuesto de la república y así es como debiera ser ahora.

Por lo tanto, esperamos que de la reunión entre los representantes por Piura y el primer ministro salgamos con dos puntos acordados:

1) Que el gobierno regional y poder ejecutivo resuelvan a la brevedad su discrepancia respecto a si falta algún expediente. Debe recordarse que ya hay el decreto supremo 055 que señala que el proyecto ya cuento con suficientes estudios de factibilidad.
2) Que el financiamiento que este año se dispuso que iba a ser buscado mediante endeudamiento externo sea colocado en el presupuesto general de la república, para no dilatar mas su ejecución.

Publicado el martes 11 de noviembre.

ALTO PIURA: IRRIGACIÓN AHORA

2008-11-04T17:45:00.000-08:00

Proyectos de irrigación para beneficio de Piura existen desde 1890. En el siglo XX. nombres de parlamentarios como Hildebrando Castro Pozo, en los años treinta y cuarenta, y Ricardo García Figallo, en los años sesenta, figuran entre los promotores de esos proyectos ante las cámaras de representantes.

Es triste recordar que no fueron los gobiernos democráticos los que comenzaron a ejecutar esos proyectos. Es lamentable que se comenzaran a hacer realidad con gobiernos no democráticos. Así fue la irrigación San Lorenzo, ejecutado por el gobierno de Manuel Odría, y con la irrigación del Chira Piura, ejecutado por el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Tuvieron que venir estos presidentes de uniforme para que se comenzaran a hacer esos proyectos. Los gobiernos democráticos los continuaron, pero a veces las democracias y sus congresos se pasan de distraídas, pierden legitimidad y aparecen los gobierno de facto como alternativa.

Ahora tenemos pendiente, desde hace mucho tiempo, un proyecto de irrigación para Piura que es el del Alto Piura. Tiene un componente de irrigación y otro de generación de energía eléctrica. Tiene antecedentes desde 1963 cuando el entonces diputado Ricardo García Figallo, presentó una propuesta de ley para usar las aguas del río Huancabamba para irrigar el alto Piura. Ese parlamento terminó y el proyecto no fue aprobado.

En 1980, de vuelta a la democracia, los representantes por Piura presentaron un nuevo proyecto con similares propósitos. Digamos, para descargo de nuestros gobiernos democráticos anteriores, que en esos años se comenzó a atender la antigua demanda, pero de manera muy tímida. Se hizo la reserva de agua y se constituyó una autoridad autónoma a fines de los años 80. En el gobierno de los 90, sin embargo, esa autoridad autónoma fue disuelta y el proyecto se congeló.

Después del 2003 tenemos otra vez una autoridad autónoma y las correspondientes reservas de agua. Hay estudios de factibilidad ya hechos. En el 2006 INRENA señala que hay suficiente agua para que no se afecte Olmos. Por eso, en 2007 un decreto supremo exoneró de estudios de factibilidad a las primeras obras : una presa y un túnel de trasvase.

En el 2007 los representantes por Piura demandamos que el financiamiento de estas obras se incluyan en el Presupuesto de la República para el 2008. Se nos concedió que se considerase en la ley de endeudamiento de externo y a inicios de este año se declaró a dichas obras como de necesidad y utilidad públicas. Sin embargo, este asunto está paralizado por nuevas exigencias que ha hecho una comisión liderada por el MEF al gobierno regional.

El proyecto del Alto Piura, en esta primera parte, dará 15 mil hectáreas cultivables nuevas en la zona de impacto, beneficiaría a unos 14 mil agricultores y sus respectivas familias, reducirá pobreza, y aumentara la oferta exportable de frutas y cítricos de la región. No es posible que se siga demorando más su ejecución, y, en este caso, la búsqueda de su financiamiento.

Publicado en el diario EXPRESO.

Columna "Cuestión Previa". Martes 4 de noviembre de 2008

HACIA EL PARLAMENTO DE LA UNIÓN DE SURAMERICANA

2008-10-30T09:29:00.000-07:00

El dia 17 de octubre se realizó en Cochabamba, Bolivia, una reunión de representantes de los Legislativos de los 12 países que conforman la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR. El objetivo de la reunión fue el de generar avances en el proceso de conformación del Parlamento Suramericano, como parte de los acuerdos de integración que han venido alcanzando los presidentes de esos 12 países.

Asistí a esta a esta reunión por encargo de la mesa directiva de nuestro Congreso de la República. El evento fue inaugurado por los presidentes Evo Morales y Michelle Bachelet, esta última a cargo de la presidencia pro témpore de UNASUR. Parte del evento consistió en la colocación de la primera piedra para la construcción de la sede del Parlamento Suramericano, que estará ubicado en Bolivia.

El principal acuerdo de la reunión fue la conformación de una mesa de trabajo que elabore una propuesta sobre las competencias, características y funcionamiento de dicho Parlamento regional. Dicha mesa de trabajo estará conformada por 2 representantes del Poder Legislativo de cada país, más representantes de los parlamentos subregionales: Andino, MERCOSUR, Amazónico e Indígena.

Los dos representantes de cada Poder Legislativo y los representantes de los parlamentos subregionales deberán ser elegidos en el plazo de los próximos 45 días. La mesa de trabajo deberá comenzar a elaborar su propuesta dentro de 90 días, en coordinación con el consejo de delegados de UNASUR.

La propuesta mencionada deberá ser puesta en conocimiento de los presidentes de la región, para su aprobación en ese nivel. Después será votada en los Congresos para su aprobación definitiva.

Como se ve, este será un proceso que tomará algún tiempo y que tendrá sus complejidades. Sin embargo, es indudable la trascendencia que tiene, ahora más que nunca, la conformación de UNASUR y ahora el proceso de conformación de su Parlamento.

La integración sudamericana tiene un enorme potencial económico y político. Si logramos una significativa integración económica, podremos ser, juntos, la quinta potencia mundial en términos de producción. Nuestro mercado interno, medido como cantidad de habitantes, seria el cuarto en tamaño en el mundo.

En una época en que el agua, los bosques y la producción de alimentos han ganado más importancia para el bienestar de los pueblos, Suramérica los tiene en mayor disponibilidad que otras regiones. La viabilidad de nuestra integración, por otro lado, está facilitada por las reconocidas afinidades culturales, idiomáticas, religiosas e históricas.

En el terreno político, los países de UNASUR ya han hecho sentir su gravitación cuando han actuado de consuno frente a determinados problemas. Fue así cuando ayudaron, después de su encuentro en Santiago de Chile, a resolver la crisis política reciente en Bolivia, la misma que ahora se encamina a una solución firme.

Son estas poderosas razones, y se podrían mencionar muchas más, las que le dan sentido a UNASUR. La conformación de su Parlamento exigirá de consensos y de diálogos muy esforzados. Pero el ideal integracionista lo justifica. Debemos plasmarlo, pues una mirada realista del mundo actual señala su vital importancia.

Publicado el martes 28 de octubre de 2008
Diario EXPRESO. Columna "Custión Previa".

EL VOTO PREFERENCIAL DEBE MANTENERSE

2008-10-23T15:16:00.000-07:00

Muy pronto el Pleno del Congreso estará decidiendo sobre el voto preferencial. Este derecho ciudadano debe mantenerse, especialmente mientras no haya una verdadera democracia interna en los partidos políticos. Si eso no ocurre, los ciudadanos deben conservar su derecho de votar no solamente por una lista de candidatos, sino de marcar cuáles son sus candidatos de preferencia.

El voto preferencial, como todo derecho ciudadano, puede ser mal usado. Algunos lo han usado para poner por delante sus candidaturas individuales y poner en segundo plano a sus movimientos políticos. Pero el mal uso de un derecho no puede ser un argumento para eliminar el derecho. La misma democracia ha sido mal usada y distorsionada muchas veces, pero eso no es una razón para eliminarla.

El voto preferencial sirve para que los ciudadanos contrapesen el poder de las dirigencias en la conformación de las listas de candidatos. Sabemos que falta mucho por avanzar en cuanto a democracia interna partidaria. Las dirigencias siguen siendo determinantes en la ubicación de los candidatos en las listas. El contrapeso es que los ciudadanos pueden modificar esa ubicación al marcar sus opciones con el voto preferencial.

Este derecho no elimina la natural influencia que tienen las dirigencias partidarias respecto a la conformación final de sus bancadas. Revisando las elecciones del 2006, encontramos que 74 de los 120 congresistas elegidos tuvieron en sus listas el mismo lugar que terminaron teniendo después de la votación. La incidencia del voto preferencial ocurrió en el caso de 36 candidatos cuya posición fue mejorada y salieron electos gracias al voto preferencial.

Por otro lado, el voto preferencial hace más transparente cuáles candidatos tiene respaldo electoral y cuáles tienen poca acogida. Es uno de los mecanismos que puede servir a un partido para saber cuándo acierta y cuándo falla en la conformación de sus listas.

Cabe señalar una importante cuestión de género. El voto preferencial tiende a mejorar las posibilidades de las candidatas mujeres para acceder al Congreso, pues la cuota de género se cumple pero colocando a las mujeres en los lugares inferiores de las listas.

Los que propugnan eliminar el voto preferencial dicen que ha sido un factor del transfuguismo y de la debilidad de los partidos. Bien sabemos que las causas son otras. Las rupturas de varias bancadas, los conflictos internos en otras y la pésima imagen de los partidos tienen causas muy distintas del voto preferencial. No le achaquemos a un derecho ciudadano las deficiencias de los liderazgos partidarios.

Finalmente, mientras no esté institucionalizada una efectiva democracia interna en los partidos, es falso que la eliminación del voto preferencial vaya a disminuir los conflictos internos en los partidos. Al contrario van a aumentar las pugnas preelectorales para lograr los primeros lugares de las listas partidarias.

Son otras reformas electorales las que deben ser priorizadas. Por ejemplo, que sean los organismos electorales nacionales los que se hagan cargo de las elecciones internas de los partidos. O la reforma del Congreso, para reducir la duración del mandato congresal y el tamaño de las circunscripciones. Esto sí tendría un efecto democratizador y a la vez mejoraría la vida partidaria.

Publicado en el diario EXPRESO de Lima.

Columna "Cuestión Previa" - Martes 21 de octubre de 2008

EL EX PREMIER AÚN DEBE EXPLICACIONES

2008-10-15T13:18:00.001-07:00

El congresista Jorge del Castillo, ahora ex primer ministro, aún tiene que aclarar varias cosas sobre su actuación con relación a Rómulo León y al dominicano Fortunato Canaán.
En los últimos días ha dicho que sus reuniones con León han sido “una tontería” y ha pedido disculpas por ello. Pero hay indicios de que en sus reuniones con esas personas ha incurrido en trasgresiones a la ley, y eso no se puede pasar por alto así nomás, con algunos golpecitos de pecho.

Toda la información respecto a León y Canaán indica que estos eran lobbistas informales, es decir ilegales, a favor de empresas como Discover Petroleum u otras. Lobbistas porque gestionaban asuntos de interés de esa empresa o de otras ante funcionarios de la administración pública. Ilegales, porque no estaban registrados ante la oficina correspondiente de Registros Públicos, que es lo que manda la ley 28024 también llamada ley de lobby.

El congresista Del Castillo hasta ahora no ha precisado cuántas veces se ha reunido con el señor Canaán. En su última entrevista de este pasado domingo con el periodista César Hildebrandt ha dicho que pueden haber sido cinco veces. Una de ellas, en un desayuno “de trabajo” con Canaán en el hotel Country.

DelCastillo, por otro lado, después que se conocieron los primeros audios se ha demorado en reconocer cuán estrecha era su relación con Rómulo León. Tuvo que darse a conocer un video donde aparece inaugurando el negocio de un pariente de León para que admitiera esa cercanía. Lo que sí ha admitido es que, en sus reuniones “de trabajo” con Canaán, también estuvo León, ambos en calidad de representantes de Discover.

El problema es que la ley 28024 manda que cuando un funcionario público se reúne con gestores de intereses privados, para tratar temas de interés de la empresa privada representada por esos gestores, ese funcionario tiene que dar cuenta de esa reunión, y de los temas tratados, a la oficina respectiva de Registros Públicos. El congresista Del Castillo no lo ha hecho y sólo ha informado de esas reuniones a raíz de la revelación de los audios.

Pero hay más todavía, pues no está dentro de las funciones del presidente del Consejo de Ministros el tener reuniones particulares con representantes de empresas específicas para ver asuntos referidos a contratos de inversión extranjera, ni en el sector petrolero ni en ningún sector. Eso no figura ni en la Constitución, ni en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo ni en el Reglamento de Organización y Funciones de la PCM. Por tanto, el ex premier habría desbordado sus funciones y tendría que dar cuenta de ello.

Como se sabe, el ex primer ministro, antes de que se conociera su renuncia se presentó intempestivamente con todo el gabinete ante el pleno del Congreso para exigir que se escuchen sus explicaciones sobre el escándalo causado por los audios. La presidencia del Congreso, y no solamente la oposición, no se lo permitieron porque su presentación a rendir explicaciones ya estaba programada justamente para hoy día. Incluso una parte de la bancada aprista rechazó la abrupta aparición del gabinete.

Frente a su inminente censura, el ex premier optó por renunciar. Volverá a su escaño, pero aún tiene que dar explicaciones por situaciones como las ya señaladas. Tiene que hacerlo no sólo ante la ciudadanía y el Congreso, sino ante los propios apristas de base. Los golpecitos de pecho no son suficientes.

Publicado el martes 14 de octubre de 2008.
Diario EXPRESO. Columna: "Cuestión Previa".

EL ALTO PIURA Y EL NUEVO "PREMIER"

2008-10-11T15:10:00.000-07:00

Se ha anunciado que el nuevo presidente del Consejo de Ministros será el señor Yehude Simon Munaro, actual presidente regional de Lambayeque.

En sus primeras declaraciones, el señor Simon ha declarado que no renunciará a su cargo de presidente regional, que pedirá licencia, y que continuará acompañando a la conducción del gobierno regional de Lambayeque.

Para los piuranos, y para los intereses regionales de Piura, la designación del señor Simon como presidente del consejo de ministros es un asunto de especial interés puesto que hay algunos temas pendientes que son de preocupación tanto para Piura como para Lambayeque.

Cabe destacar, entre otros temas, el proyecto de irrigación del Alto Piura, cuyo financiamiento aún no ha sido resuelto del todo. Este proyecto despierta interés tambien en Lambayeque puesto que las aguas a utilizar son las del río Huancabamba, que también provee las aguas al proyecto Olmos.

Dado que el señor Simon tiene una reputación de líder dialogante y preocupado por el desarrollo regional, los congresistas de Pîura le haremos saber de la justa demanda regional piurana por proyectos como el de la irrigación del Alto Piura. También de nuestra expectativa para que esa demanda y su respectiva solución sean de una vez atendidas por el Ejecutivo. Esperamos que el presidente regional de Piura nos acompañe decididamente en esa demanda.

Siendo, ahora, presidente del consejo de ministros, al señor Yehude Simon le corresponderá atender con ponderación y justicia las demandas de las regiones, sin parcializarse con su región de proveniencia.

Por eso, preocupa que el señor Simon haya declarado que actuará a la vez como primer ministro y como autoridad regional, aunque sea con licencia. Creemos que su cargo en el Ejecutivo lo obliga ahora actuar exclusivamente como "primer ministro" y a atender sin parcialidades a todas las regiones.

Por lo demás, cabe señalar que sin la organización y la movilización de los piuranos, y en especial del frente de defensa del Alto Piura, será difícil que se realicen debidamente los proyectos que anhelamos.

Publicado en el periódico CERTEZA
Sábado, Octubre 11, 2008

SE FUE EL MINISTRO ¿O TAMBIÉN EL GABINETE?

2008-10-06T17:34:00.001-07:00

Rómulo León Alegría y Alberto Químper Herrera, apristas o apristones, han generado más inestabilidad para el gobierno que el paro que la CGTP y los frentes regionales han convocado para el día de hoy martes.

En efecto, la revelación de los afanes turbios de ambos personajes, registrados en los audios del fin de semana, ya causaron la destitución del ministro Juan Valdivia y esta caída ha arrastrado al presidente de Petroperú, César Gutiérrez. Probablemente habrán más caídas en estos días.

El ministro Valdivia tenía que salir por dos razones: por su responsabilidad política en el nombramiento de Quimper como alto funcionario de Perúpetro, y porque él mismo tiene que ser investigado respecto a si estuvo involucrado en las trapisondas denunciadas. Valdivia ya aceptó inmolarse políticamente hablando.

Ahora bien, un personaje de este escándalo es Rómulo León Alegría. Este fue procesado judicialmente por casos de corrupción ocurridos durante el primer gobierno aprista. Al parecer fue absuelto y se le permitió retornar al partido. Incluso se inscribió como precandidato en la elección interna de la lista aprista para el Congreso actual. Pero hubo apristas que impugnaron su candidatura, precisamente por su mala fama. Y obtuvieron que se lo saque de competencia.

Ahora se ha hecho evidente, en una serie de detalles, que, a cambio, el ahora Presidente García sí le permitió a León mantenerse cercano a él y a una parte de su entorno. Por otro lado, el otro allegado al Presidente es el propio Químper, quien ha sido abogado suyo.

Para mayor información, el 2006 se informó que León Alegría se reunió con un prófugo de la justicia por sus estrechos vínculos con Vladimiro Montesinos. En su momento, los dirigentes apristas, incluido el actual premier Del Castillo, minimizaron el asunto y León continuó vinculado al aprismo y, ahora lo sabemos, a algunas altas esferas del actual gobierno.

De manera que se puede señalar un grave exceso de permisividad de los conductores de este gobierno, incluido el Presidente, con personajes muy poco recomendables. Luego del escándalo, han salido a destituir a uno y a pedir que procesen al otro. Pero previamente les permitieron merodear por donde no deberían. Allí hay una responsabilidad política que va más arriba del ahora ex ministro Valdivia.

Este escándalo se suma al pésimo desempeño del gobierno en los últimos meses. A sus imprevisiones, desaciertos y falta de respuestas frente al deterioro de la economía y los conflictos sociales y al desplome de su legitimidad frente a la opinión pública.

En circunstancias así, la democracia suele refrescarse, desfogar tensiones y protegerse produciendo el cambio de los responsables del mal rumbo. No puede ser el Presidente, pues así tenga alguna responsabilidad política no ha incurrido en las causales constitucionales. Pero el Sr. García debe recibir una clara señal de que el país no acepta que se haya permitido tanta infiltración de turbiedades ni la ruta incierta y conflictiva que ha escogido para gobernar.

El que debe asumir el costo es el gabinete. El primer ministro debe renunciar, de la mano con el gabinete, pues ya no cuenta con la confianza política del país y eso es suficiente. Si las decisiones no vienen del Ejecutivo, corresponderá al Congreso decidir al respecto.

Diario Expreso. Columna "Cuestión Previa"

Publicada el martes 7 de octubre de 2008.

DERECHO A LA BUENA REPUTACIÓN DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

2008-10-06T17:19:00.000-07:00

César Hildebrandt, en una de sus columnas opina “que la prensa peruana empezó su decadencia el día en que se divorció de la inteligencia, de la universidad y de ciertos ideales que querían cambiar las cosas”. Se preguntaba ¿cómo se ha ido apartando la prensa de la buena fe de la gente y por qué lo que ayer era seguridad, hoy es incertidumbre? Afirma que la intromisión grosera de “la propiedad” ha convertido a muchos “directores” en ujieres y a ciertos periodistas en “cronistas de lo que no ocurrió, pero que sirve al propósito bastardo de los propietarios”.

Es cierto que el inciso Cuarto del Artículo 2.° de la Constitución reconoce las libertades de expresión e información. Aun cuando históricamente la libertad de información surgió en el seno de la libertad de expresión, a veces es difícil diferenciar una de la otra. La Constitución las ha reconocido de manera independiente y son dos derechos diferentes con objeto de protección distinta cada uno.

La libertad de expresión garantiza que las personas puedan trasmitir y difundir libremente sus ideas, pensamientos, juicios de valor u opiniones, y son de naturaleza subjetiva. La libertad de información, en cambio, garantiza un complejo haz de libertades, que, conforme enuncia el Artículo 13º de la Convención Americana de Derechos Humanos, comprende las libertades de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole. Estos hechos noticiosos sí pueden ser objetivos y contrastables.

En el ejercicio del derecho de información, algunos sectores del periodismo, sin querer, están violando sistemáticamente el derecho al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la buena imagen que la Constitución garantiza a todos los peruanos.

El Tribunal Constitucional, mediante la sentencia recaída en el Expediente Nº 0446-2002-AA/TC, ha señalado que el honor forma parte de la imagen del ser humano, (...) forma parte de los derechos fundamentales protegidos por el inciso Siete del Artículo 2º de la Constitución Política, y está estrechamente vinculado con la dignidad de la persona; su objeto es proteger a su titular contra el escarnecimiento o humillación, ante sí o ante los demás, incluso frente al ejercicio arbitrario de las libertades de expresión o información, puesto que la información que se comunique, en ningún caso puede resultar injuriosa o despectiva.

Sin embargo, aunque la buena reputación se refiera, en principio, a los seres humanos, ésta no es un derecho con carácter exclusivo de los ciudadanos, sino también de las personas jurídicas e instituciones, de otro modo, el desconocimiento hacia estos últimos podría ocasionar que se deje en una situación de indefensa constitucional contra la "imagen" que tienen frente a los demás o ante el descrédito de terceros de toda organización creada por los individuos.

La mala conducta y comportamiento denigrante de algunos integrantes del Congreso de la República, no justifica para nada, los calificativos humillantes, injuriosos y despectivos contra una institución importante para el sistema democrático del país. Es por ello, que debemos tener la responsabilidad concertada de toda la ciudadanía en defender, reformar y fortalecer el Congreso como institución irremplazable en su tarea de discutir los grandes asuntos de la sociedad y del Estado.

Diario EXPRESO. Columna "Cuestión Previa"

Publicada el martes 30 de setiembre de 2008.

FUERZAS ARMADAS, ABUSO CON LOS SUBORDINADOS

2008-09-23T15:55:00.000-07:00

En sus dos primeros artículos la Constitución Política del Perú establece que “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado” y que “toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar”

Tenemos suficientes evidencias de que estas dos normas constitucionales no se cumplen a plenitud en nuestras fuerzas armadas. En particular, hay la mala idea de que el carácter y la disciplina castrense necesita que se cometan abusos contra la dignidad de los subalternos y contra su integridad moral, psíquica y física. Ese pensamiento se expresa en prácticas abusivas que tienen larga data pero que ya son inadmisibles.

En la Comisión de la Mujer del Congreso hemos podido constatar que los casos de hostigamiento o de abuso sexual que se han cometido últimamente contra una cadete y una recluta, han sido precedidos de lo que se llaman “excesos de autoridad” contra ellas.

Esos excesos consisten, por ejemplo, en que se obliga a cadetes o reclutas a hacer actividades serviles a favor de los superiores, a hacer ejercicios solo por que se le antoja a algún superior, o a soportar acercamientos indebidos. Hay otros casos en que se somete a cadetes o reclutas a algún tipo de castigo físico también de manera arbitraria.

Todas estas prácticas están contempladas como faltas en las leyes que norman la disciplina en las fuerzas armadas. El problema es que hay una tradición de abuso que termina predominando sobre la ley y sobre los reglamentos. También hace que haya tolerancia con el abuso o que se asuma, por los propios afectados, como una práctica normal del servicio o de la formación.

En los últimos días han vuelto a aparecer noticias sobre casos de abuso sexual cometido por algunos malos oficiales. Pero también hay denuncias sobre maltratos físicos que se cometerían incluso sobre cadetes de los llamados colegios militares.

De hecho tengo en mi despacho una denuncia sobre maltrato físico cometido en agravio de un colegial de tercer año de secundaria en un colegio militar de Lima. Los autores del maltrato serían colegiales de años superiores y las autoridades del mencionado colegio no habrían actuado como corresponde. Que ocurran estas cosas, incluso en colegios militares, es una muestra de lo arraigado de la tradición de abuso.

Para erradicar esa tradición funesta, cabe actuar en tres niveles. En el nivel normativo, estableciendo sanciones mas drásticas contra el abuso de autoridad en las instituciones armadas y policiales, incluyendo sus centros educativos. En el nivel preventivo, difundiendo esas normas y los derechos vigentes entre oficiales y sobre todo en subalternos. Y en el nivel de la fiscalización y el control, supervisando si las normas se cumplen y si los mandos asumen sus responsabilidades en ese campo.

Instituciones como el Congreso, las propias Fuerzas Armadas, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Defensa, tenemos que actuar en esos tres niveles para tener instituciones armadas en donde todos sus estamentos tengan intactas su moral, su honor y su dignidad.

Diario EXPRESO. Columna "Cuestión Previa"
Publicada el martes 23 de setiembre de 2008.

IMPOPULAR EN LIMA, AUSENTE EN SANTIAGO

2008-09-23T15:52:00.000-07:00

Las encuestadoras han presentado otra vez el creciente rechazo de la opinión pública peruana a la gestión del Presidente García. En su último informe, el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica muestra que apenas el 19 % de ciudadanos del país lo aprueba, mientras que el 75 % lo desaprueba.

En las regiones la desaprobación de García es todavía más alta. En el Norte, antes considerado el “sólido norte aprista”, la desaprobación al Presidente es de 81 %. En el Sur, esa cifra llega a 90 % y su aprobación es francamente misérrima: ¡7 %!.

La mala nota de García en el interior del país viene desde hace muchos meses. Lo que viene siendo novedad es su alta desaprobación también en la capital del país, Lima, pues aquí es donde su aprobación era mayoritaria.

Según la última encuesta de la PUC, la desaprobación de García en la capital es ahora de 69 %, y había sido 66 % en agosto. Su aprobación en la capital es ahora de apenas 24 %.

Los mas altos niveles de desaprobación los tiene García entre las mujeres, entre los hombres de mediana edad y sobre todo entre los estratos sociales de bajos ingresos. Es decir, aquellos sectores mas sensibles a los problemas económicos. Pero incluso en las capas medias altas de Lima recibe más desaprobación que aprobación: 59 contra 34 %.

De modo que la impopularidad de García ya se asentó también en Lima, pero en todo el país la cifra adversa es de más de dos terceras partes del país desaprobándolo.

¿Qué pasaría si nuestro Presidente se sometiera a un referendo revocatorio como el que, hace poco, ganó el Presidente boliviano Evo Morales?. Lo más seguro es que lo perdería, sin ninguna duda. Por eso, frente a la propuesta de que la figura de la revocatoria se aplique en nuestro país también al cargo de Presidente, sus partidarios han saltado más que hasta el techo.

Precisamente para ver la grave situación boliviana, hoy día en que se escribe esta columna, se reúnen en Santiago de Chile los presidentes sudamericanos. Esta es una reunión importantísima y seguramente los presidentes asistentes se pronunciarán en respaldo del gobierno y del orden constitucional en el vecino país. A la vez eso consolidará el rol de la Unión Sudamericana como nuevo espacio regional.

El gobierno peruano ha hecho muy bien en pronunciarse en respaldo al gobierno de Bolivia y en rechazo a los grupos que amenazan su unidad nacional. Pero este pronunciamiento ha debido ser seguido por la asistencia del Presidente García a la cumbre de Santiago, pues el caso, como ya se ha dicho, lo amerita.

No es la primera vez que nuestro Presidente falta a una cita internacional importante para la región. En casos críticos como este es cuando más se necesitan las presencias de los mandatarios y esa vocación ausente del nuestro deviene incorrecta. Al propio Perú le hubiera venido bien que en Santiago, junto a los otros gobernantes, también se vea y se escuche la asistencia y la voz del nuestro en defensa de la democracia en Bolivia.

Diario EXPRESO. Columna "Cuestión Previa".
Publicado el martes 16 de setiembre de 2008.

TREGUA SOCIAL, SILENCIO PRESIDENCIAL

2008-09-23T15:42:00.000-07:00

Respecto a los conflictos sociales, la actuación del gobierno está llena de imprevisión, pero también de deliberada provocación y por ello resulta siendo uno de los principales factores de agudización de los conflictos.

El gobierno sólo se preocupa por esos conflictos cuando estos ya se han desencadenando o pueden afectar algún evento de su interés. Es el caso de la próxima cumbre de la APEC. A raíz de ese evento, el presidente del consejo de ministros acaba de pedir “tregua” a las organizaciones sociales.

Es inadecuado el uso del término “tregua”, pues su primer significado nos remite a contextos de guerra. Los conflictos sociales no son parte de ninguna guerra. Son demandas que los sectores sociales plantean, no para destruir a ningún enemigo, si no para obtener atención por las autoridades responsables. Eso es un derecho y para eso existen los cauces de las instituciones para resolver los conflictos. Utilizar términos de guerra puede ser contraproducente. Contribuye a aumentar las tensiones y da pie a exageradas medidas de represión respecto a las protestas sociales.

Junto con esas invocaciones a la llamada tregua, hay reiterados comportamientos polarizantes por figuras del gobierno. El caso más elocuente es el del ministro de Salud, Hernán Garrido Lecca. Ha provocado a los médicos día tras día. El resultado ha sido que prácticamente todos los gremios médicos lo rechazan y no lo reconocen más como interlocutor.

Hoy mismo, frente unas declaraciones de don Alejandro Toledo, el ministro Luis Alva Castro responde: “Perro que ladra no muerde”. Un modo insultante, que emula algunas conocidas frases del Propio presidente, pero que tampoco le hace ningún favor a la supuesta tregua.

Ha sido, en efecto, el propio Presidente quien, casi desde el inicio de su gobierno, adoptó una postura muy agresiva contra las organizaciones sociales y contra todos los que no compartieran sus puntos de vista. El acoso del ministro de Salud a los gremios médicos ha copiado los pasados ataques del Presidente y del ministro de Educación al sindicato de los maestros.

El torpe desempeño del gobierno frente a los movimientos sociales, regionales e incluso étnicos, e incluso frente a las ONGs independientes, ha tenido múltiples expresiones. Desde las medidas que causaron el paro regional de Ancash en abril de 2007 hasta los decretos legislativos que provocaron la protesta indígena, pasando por la huelga regional de Moquegua y otras medidas legislativas conflictivas. La propia retórica presidencial ha estado cargada de términos insultantes a los movimientos sociales.

Desde hace varios días, el Presidente está hablando mucho menos. Algunos dicen que se debe a que está algo nervioso por cierta información periodística respecto a la venta de una camioneta suya a un tal Belisario Esteves, allegado a las empresas del grupo Sánchez Paredes.

Es posible también que se deba a que anda muy, pero muy bajo en las encuestas, y piensa que mejor opta por hablar al mínimo. Pero para lograr tranquilidad social debería no solamente hablar menos, sino cambiar de política.

Publicado en la columna: CUESTIÓN PREVIA.
Martes 9 de setiembre de 2008