Los diversos medios de comunicación están difundiendo las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza Ugarte, quien reveló en el Congreso de la República que el Estado no tiene registro de deuda alguna por parte de los tenedores de los bonos agrarios.Sin embargo, al amparo de las normas legales vigentes y a los principios de justicia social, predicado por la administración del presidente Alan García Pérez, el Estado sí tiene la obligación de asumir el pago de esos bonos.
Efectivamente, de acuerdo a la Constitución Política de 1933 y la "Ley de Reforma Agraria" (DL Nº 17716), las expropiaciones por reforma agraria podían efectuarse con los denominados "Bonos de la Deuda Agraria", los cuales tenían valor nominal y efecto cancelatorio. Con la entrega de esos papeles, el Estado cumplió con cancelar la deuda por reforma agraria, surgiendo a partir de entonces una deuda de dinero contenida en los referidos bonos, los cuales eran libremente transferibles a partir de lo dispuesto en la Carta Magna de 1979.
Con el transcurrir del tiempo, algunos de esos tenedores de bonos transfirieron sus instrumentos financieros y cobraron de alguna manera lo que consideró el gobierno militar lo que habría de pagarse esos años. Otros, por el contrario, cuyas tierras fueron expropiadas y transferidas a terceros, no hicieron cobro alguno con la esperanza de rescatar sus propiedades. Son ellos a quienes el Estado debe pagarles los bonos de la deuda agraria. Algunos ya no están con nosotros, sólo sus descendientes, pero los derechos permanece iguales.
Si la administración de gobierno paga puntualmente los servicios de la deuda externa, pactos acordados por gobiernos pasados, por qué no se puede hacer lo mismo con la deuda interna. A nadie se le ocurre proponer que no se pague la deuda externa porque es responsabilidad de otros gobiernos. Los compromisos del Estados son invariables, cualquiera sea el color político de la administración de gobierno. De la misma manera, la administración García debe asumir la deuda contraída en el gobierno militar y reconocida por diversas autoridades de los gobiernos subsiguientes.
Desde esta perspectiva, el Estado debe asumir el pago de los cupones de la deuda agraria a través del Banco Agrario, cumpliendo de esta manera el compromiso que se hizo con los expropiados de la reforma agraria hace más de treinta años, cuando se les prometió el justiprecio real.
Tampoco se trata de negarse a pagar porque se canceló en papeles, sino de encontrar soluciones salomónicas para atender las demandas de este grupo de peruanos por ser de justicia social.
En tiempos de internacionalización económica y globalización social los estados basan su desarrollo en la seguridad jurídica, y el desarrollo es también actuar con justicia frente a los diversos problemas que tiene una sociedad, en el caso peruano, la deuda agraria. La debilidad o inexistencia de la seguridad jurídica también deja al descubierto prácticas de estados dictatoriales, lo cual rechazamos. De ahí la urgencia de encontrar soluciones para resolver este problema que ya lleva más de treinta años.
Además, el caso también es de justicia porque se les expropió propiedades que ellos no querían vender. Toda expropiación debe tener un fin común o bienestar social, pero en el caso de los agricultores, sus tierras simplemente fueron traspasadas a terceros. Recogiendo el espíritu bíblico de justicia, "dad al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios".
