Un juzgado de Paita acaba de admitir a juicio una demanda de nulidad de la concesión de su Terminal Portuario. La demanda ha sido presentada por el sindicato de trabajadores de ENAPU – PAITA. El demandado es el Ministerio de Economía, que tiene a su cargo a PROINVERSION, responsable de la concesión.
La demanda de los trabajadores de Paita tiene que ver con la violación a sus derechos laborales, pues con la concesión se ven afectados su continuidad laboral y los adeudos que se les tiene. De consumarse la mencionada concesión pasaría a primar el régimen de los “cargos de confianza”.
Economía deberá responder en unos días la demanda ante el mencionado juzgado de Paita. Esperamos que se respete la independencia de la jueza Ana Luisa Yaipén Rodríguez. Que no haya la consabida presión política, ni sobre ella ni sobre sus superiores. Los piuranos debemos estar atentos a que este no sea el caso.
Sin embargo, el Ejecutivo y la Contraloría de la República deben también responder a otros cuestionamientos importantes que se han venido haciendo a la concesión del Terminal Portuario de Paita al consorcio Tertir Cosmos. Han sido hechos por los trabajadores, por militares en retiro como Roberto Chiabra , por ciudadanos como el ex congresista Manuel Dammert e incluso por varios congresistas, incluido el aprista Luis Negreiros.
Lo mas importante en este caso es la oposición de los propios trabajadores del puerto de Paita y de la población en general del mismo puerto. Esto se expresa en el activismo del Frente de Defensa de Paita y en la consulta ciudadana que realizaron en marzo pasado. En esa consulta, no siendo oficial ni obligatoria, votaron más de 11 mil ciudadanos, de los cuales cerca del 90 % se opuso a la concesión.
Lo que ocurre es que hay muchos aspectos cuestionables a esta concesión . La primera de ellas es que ha sido manejada de manera totalmente centralista, solo por funcionarios de Proinversión y otros sectores del Ejecutivo. Ni el gobierno regional ni la Municipalidad Provincial de Paita han tenido atribuciones para incidir sobre el proceso de la concesión.
Por otro lado, para facilitar la concesión a un privado se han forzado figuras legales como la de hacer pasar como una infraestructura nueva algo que ya tiene décadas de funcionamiento. Se ha sido muy poco exigente en cuanto a la capacidad de gestión demostrada por el adjudicatario de la concesión; se le ha pedido compromisos de inversión muy bajos, en plazos muy largos y con periodos de gracia también demasiado largos; el Estado le ha dado garantías de ganancias mínimas que de no ser alcanzadas serán cubiertas, es decir subsidiadas, por el propio Estado; se está permitiendo la configuración de un monopolio privado inconstitucional y finalmente se permite que el concesionario hipoteque la concesión con lo cual se pierde el manejo soberano del puerto por parte del Estado.
Estas irregularidades estaban siendo examinadas por la Contraloría. Sin embargo el gobierno ha dado el DS 181- 2009- EF otorgando garantías a la nueva empresa concesionaria. Lo cual implica la ilegal interrupción de un proceso de control que no se debe dejar pasar. Estemos atentos a este asunto trascendental para los piuranos.
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