NO AL COBRO ILEGAL DEL FONAVI POR LA EPS

Ante nuevos e innecesarios conflictos sociales como consecuencia de los cobros ilegales por parte de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), he presentado un proyecto de ley que excluye la cobranza de deudas de los usuarios con el Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), porque perjudica a las empresas que prestan ese servicio, afectan la economía del público consumidor que pone en riesgo la salud pública y vulneran la paz social del país.

La norma tiene por finalidad que las EPS no asuman la cobranza de las cuotas mensuales de los trabajos financiados con recursos del Fonavi, cuyas deudas fueron asumidas por los usuarios. Propongo que para evitar perjudicar a las empresas, las EPS celebren convenios con entidades bancarias o agentes especializados en recuperación de cartera pesada. También pido la urgente derogación de las normas que se opongan a la iniciativa legislativa que por cierto no irroga costo alguno al Estado, pues la modificación está orientada a que las entidades bancarias se encarguen de la cobranza.

Esta situación está generando diversos conflictos sociales en el país, como por ejemplo en el departamento de Piura, jurisdicción a la que represento, donde la población ha decidido no pagar el recibo de agua, perjudicando directamente a la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau S. A. (EPS Grau) que por el menor ingreso que recauda, su economía empieza a caer notablemente. También perjudica a los propios usuarios, porque ante la falta de pago de los recibos de agua por parte de la población, el servicio será suspendido.

También he remitido un oficio al presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon Munaro, solicitándole una reunión de trabajo para exponerle los fundamentos de la propuesta e informarle acerca de los posibles conflictos sociales que se está generando por esta situación, perjudicando directamente a miles de familias pobres de los asentamientos humanos y convulsiona la paz social que debe reinar en nuestro país.

Es importante para mí tener la responsabilidad de contribuir a resolver este problema, atendiendo los reclamos de la sociedad civil, alcaldes y autoridades que han recurrido a mi despacho parlamentario por este tema. Por esa razón, pediré al premier que mediante un Decreto de Urgencia disponga la suspensión de la cobranza de los saldos deudores por concepto de conexión domiciliaria de obras de infraestructura urbana básica de agua potable y alcantarillado, de las personas beneficiarias de préstamos otorgados con recursos del Fonavi.

Hay un riesgo ante la renuencia de los usuarios para pagar las cuotas de Fonavi en los recibos de agua, en virtud que el gobierno ha venido condonando deudas, conforme a la Ley Nº 27044 que extingue las deudas de electrificación y sustitución de la contribución de Fonavi por el Impuesto Extraordinario de Solidaridad. Incluso, mediante el Decreto de Urgencia Nº 016-2000, se dispuso la constitución de una comisión multisectorial encargada de realizar una evaluación de la situación de los préstamos del Fonavi otorgados a personas naturales para la ejecución de obras de infraestructura básica de electrificación y saneamiento, y poco se ha avanzado hasta la fecha. No olvidemos que hay 42,170 familias piuranas que están esperando soluciones a sus problemas y dispuestas a salir a las calles para reclamar justicia.