Nuevamente aparecen denuncias sobre muertes de comuneros en la sierra de Piura. Se trata, otra vez, de las comunidades cercanas a Minera Majaz. Como se sabe, allí hay un conflicto entre empresa minera, Estado y comunidades que ya generó demasiada violencia.
Hace poco, en medio de ese contexto de conflicto, un grupo de desconocidos atacó un campamento de la mina y asesinó a un vigilante y un trabajador de la misma. Hasta la fecha, la policía no ha identificado a los atacantes ni ha establecido a qué motivos se debió el ataque.
Ahora, las nuevas víctimas campesinas se han producido cuando efectivos policiales llegaron a una comunidad del distrito Carmen de la Frontera para dejar notificaciones a personas citadas por un fiscal. Los efectivos quisieron detener a un campesino, al parecer sin orden judicial. Se produjo una riña con los pobladores y los policías terminaron disparando sus armas.
Los exámenes y fotografías de los médicos legistas han sido divulgados por la prensa. Hay evidencia de que al menos uno de los campesinos recibió balazos en la espalda y desde arriba hacia abajo. Por tanto los policías no habrían disparado en defensa propia.
Este episodio trae a la memoria otro ocurrido hace dos años contra campesinos de la misma zona. Fueron unos 30 los campesinos secuestrados y sometidos a tortura por un grupo de policías y vigilantes de la empresa que da vigilancia a dicho proyecto minero. Uno de ellos terminó muerto. Este caso ha terminado en tribunales de Inglaterra, que aceptaron la denuncia de los comuneros sobre la responsabilidad de la empresa inglesa Monterrico Metals, entonces dueña de Minera Majaz.
Ya es hora de poner freno a esta violencia en Huancabamba. En lo inmediato se debe revisar la legalidad de la presencia de Minera Majaz. Ya en 2006 la propia Defensoría del Pueblo señaló que dicha minera no había cumplido con obtener los respectivos permisos a las comunidades. Un pronunciamiento de registros públicos de Sullana señaló lo mismo. A esto se suma que esta mina se ubicaría en alturas donde hay importantes fuentes de agua para Piura y Cajamarca, con gran riesgo de contaminación a tres ríos de la zona.
A la vez, hay que reformar el proceso de las concesiones, mineras y otras, que se dan sin mayor participación de las comunidades y poblaciones locales ni de gobiernos regionales y municipales.
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