En sus dos primeros artículos la Constitución Política del Perú establece que “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado” y que “toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar”
Tenemos suficientes evidencias de que estas dos normas constitucionales no se cumplen a plenitud en nuestras fuerzas armadas. En particular, hay la mala idea de que el carácter y la disciplina castrense necesita que se cometan abusos contra la dignidad de los subalternos y contra su integridad moral, psíquica y física. Ese pensamiento se expresa en prácticas abusivas que tienen larga data pero que ya son inadmisibles.
En la Comisión de la Mujer del Congreso hemos podido constatar que los casos de hostigamiento o de abuso sexual que se han cometido últimamente contra una cadete y una recluta, han sido precedidos de lo que se llaman “excesos de autoridad” contra ellas.
Esos excesos consisten, por ejemplo, en que se obliga a cadetes o reclutas a hacer actividades serviles a favor de los superiores, a hacer ejercicios solo por que se le antoja a algún superior, o a soportar acercamientos indebidos. Hay otros casos en que se somete a cadetes o reclutas a algún tipo de castigo físico también de manera arbitraria.
Todas estas prácticas están contempladas como faltas en las leyes que norman la disciplina en las fuerzas armadas. El problema es que hay una tradición de abuso que termina predominando sobre la ley y sobre los reglamentos. También hace que haya tolerancia con el abuso o que se asuma, por los propios afectados, como una práctica normal del servicio o de la formación.
En los últimos días han vuelto a aparecer noticias sobre casos de abuso sexual cometido por algunos malos oficiales. Pero también hay denuncias sobre maltratos físicos que se cometerían incluso sobre cadetes de los llamados colegios militares.
De hecho tengo en mi despacho una denuncia sobre maltrato físico cometido en agravio de un colegial de tercer año de secundaria en un colegio militar de Lima. Los autores del maltrato serían colegiales de años superiores y las autoridades del mencionado colegio no habrían actuado como corresponde. Que ocurran estas cosas, incluso en colegios militares, es una muestra de lo arraigado de la tradición de abuso.
Para erradicar esa tradición funesta, cabe actuar en tres niveles. En el nivel normativo, estableciendo sanciones mas drásticas contra el abuso de autoridad en las instituciones armadas y policiales, incluyendo sus centros educativos. En el nivel preventivo, difundiendo esas normas y los derechos vigentes entre oficiales y sobre todo en subalternos. Y en el nivel de la fiscalización y el control, supervisando si las normas se cumplen y si los mandos asumen sus responsabilidades en ese campo.
Instituciones como el Congreso, las propias Fuerzas Armadas, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Defensa, tenemos que actuar en esos tres niveles para tener instituciones armadas en donde todos sus estamentos tengan intactas su moral, su honor y su dignidad.
Tenemos suficientes evidencias de que estas dos normas constitucionales no se cumplen a plenitud en nuestras fuerzas armadas. En particular, hay la mala idea de que el carácter y la disciplina castrense necesita que se cometan abusos contra la dignidad de los subalternos y contra su integridad moral, psíquica y física. Ese pensamiento se expresa en prácticas abusivas que tienen larga data pero que ya son inadmisibles.
En la Comisión de la Mujer del Congreso hemos podido constatar que los casos de hostigamiento o de abuso sexual que se han cometido últimamente contra una cadete y una recluta, han sido precedidos de lo que se llaman “excesos de autoridad” contra ellas.
Esos excesos consisten, por ejemplo, en que se obliga a cadetes o reclutas a hacer actividades serviles a favor de los superiores, a hacer ejercicios solo por que se le antoja a algún superior, o a soportar acercamientos indebidos. Hay otros casos en que se somete a cadetes o reclutas a algún tipo de castigo físico también de manera arbitraria.
Todas estas prácticas están contempladas como faltas en las leyes que norman la disciplina en las fuerzas armadas. El problema es que hay una tradición de abuso que termina predominando sobre la ley y sobre los reglamentos. También hace que haya tolerancia con el abuso o que se asuma, por los propios afectados, como una práctica normal del servicio o de la formación.
En los últimos días han vuelto a aparecer noticias sobre casos de abuso sexual cometido por algunos malos oficiales. Pero también hay denuncias sobre maltratos físicos que se cometerían incluso sobre cadetes de los llamados colegios militares.
De hecho tengo en mi despacho una denuncia sobre maltrato físico cometido en agravio de un colegial de tercer año de secundaria en un colegio militar de Lima. Los autores del maltrato serían colegiales de años superiores y las autoridades del mencionado colegio no habrían actuado como corresponde. Que ocurran estas cosas, incluso en colegios militares, es una muestra de lo arraigado de la tradición de abuso.
Para erradicar esa tradición funesta, cabe actuar en tres niveles. En el nivel normativo, estableciendo sanciones mas drásticas contra el abuso de autoridad en las instituciones armadas y policiales, incluyendo sus centros educativos. En el nivel preventivo, difundiendo esas normas y los derechos vigentes entre oficiales y sobre todo en subalternos. Y en el nivel de la fiscalización y el control, supervisando si las normas se cumplen y si los mandos asumen sus responsabilidades en ese campo.
Instituciones como el Congreso, las propias Fuerzas Armadas, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Defensa, tenemos que actuar en esos tres niveles para tener instituciones armadas en donde todos sus estamentos tengan intactas su moral, su honor y su dignidad.
Diario EXPRESO. Columna "Cuestión Previa"
Publicada el martes 23 de setiembre de 2008.
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