HACIA EL PARLAMENTO DE LA UNIÓN DE SURAMERICANA

El dia 17 de octubre se realizó en Cochabamba, Bolivia, una reunión de representantes de los Legislativos de los 12 países que conforman la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR. El objetivo de la reunión fue el de generar avances en el proceso de conformación del Parlamento Suramericano, como parte de los acuerdos de integración que han venido alcanzando los presidentes de esos 12 países.

Asistí a esta a esta reunión por encargo de la mesa directiva de nuestro Congreso de la República. El evento fue inaugurado por los presidentes Evo Morales y Michelle Bachelet, esta última a cargo de la presidencia pro témpore de UNASUR. Parte del evento consistió en la colocación de la primera piedra para la construcción de la sede del Parlamento Suramericano, que estará ubicado en Bolivia.

El principal acuerdo de la reunión fue la conformación de una mesa de trabajo que elabore una propuesta sobre las competencias, características y funcionamiento de dicho Parlamento regional. Dicha mesa de trabajo estará conformada por 2 representantes del Poder Legislativo de cada país, más representantes de los parlamentos subregionales: Andino, MERCOSUR, Amazónico e Indígena.

Los dos representantes de cada Poder Legislativo y los representantes de los parlamentos subregionales deberán ser elegidos en el plazo de los próximos 45 días. La mesa de trabajo deberá comenzar a elaborar su propuesta dentro de 90 días, en coordinación con el consejo de delegados de UNASUR.

La propuesta mencionada deberá ser puesta en conocimiento de los presidentes de la región, para su aprobación en ese nivel. Después será votada en los Congresos para su aprobación definitiva.

Como se ve, este será un proceso que tomará algún tiempo y que tendrá sus complejidades. Sin embargo, es indudable la trascendencia que tiene, ahora más que nunca, la conformación de UNASUR y ahora el proceso de conformación de su Parlamento.

La integración sudamericana tiene un enorme potencial económico y político. Si logramos una significativa integración económica, podremos ser, juntos, la quinta potencia mundial en términos de producción. Nuestro mercado interno, medido como cantidad de habitantes, seria el cuarto en tamaño en el mundo.

En una época en que el agua, los bosques y la producción de alimentos han ganado más importancia para el bienestar de los pueblos, Suramérica los tiene en mayor disponibilidad que otras regiones. La viabilidad de nuestra integración, por otro lado, está facilitada por las reconocidas afinidades culturales, idiomáticas, religiosas e históricas.

En el terreno político, los países de UNASUR ya han hecho sentir su gravitación cuando han actuado de consuno frente a determinados problemas. Fue así cuando ayudaron, después de su encuentro en Santiago de Chile, a resolver la crisis política reciente en Bolivia, la misma que ahora se encamina a una solución firme.

Son estas poderosas razones, y se podrían mencionar muchas más, las que le dan sentido a UNASUR. La conformación de su Parlamento exigirá de consensos y de diálogos muy esforzados. Pero el ideal integracionista lo justifica. Debemos plasmarlo, pues una mirada realista del mundo actual señala su vital importancia.

Publicado el martes 28 de octubre de 2008
Diario EXPRESO. Columna "Custión Previa".

EL VOTO PREFERENCIAL DEBE MANTENERSE

Muy pronto el Pleno del Congreso estará decidiendo sobre el voto preferencial. Este derecho ciudadano debe mantenerse, especialmente mientras no haya una verdadera democracia interna en los partidos políticos. Si eso no ocurre, los ciudadanos deben conservar su derecho de votar no solamente por una lista de candidatos, sino de marcar cuáles son sus candidatos de preferencia.

El voto preferencial, como todo derecho ciudadano, puede ser mal usado. Algunos lo han usado para poner por delante sus candidaturas individuales y poner en segundo plano a sus movimientos políticos. Pero el mal uso de un derecho no puede ser un argumento para eliminar el derecho. La misma democracia ha sido mal usada y distorsionada muchas veces, pero eso no es una razón para eliminarla.

El voto preferencial sirve para que los ciudadanos contrapesen el poder de las dirigencias en la conformación de las listas de candidatos. Sabemos que falta mucho por avanzar en cuanto a democracia interna partidaria. Las dirigencias siguen siendo determinantes en la ubicación de los candidatos en las listas. El contrapeso es que los ciudadanos pueden modificar esa ubicación al marcar sus opciones con el voto preferencial.

Este derecho no elimina la natural influencia que tienen las dirigencias partidarias respecto a la conformación final de sus bancadas. Revisando las elecciones del 2006, encontramos que 74 de los 120 congresistas elegidos tuvieron en sus listas el mismo lugar que terminaron teniendo después de la votación. La incidencia del voto preferencial ocurrió en el caso de 36 candidatos cuya posición fue mejorada y salieron electos gracias al voto preferencial.

Por otro lado, el voto preferencial hace más transparente cuáles candidatos tiene respaldo electoral y cuáles tienen poca acogida. Es uno de los mecanismos que puede servir a un partido para saber cuándo acierta y cuándo falla en la conformación de sus listas.

Cabe señalar una importante cuestión de género. El voto preferencial tiende a mejorar las posibilidades de las candidatas mujeres para acceder al Congreso, pues la cuota de género se cumple pero colocando a las mujeres en los lugares inferiores de las listas.

Los que propugnan eliminar el voto preferencial dicen que ha sido un factor del transfuguismo y de la debilidad de los partidos. Bien sabemos que las causas son otras. Las rupturas de varias bancadas, los conflictos internos en otras y la pésima imagen de los partidos tienen causas muy distintas del voto preferencial. No le achaquemos a un derecho ciudadano las deficiencias de los liderazgos partidarios.

Finalmente, mientras no esté institucionalizada una efectiva democracia interna en los partidos, es falso que la eliminación del voto preferencial vaya a disminuir los conflictos internos en los partidos. Al contrario van a aumentar las pugnas preelectorales para lograr los primeros lugares de las listas partidarias.

Son otras reformas electorales las que deben ser priorizadas. Por ejemplo, que sean los organismos electorales nacionales los que se hagan cargo de las elecciones internas de los partidos. O la reforma del Congreso, para reducir la duración del mandato congresal y el tamaño de las circunscripciones. Esto sí tendría un efecto democratizador y a la vez mejoraría la vida partidaria.

Publicado en el diario EXPRESO de Lima.

Columna "Cuestión Previa" - Martes 21 de octubre de 2008

EL EX PREMIER AÚN DEBE EXPLICACIONES

El congresista Jorge del Castillo, ahora ex primer ministro, aún tiene que aclarar varias cosas sobre su actuación con relación a Rómulo León y al dominicano Fortunato Canaán.
En los últimos días ha dicho que sus reuniones con León han sido “una tontería” y ha pedido disculpas por ello. Pero hay indicios de que en sus reuniones con esas personas ha incurrido en trasgresiones a la ley, y eso no se puede pasar por alto así nomás, con algunos golpecitos de pecho.

Toda la información respecto a León y Canaán indica que estos eran lobbistas informales, es decir ilegales, a favor de empresas como Discover Petroleum u otras. Lobbistas porque gestionaban asuntos de interés de esa empresa o de otras ante funcionarios de la administración pública. Ilegales, porque no estaban registrados ante la oficina correspondiente de Registros Públicos, que es lo que manda la ley 28024 también llamada ley de lobby.

El congresista Del Castillo hasta ahora no ha precisado cuántas veces se ha reunido con el señor Canaán. En su última entrevista de este pasado domingo con el periodista César Hildebrandt ha dicho que pueden haber sido cinco veces. Una de ellas, en un desayuno “de trabajo” con Canaán en el hotel Country.

DelCastillo, por otro lado, después que se conocieron los primeros audios se ha demorado en reconocer cuán estrecha era su relación con Rómulo León. Tuvo que darse a conocer un video donde aparece inaugurando el negocio de un pariente de León para que admitiera esa cercanía. Lo que sí ha admitido es que, en sus reuniones “de trabajo” con Canaán, también estuvo León, ambos en calidad de representantes de Discover.

El problema es que la ley 28024 manda que cuando un funcionario público se reúne con gestores de intereses privados, para tratar temas de interés de la empresa privada representada por esos gestores, ese funcionario tiene que dar cuenta de esa reunión, y de los temas tratados, a la oficina respectiva de Registros Públicos. El congresista Del Castillo no lo ha hecho y sólo ha informado de esas reuniones a raíz de la revelación de los audios.

Pero hay más todavía, pues no está dentro de las funciones del presidente del Consejo de Ministros el tener reuniones particulares con representantes de empresas específicas para ver asuntos referidos a contratos de inversión extranjera, ni en el sector petrolero ni en ningún sector. Eso no figura ni en la Constitución, ni en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo ni en el Reglamento de Organización y Funciones de la PCM. Por tanto, el ex premier habría desbordado sus funciones y tendría que dar cuenta de ello.

Como se sabe, el ex primer ministro, antes de que se conociera su renuncia se presentó intempestivamente con todo el gabinete ante el pleno del Congreso para exigir que se escuchen sus explicaciones sobre el escándalo causado por los audios. La presidencia del Congreso, y no solamente la oposición, no se lo permitieron porque su presentación a rendir explicaciones ya estaba programada justamente para hoy día. Incluso una parte de la bancada aprista rechazó la abrupta aparición del gabinete.

Frente a su inminente censura, el ex premier optó por renunciar. Volverá a su escaño, pero aún tiene que dar explicaciones por situaciones como las ya señaladas. Tiene que hacerlo no sólo ante la ciudadanía y el Congreso, sino ante los propios apristas de base. Los golpecitos de pecho no son suficientes.

Publicado el martes 14 de octubre de 2008.
Diario EXPRESO. Columna: "Cuestión Previa".

EL ALTO PIURA Y EL NUEVO "PREMIER"

Se ha anunciado que el nuevo presidente del Consejo de Ministros será el señor Yehude Simon Munaro, actual presidente regional de Lambayeque.

En sus primeras declaraciones, el señor Simon ha declarado que no renunciará a su cargo de presidente regional, que pedirá licencia, y que continuará acompañando a la conducción del gobierno regional de Lambayeque.

Para los piuranos, y para los intereses regionales de Piura, la designación del señor Simon como presidente del consejo de ministros es un asunto de especial interés puesto que hay algunos temas pendientes que son de preocupación tanto para Piura como para Lambayeque.

Cabe destacar, entre otros temas, el proyecto de irrigación del Alto Piura, cuyo financiamiento aún no ha sido resuelto del todo. Este proyecto despierta interés tambien en Lambayeque puesto que las aguas a utilizar son las del río Huancabamba, que también provee las aguas al proyecto Olmos.

Dado que el señor Simon tiene una reputación de líder dialogante y preocupado por el desarrollo regional, los congresistas de Pîura le haremos saber de la justa demanda regional piurana por proyectos como el de la irrigación del Alto Piura. También de nuestra expectativa para que esa demanda y su respectiva solución sean de una vez atendidas por el Ejecutivo. Esperamos que el presidente regional de Piura nos acompañe decididamente en esa demanda.

Siendo, ahora, presidente del consejo de ministros, al señor Yehude Simon le corresponderá atender con ponderación y justicia las demandas de las regiones, sin parcializarse con su región de proveniencia.

Por eso, preocupa que el señor Simon haya declarado que actuará a la vez como primer ministro y como autoridad regional, aunque sea con licencia. Creemos que su cargo en el Ejecutivo lo obliga ahora actuar exclusivamente como "primer ministro" y a atender sin parcialidades a todas las regiones.

Por lo demás, cabe señalar que sin la organización y la movilización de los piuranos, y en especial del frente de defensa del Alto Piura, será difícil que se realicen debidamente los proyectos que anhelamos.

Publicado en el periódico CERTEZA
Sábado, Octubre 11, 2008

SE FUE EL MINISTRO ¿O TAMBIÉN EL GABINETE?

Rómulo León Alegría y Alberto Químper Herrera, apristas o apristones, han generado más inestabilidad para el gobierno que el paro que la CGTP y los frentes regionales han convocado para el día de hoy martes.

En efecto, la revelación de los afanes turbios de ambos personajes, registrados en los audios del fin de semana, ya causaron la destitución del ministro Juan Valdivia y esta caída ha arrastrado al presidente de Petroperú, César Gutiérrez. Probablemente habrán más caídas en estos días.

El ministro Valdivia tenía que salir por dos razones: por su responsabilidad política en el nombramiento de Quimper como alto funcionario de Perúpetro, y porque él mismo tiene que ser investigado respecto a si estuvo involucrado en las trapisondas denunciadas. Valdivia ya aceptó inmolarse políticamente hablando.

Ahora bien, un personaje de este escándalo es Rómulo León Alegría. Este fue procesado judicialmente por casos de corrupción ocurridos durante el primer gobierno aprista. Al parecer fue absuelto y se le permitió retornar al partido. Incluso se inscribió como precandidato en la elección interna de la lista aprista para el Congreso actual. Pero hubo apristas que impugnaron su candidatura, precisamente por su mala fama. Y obtuvieron que se lo saque de competencia.

Ahora se ha hecho evidente, en una serie de detalles, que, a cambio, el ahora Presidente García sí le permitió a León mantenerse cercano a él y a una parte de su entorno. Por otro lado, el otro allegado al Presidente es el propio Químper, quien ha sido abogado suyo.

Para mayor información, el 2006 se informó que León Alegría se reunió con un prófugo de la justicia por sus estrechos vínculos con Vladimiro Montesinos. En su momento, los dirigentes apristas, incluido el actual premier Del Castillo, minimizaron el asunto y León continuó vinculado al aprismo y, ahora lo sabemos, a algunas altas esferas del actual gobierno.

De manera que se puede señalar un grave exceso de permisividad de los conductores de este gobierno, incluido el Presidente, con personajes muy poco recomendables. Luego del escándalo, han salido a destituir a uno y a pedir que procesen al otro. Pero previamente les permitieron merodear por donde no deberían. Allí hay una responsabilidad política que va más arriba del ahora ex ministro Valdivia.

Este escándalo se suma al pésimo desempeño del gobierno en los últimos meses. A sus imprevisiones, desaciertos y falta de respuestas frente al deterioro de la economía y los conflictos sociales y al desplome de su legitimidad frente a la opinión pública.

En circunstancias así, la democracia suele refrescarse, desfogar tensiones y protegerse produciendo el cambio de los responsables del mal rumbo. No puede ser el Presidente, pues así tenga alguna responsabilidad política no ha incurrido en las causales constitucionales. Pero el Sr. García debe recibir una clara señal de que el país no acepta que se haya permitido tanta infiltración de turbiedades ni la ruta incierta y conflictiva que ha escogido para gobernar.

El que debe asumir el costo es el gabinete. El primer ministro debe renunciar, de la mano con el gabinete, pues ya no cuenta con la confianza política del país y eso es suficiente. Si las decisiones no vienen del Ejecutivo, corresponderá al Congreso decidir al respecto.

Diario Expreso. Columna "Cuestión Previa"

Publicada el martes 7 de octubre de 2008.

DERECHO A LA BUENA REPUTACIÓN DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

César Hildebrandt, en una de sus columnas opina “que la prensa peruana empezó su decadencia el día en que se divorció de la inteligencia, de la universidad y de ciertos ideales que querían cambiar las cosas”. Se preguntaba ¿cómo se ha ido apartando la prensa de la buena fe de la gente y por qué lo que ayer era seguridad, hoy es incertidumbre? Afirma que la intromisión grosera de “la propiedad” ha convertido a muchos “directores” en ujieres y a ciertos periodistas en “cronistas de lo que no ocurrió, pero que sirve al propósito bastardo de los propietarios”.

Es cierto que el inciso Cuarto del Artículo 2.° de la Constitución reconoce las libertades de expresión e información. Aun cuando históricamente la libertad de información surgió en el seno de la libertad de expresión, a veces es difícil diferenciar una de la otra. La Constitución las ha reconocido de manera independiente y son dos derechos diferentes con objeto de protección distinta cada uno.

La libertad de expresión garantiza que las personas puedan trasmitir y difundir libremente sus ideas, pensamientos, juicios de valor u opiniones, y son de naturaleza subjetiva. La libertad de información, en cambio, garantiza un complejo haz de libertades, que, conforme enuncia el Artículo 13º de la Convención Americana de Derechos Humanos, comprende las libertades de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole. Estos hechos noticiosos sí pueden ser objetivos y contrastables.

En el ejercicio del derecho de información, algunos sectores del periodismo, sin querer, están violando sistemáticamente el derecho al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la buena imagen que la Constitución garantiza a todos los peruanos.

El Tribunal Constitucional, mediante la sentencia recaída en el Expediente Nº 0446-2002-AA/TC, ha señalado que el honor forma parte de la imagen del ser humano, (...) forma parte de los derechos fundamentales protegidos por el inciso Siete del Artículo 2º de la Constitución Política, y está estrechamente vinculado con la dignidad de la persona; su objeto es proteger a su titular contra el escarnecimiento o humillación, ante sí o ante los demás, incluso frente al ejercicio arbitrario de las libertades de expresión o información, puesto que la información que se comunique, en ningún caso puede resultar injuriosa o despectiva.

Sin embargo, aunque la buena reputación se refiera, en principio, a los seres humanos, ésta no es un derecho con carácter exclusivo de los ciudadanos, sino también de las personas jurídicas e instituciones, de otro modo, el desconocimiento hacia estos últimos podría ocasionar que se deje en una situación de indefensa constitucional contra la "imagen" que tienen frente a los demás o ante el descrédito de terceros de toda organización creada por los individuos.

La mala conducta y comportamiento denigrante de algunos integrantes del Congreso de la República, no justifica para nada, los calificativos humillantes, injuriosos y despectivos contra una institución importante para el sistema democrático del país. Es por ello, que debemos tener la responsabilidad concertada de toda la ciudadanía en defender, reformar y fortalecer el Congreso como institución irremplazable en su tarea de discutir los grandes asuntos de la sociedad y del Estado.

Diario EXPRESO. Columna "Cuestión Previa"

Publicada el martes 30 de setiembre de 2008.