El jueves 15 de enero, el pleno del Congreso logró aprobar en primera votación la Ley de Recursos Hídricos o Ley General del Agua. Participamos en este debate recogiendo los puntos de vista de juntas de usuarios y comités de regantes que demandan la pronta aprobación de esta ley.Algunos congresistas sostuvieron que debía posponerse la aprobación del proyecto pues no habría sido bien debatida. Cabe señalar que los proyectos de ley sobre este tema se vienen debatiendo desde el 2006 y que el dictamen que ha llegado al pleno obtuvo consenso en la Comisión de Agricultura.
Además este proyecto debe reemplazar a una ley que data de 1969 y las condiciones actuales ya son muy distintas. Igualmente trata de poner un marco legal general antes de que se aplique el decreto legislativo 1081 cuyos efectos pueden ser funestos, tal como lo han advertido los usuarios y regantes.
En efecto, el DL 1081 puede generar muchos conflictos. Crea una Autoridad Nacional del Agua (ANA) como principal organismo de gestión del agua. Pero su consejo directivo sólo incluye a representantes del poder ejecutivo. No incluye a representantes de las organizaciones sociales usuarias del agua. Por otro lado, el mencionado decreto legislativo autoriza a la mencionada ANA a entregar la gestión del agua a empresas privadas.
Con tales medidas, el Decreto Legislativo 1081 conforma una ANA excluyente y abre las puertas a que se privatice la gestión del agua, lo cual significa que el lucro será un criterio de gestión y se impondrán mayores costos para los usuarios.
En cambio el proyecto de ley que está en proceso de aprobación establece “la participación de los usuarios y de la población organizada en la toma de decisiones que afectan el agua”. Señala también que la administración del agua “sólo puede ser otorgada y ejercida en armonía con el bien común”.
A la vez, el proyecto de ley establece que el consejo directivo de la ANA incluya representantes de gobiernos regionales, municipios rurales, de las organizaciones de usuarios y de las comunidades campesinas y nativas.
El contenido del proyecto define y regula el sistema nacional de gestión de recursos hídricos, liderado precisamente por la ANA. Define y regula las autoridades administrativas del agua y los consejos de cuenca. Define el rol de gobiernos regionales y locales, así como de las organizaciones usuarios.
El proyecto también regula los distintos tipos de usos del agua así como los diversos derechos de uso y su extinción. Igualmente, el régimen económico del uso del agua. También establece normas de protección y de planificación en la gestión del agua y las correspondientes infracciones y sanciones para los que violen la ley.
Como tenia que ser, el proyecto propone la derogatoria de la antigua ley 17752 y de los decretos legislativos poco atinados como el 1081. Esperamos que la Comisión Permanente del Congreso no se demore en aprobar la segunda votación para que el proyecto pase al Poder Ejecutivo y sea promulgado.
Publicado en el diario EXPRESO
Martes 20 de enero de 2009
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