martes, 23 de septiembre de 2008

FUERZAS ARMADAS, ABUSO CON LOS SUBORDINADOS

En sus dos primeros artículos la Constitución Política del Perú establece que “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado” y que “toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar”

Tenemos suficientes evidencias de que estas dos normas constitucionales no se cumplen a plenitud en nuestras fuerzas armadas. En particular, hay la mala idea de que el carácter y la disciplina castrense necesita que se cometan abusos contra la dignidad de los subalternos y contra su integridad moral, psíquica y física. Ese pensamiento se expresa en prácticas abusivas que tienen larga data pero que ya son inadmisibles.

En la Comisión de la Mujer del Congreso hemos podido constatar que los casos de hostigamiento o de abuso sexual que se han cometido últimamente contra una cadete y una recluta, han sido precedidos de lo que se llaman “excesos de autoridad” contra ellas.

Esos excesos consisten, por ejemplo, en que se obliga a cadetes o reclutas a hacer actividades serviles a favor de los superiores, a hacer ejercicios solo por que se le antoja a algún superior, o a soportar acercamientos indebidos. Hay otros casos en que se somete a cadetes o reclutas a algún tipo de castigo físico también de manera arbitraria.

Todas estas prácticas están contempladas como faltas en las leyes que norman la disciplina en las fuerzas armadas. El problema es que hay una tradición de abuso que termina predominando sobre la ley y sobre los reglamentos. También hace que haya tolerancia con el abuso o que se asuma, por los propios afectados, como una práctica normal del servicio o de la formación.

En los últimos días han vuelto a aparecer noticias sobre casos de abuso sexual cometido por algunos malos oficiales. Pero también hay denuncias sobre maltratos físicos que se cometerían incluso sobre cadetes de los llamados colegios militares.

De hecho tengo en mi despacho una denuncia sobre maltrato físico cometido en agravio de un colegial de tercer año de secundaria en un colegio militar de Lima. Los autores del maltrato serían colegiales de años superiores y las autoridades del mencionado colegio no habrían actuado como corresponde. Que ocurran estas cosas, incluso en colegios militares, es una muestra de lo arraigado de la tradición de abuso.

Para erradicar esa tradición funesta, cabe actuar en tres niveles. En el nivel normativo, estableciendo sanciones mas drásticas contra el abuso de autoridad en las instituciones armadas y policiales, incluyendo sus centros educativos. En el nivel preventivo, difundiendo esas normas y los derechos vigentes entre oficiales y sobre todo en subalternos. Y en el nivel de la fiscalización y el control, supervisando si las normas se cumplen y si los mandos asumen sus responsabilidades en ese campo.

Instituciones como el Congreso, las propias Fuerzas Armadas, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Defensa, tenemos que actuar en esos tres niveles para tener instituciones armadas en donde todos sus estamentos tengan intactas su moral, su honor y su dignidad.


Diario EXPRESO. Columna "Cuestión Previa"
Publicada el martes 23 de setiembre de 2008.

IMPOPULAR EN LIMA, AUSENTE EN SANTIAGO

Las encuestadoras han presentado otra vez el creciente rechazo de la opinión pública peruana a la gestión del Presidente García. En su último informe, el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica muestra que apenas el 19 % de ciudadanos del país lo aprueba, mientras que el 75 % lo desaprueba.

En las regiones la desaprobación de García es todavía más alta. En el Norte, antes considerado el “sólido norte aprista”, la desaprobación al Presidente es de 81 %. En el Sur, esa cifra llega a 90 % y su aprobación es francamente misérrima: ¡7 %!.

La mala nota de García en el interior del país viene desde hace muchos meses. Lo que viene siendo novedad es su alta desaprobación también en la capital del país, Lima, pues aquí es donde su aprobación era mayoritaria.

Según la última encuesta de la PUC, la desaprobación de García en la capital es ahora de 69 %, y había sido 66 % en agosto. Su aprobación en la capital es ahora de apenas 24 %.

Los mas altos niveles de desaprobación los tiene García entre las mujeres, entre los hombres de mediana edad y sobre todo entre los estratos sociales de bajos ingresos. Es decir, aquellos sectores mas sensibles a los problemas económicos. Pero incluso en las capas medias altas de Lima recibe más desaprobación que aprobación: 59 contra 34 %.

De modo que la impopularidad de García ya se asentó también en Lima, pero en todo el país la cifra adversa es de más de dos terceras partes del país desaprobándolo.

¿Qué pasaría si nuestro Presidente se sometiera a un referendo revocatorio como el que, hace poco, ganó el Presidente boliviano Evo Morales?. Lo más seguro es que lo perdería, sin ninguna duda. Por eso, frente a la propuesta de que la figura de la revocatoria se aplique en nuestro país también al cargo de Presidente, sus partidarios han saltado más que hasta el techo.

Precisamente para ver la grave situación boliviana, hoy día en que se escribe esta columna, se reúnen en Santiago de Chile los presidentes sudamericanos. Esta es una reunión importantísima y seguramente los presidentes asistentes se pronunciarán en respaldo del gobierno y del orden constitucional en el vecino país. A la vez eso consolidará el rol de la Unión Sudamericana como nuevo espacio regional.

El gobierno peruano ha hecho muy bien en pronunciarse en respaldo al gobierno de Bolivia y en rechazo a los grupos que amenazan su unidad nacional. Pero este pronunciamiento ha debido ser seguido por la asistencia del Presidente García a la cumbre de Santiago, pues el caso, como ya se ha dicho, lo amerita.

No es la primera vez que nuestro Presidente falta a una cita internacional importante para la región. En casos críticos como este es cuando más se necesitan las presencias de los mandatarios y esa vocación ausente del nuestro deviene incorrecta. Al propio Perú le hubiera venido bien que en Santiago, junto a los otros gobernantes, también se vea y se escuche la asistencia y la voz del nuestro en defensa de la democracia en Bolivia.


Diario EXPRESO. Columna "Cuestión Previa".
Publicado el martes 16 de setiembre de 2008.

TREGUA SOCIAL, SILENCIO PRESIDENCIAL

Respecto a los conflictos sociales, la actuación del gobierno está llena de imprevisión, pero también de deliberada provocación y por ello resulta siendo uno de los principales factores de agudización de los conflictos.

El gobierno sólo se preocupa por esos conflictos cuando estos ya se han desencadenando o pueden afectar algún evento de su interés. Es el caso de la próxima cumbre de la APEC. A raíz de ese evento, el presidente del consejo de ministros acaba de pedir “tregua” a las organizaciones sociales.

Es inadecuado el uso del término “tregua”, pues su primer significado nos remite a contextos de guerra. Los conflictos sociales no son parte de ninguna guerra. Son demandas que los sectores sociales plantean, no para destruir a ningún enemigo, si no para obtener atención por las autoridades responsables. Eso es un derecho y para eso existen los cauces de las instituciones para resolver los conflictos. Utilizar términos de guerra puede ser contraproducente. Contribuye a aumentar las tensiones y da pie a exageradas medidas de represión respecto a las protestas sociales.

Junto con esas invocaciones a la llamada tregua, hay reiterados comportamientos polarizantes por figuras del gobierno. El caso más elocuente es el del ministro de Salud, Hernán Garrido Lecca. Ha provocado a los médicos día tras día. El resultado ha sido que prácticamente todos los gremios médicos lo rechazan y no lo reconocen más como interlocutor.

Hoy mismo, frente unas declaraciones de don Alejandro Toledo, el ministro Luis Alva Castro responde: “Perro que ladra no muerde”. Un modo insultante, que emula algunas conocidas frases del Propio presidente, pero que tampoco le hace ningún favor a la supuesta tregua.

Ha sido, en efecto, el propio Presidente quien, casi desde el inicio de su gobierno, adoptó una postura muy agresiva contra las organizaciones sociales y contra todos los que no compartieran sus puntos de vista. El acoso del ministro de Salud a los gremios médicos ha copiado los pasados ataques del Presidente y del ministro de Educación al sindicato de los maestros.

El torpe desempeño del gobierno frente a los movimientos sociales, regionales e incluso étnicos, e incluso frente a las ONGs independientes, ha tenido múltiples expresiones. Desde las medidas que causaron el paro regional de Ancash en abril de 2007 hasta los decretos legislativos que provocaron la protesta indígena, pasando por la huelga regional de Moquegua y otras medidas legislativas conflictivas. La propia retórica presidencial ha estado cargada de términos insultantes a los movimientos sociales.

Desde hace varios días, el Presidente está hablando mucho menos. Algunos dicen que se debe a que está algo nervioso por cierta información periodística respecto a la venta de una camioneta suya a un tal Belisario Esteves, allegado a las empresas del grupo Sánchez Paredes.

Es posible también que se deba a que anda muy, pero muy bajo en las encuestas, y piensa que mejor opta por hablar al mínimo. Pero para lograr tranquilidad social debería no solamente hablar menos, sino cambiar de política.

Publicado en la columna: CUESTIÓN PREVIA.
Martes 9 de setiembre de 2008