PAITA, CONTRATO BAJO SOSPECHA

La semana pasada la Comisión de Transportes del Congreso debatió el tema de la concesión del puerto de Paita. La suscrita y otras y otros congresistas pedimos que se forme un grupo de trabajo para que esclarezca este discutible caso y que la suscripción del contrato se aplace un mes hasta que haya un informe de dicho grupo de trabajo.

La propuesta no prosperó. Congresistas apristas, fujimoristas y de Unidad Nacional sostuvieron que el Congreso no debería interferir en las funciones de Proinversión, ni en el proceso de suscripción de un contrato. Un congresista fujimorista sostuvo que en el Perú había “una ofensiva antiinversión” y que el Congreso debía defender la inversión.

Si bien el Congreso debe jugar un papel favorable a la inversión, su rol fundamental es el de fiscalizar la legalidad de los actos del Ejecutivo. Mas bien, es el Congreso el que vive una ofensiva contra sus facultades de fiscalización por parte de los que favorecen sin mesura al inversionista privado.

Es el caso de la concesión del puerto de Paita. El concurso se inició en abril de 2008 y terminó con su adjudicación a un consorcio portugués en marzo de 2009. La semana pasada señalamos varios aspectos cuestionables en este asunto. Ahora nos centraremos en dos normas, una para aumentar los beneficios del concesionario privado, y otra para reducir el papel fiscalizador de la Contraloría.

El decreto legislativo 1022, de junio de 2008, modifica a la ley 27943 o ley del sistema portuario nacional, con la única finalidad de asegurarle mayores ganancias al concesionario. Quien compare la versión original de la ley y las modificaciones se percatará de ello con suma facilidad.

El decreto de urgencia 047 –2008, de diciembre de 2008, recortó facultades de fiscalización de la Contraloría, limitándola a emitir informe previo sólo sobre la versión final del contrato e impidiendo que se pronuncie sobre el diseño de la transacción. El miércoles 9, en el Congreso, el propio Contralor expresó su desacuerdo con ese decreto.

Con tales indicios de manipulación legal de la concesión, era imperativo que el Congreso indague antes de que se firme el contrato. No obstante, el contrato ya fue suscrito apresuradamente. Así, bajo sospecha y sin transparencia es como se hacen las cosas que luego desencadenan conflictos.

SUBVERSIÓN: ¿HAY ESTRATEGIA? ¿HAY CONDUCCIÓN?

Un nuevo ataque senderista ha causado un doloroso saldo de muerte entre efectivos de nuestras Fuerzas Armadas. Esta vez, las bajas han enlutado hogares de oficiales y efectivos de la Fuerza Aérea. Vayan hacia ellos nuestras más sentidas condolencias no sólo por el drama que ahora las envuelve, sino porque han caído cuando intentaban rescatar soldados heridos por un ataque previo de los mismos senderistas.

Para que este sacrificio no sea en vano, todos aquellos que tenemos algún deber o función al interior de los poderes públicos debemos preguntarnos si tenemos o no una verdadera política antisubversiva o si quienes la conducen lo están haciendo bien. O si, por el contrario, una conducción empírica y negligente está exponiendo a nuestros oficiales y soldados mucho más de la cuenta

Esta pregunta es un imperativo por que desde hace un año los senderistas le han causado 38 muertes a las Fuerzas Armadas, 10 a las Fuerzas Policiales y cuatro a los civiles. A ello se suman 43 heridos.

Se trata de una serie de ataques senderistas que han tomado por sorpresa a los efectivos de las fuerzas del orden en varias oportunidades desde octubre del año pasado. Fueron cuatro en las últimas dos semanas, pero tenemos anteriormente el caso de Sanabamba y el ataque a la comisaría de San José de Secce, ambos en Huanta.

Entonces cuando ya son varias veces que se producen estos ataques y toman desprevenidos a nuestros efectivos hay algo grave que esta pasando en términos de imprevisión. Y de esto no se puede responsabilizar ni a la prensa ni a quienes critican al gobierno.

El ministro de Defensa, Rafael Rey, parece que no lo entiende así. En su reciente presentación ante el Congreso, en la parte que fue difundida públicamente, no dio explicaciones al país respecto a cómo es posible que esté sucediendo todo esto ni cómo espera enfrentarlo, por lo menos a grandes líneas.

Lo que hizo el ministro es emprenderlas contra los “criticólogos”, los “derrotistas”, la Comisión de la Verdad o contra ex ministros. Incluso dio lecciones a la prensa sobre cómo debe ser los titulares y las primeras planas de los medios sobre la cuestión del terrorismo. Pero explicaciones sobre los hechos mismos de la última semana, ninguna.

Lo que un ministro de Defensa tendría que hacer, prioritariamente, es explicar al país y al Congreso donde están las fallas y hacer los cambios para que no se repitan. Tiene que estar mucho más enfocado en cumplir su responsabilidad de conducción. Si necesita recursos, pedirlos al MEF oportunamente. Si necesita que se fortalezcan los servicios de inteligencia, ordenarlo, pues eso está en su campo por lo menos parcialmente.

Pero más allá del ministro de Defensa hay una responsabilidad global del gobierno y de nuestro Congreso mismo. El problema de la subversión requiere un enfoque integral que incluya no sólo el problema del narcotráfico. En realidad ambos fenómenos están vinculados a los grandes niveles de desempleo, pobreza y corrupción que subsisten en el país. No bastan las estrategias focalizadas. Se necesita una que sea global. Y eso es lo que brilla por su ausencia.

PAITA, CONCESIÓN CONTRA LAS LEYES

Un juzgado de Paita acaba de admitir a juicio una demanda de nulidad de la concesión de su Terminal Portuario. La demanda ha sido presentada por el sindicato de trabajadores de ENAPU – PAITA. El demandado es el Ministerio de Economía, que tiene a su cargo a PROINVERSION, responsable de la concesión.

La demanda de los trabajadores de Paita tiene que ver con la violación a sus derechos laborales, pues con la concesión se ven afectados su continuidad laboral y los adeudos que se les tiene. De consumarse la mencionada concesión pasaría a primar el régimen de los “cargos de confianza”.

Economía deberá responder en unos días la demanda ante el mencionado juzgado de Paita. Esperamos que se respete la independencia de la jueza Ana Luisa Yaipén Rodríguez. Que no haya la consabida presión política, ni sobre ella ni sobre sus superiores. Los piuranos debemos estar atentos a que este no sea el caso.

Sin embargo, el Ejecutivo y la Contraloría de la República deben también responder a otros cuestionamientos importantes que se han venido haciendo a la concesión del Terminal Portuario de Paita al consorcio Tertir Cosmos. Han sido hechos por los trabajadores, por militares en retiro como Roberto Chiabra , por ciudadanos como el ex congresista Manuel Dammert e incluso por varios congresistas, incluido el aprista Luis Negreiros.

Lo mas importante en este caso es la oposición de los propios trabajadores del puerto de Paita y de la población en general del mismo puerto. Esto se expresa en el activismo del Frente de Defensa de Paita y en la consulta ciudadana que realizaron en marzo pasado. En esa consulta, no siendo oficial ni obligatoria, votaron más de 11 mil ciudadanos, de los cuales cerca del 90 % se opuso a la concesión.

Lo que ocurre es que hay muchos aspectos cuestionables a esta concesión . La primera de ellas es que ha sido manejada de manera totalmente centralista, solo por funcionarios de Proinversión y otros sectores del Ejecutivo. Ni el gobierno regional ni la Municipalidad Provincial de Paita han tenido atribuciones para incidir sobre el proceso de la concesión.

Por otro lado, para facilitar la concesión a un privado se han forzado figuras legales como la de hacer pasar como una infraestructura nueva algo que ya tiene décadas de funcionamiento. Se ha sido muy poco exigente en cuanto a la capacidad de gestión demostrada por el adjudicatario de la concesión; se le ha pedido compromisos de inversión muy bajos, en plazos muy largos y con periodos de gracia también demasiado largos; el Estado le ha dado garantías de ganancias mínimas que de no ser alcanzadas serán cubiertas, es decir subsidiadas, por el propio Estado; se está permitiendo la configuración de un monopolio privado inconstitucional y finalmente se permite que el concesionario hipoteque la concesión con lo cual se pierde el manejo soberano del puerto por parte del Estado.

Estas irregularidades estaban siendo examinadas por la Contraloría. Sin embargo el gobierno ha dado el DS 181- 2009- EF otorgando garantías a la nueva empresa concesionaria. Lo cual implica la ilegal interrupción de un proceso de control que no se debe dejar pasar. Estemos atentos a este asunto trascendental para los piuranos.