PIURA:¿ MAJAZ O PAZ ?.

Nuevamente aparecen denuncias sobre muertes de comuneros en la sierra de Piura. Se trata, otra vez, de las comunidades cercanas a Minera Majaz. Como se sabe, allí hay un conflicto entre empresa minera, Estado y comunidades que ya generó demasiada violencia.

Hace poco, en medio de ese contexto de conflicto, un grupo de desconocidos atacó un campamento de la mina y asesinó a un vigilante y un trabajador de la misma. Hasta la fecha, la policía no ha identificado a los atacantes ni ha establecido a qué motivos se debió el ataque.

Ahora, las nuevas víctimas campesinas se han producido cuando efectivos policiales llegaron a una comunidad del distrito Carmen de la Frontera para dejar notificaciones a personas citadas por un fiscal. Los efectivos quisieron detener a un campesino, al parecer sin orden judicial. Se produjo una riña con los pobladores y los policías terminaron disparando sus armas.

Los exámenes y fotografías de los médicos legistas han sido divulgados por la prensa. Hay evidencia de que al menos uno de los campesinos recibió balazos en la espalda y desde arriba hacia abajo. Por tanto los policías no habrían disparado en defensa propia.

Este episodio trae a la memoria otro ocurrido hace dos años contra campesinos de la misma zona. Fueron unos 30 los campesinos secuestrados y sometidos a tortura por un grupo de policías y vigilantes de la empresa que da vigilancia a dicho proyecto minero. Uno de ellos terminó muerto. Este caso ha terminado en tribunales de Inglaterra, que aceptaron la denuncia de los comuneros sobre la responsabilidad de la empresa inglesa Monterrico Metals, entonces dueña de Minera Majaz.

Ya es hora de poner freno a esta violencia en Huancabamba. En lo inmediato se debe revisar la legalidad de la presencia de Minera Majaz. Ya en 2006 la propia Defensoría del Pueblo señaló que dicha minera no había cumplido con obtener los respectivos permisos a las comunidades. Un pronunciamiento de registros públicos de Sullana señaló lo mismo. A esto se suma que esta mina se ubicaría en alturas donde hay importantes fuentes de agua para Piura y Cajamarca, con gran riesgo de contaminación a tres ríos de la zona.

A la vez, hay que reformar el proceso de las concesiones, mineras y otras, que se dan sin mayor participación de las comunidades y poblaciones locales ni de gobiernos regionales y municipales.
http://www.expreso.com.pe/edicion/index.php?option=com_content&task=blogsection&id=10&Itemid=66

APROBARON POR UNANIMIDAD LEY QUE EXCLUYE EL COBRO ILEGAL DE FONAVI EN RECIBOS DE AGUA.

Proyecto de Ley fue promovido por la Congresista Rosa María Venegas Mello, el cual beneficiará a 42 mil familias afectadas de la Región Piura.


Por unaminidad fue aprobada hoy en el pleno del Congreso de la República la ley que excluye el cobro ilegal del fonavi en los recibos de agua , proyecto impulsado por la congresista Rosa María Venegas Mello a través de la iniciativa legislativa 3299.
Así la congresista Venegas Mello sustentó hoy nuevamente su exigencia de justicia para los 42 ,000 mil familias de escasos recursos económicos de Piura a quienes inconsultamente se les venía ejecutando dicho cobro a través de los comprobantes de pago expedidos por la empresa prestadora de servicios de agua en Piura EPS Grau.
Por tanto la ley que modifica los artículos 3 y 4 del decreto de Urgencia Nº 074 -2000 , referido al proceso de recuperación de deudas por conexión domiciliaria se propone establecer el pago de las mismas realizadas con recursos del FONAVI sin afectar el cobro de los comprobantes de pago de los servicios de agua potable y alcantarillado que realizan las entidades prestadoras de servicios de saneamiento.
Por todas estas consideraciones la ley fue aprobada con exoneración de segunda votación , con 72 votos a favor, cero en contra y dos abstenciones.
De este modo con la presente ley los miles de usuarios del servicio de agua de Piura afectados por el cobro ya no verán amenazado el elemental servicio el cual corría el riesgo de ser cortado al no pagar dichas deudas.
Por tanto los usuarios con esta ley impulsada por la congresista Venegas verán respetado su derecho al agua en Piura , y tendrán tranquilidad en una zona afectada constantemente por el Fenómeno El Niño.

CONSTRUCCIÓN DE 971 VIVIENDAS PARA MAESTROS IMPULSA CONGRESISTA VENEGAS MELLO.

A través de los aportes de los docentes a Derrama Magisterial.

La construcción de 971 viviendas dignas para los docentes de la Región Piura comprendidas en la Primera Etapa del Programa Nacional de Vivienda Magisterial en el área de terreno de 20 hectáreas adquiridas por la Derrama Magisterial gestiona la Congresista Rosa María Venegas Mello dentro de su labor parlamentaria.
Para ello hoy la parlamentaria piurana ha presentado un oficio al Presidente de la Derrama Magisterial César Augusto Reyes Valle para que se materialice el pedido de los secretarios generales del SUTEP Regional Piura quienes desde el 17 de noviembre pasado han dirigido una carta notarial al vicepresidente de la derrama magisterial Luis Arteaga Salazar solicitando se agilice el inicio de la construcción de las viviendas.
La parlamentaria expone en el documento la urgente necesidad y el interés preferente de contar respectivamente con las viviendas así como también la edificación de un centro recreacional para los profesores de la
Región Piura aportantes de la Derrama Magisterial .
Cabe informar que los secretarios regionales del SUTEP Piura han solicitado a la parlamentaria interceder con sus gestiones para que se de inicio inmediato a ambos proyectos que serán financiados con sus propios aportes a la Derrama Magisterial y que según denuncian los docentes piuranos han sido manejados “ en forma unilateral sin tomar en cuenta los intereses del magisterio piurano”.
Asimismo los dirigentes del SUTEP Regional solicitan la mediación de la parlamentaria Rosa Venegas Mello para que los directivos de la Derrama Magisterial Nacional cumplan con exponer a los agremiados regionales las condiciones de la construcción de viviendas las cuales dicen deberán contar con la respectiva “licencia social ”de aprobación de su parte para su ejecución.

http://www.elregionalpiura.com.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=2159:venegas-971&catid=31:piura&Itemid=209

EL CENTRALISMO CONTRA PIURA.

Ya se aprobó la ley de presupuesto público para 2010. Las cifras, aunque el gobierno lo niegue, muestran que seguimos teniendo un Estado y un gobierno centralistas.

Si se revisan las cifras del presupuesto aprobado por el Congreso, veremos que el gobierno central ejecuta el 72 % del presupuesto nacional. El conjunto de gobiernos regionales ejecuta apenas el 16 % del presupuesto. El conjunto de más de 2000 gobiernos municipales ejecutan solamente el 12 %. Esta concentración del gasto es incluso mayor que en el año 2009.

Esto quiere decir que frente a la crisis mundial, una de las opciones que se ha tomado no es descentralizar más, sino aumentar el centralismo. Es decir, proteger más al gobierno central y quitar recursos a los gobiernos regionales y municipales. Esta es la opción del Gobierno a través del ministerio de Economía.

Esta orientación va causar complicaciones a varios proyectos de inversión que hay en las regiones. Pero es absurdo es que, habiendo una mayor cantidad de congresistas provenientes de las regiones (75 de 120), el Congreso apruebe con sus votos un presupuesto centralista que afecta el desarrollo regional.

Es el caso del proyecto Alto Piura. Este aumentará las tierras cultivables y producirá mayor energía eléctrica. Tiene la aprobación del gobierno regional y del gobierno central. El presupuesto de 2009 ya incluyó una partida de 75 millones de soles. Figura entre los mejores proyectos aprobados por el Congreso. El Presidente García prometió dotarlo de presupuesto cada año. Sin embargo, para el 2010 no se ha aprobado ninguna partida

Antes y durante del pleno hicimos muchas gestiones para obtener el presupuesto para el Alto Piura, junto con agricultores de la zona, y con el propio gobierno regional. El año pasado lo logramos. Pero esta vez no se pudo. De ello es responsable el ministro de Economía y sus opciones centralistas. Pero también son responsables ciertos congresistas apristas que anteponen sus problemas partidarios con el Presidente regional, y se han negado a apoyar el presupuesto para el Alto Piura.

El pueblo de Piura debe organizarse y movilizarse para obtener lo que se les ha negado en el Congreso. Ni el centralismo ni la irresponsabilidad de algunos podrán más que un pueblo decidido a defender sus derechos.

LAS ALAS POLÍTICAS DE UN RECTOR.

Es notable la red de influencias que la universidad particular Alas Peruanas ha tendido sobre nuestros poderes públicos. El rector de dicha universidad ha logrado establecer vínculos directos con una cantidad de jueces, congresistas y políticos de varias corrientes políticas.

¿Para qué quiere tanta influencia la mencionada universidad? Para tener la respuesta debemos recordar que Alas Peruanas no fue reconocida por los organismos autorizados para ello (Asamblea Nacional de Rectores y CONAFU). El rector actual tampoco fue reconocido por dichos organismos. Estos, entre los años 2000 y 2002, dictaminaron que ni la Universidad ni su rector contaban con los requisitos exigidos. Entonces los rechazados acudieron ante el Poder Judicial y éste dictaminó que debían ser reconocidos.

Sin embargo la universidad tiene otros centenares de juicios. El rector tiene cerca de treinta. Esto nos da una idea de porqué es importante, para ellos, tener redes en el poder judicial. Y no solamente entre jueces superiores o supremos sino en el mismo organismo encargado de nombrar y evaluar a jueces de todo nivel: el concejo nacional de la magistratura. Al menos uno de sus miembros también ha viajado con gastos pagados por Alas Peruanas.

La misma universidad, y otras semejantes, también pretenden que se den leyes que hagan muy permisivos los controles que debe ejercer la ANR y CONAFU. Esto nos da una idea de porqué el rector de Alan Peruanas también tiende redes en el Congreso, y en particular entre la bancada oficialista. Hay por lo menos tres congresistas apristas que tienen algún nivel de sociedad con Alas Peruanas. Dos de ellos son integrantes de la Comisión de Educación.

Como si fuera poco, últimamente se ha sabido que dicha universidad tiene como alumno al alcalde de Lima, aspirante a presidente y jefe político de varios congresistas, don Luis Castañeda Lossio, estudiante de arquitectura. Es mas, el rector de Alas Peruanas acaba de conseguir sus firmas para formar su propio partido político.

El Estado y el Gobierno debieran poder garantizar que una universidad privada, con numerosas filiales, no imparta educación de baja calidad. ¿Cómo va poder hacerlo si se permite que una de ellas, o su rector, se den el lujo de cooptar jueces, congresistas y políticos a diestra y siniestra?.

NO A LA VIOLENCIA EN HUANCABAMBA.

Escribo esta columna el día lunes, cuando los diarios de Piura y Lima publican primeras informaciones sobre un ataque armado que se habría producido el domingo contra un campamento minero de la empresa Río Blanco, en el distrito de Carmen de la Frontera, en la provincia piurana de Huancabamba, con el saldo de dos vigilantes fallecidos.

La empresa ha denunciado que se trató del ataque de unas 20 personas armadas. El diario Correo, en su edición piurana, además de esa versión también incluye otra, según la cual las victimas habrían sido impactadas por disparos accidentales de la escopeta de otro de los vigilantes.

Sin embargo, la versión de la empresa también se refiere al incendio de las instalaciones del campamento. Poniéndonos en el caso de que efectivamente se haya tratado de un ataque por un grupo armado, toda la sociedad peruana y en particular la piurana, todos los sectores, debemos condenar esta acción y a sus autores.

De tratarse de un atentado, este debe ser rechazado con mucha fuerza porque, en primer lugar, ha ocasionado pérdida de vidas y, en segundo lugar, ocurre en un lugar en el que este atentado provocará mayor violencia y quienes sufrirán las consecuencias serán las poblaciones y comunidades locales.

Frente a esta denuncia, las autoridades deben actuar con mucha prudencia y no sugerir que los probables autores se encuentran entre las poblaciones que han rechazado la presencia de la mina Río Blanco, antes Majaz. De hecho, los propios funcionarios de la mina ya han señalado que no creen que dichos autores pertenezcan a dichas comunidades y han narrado que han sido los comuneros los que han prestado auxilios a algunos trabajadores después de ocurrido el eventual ataque.

Por otro lado, frente al conflicto que aún subsiste entre las comunidades de esta zona y la empresa Río Blanco, debemos recordar que este se origina porque el gobierno no cumple las obligaciones de consulta a las comunidades, previa al otorgamiento de concesiones mineras. Si se cumpliera debidamente con la consulta previa, libre e informada a estas comunidades esos conflictos no se hubieran producido. El gobierno aún está a tiempo de hacerlo para quitarle pretextos a cualquier grupo interesado en sembrar violencia en Huancabamba o en otras partes del Perú.

LA PROTESTA DE LOS PUERTOS.

El lunes 26 de octubre un paro de protesta detuvo buena parte de los puertos del país. Su demanda es que se anule la concesión del puerto de Paita y que no se repita esa medida con los otros puertos del país. Los congresistas que nos opusimos a la manera tan irregular como se hizo la concesión de Paita no lo hicimos por oponernos a la inversión privada. Al contrario,esa inversión, cuando se hace con las debidas regulaciones , puede ser beneficiosa para nuestro desarrollo.

Sin embargo, respecto a Paita, las condiciones favorables en exceso al concesionario privado, la empresa Terminales Portuarios Euroandinos. Se le da el puerto en condiciones de monopolio , se considera al muelle antiguo como si fuera parte de su inversión nueva, se le garantiza un nivel de ganancias , no se regula una parte importante de las tarifas, y se le permite demorar sus inversiones propias.

Para llegar a esto se modificaron leyes de desarrollo portuario y se redujeron las facultades de la Contraloría General de la República. Y cuando crecía el cuestionamiento a la concesión, el ministro de Transportes, Enrique Cornejo ,y la Jefa de Preinversión , Sra. Cayetana Aljovín, apresuraron el contrato.

Una de las razones de Cornejo y Aljovín para defender esta irregular concesión fue que iba a reducir las tarifas de los servicios portuarios ya hacer de Paita un puerto más competitivo.Sin embargo, como se sabe, lo primero que ha hecho la empresa EYP, el primer día que tomó posesión del Puerto ( 7 de octubre) ha sido decidir un alza descomunal de las tarifas , en algunos casos de hasta un 400%.Es decir que ha bastado un sólo día de concesión para que se demuestre la validez, de todos los argumentos de los trabajadores portuarios , de los expertos y de los congresistas que la cuestionamos.

A la inversa, ha bastado un solo día para que se revele la falsedad de los anuncios de Cornmejo y Aljovín.El rechazo a la concesión es ahora mayor que antes. Ahora también hay sectores de empresarios en aduanas, exportadores, industriales, transportistas y hasta comunicadores que se oponen. Esta amplia reacción ha motivado que la concesionaria se avenga a negociar las tarifas. Lo, que se necesita, sin embargo, es revisar el contrato pues en cualquier momento pueden subir las tarifas a su antojo.

PAITA, CONTRATO BAJO SOSPECHA

La semana pasada la Comisión de Transportes del Congreso debatió el tema de la concesión del puerto de Paita. La suscrita y otras y otros congresistas pedimos que se forme un grupo de trabajo para que esclarezca este discutible caso y que la suscripción del contrato se aplace un mes hasta que haya un informe de dicho grupo de trabajo.

La propuesta no prosperó. Congresistas apristas, fujimoristas y de Unidad Nacional sostuvieron que el Congreso no debería interferir en las funciones de Proinversión, ni en el proceso de suscripción de un contrato. Un congresista fujimorista sostuvo que en el Perú había “una ofensiva antiinversión” y que el Congreso debía defender la inversión.

Si bien el Congreso debe jugar un papel favorable a la inversión, su rol fundamental es el de fiscalizar la legalidad de los actos del Ejecutivo. Mas bien, es el Congreso el que vive una ofensiva contra sus facultades de fiscalización por parte de los que favorecen sin mesura al inversionista privado.

Es el caso de la concesión del puerto de Paita. El concurso se inició en abril de 2008 y terminó con su adjudicación a un consorcio portugués en marzo de 2009. La semana pasada señalamos varios aspectos cuestionables en este asunto. Ahora nos centraremos en dos normas, una para aumentar los beneficios del concesionario privado, y otra para reducir el papel fiscalizador de la Contraloría.

El decreto legislativo 1022, de junio de 2008, modifica a la ley 27943 o ley del sistema portuario nacional, con la única finalidad de asegurarle mayores ganancias al concesionario. Quien compare la versión original de la ley y las modificaciones se percatará de ello con suma facilidad.

El decreto de urgencia 047 –2008, de diciembre de 2008, recortó facultades de fiscalización de la Contraloría, limitándola a emitir informe previo sólo sobre la versión final del contrato e impidiendo que se pronuncie sobre el diseño de la transacción. El miércoles 9, en el Congreso, el propio Contralor expresó su desacuerdo con ese decreto.

Con tales indicios de manipulación legal de la concesión, era imperativo que el Congreso indague antes de que se firme el contrato. No obstante, el contrato ya fue suscrito apresuradamente. Así, bajo sospecha y sin transparencia es como se hacen las cosas que luego desencadenan conflictos.

SUBVERSIÓN: ¿HAY ESTRATEGIA? ¿HAY CONDUCCIÓN?

Un nuevo ataque senderista ha causado un doloroso saldo de muerte entre efectivos de nuestras Fuerzas Armadas. Esta vez, las bajas han enlutado hogares de oficiales y efectivos de la Fuerza Aérea. Vayan hacia ellos nuestras más sentidas condolencias no sólo por el drama que ahora las envuelve, sino porque han caído cuando intentaban rescatar soldados heridos por un ataque previo de los mismos senderistas.

Para que este sacrificio no sea en vano, todos aquellos que tenemos algún deber o función al interior de los poderes públicos debemos preguntarnos si tenemos o no una verdadera política antisubversiva o si quienes la conducen lo están haciendo bien. O si, por el contrario, una conducción empírica y negligente está exponiendo a nuestros oficiales y soldados mucho más de la cuenta

Esta pregunta es un imperativo por que desde hace un año los senderistas le han causado 38 muertes a las Fuerzas Armadas, 10 a las Fuerzas Policiales y cuatro a los civiles. A ello se suman 43 heridos.

Se trata de una serie de ataques senderistas que han tomado por sorpresa a los efectivos de las fuerzas del orden en varias oportunidades desde octubre del año pasado. Fueron cuatro en las últimas dos semanas, pero tenemos anteriormente el caso de Sanabamba y el ataque a la comisaría de San José de Secce, ambos en Huanta.

Entonces cuando ya son varias veces que se producen estos ataques y toman desprevenidos a nuestros efectivos hay algo grave que esta pasando en términos de imprevisión. Y de esto no se puede responsabilizar ni a la prensa ni a quienes critican al gobierno.

El ministro de Defensa, Rafael Rey, parece que no lo entiende así. En su reciente presentación ante el Congreso, en la parte que fue difundida públicamente, no dio explicaciones al país respecto a cómo es posible que esté sucediendo todo esto ni cómo espera enfrentarlo, por lo menos a grandes líneas.

Lo que hizo el ministro es emprenderlas contra los “criticólogos”, los “derrotistas”, la Comisión de la Verdad o contra ex ministros. Incluso dio lecciones a la prensa sobre cómo debe ser los titulares y las primeras planas de los medios sobre la cuestión del terrorismo. Pero explicaciones sobre los hechos mismos de la última semana, ninguna.

Lo que un ministro de Defensa tendría que hacer, prioritariamente, es explicar al país y al Congreso donde están las fallas y hacer los cambios para que no se repitan. Tiene que estar mucho más enfocado en cumplir su responsabilidad de conducción. Si necesita recursos, pedirlos al MEF oportunamente. Si necesita que se fortalezcan los servicios de inteligencia, ordenarlo, pues eso está en su campo por lo menos parcialmente.

Pero más allá del ministro de Defensa hay una responsabilidad global del gobierno y de nuestro Congreso mismo. El problema de la subversión requiere un enfoque integral que incluya no sólo el problema del narcotráfico. En realidad ambos fenómenos están vinculados a los grandes niveles de desempleo, pobreza y corrupción que subsisten en el país. No bastan las estrategias focalizadas. Se necesita una que sea global. Y eso es lo que brilla por su ausencia.

PAITA, CONCESIÓN CONTRA LAS LEYES

Un juzgado de Paita acaba de admitir a juicio una demanda de nulidad de la concesión de su Terminal Portuario. La demanda ha sido presentada por el sindicato de trabajadores de ENAPU – PAITA. El demandado es el Ministerio de Economía, que tiene a su cargo a PROINVERSION, responsable de la concesión.

La demanda de los trabajadores de Paita tiene que ver con la violación a sus derechos laborales, pues con la concesión se ven afectados su continuidad laboral y los adeudos que se les tiene. De consumarse la mencionada concesión pasaría a primar el régimen de los “cargos de confianza”.

Economía deberá responder en unos días la demanda ante el mencionado juzgado de Paita. Esperamos que se respete la independencia de la jueza Ana Luisa Yaipén Rodríguez. Que no haya la consabida presión política, ni sobre ella ni sobre sus superiores. Los piuranos debemos estar atentos a que este no sea el caso.

Sin embargo, el Ejecutivo y la Contraloría de la República deben también responder a otros cuestionamientos importantes que se han venido haciendo a la concesión del Terminal Portuario de Paita al consorcio Tertir Cosmos. Han sido hechos por los trabajadores, por militares en retiro como Roberto Chiabra , por ciudadanos como el ex congresista Manuel Dammert e incluso por varios congresistas, incluido el aprista Luis Negreiros.

Lo mas importante en este caso es la oposición de los propios trabajadores del puerto de Paita y de la población en general del mismo puerto. Esto se expresa en el activismo del Frente de Defensa de Paita y en la consulta ciudadana que realizaron en marzo pasado. En esa consulta, no siendo oficial ni obligatoria, votaron más de 11 mil ciudadanos, de los cuales cerca del 90 % se opuso a la concesión.

Lo que ocurre es que hay muchos aspectos cuestionables a esta concesión . La primera de ellas es que ha sido manejada de manera totalmente centralista, solo por funcionarios de Proinversión y otros sectores del Ejecutivo. Ni el gobierno regional ni la Municipalidad Provincial de Paita han tenido atribuciones para incidir sobre el proceso de la concesión.

Por otro lado, para facilitar la concesión a un privado se han forzado figuras legales como la de hacer pasar como una infraestructura nueva algo que ya tiene décadas de funcionamiento. Se ha sido muy poco exigente en cuanto a la capacidad de gestión demostrada por el adjudicatario de la concesión; se le ha pedido compromisos de inversión muy bajos, en plazos muy largos y con periodos de gracia también demasiado largos; el Estado le ha dado garantías de ganancias mínimas que de no ser alcanzadas serán cubiertas, es decir subsidiadas, por el propio Estado; se está permitiendo la configuración de un monopolio privado inconstitucional y finalmente se permite que el concesionario hipoteque la concesión con lo cual se pierde el manejo soberano del puerto por parte del Estado.

Estas irregularidades estaban siendo examinadas por la Contraloría. Sin embargo el gobierno ha dado el DS 181- 2009- EF otorgando garantías a la nueva empresa concesionaria. Lo cual implica la ilegal interrupción de un proceso de control que no se debe dejar pasar. Estemos atentos a este asunto trascendental para los piuranos.

LA VERDADERA INCLUSIÓN

Hacia 1973 nuestro país comenzó a sentir los impactos de la crisis mundial del petróleo. Subió el precio de los combustibles, y eso tuvo un efecto multiplicador sobre todos los otros precios. Los gobiernos empezaron a aplicar “paquetazos” que afectaron sobre todo el consumo, el empleo de las mayorías y los servicios sociales del Estado. Allí comenzó a crecer la pobreza, o sea la condición de la gente que no accede a satisfacer sus necesidades básicas.

A comienzos de los 80 estalló otro problema, el de la deuda externa. Para pagar la deuda los gobiernos tuvieron que continuar los “paquetazos”, castigando siempre el consumo, el empleo y los servicios sociales del Estado. Entonces la pobreza adquirió un carácter masivo y se le comienza a considerar el problema más urgente del país y se comienzan a implementar los llamados Programas Sociales de Emergencia.

A comienzos de los 90 el país sufre otro salto en sus niveles de pobreza. Esto ocurrió, primero, por la hiperinflación que hubo a fines de los años 80. Y, segundo, porque el recordado “shock” fujimorista apuntó a reducir la inflación mediante el recorte, otra vez, del consumo, del empleo y de los servicios sociales del Estado. Los programas de asistencia social tuvieron que ampliarse y se creó el llamado Foncodes o Fondo de Compensación Social.

A fines de los años 90, otra crisis internacional, la llamada crisis asiática, también tuvo efectos sobre la economía peruana. Esta entró en recesión, y volvió a obligar al gobierno de entonces a que se apliquen nuevos ajustes que castigaron el empleo y hubo un repunte de la pobreza. Cuando se recupera la democracia, en el año 2001, más del 54% de peruanos sufrían la condición de pobreza.

En la primera década del siglo XXI hemos tenido cifras de crecimiento económico durante 7 años. La pobreza, según ciertas mediciones, ha retrocedido, pero continúa siendo un problema preocupante. Ello se debe, primero, a que el crecimiento ha sido muy desigual. Hay regiones del país en donde la pobreza no ha retrocedido nada. También hay indicadores que no han mejorado nada, como el consumo de calorías. En segundo lugar, la actual crisis económica mundial está ocasionando, con toda seguridad, un repunte de la pobreza allí donde había mejorado.

Por eso, y por que los conflictos sociales han crecido mucho en los últimos años, es que el Presidente García se ha referido a la inclusión como una de sus metas principales. Inclusión, se entiende, es la superación de la pobreza. Es la incorporación de las personas pobres a las condiciones que le permitan satisfacer sus necesidades básicas. Por lo tanto no es atenuación ni paliativo pasajero, sino acceso sostenible a una vida digna.

En este sentido, programas como los Núcleos Ejecutores o el de muchos otros programas sociales, podrían ser paliativos o acciones de emergencia. Pero no son verdaderas vías de inclusión. Hay que ir a los factores causales de la pobreza. Fundamentalmente, a la generación de empleo sostenible, tanto urbano como rural. Y por otro lado, a la mejora de servicios sociales como la Educación y la Salud. Tenemos que lograr un tipo de economía que garantice eso. Si no, nunca tendremos una verdadera inclusión.

¿HASTA CUÁNDO SIN INTELIGENCIA ANTISUBERSIVA?

La elite política se encontraba discutiendo los anuncios del mensaje presidencial de Fiestas Patrias. Varios de estos anuncios, como los cambios en la forma de elegir al Congreso y a los gobiernos regionales o la entrega directa de dinero a núcleos ejecutores de obras comunales, estaban recibiendo diversas críticas. El nuevo ministro del Interior, Octavio Salazar, había hecho noticia en los últimos días con dos temas. En uno de ellos, el ministro anunciaba que su sector también iba a hacer monitoreo de conflictos. Curioso anuncio pues, como se sabe, el sector Interior ya tiene unidades de inteligencia cuya función precisamente es analizar y pronosticar la evolución del orden interno. Lo que pasa es que al ministro Salazar le encanta aparecer en los medios desde que era alto oficial de la Policía.

Por esa misma razón, el otro anuncio del ministro también fue de esos que buscan primeras planas. Señaló que iba a proponer que se penalice a los poseedores de drogas aunque sea en pequeña cantidad. Este anuncio fue criticado por especialistas en temas de represión al narcotráfico pues un adicto no es necesariamente un narcotraficante. Sin embargo cumplió el papel de colocar al ministro en las noticias.

En esas andábamos cuando, al igual que tantas veces antes, un nuevo atentado sorprende al país y deja un saldo de cinco muertos, tres de ellos policías y dos civiles. Ocurrió en San José de Secce, en Huanta, una localidad que ya durante los años 80 fue martirizada con diversos episodios de violencia. Este atentado es de suma gravedad no sólo por las víctimas sino porque ha mediado la virtual toma del pueblo por un grupo numeroso y bien armado de delincuentes armados que, obviamente, preparó la acción desde antes.

Como la vez anterior en que una patrulla del Ejército fue emboscada por un grupo subversivo en otro paraje de Huanta, con el saldo de 13 soldados muertos, es muy probable que en los días siguientes este tema desplace a otros de la atención pública. El Congreso volverá a escuchar las explicaciones del ministro, se hablará otra vez sobre el Plan VRAE, sobre inteligencia y desarrollo social, hasta que otros sucesos hagan olvidar a este reciente atentado.

No podemos continuar con esta manera de actuar sólo por reacción y despreciando la magnitud del problema del senderismo y del narcotráfico. Todos sabemos que esos son los dos mayores problemas delictivos que afronta el país. Justamente ambos tienen en las zonas aledañas de Huanta sus principales zonas de actividad en Ayacucho. A la vez todos sabemos que en ambos casos las operaciones clave son las de inteligencia.

Las acciones de desarrollo social también son imprescindibles para quitarle base social a narcos y subversivos. Pero las acciones de inteligencia son fundamentales para prevenir los atentados y para capturar a los mandos de esas organizaciones. Hasta ahora no tenemos señales de que en este campo se hayan logrado avances serios. ¿Podrá el nuevo ministro del Interior mostrarnos esos avances en poco tiempo? ¿A su vez, podrá el gobierno mostrarnos que por fin le da a este tema de la subversión y el narcotráfico la seriedad que se requiere?

PREPARÉMONOS ANTE EVENTUAL FENÓMENO DE "EL NIÑO"

Ante la posibilidad de un severo fenómeno de "El Niño", pronosticado por la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), agencia científica del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, urge que los presidentes regionales, alcaldes y autoridades vinculadas con la prevención de desastres naturales desarrollen un plan de contingencia y ejecuten obras que minimicen los posibles riesgos en el país.

Es importante la labor que realiza el Instituto Nacional de Defensa Civil, pero no será suficiente, si este trabajo no se articula con un proyecto de alcance nacional, donde participen todos los involucrados y no solamente se prioricen departamentos costeros.

La advertencia de la NOAA debe llevarnos a una seria reflexión en la toma de decisiones, no obstante que el pasado sábado, el gobierno destinó mediante decreto de urgencia un monto de S/. 15.8 millones para invertir en proyectos de prevención en el norte peruano, cantidad que considero insuficiente para los departamentos de Tumbes, Piura y Lambayeque.

Es conocido que en los dos primeros meses de cada año se producen huaycos, derrumbes e inundaciones, obstaculizando el comercio, transporte de carga y tránsito de personas. Esta situación se agrava aún más en períodos cuando los fenómenos de "El Niño" son severos. La temporada de precipitaciones pluviales se inicia en noviembre, pero el efecto se siente en los siguientes meses, de ahí la necesidad de tomar las medidas de prevención ahora que aún tenemos tiempo y evitar de esta manera, daños severos que afecten a nuestra economía.

El fenómeno "El Niño" ocasiona excesivas lluvias que provocan inundaciones y desborde de ríos, además de alterar los ecosistemas marinos y costeros, sin contar con los innumerables aludes que se producen. Hay indicios que se está formando un fenómeno severo, razón por la cual todos debemos participar para estar prevenidos y evitar que los desastres nos tomen desprevenidos.

Ante esta advertencia, las naciones asiáticas ya están tomando acciones de prevención con altos presupuestos a fin de evitar la caída de sus economías, precisamente en tiempos de recesión y crisis financiera internacional. Las investigaciones indican que se está desarrollando un fenómeno que alteraría los patrones del clima en todo el mundo.

El reporte de la NOAA revela que existe la creciente probabilidad que este fenómeno llegue a las costas norteñas peruanas ocasionando muchos siniestros. Aún se recuerda los destructivos y devastadores fenómenos en 1983 y 1997, que no solamente afectaron al norte, sino a todo el país.

En el ámbito internacional el fenómeno "El Niño" se está desarrollando justo cuando las economías globales están luchando por superar el impacto de la peor crisis financiera mundial desde la Gran Depresión en 1929. Reportes pasados indican que "El Niño" causó la muerte de más de 2,000 personas entre 1997 y 1998 y miles de millones de dólares en daños a granjas, infraestructura, puertos y minas.

La NOAA es una organización especializada en realizar estudios de las condiciones de los océanos y la atmósfera. Avisa del tiempo meteorológico, realiza cartas de mares y de cielos, guía sobre el uso y la protección de los recursos oceánicos y costeros, y conduce estudios para mejorar el entendimiento y la administración del medio ambiente.

NUEVO GABINETE, NUEVAS OPORTUNIDADES SOCIALES

La presencia de un nuevo gabinete ministerial no solamente significa "oxigenar" al Ejecutivo, sino también la oportunidad que tiene el presidente de la República para fortalecer algunas debilidades en su gestión gubernamental, afectada últimamente con diversos conflictos sociales.

Estamos tan ensimismados por los conflictos, algunos de origen político y ponderados por los medios de comunicación, que muchas veces hemos olvidado que los principales enemigos del país son la pobreza y el subdesarrollo, tétricos titanes que debemos superar en los siguientes años.

El camino a recorrer es aún largo y deberá estar basado en el diálogo y el consenso social. Hemos escrito en diversas oportunidades que el diálogo es la principal herramienta del desarrollo y éste se logra cuando las partes tienen voluntad de hacerlo.

De ahí que urge recuperar el principio de autoridad, pero también las buenas prácticas de gobernabilidad que incluya al diálogo como herramienta transversal de la gestión pública. Las nuevas propuestas de desarrollo social deberán ser inclusivas y tener el respaldo de la sociedad civil organizada, especialmente de los diversos ámbitos naturales de las iniciativas legislativas, públicas y gubernamentales. Todos reclaman cambios y la población está de acuerdo con ello. Se trata, entonces, de impulsar el desarrollo social mediante nuevas y mayores inversiones en las regiones y gobiernos locales.

En la elaboración de las propuestas de desarrollo, las nuevas oportunidades implican también tener el concurso de quienes serán los beneficiados mediante las denominadas "mesas de diálogo", a fin de evitar posibles enfrentamientos innecesarios que contribuyan con el subdesarrollo, la pobreza y proyecten una imagen de país bananero. Ya no se puede perder más tiempo.

El Perú ha encontrado el camino de su desarrollo y vamos hacia ese horizonte. Los 94 meses de crecimiento económico es un indicador óptimo, pero faltan algunos ajustes en la parte social, cuyas soluciones están precisamente en las organizaciones de base.

Por cierto que de la noche a la mañana no se resolverán los problemas, muchos de ellos originados en anteriores administraciones o en los gobiernos locales o regionales. Sin embargo, es necesario respetar los acuerdos suscritos por las administraciones Del Castillo y Simon, porque el cambio de gabinete no representa ausencia de problemas, caldo de cultivo de los conflictos sociales.

Nuestros pueblos han esperado durante años la solución de sus problemas. Han sido pacientes, de ahí que algunas personas hayan confundido esta paciencia con la sumisión y humillación, violando los principios elementales de los derechos civiles, tan humanos como la vida misma. Han abusado de nuestros pueblos hasta dejarlos en la orfandad social y abandonados a su suerte. Esa injusticia es una deuda que la sociedad tiene con los grupos más vulnerables como las etnias amazónicas, pueblos andinos y comunidades urbano-marginales.

En esta nueva etapa, no solamente expresamos nuestros buenos deseos, sino que exhortamos al gabinete Velásquez a tener una vocación integradora y de servicio, visión de futuro y compromiso social con los más necesitados de nuestra patria. Son nuevos tiempos que requieren también nuevas oportunidades para todos.

Coincidimos con Basadre cuando dijo que el Perú es más grande que sus problemas, pero también estaremos atentas a las decisiones que tome el nuevo presidente del Consejo de Ministros.

LIDERAZGO PARA EL DESARROLLO Y DIÁLOGO PARA LOS CONFLICTOS

Nuestro país vive momentos difíciles como resultado de los conflictos sociales que se están desarrollando estos días. Algunos de ellos probablemente tengan válidas razones, pero por las acciones violentas que se suscitan con las fuerzas del orden, éstas pierden sus justas aspiraciones.

En nuestro trabajo de representatividad hemos comprobado que no se necesitan realizar acciones de violencia para lograr objetivos concretos que beneficien a nuestros representados. Creemos firmemente que el diálogo es la principal herramienta para lograr un clima de armonía y confianza.

El camino que nos toca recorrer está en el diálogo y no en la violencia que siempre generará funestos resultados. Todos reclaman cambios sociales y la mayor parte de la población está de acuerdo con impulsar el desarrollo económico-social a través de nuevas y mayores inversiones en las regiones. Sin embargo, cuando nos enteramos que al cierre del primer semestre del año, el gobierno sólo ha ejecutado el 23.1 por ciento de la inversión presupuestada para el 2009, pareciera que las protestas tienen asidero real. ¿Qué está pasando? Precisamente en un año difícil marcado por la crisis financiera internacional, se debe impulsar la demanda interna mediante las inversiones públicas.

Es más, las protestas reclaman mayor atención a sus problemas, pero también sus autoridades son responsables de la situación en la que se encuentran. Según las estadísticas del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, hasta junio de 2009 los gobiernos regionales y locales sólo han gastado el 17.6 y 24.4 por ciento de sus presupuestos de inversión, respectivamente.

Como representante del departamento de Piura, conozco de cerca la realidad de las regiones. He participado en diversas protestas, pero siempre ha primado el diálogo. Para muestra un botón. El pueblo piurano ha estado esperando durante más de 70 años hacer realidad el ansiado Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura que estuvo encarpetado muchos años. Ese proyecto se logró con esfuerzo y participación de todos los piuranos, pero básicamente mediante el diálogo con las autoridades que escucharon la importancia de este proyecto.

En su momento salimos a las calles a protestar, respetando por cierto la propiedad privada y pública, incluso hemos realizado un paro regional a favor del Alto Piura. Usando como herramienta el diálogo se conformó el Frente de Defensa Regional y posteriormente una Mesa de Trabajo integrada por las autoridades locales y regionales.

Con diálogo hemos suscrito un Acta de Acuerdos con las autoridades gubernamentales y congresales entre quienes estuvieron las máximas autoridades del Congreso de la República, Comisión Agraria del Congreso de la República, Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Economía y Finanzas, y el Ministerio de Agricultura. Cada instancia la hemos asumido con firmeza, pero también con diálogo.

¿Y cuál fue el resultado de esas acciones pacíficas? El resultado fue que se consiguió los primeros 75 millones de nuevos soles para el Proyecto Alto Piura, considerado como una de las mejores leyes del Congreso de la República en el 2008. Hemos citado al Alto Piura como ejemplo para demostrar que muchos conflictos sociales pueden resolverse cuando las partes tienen la voluntad de encontrar soluciones pacíficas. Luchemos juntos contra nuestros principales enemigos que son la pobreza y el subdesarrollo.

DIÁLOGO COMO SOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES

Al término de esta tercera legislatura en el presente período, aún nos quedan muchas tareas por cumplir en diversos aspectos del desarrollo social. Hemos comprobado en algunos casos, que no se necesitan realizar acciones de violencia para lograr objetivos concretos que beneficien a nuestros pobladores. Creemos firmemente que el diálogo es la principal herramienta para retomar la paz social y lograr la armonía que siempre ha caracterizado a nuestros pueblos.

Las hojas de ruta que requiere el país están en el diálogo y no en la violencia que genera innecesarios conflictos sociales, donde cada uno hace lo que bien le parece. Hay falencias que deben ser superadas y responsabilidades que urgen ser asumidas en ambos lados de los conflictos.

Como representante del departamento de Piura, he participado en diversas protestas, pero siempre ha primado el diálogo. Hemos hablado fuerte en el hemiciclo, pero lo hicimos con respeto y altura. Nuestra voz se ha escuchado y no nos hemos callado ante la injusticia. Por cierto que no todo ha salido favorable, pero hemos logrado con la ayuda del pueblo y sus autoridades, alcanzar metas históricas usando como herramienta el diálogo.

El Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura que durante más de 50 años estuvo encarpetado, no obstante haber tenido parlamentarios que tuvieron la oportunidad de rescatarlo de los archivos, se logró con esfuerzo y participación de todos los piuranos, pero básicamente con diálogo con las autoridades pertinentes que escucharon la importancia de este proyecto para el departamento de Piura.
Asimismo, como responsable de un grupo de trabajo que recibió diversas de denuncias de cadetes mujeres por abuso de autoridad, hostigamiento laboral y acoso sexual en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, también hemos logrado que algunas de estas cadetes hayan sido repuestas en sus centros de estudios. El caso de la cadete PNP, Flor de María Cahuaya Alegre, quien fue dada de baja por haber salido embarazada, se logró con diálogo porque fue un caso de justicia para ella.

También Karla Vargas Torrejón fue repuesta como cadete de la Escuela Militar de Chorrillos (EMCH) y en las próximas semanas se estará graduando como subteniente EP. Aunque el caso de ella fue distinto, el diálogo con el ministro de Defensa y con las autoridades de la EMCH fue cardinal para lograr resolver casos de justicia para ella.

Asimismo, cuando presentamos el proyecto de Defensoría del Personal Militar y lo coordinamos con el Ministerio de Defensa, lo hemos hecho con la convicción de contribuir al bienestar de las personas, pero al mismo tiempo respetando las normas y reglamentos internos que tienen las instituciones.

Hemos citado algunos ejemplos para demostrar que muchos conflictos sociales pueden resolverse cuando las partes tienen la voluntad de encontrar soluciones pacíficas. Necesitamos que el país recobre la paz social y que todos los peruanos vivan en armonía.

No permitamos que propósitos foráneos y voluntades totalitarias pretendan imponer sus concepciones en el país, pero al mismo tiempo, invocamos a las autoridades gubernamentales, tener mayor sensibilidad para escuchar a las diversas voces que nuestros pueblos tienen. Permitir conflictos sociales por falta de diálogo es atentar contra las inversiones y el desarrollo social que los peruanos anhelamos. Que no se borre con una mano lo construido con la otra.

APORTES DE LA CONGRESISTA PARA LA EPS GRAU DE PIURA

Es importante destacar el rol que juegan los trabajadores cuando se unen para sacar adelante algún proyecto social que beneficie a las mayorías nacionales. Nos referimos a los trabajadores de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau del departamento de Piura, quienes al ver a su institución inmersa en un proceso concursal y lista para su concesión o privatización, decidieron asumir la defensa de la organización con competitividad empresarial, vocación de servicio, visión de futuro y trabajo en equipo.
De tal manera que la EPS Grau salió de su estado de postración, casi en la bancarrota, a uno de cuidados intensivos. Tal vez pasó lo peor, pero aún queda un largo camino por recorrer. Pero el mérito no lo tienen los directores, quienes desde Lima han pretendido liderar a la institución. Tampoco lo tiene la alta gerencia, mayormente foránea, que por desconocimiento de la idiosincrasia piurana tuvo más errores que aciertos. El mérito está en los trabajadores, quienes desde el principio consideraron a la EPS Grau como una empresa que es fuente de vida.
A raíz que a la empresa se le declaró en reestructuración patrimonial, suspendiendo a las 25 municipalidades del ámbito de su competencia por una Junta de Acreedores, la EPS Grau no puede aspirar a mejores condiciones empresariales ni ser sujeta de crédito internacional, precisamente por estar vigente el proceso concursal. Por esa razón, presenté un proyecto de ley que busca capitalizar las acreencias a favor de la empresa y ponerla al servicio de todos los piuranos.

La norma tiene por objeto la capitalización de las acreencias directas con el Fondo Nacional de Vivienda y deudas originadas por las contribuciones reembolsables derivadas de la ejecución de obras de infraestructura de saneamiento a favor de los usuarios con recursos del Fonavi. Es decir, pretendemos fortalecer el patrimonio empresarial de la EPS Grau. Sin embargo, esta decisión no exime a los directivos y funcionarios de las responsabilidades administrativas y penales en que hubieran incurrido en el ejercicio de sus funciones, especialmente ahora que existe un nuevo directorio.

El anterior directorio quiso privatizar a la empresa, aduciendo que la gestión privada es más eficiente, olvidándose que son 25 municipalidades los verdaderos accionistas de la institución y que precisamente llegó a un estado de falencia por la gestión de ellos mismos. Luego, la Junta de Acreedores optó por concesionar a la empresa, pero ante la presión social de los pobladores, se dio marcha atrás. Ahora se habla de un "contrato de gerencia", modalidad que consiste en entregarla a un operador privado que no efectuará inversión alguna, simplemente será un administrador.

Otra lucha que es mérito de los trabajadores es el recurso de amparo que hemos presentado para dejar sin efecto el mandato judicial emitido por la Corte Superior de Justicia de Piura que restablecía la cobranza de los créditos del Fonavi. Esta medida ha dado su fruto, porque el MEF suspendió por dos meses esta cobranza.

Paralelamente al recurso de amparo, también hemos presentado un proyecto de ley que excluye a las EPS la cobranza de las deudas por conexión domiciliaria con fondos financiados por el Fonavi. Cuando los trabajadores se unen por un bienestar social, aún el trabajo congresal es más productivo

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOS PUEBLOS AMAZÓNICOS

Hay lecciones importantes para aprender de lo sucedido en el conflicto social de nuestra amazonía. Una de esas lecciones es la igualdad de oportunidades que deberían tener las comunidades nativas y los pueblos originarios en el Congreso de la República, como lo tienen las mujeres en la representación nacional o ellos mismos en los gobiernos regionales.

Los tristes sucesos ocurridos en la ciudad de Bagua con la fría estadística de 33 fallecidos, un desaparecido y cerca de 550 millones de nuevos soles en pérdidas desde que se inició el paro amazónico, se hubieran evitado, si en el parlamento tuviésemos interlocutores válidos de las legítimas aspiraciones de los pueblos nativos, que hoy reclaman ser escuchados.

El artículo 12 de la Ley de Elecciones Regionales establece que las agrupaciones políticas deben presentar candidatos a la presidencia, vicepresidencia y Consejo Regional de cada provincia con un mínimo de 15 por ciento de presentantes de comunidades nativas y pueblos originarios de cada región donde existan, conforme lo determine el Jurado Nacional de Elecciones. Esta misma realidad debería reflejarse en el ámbito nacional, de tal manera, que en el Congreso de la República habría representantes de la amazonía peruana.

Es más, no tener representantes de nuestra amazonía en el parlamento significa estar en contraposición con la Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres, que establece en su primer artículo que la ley tiene por objeto garantizar a hombres y mujeres el ejercicio de sus derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía, impidiendo la discriminación en todas sus esferas.

Por esa razón, consideramos de suma importancia que en la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N° 26859) se incluya la propuesta que establece que un mínimo de 15 por ciento de representantes de comunidades nativas y pueblos originarios de cada región donde existan, conforme lo determine el Jurado Nacional de Elecciones, sean parte de los candidatos al Congreso de la República. Eso sería justo y equilibrado para una nación tan diversa como el Perú. No olvidemos que el país es un conjunto de nacionalidades y que cada una de ellas tiene su propia idiosincrasia y cosmovisión. La riqueza peruana es precisamente que es una nación pluricultural y multilingüista.

Muchos de los problemas que tenemos en la actualidad y gran parte de las limitaciones que afronta el proceso de descentralización, se deben precisamente a la falta de interlocutores válidos entre el Congreso y las diversas etnias. Con la propuesta, deseamos contribuir a solucionar parte de los futuros conflictos sociales que por falta de representatividad y de comunicación, siguen causando pérdidas económicas y deteriorando nuestra imagen como país.

Ante los sucesos de Bagua, todos reconocemos que los pueblos amazónicos son peruanos como nosotros, pero muchas veces en la práctica, este reconocimiento es nulo cuando se trata de sus derechos. De esta manera, el Congreso de la República tiene nuevamente la oportunidad de contribuir en la formación de un país sin exclusiones ni discriminaciones, donde todos somos iguales ante Dios y la ley. Con este aporte, estamos seguros que nuestro país será más unitario en medio de la pluriculturalidad.

LECCIONES DE BAGUA

Los funestos sucesos acaecidos en Bagua nos deben hacer reflexionar que en el Perú aún falta trabajar el proceso de democratización en diversos ámbitos de la población, especialmente en los grupos étnicos amazónicos, comunidades rurales y estratos urbano-marginales. Quienes creen que democracia es sufragio universal o libertad de prensa se equivocan. Lamentablemente, el caso Bagua nos deja importantes lecciones con un costo social demasiado alto.

Cuando se publicó el controvertido Decreto Legislativo 1090 el 28 de junio de 2008, norma que aprueba la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, poco se hizo para difundir los alcances de este decreto y peor aún, no se tomó en cuenta la opinión de quienes debieron participar en las consultas previas. Esta situación se prestó para muchas manipulaciones y conjeturas. Si las autoridades gubernamentales hubieran convocado a los dirigentes nativos, por competencia del tema, probablemente hoy estarían con vida los 34 peruanos entre policías y nativos, y la economía nacional no hubiera perdido más de US$ 186 millones (560 millones de nuevos soles) como consecuencia del paro amazónico. La cantidad de muertos son cifras oficiales, pero los grupos amazónicos revelan que hay más de 60 fallecidos, que sigue siendo un número aún no determinado de nativos muertos.

De esta manera los grupos amazónicos estarían informados de los alcances del decreto legislativo y no se hubiera permitido manipulaciones de caudillos que por afán electorero o compensanción económica incitaron al paro amazónico con su secuela de violencia fratricida. Los principios democráticos así lo exigen y lo demandan de quienes presiden la administración del Estado, porque se trata del gobierno del pueblo para el pueblo.

La situación es compleja para la administración García y también para las comunidades amazónicas. A pesar del estado de emergencia y toque de queda en la zona, en otros lugares hay brotes de violencia muy cercana a la subversiva combinada con el narcotráfico. No estamos acusando a nadie, pero una situación de desgobierno en la amazonía, es el insumo que necesitan los grupos antidemocráticos, donde lo único que prima es literalmente la ley de la selva.

Dos lotes de la empresa pluspetrol fueron invadidos, el aeropuerto Trompeteros, base de transporte del Lote N° 8, fue tomado, nuevas carreteras están bloqueadas y para el 11 de junio se organizan diversas manifestaciones callejeras de protesta en Lima y otras ciudades de provincias.

Ante esta situación, hacemos un llamado a las autoridades gubernamentales y grupos amazónicos a que cesen los enfrentamientos en diversas localidades, para lo cual solicitamos que se suspenda el estado de sitio en Bagua. Lamento que las autoridades no hayan tenido la capacidad de resolver el conflicto por medios pacíficos.

Otra lección que nos debe quedar en claro es que ante este problema, urge que el Ejecutivo o Congreso de la República suspenda o derogue los decretos que están generando estos enfrentamientos y que la Mesa de Diálogo conformada para ese fin haga llegar las propuestas necesarias a fin de reformar las normas de acuerdo a las necesidades que existan en la amazonía.

Nos preocupa la violencia que se está generando por esta situación, propiciada por la intolerancia y la intransigencia de quienes pueden resolver el problema con diálogo y atender de esa manera las demandas de los grupos amazónicos.

NO AL COBRO ILEGAL DEL FONAVI POR LA EPS

Ante nuevos e innecesarios conflictos sociales como consecuencia de los cobros ilegales por parte de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), he presentado un proyecto de ley que excluye la cobranza de deudas de los usuarios con el Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), porque perjudica a las empresas que prestan ese servicio, afectan la economía del público consumidor que pone en riesgo la salud pública y vulneran la paz social del país.

La norma tiene por finalidad que las EPS no asuman la cobranza de las cuotas mensuales de los trabajos financiados con recursos del Fonavi, cuyas deudas fueron asumidas por los usuarios. Propongo que para evitar perjudicar a las empresas, las EPS celebren convenios con entidades bancarias o agentes especializados en recuperación de cartera pesada. También pido la urgente derogación de las normas que se opongan a la iniciativa legislativa que por cierto no irroga costo alguno al Estado, pues la modificación está orientada a que las entidades bancarias se encarguen de la cobranza.

Esta situación está generando diversos conflictos sociales en el país, como por ejemplo en el departamento de Piura, jurisdicción a la que represento, donde la población ha decidido no pagar el recibo de agua, perjudicando directamente a la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau S. A. (EPS Grau) que por el menor ingreso que recauda, su economía empieza a caer notablemente. También perjudica a los propios usuarios, porque ante la falta de pago de los recibos de agua por parte de la población, el servicio será suspendido.

También he remitido un oficio al presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon Munaro, solicitándole una reunión de trabajo para exponerle los fundamentos de la propuesta e informarle acerca de los posibles conflictos sociales que se está generando por esta situación, perjudicando directamente a miles de familias pobres de los asentamientos humanos y convulsiona la paz social que debe reinar en nuestro país.

Es importante para mí tener la responsabilidad de contribuir a resolver este problema, atendiendo los reclamos de la sociedad civil, alcaldes y autoridades que han recurrido a mi despacho parlamentario por este tema. Por esa razón, pediré al premier que mediante un Decreto de Urgencia disponga la suspensión de la cobranza de los saldos deudores por concepto de conexión domiciliaria de obras de infraestructura urbana básica de agua potable y alcantarillado, de las personas beneficiarias de préstamos otorgados con recursos del Fonavi.

Hay un riesgo ante la renuencia de los usuarios para pagar las cuotas de Fonavi en los recibos de agua, en virtud que el gobierno ha venido condonando deudas, conforme a la Ley Nº 27044 que extingue las deudas de electrificación y sustitución de la contribución de Fonavi por el Impuesto Extraordinario de Solidaridad. Incluso, mediante el Decreto de Urgencia Nº 016-2000, se dispuso la constitución de una comisión multisectorial encargada de realizar una evaluación de la situación de los préstamos del Fonavi otorgados a personas naturales para la ejecución de obras de infraestructura básica de electrificación y saneamiento, y poco se ha avanzado hasta la fecha. No olvidemos que hay 42,170 familias piuranas que están esperando soluciones a sus problemas y dispuestas a salir a las calles para reclamar justicia.

JUBILADOS EN LA AGENDA PENDIENTE

Escribir acerca de los jubilados es adelantarnos un poco a nuestras vidas, porque tarde o temprano, estaremos en esa situación. En el Callao existe un grupo de 950 personas, agrupados bajo el nombre de "Fondo de derechos adquiridos del ex sistema asistencial de estibadores" conocido simplemente como Fodasa. En realidad, no todos son jubilados, sino también lo integran los sobrevivientes y derivados por viudez, invalidez y orfandad.

Desde hace 13 años no perciben aumento de sus remuneraciones, siendo éstos entre 50 y 240 nuevos soles. Sí, tal como lo leen. Hay personas que perciben 50 nuevos soles mensuales, muy por debajo de una pensión digna que en un estado de derecho como el que predica el actual mandatario, que cada día reclama justicia social para todos, desdibuja las buenas intenciones de quienes nos gobiernas. Por lo que vemos en la realidad, la justicia aún no llega al Fodasa, existiendo 950 razones que reclaman una justa y digna remuneración.

El Fodasa es un fondo de trabajadores jubilados y pensionistas creado por Ley N° 21933 y es una pensión complementaria a la de la seguridad social que antes se regía por los aportes de los jubilados activos y jubilados derivados como viudez, orfandad e invalidez. Desde 1996 no reciben incremento alguno en sus haberes y han solicitado mediante el Congreso de la República la nivelación de sus pensiones de acuerdo con la Ley N° 27617.

Ellos siempre han contribuido con sus aportes. Desde que se disolvió el sistema laboral marítimo en 1991 (Decreto Supremo 054-91-PCM), ellos siguieron con sus contribuciones de manera privada hasta que mediante el Decreto Supremo 25702 de 1992, se eliminó el derecho a las navieras a seguir aportando.

No obstante, a la Ley N° 28550 que establece que el monto de la pensión mínima para los pensionistas del Régimen Especial del Decreto Ley N° 21933, incorpora a los estibadores del Régimen de Prestaciones de Salud que administra el SSP – Fodasa, no podrá ser inferior al monto de la pensión mínima establecida en la Ley N° 27617, esta norma no se cumple.
¿Qué está sucediendo para que esta ley no se cumpla? ¿Por qué el MEF (léase funcionarios burócratas) no ha reglamentado la ley, si la norma misma establece que el Ministerio de Economía es el encargado de reglamentarla? Esta ley, aprobada por el Congreso de la República, fue publicada el 17 de junio de 2005 y supuestamente entraba en vigencia el 1 de enero de 2006, previa reglamentación. Efectivamente, seis meses después, el 1 de junio de 2006, el MEF publica en la sección "Normas Legales" del diario El Peruano, el Decreto Supremo N° 076-2006-EF que "establece monto de la pensión mínima para los pensionistas que perciben como única pensión la del Régimen Especial que prevé el Decreto Ley N° 21933".

Sin embargo, en el camino surgieron inconvenientes, vinculados a intereses particulares, que establecieron que la mayoría de los pensionistas ya se han beneficiado del incremento de la pensión mínima establecida en la Ley N° 27617, decisión que hasta la fecha es rechazada por los jubilados, cuyas boletas de pago, efectivamente revelan que perciben 50 nuevos soles como pensión mensual. ¿Se trata de ignorancia burocrática o de un nuevo caso de corrupción en perjuicio de los jubilados?

DEUDA AGRARIA, COMPROMISO DEL PERU

El martes pasado escribimos acerca de la urgente necesidad que tiene el gobierno para pagar los bonos de la deuda agraria, en virtud que fue contraída por el Estado hace más de 38 años y hubo el compromiso de cancelarlos en el período establecido de 30 años, cuya fecha caducó el 30 de diciembre de 2006.

El ministro de Economía ha dicho que el pago de los cupones de la deuda agraria se efectuaba a su vencimiento a través del entonces Banco Agrario, para cuyo efecto, el MEF cumplió con transferir los recursos necesarios conforme al Decreto Ley 17716, conocida como la "Ley de Reforma Agraria". Pero esta tesis no se ajusta a la verdad porque el Banco Agrario cerró en 1990 y los bonos vencieron dieciséis años después.

Si bien es cierto que la deuda agraria no fue asumida en la presente administración gubernamental, también es real que es un compromiso que el Estado asumió con los tenedores de los bonos, por lo tanto es una deuda que debe cancelarse. Es verdad que algunos de los tenedores de esos papeles cobraron el justiprecio fijado por las autoridades de entonces, porque la ley facultaba la transferencia a terceros de aquellos instrumentos financieros, pero a qué precio. Por ejemplo, un tractor valorizado en más de S/. 50,000 por sus propietarios, para el Estado el valor fue de sólo un sol.

El ministro también afirmó que en la Dirección Nacional de Endeudamiento Público del MEF no hay registro alguno respecto a los bonos de la deuda agraria. No se trata de registro o padrón alguno, sino de cumplir con el compromiso del Estado que fue pagar la deuda y en última instancia, cumplir también con la sentencia del Tribunal Constitucional que establece la cancelación de los papeles. El TC ha sentencia que el Estado (Léase gobierno de turno) asuma el pago de las indemnizaciones al valor actual. Hacer caso omiso es burlarse del ente interpretador de las leyes en el Perú.

La sentencia del TC ha sido contundente y debe acatarse. No olvidemos que esa institución es el órgano de control de la constitucionalidad, autorizada por la Carta Magna. Significa que al Tribunal Constitucional se le ha confiado la defensa del principio de supremacía constitucional, es decir, que como supremo intérprete de la Constitución, cuida que las leyes o actos de los órganos del Estado no socaven lo dispuesto por ella. Interviene para restablecer el respeto a la Constitución en general y de los derechos constitucionales en particular, en este caso de los tenedores de los bonos de la deuda agraria.

Desde esta perspectiva, pido que el Estado asuma el pago de los cupones de la deuda agraria, cumpliendo de esta manera el compromiso que se hizo con los expropiados de la reforma agraria hace más de 38 años. Sólo cuando la justicia se aplica en el sentido más lato de la palabra, podemos afirmar que somos una nación donde la seguridad jurídica es la base del desarrollo económico del país. Dejemos la política del "perro muerto" y asumamos con hidalguía los compromisos que como Estado estamos obligados a cumplir, pero sobre todo, cuando una sentencia del TC, así lo exige.

EL ESTADO DEBE ASUMIR PAGO DE BONOS DE DEUDA AGRARIA

Los diversos medios de comunicación están difundiendo las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza Ugarte, quien reveló en el Congreso de la República que el Estado no tiene registro de deuda alguna por parte de los tenedores de los bonos agrarios.

Sin embargo, al amparo de las normas legales vigentes y a los principios de justicia social, predicado por la administración del presidente Alan García Pérez, el Estado sí tiene la obligación de asumir el pago de esos bonos.

Efectivamente, de acuerdo a la Constitución Política de 1933 y la "Ley de Reforma Agraria" (DL Nº 17716), las expropiaciones por reforma agraria podían efectuarse con los denominados "Bonos de la Deuda Agraria", los cuales tenían valor nominal y efecto cancelatorio. Con la entrega de esos papeles, el Estado cumplió con cancelar la deuda por reforma agraria, surgiendo a partir de entonces una deuda de dinero contenida en los referidos bonos, los cuales eran libremente transferibles a partir de lo dispuesto en la Carta Magna de 1979.

Con el transcurrir del tiempo, algunos de esos tenedores de bonos transfirieron sus instrumentos financieros y cobraron de alguna manera lo que consideró el gobierno militar lo que habría de pagarse esos años. Otros, por el contrario, cuyas tierras fueron expropiadas y transferidas a terceros, no hicieron cobro alguno con la esperanza de rescatar sus propiedades. Son ellos a quienes el Estado debe pagarles los bonos de la deuda agraria. Algunos ya no están con nosotros, sólo sus descendientes, pero los derechos permanece iguales.

Si la administración de gobierno paga puntualmente los servicios de la deuda externa, pactos acordados por gobiernos pasados, por qué no se puede hacer lo mismo con la deuda interna. A nadie se le ocurre proponer que no se pague la deuda externa porque es responsabilidad de otros gobiernos. Los compromisos del Estados son invariables, cualquiera sea el color político de la administración de gobierno. De la misma manera, la administración García debe asumir la deuda contraída en el gobierno militar y reconocida por diversas autoridades de los gobiernos subsiguientes.

Desde esta perspectiva, el Estado debe asumir el pago de los cupones de la deuda agraria a través del Banco Agrario, cumpliendo de esta manera el compromiso que se hizo con los expropiados de la reforma agraria hace más de treinta años, cuando se les prometió el justiprecio real.

Tampoco se trata de negarse a pagar porque se canceló en papeles, sino de encontrar soluciones salomónicas para atender las demandas de este grupo de peruanos por ser de justicia social.

En tiempos de internacionalización económica y globalización social los estados basan su desarrollo en la seguridad jurídica, y el desarrollo es también actuar con justicia frente a los diversos problemas que tiene una sociedad, en el caso peruano, la deuda agraria. La debilidad o inexistencia de la seguridad jurídica también deja al descubierto prácticas de estados dictatoriales, lo cual rechazamos. De ahí la urgencia de encontrar soluciones para resolver este problema que ya lleva más de treinta años.

Además, el caso también es de justicia porque se les expropió propiedades que ellos no querían vender. Toda expropiación debe tener un fin común o bienestar social, pero en el caso de los agricultores, sus tierras simplemente fueron traspasadas a terceros. Recogiendo el espíritu bíblico de justicia, "dad al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios".