APORTES DE LA CONGRESISTA PARA LA EPS GRAU DE PIURA

Es importante destacar el rol que juegan los trabajadores cuando se unen para sacar adelante algún proyecto social que beneficie a las mayorías nacionales. Nos referimos a los trabajadores de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau del departamento de Piura, quienes al ver a su institución inmersa en un proceso concursal y lista para su concesión o privatización, decidieron asumir la defensa de la organización con competitividad empresarial, vocación de servicio, visión de futuro y trabajo en equipo.
De tal manera que la EPS Grau salió de su estado de postración, casi en la bancarrota, a uno de cuidados intensivos. Tal vez pasó lo peor, pero aún queda un largo camino por recorrer. Pero el mérito no lo tienen los directores, quienes desde Lima han pretendido liderar a la institución. Tampoco lo tiene la alta gerencia, mayormente foránea, que por desconocimiento de la idiosincrasia piurana tuvo más errores que aciertos. El mérito está en los trabajadores, quienes desde el principio consideraron a la EPS Grau como una empresa que es fuente de vida.
A raíz que a la empresa se le declaró en reestructuración patrimonial, suspendiendo a las 25 municipalidades del ámbito de su competencia por una Junta de Acreedores, la EPS Grau no puede aspirar a mejores condiciones empresariales ni ser sujeta de crédito internacional, precisamente por estar vigente el proceso concursal. Por esa razón, presenté un proyecto de ley que busca capitalizar las acreencias a favor de la empresa y ponerla al servicio de todos los piuranos.

La norma tiene por objeto la capitalización de las acreencias directas con el Fondo Nacional de Vivienda y deudas originadas por las contribuciones reembolsables derivadas de la ejecución de obras de infraestructura de saneamiento a favor de los usuarios con recursos del Fonavi. Es decir, pretendemos fortalecer el patrimonio empresarial de la EPS Grau. Sin embargo, esta decisión no exime a los directivos y funcionarios de las responsabilidades administrativas y penales en que hubieran incurrido en el ejercicio de sus funciones, especialmente ahora que existe un nuevo directorio.

El anterior directorio quiso privatizar a la empresa, aduciendo que la gestión privada es más eficiente, olvidándose que son 25 municipalidades los verdaderos accionistas de la institución y que precisamente llegó a un estado de falencia por la gestión de ellos mismos. Luego, la Junta de Acreedores optó por concesionar a la empresa, pero ante la presión social de los pobladores, se dio marcha atrás. Ahora se habla de un "contrato de gerencia", modalidad que consiste en entregarla a un operador privado que no efectuará inversión alguna, simplemente será un administrador.

Otra lucha que es mérito de los trabajadores es el recurso de amparo que hemos presentado para dejar sin efecto el mandato judicial emitido por la Corte Superior de Justicia de Piura que restablecía la cobranza de los créditos del Fonavi. Esta medida ha dado su fruto, porque el MEF suspendió por dos meses esta cobranza.

Paralelamente al recurso de amparo, también hemos presentado un proyecto de ley que excluye a las EPS la cobranza de las deudas por conexión domiciliaria con fondos financiados por el Fonavi. Cuando los trabajadores se unen por un bienestar social, aún el trabajo congresal es más productivo

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOS PUEBLOS AMAZÓNICOS

Hay lecciones importantes para aprender de lo sucedido en el conflicto social de nuestra amazonía. Una de esas lecciones es la igualdad de oportunidades que deberían tener las comunidades nativas y los pueblos originarios en el Congreso de la República, como lo tienen las mujeres en la representación nacional o ellos mismos en los gobiernos regionales.

Los tristes sucesos ocurridos en la ciudad de Bagua con la fría estadística de 33 fallecidos, un desaparecido y cerca de 550 millones de nuevos soles en pérdidas desde que se inició el paro amazónico, se hubieran evitado, si en el parlamento tuviésemos interlocutores válidos de las legítimas aspiraciones de los pueblos nativos, que hoy reclaman ser escuchados.

El artículo 12 de la Ley de Elecciones Regionales establece que las agrupaciones políticas deben presentar candidatos a la presidencia, vicepresidencia y Consejo Regional de cada provincia con un mínimo de 15 por ciento de presentantes de comunidades nativas y pueblos originarios de cada región donde existan, conforme lo determine el Jurado Nacional de Elecciones. Esta misma realidad debería reflejarse en el ámbito nacional, de tal manera, que en el Congreso de la República habría representantes de la amazonía peruana.

Es más, no tener representantes de nuestra amazonía en el parlamento significa estar en contraposición con la Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres, que establece en su primer artículo que la ley tiene por objeto garantizar a hombres y mujeres el ejercicio de sus derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía, impidiendo la discriminación en todas sus esferas.

Por esa razón, consideramos de suma importancia que en la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N° 26859) se incluya la propuesta que establece que un mínimo de 15 por ciento de representantes de comunidades nativas y pueblos originarios de cada región donde existan, conforme lo determine el Jurado Nacional de Elecciones, sean parte de los candidatos al Congreso de la República. Eso sería justo y equilibrado para una nación tan diversa como el Perú. No olvidemos que el país es un conjunto de nacionalidades y que cada una de ellas tiene su propia idiosincrasia y cosmovisión. La riqueza peruana es precisamente que es una nación pluricultural y multilingüista.

Muchos de los problemas que tenemos en la actualidad y gran parte de las limitaciones que afronta el proceso de descentralización, se deben precisamente a la falta de interlocutores válidos entre el Congreso y las diversas etnias. Con la propuesta, deseamos contribuir a solucionar parte de los futuros conflictos sociales que por falta de representatividad y de comunicación, siguen causando pérdidas económicas y deteriorando nuestra imagen como país.

Ante los sucesos de Bagua, todos reconocemos que los pueblos amazónicos son peruanos como nosotros, pero muchas veces en la práctica, este reconocimiento es nulo cuando se trata de sus derechos. De esta manera, el Congreso de la República tiene nuevamente la oportunidad de contribuir en la formación de un país sin exclusiones ni discriminaciones, donde todos somos iguales ante Dios y la ley. Con este aporte, estamos seguros que nuestro país será más unitario en medio de la pluriculturalidad.

LECCIONES DE BAGUA

Los funestos sucesos acaecidos en Bagua nos deben hacer reflexionar que en el Perú aún falta trabajar el proceso de democratización en diversos ámbitos de la población, especialmente en los grupos étnicos amazónicos, comunidades rurales y estratos urbano-marginales. Quienes creen que democracia es sufragio universal o libertad de prensa se equivocan. Lamentablemente, el caso Bagua nos deja importantes lecciones con un costo social demasiado alto.

Cuando se publicó el controvertido Decreto Legislativo 1090 el 28 de junio de 2008, norma que aprueba la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, poco se hizo para difundir los alcances de este decreto y peor aún, no se tomó en cuenta la opinión de quienes debieron participar en las consultas previas. Esta situación se prestó para muchas manipulaciones y conjeturas. Si las autoridades gubernamentales hubieran convocado a los dirigentes nativos, por competencia del tema, probablemente hoy estarían con vida los 34 peruanos entre policías y nativos, y la economía nacional no hubiera perdido más de US$ 186 millones (560 millones de nuevos soles) como consecuencia del paro amazónico. La cantidad de muertos son cifras oficiales, pero los grupos amazónicos revelan que hay más de 60 fallecidos, que sigue siendo un número aún no determinado de nativos muertos.

De esta manera los grupos amazónicos estarían informados de los alcances del decreto legislativo y no se hubiera permitido manipulaciones de caudillos que por afán electorero o compensanción económica incitaron al paro amazónico con su secuela de violencia fratricida. Los principios democráticos así lo exigen y lo demandan de quienes presiden la administración del Estado, porque se trata del gobierno del pueblo para el pueblo.

La situación es compleja para la administración García y también para las comunidades amazónicas. A pesar del estado de emergencia y toque de queda en la zona, en otros lugares hay brotes de violencia muy cercana a la subversiva combinada con el narcotráfico. No estamos acusando a nadie, pero una situación de desgobierno en la amazonía, es el insumo que necesitan los grupos antidemocráticos, donde lo único que prima es literalmente la ley de la selva.

Dos lotes de la empresa pluspetrol fueron invadidos, el aeropuerto Trompeteros, base de transporte del Lote N° 8, fue tomado, nuevas carreteras están bloqueadas y para el 11 de junio se organizan diversas manifestaciones callejeras de protesta en Lima y otras ciudades de provincias.

Ante esta situación, hacemos un llamado a las autoridades gubernamentales y grupos amazónicos a que cesen los enfrentamientos en diversas localidades, para lo cual solicitamos que se suspenda el estado de sitio en Bagua. Lamento que las autoridades no hayan tenido la capacidad de resolver el conflicto por medios pacíficos.

Otra lección que nos debe quedar en claro es que ante este problema, urge que el Ejecutivo o Congreso de la República suspenda o derogue los decretos que están generando estos enfrentamientos y que la Mesa de Diálogo conformada para ese fin haga llegar las propuestas necesarias a fin de reformar las normas de acuerdo a las necesidades que existan en la amazonía.

Nos preocupa la violencia que se está generando por esta situación, propiciada por la intolerancia y la intransigencia de quienes pueden resolver el problema con diálogo y atender de esa manera las demandas de los grupos amazónicos.

NO AL COBRO ILEGAL DEL FONAVI POR LA EPS

Ante nuevos e innecesarios conflictos sociales como consecuencia de los cobros ilegales por parte de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), he presentado un proyecto de ley que excluye la cobranza de deudas de los usuarios con el Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), porque perjudica a las empresas que prestan ese servicio, afectan la economía del público consumidor que pone en riesgo la salud pública y vulneran la paz social del país.

La norma tiene por finalidad que las EPS no asuman la cobranza de las cuotas mensuales de los trabajos financiados con recursos del Fonavi, cuyas deudas fueron asumidas por los usuarios. Propongo que para evitar perjudicar a las empresas, las EPS celebren convenios con entidades bancarias o agentes especializados en recuperación de cartera pesada. También pido la urgente derogación de las normas que se opongan a la iniciativa legislativa que por cierto no irroga costo alguno al Estado, pues la modificación está orientada a que las entidades bancarias se encarguen de la cobranza.

Esta situación está generando diversos conflictos sociales en el país, como por ejemplo en el departamento de Piura, jurisdicción a la que represento, donde la población ha decidido no pagar el recibo de agua, perjudicando directamente a la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau S. A. (EPS Grau) que por el menor ingreso que recauda, su economía empieza a caer notablemente. También perjudica a los propios usuarios, porque ante la falta de pago de los recibos de agua por parte de la población, el servicio será suspendido.

También he remitido un oficio al presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon Munaro, solicitándole una reunión de trabajo para exponerle los fundamentos de la propuesta e informarle acerca de los posibles conflictos sociales que se está generando por esta situación, perjudicando directamente a miles de familias pobres de los asentamientos humanos y convulsiona la paz social que debe reinar en nuestro país.

Es importante para mí tener la responsabilidad de contribuir a resolver este problema, atendiendo los reclamos de la sociedad civil, alcaldes y autoridades que han recurrido a mi despacho parlamentario por este tema. Por esa razón, pediré al premier que mediante un Decreto de Urgencia disponga la suspensión de la cobranza de los saldos deudores por concepto de conexión domiciliaria de obras de infraestructura urbana básica de agua potable y alcantarillado, de las personas beneficiarias de préstamos otorgados con recursos del Fonavi.

Hay un riesgo ante la renuencia de los usuarios para pagar las cuotas de Fonavi en los recibos de agua, en virtud que el gobierno ha venido condonando deudas, conforme a la Ley Nº 27044 que extingue las deudas de electrificación y sustitución de la contribución de Fonavi por el Impuesto Extraordinario de Solidaridad. Incluso, mediante el Decreto de Urgencia Nº 016-2000, se dispuso la constitución de una comisión multisectorial encargada de realizar una evaluación de la situación de los préstamos del Fonavi otorgados a personas naturales para la ejecución de obras de infraestructura básica de electrificación y saneamiento, y poco se ha avanzado hasta la fecha. No olvidemos que hay 42,170 familias piuranas que están esperando soluciones a sus problemas y dispuestas a salir a las calles para reclamar justicia.

JUBILADOS EN LA AGENDA PENDIENTE

Escribir acerca de los jubilados es adelantarnos un poco a nuestras vidas, porque tarde o temprano, estaremos en esa situación. En el Callao existe un grupo de 950 personas, agrupados bajo el nombre de "Fondo de derechos adquiridos del ex sistema asistencial de estibadores" conocido simplemente como Fodasa. En realidad, no todos son jubilados, sino también lo integran los sobrevivientes y derivados por viudez, invalidez y orfandad.

Desde hace 13 años no perciben aumento de sus remuneraciones, siendo éstos entre 50 y 240 nuevos soles. Sí, tal como lo leen. Hay personas que perciben 50 nuevos soles mensuales, muy por debajo de una pensión digna que en un estado de derecho como el que predica el actual mandatario, que cada día reclama justicia social para todos, desdibuja las buenas intenciones de quienes nos gobiernas. Por lo que vemos en la realidad, la justicia aún no llega al Fodasa, existiendo 950 razones que reclaman una justa y digna remuneración.

El Fodasa es un fondo de trabajadores jubilados y pensionistas creado por Ley N° 21933 y es una pensión complementaria a la de la seguridad social que antes se regía por los aportes de los jubilados activos y jubilados derivados como viudez, orfandad e invalidez. Desde 1996 no reciben incremento alguno en sus haberes y han solicitado mediante el Congreso de la República la nivelación de sus pensiones de acuerdo con la Ley N° 27617.

Ellos siempre han contribuido con sus aportes. Desde que se disolvió el sistema laboral marítimo en 1991 (Decreto Supremo 054-91-PCM), ellos siguieron con sus contribuciones de manera privada hasta que mediante el Decreto Supremo 25702 de 1992, se eliminó el derecho a las navieras a seguir aportando.

No obstante, a la Ley N° 28550 que establece que el monto de la pensión mínima para los pensionistas del Régimen Especial del Decreto Ley N° 21933, incorpora a los estibadores del Régimen de Prestaciones de Salud que administra el SSP – Fodasa, no podrá ser inferior al monto de la pensión mínima establecida en la Ley N° 27617, esta norma no se cumple.
¿Qué está sucediendo para que esta ley no se cumpla? ¿Por qué el MEF (léase funcionarios burócratas) no ha reglamentado la ley, si la norma misma establece que el Ministerio de Economía es el encargado de reglamentarla? Esta ley, aprobada por el Congreso de la República, fue publicada el 17 de junio de 2005 y supuestamente entraba en vigencia el 1 de enero de 2006, previa reglamentación. Efectivamente, seis meses después, el 1 de junio de 2006, el MEF publica en la sección "Normas Legales" del diario El Peruano, el Decreto Supremo N° 076-2006-EF que "establece monto de la pensión mínima para los pensionistas que perciben como única pensión la del Régimen Especial que prevé el Decreto Ley N° 21933".

Sin embargo, en el camino surgieron inconvenientes, vinculados a intereses particulares, que establecieron que la mayoría de los pensionistas ya se han beneficiado del incremento de la pensión mínima establecida en la Ley N° 27617, decisión que hasta la fecha es rechazada por los jubilados, cuyas boletas de pago, efectivamente revelan que perciben 50 nuevos soles como pensión mensual. ¿Se trata de ignorancia burocrática o de un nuevo caso de corrupción en perjuicio de los jubilados?

DEUDA AGRARIA, COMPROMISO DEL PERU

El martes pasado escribimos acerca de la urgente necesidad que tiene el gobierno para pagar los bonos de la deuda agraria, en virtud que fue contraída por el Estado hace más de 38 años y hubo el compromiso de cancelarlos en el período establecido de 30 años, cuya fecha caducó el 30 de diciembre de 2006.

El ministro de Economía ha dicho que el pago de los cupones de la deuda agraria se efectuaba a su vencimiento a través del entonces Banco Agrario, para cuyo efecto, el MEF cumplió con transferir los recursos necesarios conforme al Decreto Ley 17716, conocida como la "Ley de Reforma Agraria". Pero esta tesis no se ajusta a la verdad porque el Banco Agrario cerró en 1990 y los bonos vencieron dieciséis años después.

Si bien es cierto que la deuda agraria no fue asumida en la presente administración gubernamental, también es real que es un compromiso que el Estado asumió con los tenedores de los bonos, por lo tanto es una deuda que debe cancelarse. Es verdad que algunos de los tenedores de esos papeles cobraron el justiprecio fijado por las autoridades de entonces, porque la ley facultaba la transferencia a terceros de aquellos instrumentos financieros, pero a qué precio. Por ejemplo, un tractor valorizado en más de S/. 50,000 por sus propietarios, para el Estado el valor fue de sólo un sol.

El ministro también afirmó que en la Dirección Nacional de Endeudamiento Público del MEF no hay registro alguno respecto a los bonos de la deuda agraria. No se trata de registro o padrón alguno, sino de cumplir con el compromiso del Estado que fue pagar la deuda y en última instancia, cumplir también con la sentencia del Tribunal Constitucional que establece la cancelación de los papeles. El TC ha sentencia que el Estado (Léase gobierno de turno) asuma el pago de las indemnizaciones al valor actual. Hacer caso omiso es burlarse del ente interpretador de las leyes en el Perú.

La sentencia del TC ha sido contundente y debe acatarse. No olvidemos que esa institución es el órgano de control de la constitucionalidad, autorizada por la Carta Magna. Significa que al Tribunal Constitucional se le ha confiado la defensa del principio de supremacía constitucional, es decir, que como supremo intérprete de la Constitución, cuida que las leyes o actos de los órganos del Estado no socaven lo dispuesto por ella. Interviene para restablecer el respeto a la Constitución en general y de los derechos constitucionales en particular, en este caso de los tenedores de los bonos de la deuda agraria.

Desde esta perspectiva, pido que el Estado asuma el pago de los cupones de la deuda agraria, cumpliendo de esta manera el compromiso que se hizo con los expropiados de la reforma agraria hace más de 38 años. Sólo cuando la justicia se aplica en el sentido más lato de la palabra, podemos afirmar que somos una nación donde la seguridad jurídica es la base del desarrollo económico del país. Dejemos la política del "perro muerto" y asumamos con hidalguía los compromisos que como Estado estamos obligados a cumplir, pero sobre todo, cuando una sentencia del TC, así lo exige.