martes, 9 de diciembre de 2008

SESENTA AÑOS DE DERECHOS HUMANOS UNIVERSALES

El 10 de diciembre se cumplieron sesenta años de la Declaración Universal de los Derechos humanos, suscrita en 1948 por los países miembros de la recién creada ONU. Este documento es muy importante para todos nosotros, ciudadanos del mundo. Consagra un conjunto de derechos que sirven de referencia programática para unas sociedades y un mundo más humanos.

La Declaración ha proclamado derechos para todos los ciudadanos del orbe, no importa el régimen político o económico ni la religión de sus países. Tampoco importa su condición social o el color de su piel. Por eso se llama universal.

Un primer grupo de los derechos de la Declaración son los derechos políticos y civiles. Son los que consagran las libertades políticas y religiosas, así como el derecho ciudadano a participar en el gobierno. También colocan límites a la acción de los poderes del Estado para que las arbitrariedades no anulen las libertades. A estos derechos se les llama de primera generación, pues históricamente surgieron con el pensamiento liberal, antes que los otros derechos.

Los derechos de segunda generación, que también figuran en la Declaración Universal, son los llamados económicos, sociales y culturales, que surgieron a la luz de los aportes de los pensadores sociales. Allí aparecen el derecho al trabajo, a la remuneración decente, a la organización sindical, a la seguridad social, a la atención médica, a una educación adecuada, a las libertades culturales y a la protección de la creación artística o científica.

Posteriormente a la Declaración de 1948 han surgido otros tipos de derechos, llamados de tercera o hasta de cuarta generación, entre los cuales figuran los derechos de los pueblos originarios, los derechos ambientales o las libertades contra toda forma de discriminación, y no solamente contra el racismo. Varios de esos derechos también han sido consagrados por convenios de Naciones Unidas, como los de la OIT.

La Declaración tuvo un antecedente dentro de la ONU que fue la formación, en 1946, de la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Fue esta Comisión la que se encargó de desarrollar los trabajos concernientes a la elaboración de la Declaración, previos a su aprobación. Estuvo presidida entonces por una notable mujer, Eleanor Roosevelt.

Eleanor Roosevelt no era una experta en temas jurídicos. Pero tenía una gran experiencia política, proveniente de su gran activismo en temas de derechos civiles, sociales y educativos desde los años 20. Esposa del presidente Franklin D. Roosevelt, lo acompañó en sus campañas políticas pero ella tuvo las propias de manera muy destacada: promovió el voto de las mujeres, los derechos para los negros y los programas educativos para los jóvenes.

En 1948, 10 de diciembre, después de conducir a un grupo de expertos, la Sra. Roosevelt presentó la Declaracion Universal ante la Asamblea General de la ONU. Sesenta años después, sus mandatos todavía no son una plena realidad, pero es celebrada en todo el mundo por su condición de guía para la acción.

Columna "CUESTIÓN PREVIA". Diario Expreso


Publicado el martes 9 de diciembre de 2008

LA UNIDAD DEBE PRIMAR EN PIURA

Hace unos días, el principal tema del Congreso fue la Ley del Presupuesto General de la República. Como congresista por Piura tenia particular interés en el financiamiento para el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura (PEIHAP).

Como se sabe, a este debate asiste todo el gabinete de ministros, encabezado por el premier, quien se encarga de sustentar los términos generales del Proyecto de Presupuesto, mientras cada ministro sustenta lo que corresponde a sus respectivos sectores.
Para este momento ya habíamos presentado, junto con otros congresistas piuranos, una propuesta para que el Proyecto de Presupuesto incluya la partida de 75 millones de nuevos soles necesarios para financiar el PEIHAP. En los días anteriores habíamos comprometido el apoyo del premier, del presidente del Congreso y de la Comisión de Presupuesto del Congreso.

Cuando el premier Yehude Simon ya estaba terminando su exposición, la partida para el Alto Piura no había sido mencionada todavía. En ese momento pedimos una interrupción y le recordamos al premier su compromiso. En su respuesta confirmó que esa partida estaba incluida.
El día viernes 28, después de algunas discrepancias por otros temas entre el Ministerio de Economía y la Comisión de Presupuesto, finalmente quedó aprobada le Ley de Presupuesto. En su texto figura la disposición complementaria siguiente:
“SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA.- Autorízase al Ministerio de Economía y Finanzas incluir en el Presupuesto General de la República para el Año Fiscal 2009, el monto de S/. 75’000,000.00 (Setenta y cinco millones y 00/100 de Nuevos Soles) que aseguren al flujo futuro para la ejecución del Componente I – Obra Pública del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura declarado de necesidad y utilidad pública mediante Ley Nº 29193, dejando sin efecto el Decreto Supremo Nº 059-2007-EF que conforma la Comisión Multisectorial y el Informe de la citada Comisión Multisectorial. La presente autorización está supeditada a la aprobación del respectivo expediente técnico”.
Con esto Piura había ganado una batalla para que se haga realidad uno de sus más importantes proyectos de desarrollo. Ya está colocado el financiamiento en el Presupuesto. Corresponde ahora que el gobierno regional demuestre fehacientemente que no hay expedientes técnicos pendientes.

Tras este logro nos toca sacar una lección. Obtuvimos una victoria porque pudimos actuar unidos las organizaciones sociales, los alcaldes del Alto Piura, los congresistas piuranos, el gobierno y también nos acompañaron algunos medios de la región. Incluso fue necesaria una acción de lucha, un paro en el Alto Piura.
Esta es la forma en que debemos actuar de ahora en adelante para hacer realidad otras aspiraciones de la región. Todavía hay mucho por hacer. Pero si lo hacemos unidos y somos siempre leales al pueblo de Piura, avanzaremos mejor y más rápido. Ese es mi llamado ahora a todos los que representan a nuestra región.
Columna "CUESTION PREVIA". Diario EXPRESO
Publicado el martes 2 de diciembre de 2008

jueves, 20 de noviembre de 2008

ALTO PIURA: LO QUE DEBE ACORDARSE CON EL PREMIER

Para este miércoles 19 ya está programada en la agenda del primer ministro Yehude Simon la reunión que le solicitamos ver el tema del proyecto hidroenergético del Alto Piura. Un proyecto que tiene por lo menos 45 años de espera y que ya es hora de que, por lo menos en su primera parte, se ejecute de una buena vez.

En esta reunión participarán los representantes del frente de defensa del Alto Piura, del Gobierno Regional, diversos alcaldes provinciales y distritales, colegios profesionales y líderes agrarios de Piura. Sobre el tema del proyecto del Alto Piura hay dos puntos que deben ser resueltos con urgencia.

Uno de ellos es la versión que dio el premier Simon en el Congreso de que el gobierno regional no había presentado aún el llamado expediente técnico.

El gobierno regional sostiene que ya ha presentado el resumen de este expediente técnico a las instancias correspondientes del Ejecutivo. Agrega que eso es suficiente pues únicamente corresponde al gobierno regional conocer el expediente completo, dado que la licitación de las obras es competencia suya. Eso es lo que el gobierno regional ha expresado al premier Simon.

Este primer punto tiene que ser definitivamente aclarado, acordado y superado con prontitud entre el premier y el gobierno regional

El segundo punto es la fuente de financiamiento para la primera parte de las obras del proyecto. Para el año 2008, se aprobó que una parte importante de dicho financiamiento provendría de fuente externa, es decir de un crédito externo.

El problema es que la ruta del endeudamiento externo es demasiado larga. El MEF no avanzó en eso este año argumentando, justamente, que el gobierno regional no había presentado los estudios técnicos. Por otro lado, esta ruta se ha complicado más por los problemas financieros internacionales. Por ello la solución más rápida y efectiva es que el financiamiento mencionado provenga del Presupuesto General de la República.

Así es como se debió haber hecho para el año 2008. El Estado culminó el año 2007 con un superávit fiscal de 10 mil 500 millones de soles. El monto que se colocó para buscar crédito externo era de 40 millones de dólares, o sea unos 130 millones de soles. Apenas el 1.2 por ciento del mencionado superávit, y por lo tanto bien pudo haber sido afrontado con el presupuesto de la república y así es como debiera ser ahora.

Por lo tanto, esperamos que de la reunión entre los representantes por Piura y el primer ministro salgamos con dos puntos acordados:

1) Que el gobierno regional y poder ejecutivo resuelvan a la brevedad su discrepancia respecto a si falta algún expediente. Debe recordarse que ya hay el decreto supremo 055 que señala que el proyecto ya cuento con suficientes estudios de factibilidad.
2) Que el financiamiento que este año se dispuso que iba a ser buscado mediante endeudamiento externo sea colocado en el presupuesto general de la república, para no dilatar mas su ejecución.

Publicado el martes 11 de noviembre.

martes, 4 de noviembre de 2008

ALTO PIURA: IRRIGACIÓN AHORA

Proyectos de irrigación para beneficio de Piura existen desde 1890. En el siglo XX. nombres de parlamentarios como Hildebrando Castro Pozo, en los años treinta y cuarenta, y Ricardo García Figallo, en los años sesenta, figuran entre los promotores de esos proyectos ante las cámaras de representantes.

Es triste recordar que no fueron los gobiernos democráticos los que comenzaron a ejecutar esos proyectos. Es lamentable que se comenzaran a hacer realidad con gobiernos no democráticos. Así fue la irrigación San Lorenzo, ejecutado por el gobierno de Manuel Odría, y con la irrigación del Chira Piura, ejecutado por el gobierno de Juan Velasco Alvarado. Tuvieron que venir estos presidentes de uniforme para que se comenzaran a hacer esos proyectos. Los gobiernos democráticos los continuaron, pero a veces las democracias y sus congresos se pasan de distraídas, pierden legitimidad y aparecen los gobierno de facto como alternativa.

Ahora tenemos pendiente, desde hace mucho tiempo, un proyecto de irrigación para Piura que es el del Alto Piura. Tiene un componente de irrigación y otro de generación de energía eléctrica. Tiene antecedentes desde 1963 cuando el entonces diputado Ricardo García Figallo, presentó una propuesta de ley para usar las aguas del río Huancabamba para irrigar el alto Piura. Ese parlamento terminó y el proyecto no fue aprobado.

En 1980, de vuelta a la democracia, los representantes por Piura presentaron un nuevo proyecto con similares propósitos. Digamos, para descargo de nuestros gobiernos democráticos anteriores, que en esos años se comenzó a atender la antigua demanda, pero de manera muy tímida. Se hizo la reserva de agua y se constituyó una autoridad autónoma a fines de los años 80. En el gobierno de los 90, sin embargo, esa autoridad autónoma fue disuelta y el proyecto se congeló.

Después del 2003 tenemos otra vez una autoridad autónoma y las correspondientes reservas de agua. Hay estudios de factibilidad ya hechos. En el 2006 INRENA señala que hay suficiente agua para que no se afecte Olmos. Por eso, en 2007 un decreto supremo exoneró de estudios de factibilidad a las primeras obras : una presa y un túnel de trasvase.

En el 2007 los representantes por Piura demandamos que el financiamiento de estas obras se incluyan en el Presupuesto de la República para el 2008. Se nos concedió que se considerase en la ley de endeudamiento de externo y a inicios de este año se declaró a dichas obras como de necesidad y utilidad públicas. Sin embargo, este asunto está paralizado por nuevas exigencias que ha hecho una comisión liderada por el MEF al gobierno regional.

El proyecto del Alto Piura, en esta primera parte, dará 15 mil hectáreas cultivables nuevas en la zona de impacto, beneficiaría a unos 14 mil agricultores y sus respectivas familias, reducirá pobreza, y aumentara la oferta exportable de frutas y cítricos de la región. No es posible que se siga demorando más su ejecución, y, en este caso, la búsqueda de su financiamiento.
Publicado en el diario EXPRESO.
Columna "Cuestión Previa". Martes 4 de noviembre de 2008

jueves, 30 de octubre de 2008

HACIA EL PARLAMENTO DE LA UNIÓN DE SURAMERICANA

El dia 17 de octubre se realizó en Cochabamba, Bolivia, una reunión de representantes de los Legislativos de los 12 países que conforman la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR. El objetivo de la reunión fue el de generar avances en el proceso de conformación del Parlamento Suramericano, como parte de los acuerdos de integración que han venido alcanzando los presidentes de esos 12 países.

Asistí a esta a esta reunión por encargo de la mesa directiva de nuestro Congreso de la República. El evento fue inaugurado por los presidentes Evo Morales y Michelle Bachelet, esta última a cargo de la presidencia pro témpore de UNASUR. Parte del evento consistió en la colocación de la primera piedra para la construcción de la sede del Parlamento Suramericano, que estará ubicado en Bolivia.

El principal acuerdo de la reunión fue la conformación de una mesa de trabajo que elabore una propuesta sobre las competencias, características y funcionamiento de dicho Parlamento regional. Dicha mesa de trabajo estará conformada por 2 representantes del Poder Legislativo de cada país, más representantes de los parlamentos subregionales: Andino, MERCOSUR, Amazónico e Indígena.

Los dos representantes de cada Poder Legislativo y los representantes de los parlamentos subregionales deberán ser elegidos en el plazo de los próximos 45 días. La mesa de trabajo deberá comenzar a elaborar su propuesta dentro de 90 días, en coordinación con el consejo de delegados de UNASUR.

La propuesta mencionada deberá ser puesta en conocimiento de los presidentes de la región, para su aprobación en ese nivel. Después será votada en los Congresos para su aprobación definitiva.

Como se ve, este será un proceso que tomará algún tiempo y que tendrá sus complejidades. Sin embargo, es indudable la trascendencia que tiene, ahora más que nunca, la conformación de UNASUR y ahora el proceso de conformación de su Parlamento.

La integración sudamericana tiene un enorme potencial económico y político. Si logramos una significativa integración económica, podremos ser, juntos, la quinta potencia mundial en términos de producción. Nuestro mercado interno, medido como cantidad de habitantes, seria el cuarto en tamaño en el mundo.

En una época en que el agua, los bosques y la producción de alimentos han ganado más importancia para el bienestar de los pueblos, Suramérica los tiene en mayor disponibilidad que otras regiones. La viabilidad de nuestra integración, por otro lado, está facilitada por las reconocidas afinidades culturales, idiomáticas, religiosas e históricas.

En el terreno político, los países de UNASUR ya han hecho sentir su gravitación cuando han actuado de consuno frente a determinados problemas. Fue así cuando ayudaron, después de su encuentro en Santiago de Chile, a resolver la crisis política reciente en Bolivia, la misma que ahora se encamina a una solución firme.

Son estas poderosas razones, y se podrían mencionar muchas más, las que le dan sentido a UNASUR. La conformación de su Parlamento exigirá de consensos y de diálogos muy esforzados. Pero el ideal integracionista lo justifica. Debemos plasmarlo, pues una mirada realista del mundo actual señala su vital importancia.

Publicado el martes 28 de octubre de 2008
Diario EXPRESO. Columna "Custión Previa".

jueves, 23 de octubre de 2008

EL VOTO PREFERENCIAL DEBE MANTENERSE

Muy pronto el Pleno del Congreso estará decidiendo sobre el voto preferencial. Este derecho ciudadano debe mantenerse, especialmente mientras no haya una verdadera democracia interna en los partidos políticos. Si eso no ocurre, los ciudadanos deben conservar su derecho de votar no solamente por una lista de candidatos, sino de marcar cuáles son sus candidatos de preferencia.

El voto preferencial, como todo derecho ciudadano, puede ser mal usado. Algunos lo han usado para poner por delante sus candidaturas individuales y poner en segundo plano a sus movimientos políticos. Pero el mal uso de un derecho no puede ser un argumento para eliminar el derecho. La misma democracia ha sido mal usada y distorsionada muchas veces, pero eso no es una razón para eliminarla.

El voto preferencial sirve para que los ciudadanos contrapesen el poder de las dirigencias en la conformación de las listas de candidatos. Sabemos que falta mucho por avanzar en cuanto a democracia interna partidaria. Las dirigencias siguen siendo determinantes en la ubicación de los candidatos en las listas. El contrapeso es que los ciudadanos pueden modificar esa ubicación al marcar sus opciones con el voto preferencial.

Este derecho no elimina la natural influencia que tienen las dirigencias partidarias respecto a la conformación final de sus bancadas. Revisando las elecciones del 2006, encontramos que 74 de los 120 congresistas elegidos tuvieron en sus listas el mismo lugar que terminaron teniendo después de la votación. La incidencia del voto preferencial ocurrió en el caso de 36 candidatos cuya posición fue mejorada y salieron electos gracias al voto preferencial.

Por otro lado, el voto preferencial hace más transparente cuáles candidatos tiene respaldo electoral y cuáles tienen poca acogida. Es uno de los mecanismos que puede servir a un partido para saber cuándo acierta y cuándo falla en la conformación de sus listas.

Cabe señalar una importante cuestión de género. El voto preferencial tiende a mejorar las posibilidades de las candidatas mujeres para acceder al Congreso, pues la cuota de género se cumple pero colocando a las mujeres en los lugares inferiores de las listas.

Los que propugnan eliminar el voto preferencial dicen que ha sido un factor del transfuguismo y de la debilidad de los partidos. Bien sabemos que las causas son otras. Las rupturas de varias bancadas, los conflictos internos en otras y la pésima imagen de los partidos tienen causas muy distintas del voto preferencial. No le achaquemos a un derecho ciudadano las deficiencias de los liderazgos partidarios.

Finalmente, mientras no esté institucionalizada una efectiva democracia interna en los partidos, es falso que la eliminación del voto preferencial vaya a disminuir los conflictos internos en los partidos. Al contrario van a aumentar las pugnas preelectorales para lograr los primeros lugares de las listas partidarias.

Son otras reformas electorales las que deben ser priorizadas. Por ejemplo, que sean los organismos electorales nacionales los que se hagan cargo de las elecciones internas de los partidos. O la reforma del Congreso, para reducir la duración del mandato congresal y el tamaño de las circunscripciones. Esto sí tendría un efecto democratizador y a la vez mejoraría la vida partidaria.
Publicado en el diario EXPRESO de Lima.
Columna "Cuestión Previa" - Martes 21 de octubre de 2008

miércoles, 15 de octubre de 2008

EL EX PREMIER AÚN DEBE EXPLICACIONES

El congresista Jorge del Castillo, ahora ex primer ministro, aún tiene que aclarar varias cosas sobre su actuación con relación a Rómulo León y al dominicano Fortunato Canaán.
En los últimos días ha dicho que sus reuniones con León han sido “una tontería” y ha pedido disculpas por ello. Pero hay indicios de que en sus reuniones con esas personas ha incurrido en trasgresiones a la ley, y eso no se puede pasar por alto así nomás, con algunos golpecitos de pecho.

Toda la información respecto a León y Canaán indica que estos eran lobbistas informales, es decir ilegales, a favor de empresas como Discover Petroleum u otras. Lobbistas porque gestionaban asuntos de interés de esa empresa o de otras ante funcionarios de la administración pública. Ilegales, porque no estaban registrados ante la oficina correspondiente de Registros Públicos, que es lo que manda la ley 28024 también llamada ley de lobby.

El congresista Del Castillo hasta ahora no ha precisado cuántas veces se ha reunido con el señor Canaán. En su última entrevista de este pasado domingo con el periodista César Hildebrandt ha dicho que pueden haber sido cinco veces. Una de ellas, en un desayuno “de trabajo” con Canaán en el hotel Country.

DelCastillo, por otro lado, después que se conocieron los primeros audios se ha demorado en reconocer cuán estrecha era su relación con Rómulo León. Tuvo que darse a conocer un video donde aparece inaugurando el negocio de un pariente de León para que admitiera esa cercanía. Lo que sí ha admitido es que, en sus reuniones “de trabajo” con Canaán, también estuvo León, ambos en calidad de representantes de Discover.

El problema es que la ley 28024 manda que cuando un funcionario público se reúne con gestores de intereses privados, para tratar temas de interés de la empresa privada representada por esos gestores, ese funcionario tiene que dar cuenta de esa reunión, y de los temas tratados, a la oficina respectiva de Registros Públicos. El congresista Del Castillo no lo ha hecho y sólo ha informado de esas reuniones a raíz de la revelación de los audios.

Pero hay más todavía, pues no está dentro de las funciones del presidente del Consejo de Ministros el tener reuniones particulares con representantes de empresas específicas para ver asuntos referidos a contratos de inversión extranjera, ni en el sector petrolero ni en ningún sector. Eso no figura ni en la Constitución, ni en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo ni en el Reglamento de Organización y Funciones de la PCM. Por tanto, el ex premier habría desbordado sus funciones y tendría que dar cuenta de ello.

Como se sabe, el ex primer ministro, antes de que se conociera su renuncia se presentó intempestivamente con todo el gabinete ante el pleno del Congreso para exigir que se escuchen sus explicaciones sobre el escándalo causado por los audios. La presidencia del Congreso, y no solamente la oposición, no se lo permitieron porque su presentación a rendir explicaciones ya estaba programada justamente para hoy día. Incluso una parte de la bancada aprista rechazó la abrupta aparición del gabinete.

Frente a su inminente censura, el ex premier optó por renunciar. Volverá a su escaño, pero aún tiene que dar explicaciones por situaciones como las ya señaladas. Tiene que hacerlo no sólo ante la ciudadanía y el Congreso, sino ante los propios apristas de base. Los golpecitos de pecho no son suficientes.




Publicado el martes 14 de octubre de 2008.
Diario EXPRESO. Columna: "Cuestión Previa".

sábado, 11 de octubre de 2008

EL ALTO PIURA Y EL NUEVO "PREMIER"

Se ha anunciado que el nuevo presidente del Consejo de Ministros será el señor Yehude Simon Munaro, actual presidente regional de Lambayeque.

En sus primeras declaraciones, el señor Simon ha declarado que no renunciará a su cargo de presidente regional, que pedirá licencia, y que continuará acompañando a la conducción del gobierno regional de Lambayeque.

Para los piuranos, y para los intereses regionales de Piura, la designación del señor Simon como presidente del consejo de ministros es un asunto de especial interés puesto que hay algunos temas pendientes que son de preocupación tanto para Piura como para Lambayeque.

Cabe destacar, entre otros temas, el proyecto de irrigación del Alto Piura, cuyo financiamiento aún no ha sido resuelto del todo. Este proyecto despierta interés tambien en Lambayeque puesto que las aguas a utilizar son las del río Huancabamba, que también provee las aguas al proyecto Olmos.

Dado que el señor Simon tiene una reputación de líder dialogante y preocupado por el desarrollo regional, los congresistas de Pîura le haremos saber de la justa demanda regional piurana por proyectos como el de la irrigación del Alto Piura. También de nuestra expectativa para que esa demanda y su respectiva solución sean de una vez atendidas por el Ejecutivo. Esperamos que el presidente regional de Piura nos acompañe decididamente en esa demanda.

Siendo, ahora, presidente del consejo de ministros, al señor Yehude Simon le corresponderá atender con ponderación y justicia las demandas de las regiones, sin parcializarse con su región de proveniencia.

Por eso, preocupa que el señor Simon haya declarado que actuará a la vez como primer ministro y como autoridad regional, aunque sea con licencia. Creemos que su cargo en el Ejecutivo lo obliga ahora actuar exclusivamente como "primer ministro" y a atender sin parcialidades a todas las regiones.

Por lo demás, cabe señalar que sin la organización y la movilización de los piuranos, y en especial del frente de defensa del Alto Piura, será difícil que se realicen debidamente los proyectos que anhelamos.


Publicado en el periódico CERTEZA
Sábado, Octubre 11, 2008

lunes, 6 de octubre de 2008

SE FUE EL MINISTRO ¿O TAMBIÉN EL GABINETE?

Rómulo León Alegría y Alberto Químper Herrera, apristas o apristones, han generado más inestabilidad para el gobierno que el paro que la CGTP y los frentes regionales han convocado para el día de hoy martes.

En efecto, la revelación de los afanes turbios de ambos personajes, registrados en los audios del fin de semana, ya causaron la destitución del ministro Juan Valdivia y esta caída ha arrastrado al presidente de Petroperú, César Gutiérrez. Probablemente habrán más caídas en estos días.

El ministro Valdivia tenía que salir por dos razones: por su responsabilidad política en el nombramiento de Quimper como alto funcionario de Perúpetro, y porque él mismo tiene que ser investigado respecto a si estuvo involucrado en las trapisondas denunciadas. Valdivia ya aceptó inmolarse políticamente hablando.

Ahora bien, un personaje de este escándalo es Rómulo León Alegría. Este fue procesado judicialmente por casos de corrupción ocurridos durante el primer gobierno aprista. Al parecer fue absuelto y se le permitió retornar al partido. Incluso se inscribió como precandidato en la elección interna de la lista aprista para el Congreso actual. Pero hubo apristas que impugnaron su candidatura, precisamente por su mala fama. Y obtuvieron que se lo saque de competencia.

Ahora se ha hecho evidente, en una serie de detalles, que, a cambio, el ahora Presidente García sí le permitió a León mantenerse cercano a él y a una parte de su entorno. Por otro lado, el otro allegado al Presidente es el propio Químper, quien ha sido abogado suyo.

Para mayor información, el 2006 se informó que León Alegría se reunió con un prófugo de la justicia por sus estrechos vínculos con Vladimiro Montesinos. En su momento, los dirigentes apristas, incluido el actual premier Del Castillo, minimizaron el asunto y León continuó vinculado al aprismo y, ahora lo sabemos, a algunas altas esferas del actual gobierno.

De manera que se puede señalar un grave exceso de permisividad de los conductores de este gobierno, incluido el Presidente, con personajes muy poco recomendables. Luego del escándalo, han salido a destituir a uno y a pedir que procesen al otro. Pero previamente les permitieron merodear por donde no deberían. Allí hay una responsabilidad política que va más arriba del ahora ex ministro Valdivia.

Este escándalo se suma al pésimo desempeño del gobierno en los últimos meses. A sus imprevisiones, desaciertos y falta de respuestas frente al deterioro de la economía y los conflictos sociales y al desplome de su legitimidad frente a la opinión pública.

En circunstancias así, la democracia suele refrescarse, desfogar tensiones y protegerse produciendo el cambio de los responsables del mal rumbo. No puede ser el Presidente, pues así tenga alguna responsabilidad política no ha incurrido en las causales constitucionales. Pero el Sr. García debe recibir una clara señal de que el país no acepta que se haya permitido tanta infiltración de turbiedades ni la ruta incierta y conflictiva que ha escogido para gobernar.

El que debe asumir el costo es el gabinete. El primer ministro debe renunciar, de la mano con el gabinete, pues ya no cuenta con la confianza política del país y eso es suficiente. Si las decisiones no vienen del Ejecutivo, corresponderá al Congreso decidir al respecto.
Diario Expreso. Columna "Cuestión Previa"
Publicada el martes 7 de octubre de 2008.

DERECHO A LA BUENA REPUTACIÓN DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

César Hildebrandt, en una de sus columnas opina “que la prensa peruana empezó su decadencia el día en que se divorció de la inteligencia, de la universidad y de ciertos ideales que querían cambiar las cosas”. Se preguntaba ¿cómo se ha ido apartando la prensa de la buena fe de la gente y por qué lo que ayer era seguridad, hoy es incertidumbre? Afirma que la intromisión grosera de “la propiedad” ha convertido a muchos “directores” en ujieres y a ciertos periodistas en “cronistas de lo que no ocurrió, pero que sirve al propósito bastardo de los propietarios”.

Es cierto que el inciso Cuarto del Artículo 2.° de la Constitución reconoce las libertades de expresión e información. Aun cuando históricamente la libertad de información surgió en el seno de la libertad de expresión, a veces es difícil diferenciar una de la otra. La Constitución las ha reconocido de manera independiente y son dos derechos diferentes con objeto de protección distinta cada uno.

La libertad de expresión garantiza que las personas puedan trasmitir y difundir libremente sus ideas, pensamientos, juicios de valor u opiniones, y son de naturaleza subjetiva. La libertad de información, en cambio, garantiza un complejo haz de libertades, que, conforme enuncia el Artículo 13º de la Convención Americana de Derechos Humanos, comprende las libertades de buscar, recibir y difundir informaciones de toda índole. Estos hechos noticiosos sí pueden ser objetivos y contrastables.

En el ejercicio del derecho de información, algunos sectores del periodismo, sin querer, están violando sistemáticamente el derecho al honor y a la buena reputación, a la intimidad personal y familiar, así como a la buena imagen que la Constitución garantiza a todos los peruanos.

El Tribunal Constitucional, mediante la sentencia recaída en el Expediente Nº 0446-2002-AA/TC, ha señalado que el honor forma parte de la imagen del ser humano, (...) forma parte de los derechos fundamentales protegidos por el inciso Siete del Artículo 2º de la Constitución Política, y está estrechamente vinculado con la dignidad de la persona; su objeto es proteger a su titular contra el escarnecimiento o humillación, ante sí o ante los demás, incluso frente al ejercicio arbitrario de las libertades de expresión o información, puesto que la información que se comunique, en ningún caso puede resultar injuriosa o despectiva.

Sin embargo, aunque la buena reputación se refiera, en principio, a los seres humanos, ésta no es un derecho con carácter exclusivo de los ciudadanos, sino también de las personas jurídicas e instituciones, de otro modo, el desconocimiento hacia estos últimos podría ocasionar que se deje en una situación de indefensa constitucional contra la "imagen" que tienen frente a los demás o ante el descrédito de terceros de toda organización creada por los individuos.

La mala conducta y comportamiento denigrante de algunos integrantes del Congreso de la República, no justifica para nada, los calificativos humillantes, injuriosos y despectivos contra una institución importante para el sistema democrático del país. Es por ello, que debemos tener la responsabilidad concertada de toda la ciudadanía en defender, reformar y fortalecer el Congreso como institución irremplazable en su tarea de discutir los grandes asuntos de la sociedad y del Estado.
Diario EXPRESO. Columna "Cuestión Previa"
Publicada el martes 30 de setiembre de 2008.

martes, 23 de septiembre de 2008

FUERZAS ARMADAS, ABUSO CON LOS SUBORDINADOS

En sus dos primeros artículos la Constitución Política del Perú establece que “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado” y que “toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar”

Tenemos suficientes evidencias de que estas dos normas constitucionales no se cumplen a plenitud en nuestras fuerzas armadas. En particular, hay la mala idea de que el carácter y la disciplina castrense necesita que se cometan abusos contra la dignidad de los subalternos y contra su integridad moral, psíquica y física. Ese pensamiento se expresa en prácticas abusivas que tienen larga data pero que ya son inadmisibles.

En la Comisión de la Mujer del Congreso hemos podido constatar que los casos de hostigamiento o de abuso sexual que se han cometido últimamente contra una cadete y una recluta, han sido precedidos de lo que se llaman “excesos de autoridad” contra ellas.

Esos excesos consisten, por ejemplo, en que se obliga a cadetes o reclutas a hacer actividades serviles a favor de los superiores, a hacer ejercicios solo por que se le antoja a algún superior, o a soportar acercamientos indebidos. Hay otros casos en que se somete a cadetes o reclutas a algún tipo de castigo físico también de manera arbitraria.

Todas estas prácticas están contempladas como faltas en las leyes que norman la disciplina en las fuerzas armadas. El problema es que hay una tradición de abuso que termina predominando sobre la ley y sobre los reglamentos. También hace que haya tolerancia con el abuso o que se asuma, por los propios afectados, como una práctica normal del servicio o de la formación.

En los últimos días han vuelto a aparecer noticias sobre casos de abuso sexual cometido por algunos malos oficiales. Pero también hay denuncias sobre maltratos físicos que se cometerían incluso sobre cadetes de los llamados colegios militares.

De hecho tengo en mi despacho una denuncia sobre maltrato físico cometido en agravio de un colegial de tercer año de secundaria en un colegio militar de Lima. Los autores del maltrato serían colegiales de años superiores y las autoridades del mencionado colegio no habrían actuado como corresponde. Que ocurran estas cosas, incluso en colegios militares, es una muestra de lo arraigado de la tradición de abuso.

Para erradicar esa tradición funesta, cabe actuar en tres niveles. En el nivel normativo, estableciendo sanciones mas drásticas contra el abuso de autoridad en las instituciones armadas y policiales, incluyendo sus centros educativos. En el nivel preventivo, difundiendo esas normas y los derechos vigentes entre oficiales y sobre todo en subalternos. Y en el nivel de la fiscalización y el control, supervisando si las normas se cumplen y si los mandos asumen sus responsabilidades en ese campo.

Instituciones como el Congreso, las propias Fuerzas Armadas, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Defensa, tenemos que actuar en esos tres niveles para tener instituciones armadas en donde todos sus estamentos tengan intactas su moral, su honor y su dignidad.


Diario EXPRESO. Columna "Cuestión Previa"
Publicada el martes 23 de setiembre de 2008.

IMPOPULAR EN LIMA, AUSENTE EN SANTIAGO

Las encuestadoras han presentado otra vez el creciente rechazo de la opinión pública peruana a la gestión del Presidente García. En su último informe, el Instituto de Opinión Pública de la Universidad Católica muestra que apenas el 19 % de ciudadanos del país lo aprueba, mientras que el 75 % lo desaprueba.

En las regiones la desaprobación de García es todavía más alta. En el Norte, antes considerado el “sólido norte aprista”, la desaprobación al Presidente es de 81 %. En el Sur, esa cifra llega a 90 % y su aprobación es francamente misérrima: ¡7 %!.

La mala nota de García en el interior del país viene desde hace muchos meses. Lo que viene siendo novedad es su alta desaprobación también en la capital del país, Lima, pues aquí es donde su aprobación era mayoritaria.

Según la última encuesta de la PUC, la desaprobación de García en la capital es ahora de 69 %, y había sido 66 % en agosto. Su aprobación en la capital es ahora de apenas 24 %.

Los mas altos niveles de desaprobación los tiene García entre las mujeres, entre los hombres de mediana edad y sobre todo entre los estratos sociales de bajos ingresos. Es decir, aquellos sectores mas sensibles a los problemas económicos. Pero incluso en las capas medias altas de Lima recibe más desaprobación que aprobación: 59 contra 34 %.

De modo que la impopularidad de García ya se asentó también en Lima, pero en todo el país la cifra adversa es de más de dos terceras partes del país desaprobándolo.

¿Qué pasaría si nuestro Presidente se sometiera a un referendo revocatorio como el que, hace poco, ganó el Presidente boliviano Evo Morales?. Lo más seguro es que lo perdería, sin ninguna duda. Por eso, frente a la propuesta de que la figura de la revocatoria se aplique en nuestro país también al cargo de Presidente, sus partidarios han saltado más que hasta el techo.

Precisamente para ver la grave situación boliviana, hoy día en que se escribe esta columna, se reúnen en Santiago de Chile los presidentes sudamericanos. Esta es una reunión importantísima y seguramente los presidentes asistentes se pronunciarán en respaldo del gobierno y del orden constitucional en el vecino país. A la vez eso consolidará el rol de la Unión Sudamericana como nuevo espacio regional.

El gobierno peruano ha hecho muy bien en pronunciarse en respaldo al gobierno de Bolivia y en rechazo a los grupos que amenazan su unidad nacional. Pero este pronunciamiento ha debido ser seguido por la asistencia del Presidente García a la cumbre de Santiago, pues el caso, como ya se ha dicho, lo amerita.

No es la primera vez que nuestro Presidente falta a una cita internacional importante para la región. En casos críticos como este es cuando más se necesitan las presencias de los mandatarios y esa vocación ausente del nuestro deviene incorrecta. Al propio Perú le hubiera venido bien que en Santiago, junto a los otros gobernantes, también se vea y se escuche la asistencia y la voz del nuestro en defensa de la democracia en Bolivia.


Diario EXPRESO. Columna "Cuestión Previa".
Publicado el martes 16 de setiembre de 2008.

TREGUA SOCIAL, SILENCIO PRESIDENCIAL

Respecto a los conflictos sociales, la actuación del gobierno está llena de imprevisión, pero también de deliberada provocación y por ello resulta siendo uno de los principales factores de agudización de los conflictos.

El gobierno sólo se preocupa por esos conflictos cuando estos ya se han desencadenando o pueden afectar algún evento de su interés. Es el caso de la próxima cumbre de la APEC. A raíz de ese evento, el presidente del consejo de ministros acaba de pedir “tregua” a las organizaciones sociales.

Es inadecuado el uso del término “tregua”, pues su primer significado nos remite a contextos de guerra. Los conflictos sociales no son parte de ninguna guerra. Son demandas que los sectores sociales plantean, no para destruir a ningún enemigo, si no para obtener atención por las autoridades responsables. Eso es un derecho y para eso existen los cauces de las instituciones para resolver los conflictos. Utilizar términos de guerra puede ser contraproducente. Contribuye a aumentar las tensiones y da pie a exageradas medidas de represión respecto a las protestas sociales.

Junto con esas invocaciones a la llamada tregua, hay reiterados comportamientos polarizantes por figuras del gobierno. El caso más elocuente es el del ministro de Salud, Hernán Garrido Lecca. Ha provocado a los médicos día tras día. El resultado ha sido que prácticamente todos los gremios médicos lo rechazan y no lo reconocen más como interlocutor.

Hoy mismo, frente unas declaraciones de don Alejandro Toledo, el ministro Luis Alva Castro responde: “Perro que ladra no muerde”. Un modo insultante, que emula algunas conocidas frases del Propio presidente, pero que tampoco le hace ningún favor a la supuesta tregua.

Ha sido, en efecto, el propio Presidente quien, casi desde el inicio de su gobierno, adoptó una postura muy agresiva contra las organizaciones sociales y contra todos los que no compartieran sus puntos de vista. El acoso del ministro de Salud a los gremios médicos ha copiado los pasados ataques del Presidente y del ministro de Educación al sindicato de los maestros.

El torpe desempeño del gobierno frente a los movimientos sociales, regionales e incluso étnicos, e incluso frente a las ONGs independientes, ha tenido múltiples expresiones. Desde las medidas que causaron el paro regional de Ancash en abril de 2007 hasta los decretos legislativos que provocaron la protesta indígena, pasando por la huelga regional de Moquegua y otras medidas legislativas conflictivas. La propia retórica presidencial ha estado cargada de términos insultantes a los movimientos sociales.

Desde hace varios días, el Presidente está hablando mucho menos. Algunos dicen que se debe a que está algo nervioso por cierta información periodística respecto a la venta de una camioneta suya a un tal Belisario Esteves, allegado a las empresas del grupo Sánchez Paredes.

Es posible también que se deba a que anda muy, pero muy bajo en las encuestas, y piensa que mejor opta por hablar al mínimo. Pero para lograr tranquilidad social debería no solamente hablar menos, sino cambiar de política.

Publicado en la columna: CUESTIÓN PREVIA.
Martes 9 de setiembre de 2008