NO A LA VIOLENCIA EN HUANCABAMBA.

Escribo esta columna el día lunes, cuando los diarios de Piura y Lima publican primeras informaciones sobre un ataque armado que se habría producido el domingo contra un campamento minero de la empresa Río Blanco, en el distrito de Carmen de la Frontera, en la provincia piurana de Huancabamba, con el saldo de dos vigilantes fallecidos.

La empresa ha denunciado que se trató del ataque de unas 20 personas armadas. El diario Correo, en su edición piurana, además de esa versión también incluye otra, según la cual las victimas habrían sido impactadas por disparos accidentales de la escopeta de otro de los vigilantes.

Sin embargo, la versión de la empresa también se refiere al incendio de las instalaciones del campamento. Poniéndonos en el caso de que efectivamente se haya tratado de un ataque por un grupo armado, toda la sociedad peruana y en particular la piurana, todos los sectores, debemos condenar esta acción y a sus autores.

De tratarse de un atentado, este debe ser rechazado con mucha fuerza porque, en primer lugar, ha ocasionado pérdida de vidas y, en segundo lugar, ocurre en un lugar en el que este atentado provocará mayor violencia y quienes sufrirán las consecuencias serán las poblaciones y comunidades locales.

Frente a esta denuncia, las autoridades deben actuar con mucha prudencia y no sugerir que los probables autores se encuentran entre las poblaciones que han rechazado la presencia de la mina Río Blanco, antes Majaz. De hecho, los propios funcionarios de la mina ya han señalado que no creen que dichos autores pertenezcan a dichas comunidades y han narrado que han sido los comuneros los que han prestado auxilios a algunos trabajadores después de ocurrido el eventual ataque.

Por otro lado, frente al conflicto que aún subsiste entre las comunidades de esta zona y la empresa Río Blanco, debemos recordar que este se origina porque el gobierno no cumple las obligaciones de consulta a las comunidades, previa al otorgamiento de concesiones mineras. Si se cumpliera debidamente con la consulta previa, libre e informada a estas comunidades esos conflictos no se hubieran producido. El gobierno aún está a tiempo de hacerlo para quitarle pretextos a cualquier grupo interesado en sembrar violencia en Huancabamba o en otras partes del Perú.

LA PROTESTA DE LOS PUERTOS.

El lunes 26 de octubre un paro de protesta detuvo buena parte de los puertos del país. Su demanda es que se anule la concesión del puerto de Paita y que no se repita esa medida con los otros puertos del país. Los congresistas que nos opusimos a la manera tan irregular como se hizo la concesión de Paita no lo hicimos por oponernos a la inversión privada. Al contrario,esa inversión, cuando se hace con las debidas regulaciones , puede ser beneficiosa para nuestro desarrollo.

Sin embargo, respecto a Paita, las condiciones favorables en exceso al concesionario privado, la empresa Terminales Portuarios Euroandinos. Se le da el puerto en condiciones de monopolio , se considera al muelle antiguo como si fuera parte de su inversión nueva, se le garantiza un nivel de ganancias , no se regula una parte importante de las tarifas, y se le permite demorar sus inversiones propias.

Para llegar a esto se modificaron leyes de desarrollo portuario y se redujeron las facultades de la Contraloría General de la República. Y cuando crecía el cuestionamiento a la concesión, el ministro de Transportes, Enrique Cornejo ,y la Jefa de Preinversión , Sra. Cayetana Aljovín, apresuraron el contrato.

Una de las razones de Cornejo y Aljovín para defender esta irregular concesión fue que iba a reducir las tarifas de los servicios portuarios ya hacer de Paita un puerto más competitivo.Sin embargo, como se sabe, lo primero que ha hecho la empresa EYP, el primer día que tomó posesión del Puerto ( 7 de octubre) ha sido decidir un alza descomunal de las tarifas , en algunos casos de hasta un 400%.Es decir que ha bastado un sólo día de concesión para que se demuestre la validez, de todos los argumentos de los trabajadores portuarios , de los expertos y de los congresistas que la cuestionamos.

A la inversa, ha bastado un solo día para que se revele la falsedad de los anuncios de Cornmejo y Aljovín.El rechazo a la concesión es ahora mayor que antes. Ahora también hay sectores de empresarios en aduanas, exportadores, industriales, transportistas y hasta comunicadores que se oponen. Esta amplia reacción ha motivado que la concesionaria se avenga a negociar las tarifas. Lo, que se necesita, sin embargo, es revisar el contrato pues en cualquier momento pueden subir las tarifas a su antojo.