A través de los aportes de los docentes a Derrama Magisterial.
La construcción de 971 viviendas dignas para los docentes de la Región Piura comprendidas en la Primera Etapa del Programa Nacional de Vivienda Magisterial en el área de terreno de 20 hectáreas adquiridas por la Derrama Magisterial gestiona la Congresista Rosa María Venegas Mello dentro de su labor parlamentaria.
Para ello hoy la parlamentaria piurana ha presentado un oficio al Presidente de la Derrama Magisterial César Augusto Reyes Valle para que se materialice el pedido de los secretarios generales del SUTEP Regional Piura quienes desde el 17 de noviembre pasado han dirigido una carta notarial al vicepresidente de la derrama magisterial Luis Arteaga Salazar solicitando se agilice el inicio de la construcción de las viviendas.
La parlamentaria expone en el documento la urgente necesidad y el interés preferente de contar respectivamente con las viviendas así como también la edificación de un centro recreacional para los profesores de la
Región Piura aportantes de la Derrama Magisterial .
Cabe informar que los secretarios regionales del SUTEP Piura han solicitado a la parlamentaria interceder con sus gestiones para que se de inicio inmediato a ambos proyectos que serán financiados con sus propios aportes a la Derrama Magisterial y que según denuncian los docentes piuranos han sido manejados “ en forma unilateral sin tomar en cuenta los intereses del magisterio piurano”.
Asimismo los dirigentes del SUTEP Regional solicitan la mediación de la parlamentaria Rosa Venegas Mello para que los directivos de la Derrama Magisterial Nacional cumplan con exponer a los agremiados regionales las condiciones de la construcción de viviendas las cuales dicen deberán contar con la respectiva “licencia social ”de aprobación de su parte para su ejecución.
http://www.elregionalpiura.com.pe/index.php?option=com_content&view=article&id=2159:venegas-971&catid=31:piura&Itemid=209
jueves, 10 de diciembre de 2009
viernes, 4 de diciembre de 2009
EL CENTRALISMO CONTRA PIURA.
Ya se aprobó la ley de presupuesto público para 2010. Las cifras, aunque el gobierno lo niegue, muestran que seguimos teniendo un Estado y un gobierno centralistas.
Si se revisan las cifras del presupuesto aprobado por el Congreso, veremos que el gobierno central ejecuta el 72 % del presupuesto nacional. El conjunto de gobiernos regionales ejecuta apenas el 16 % del presupuesto. El conjunto de más de 2000 gobiernos municipales ejecutan solamente el 12 %. Esta concentración del gasto es incluso mayor que en el año 2009.
Esto quiere decir que frente a la crisis mundial, una de las opciones que se ha tomado no es descentralizar más, sino aumentar el centralismo. Es decir, proteger más al gobierno central y quitar recursos a los gobiernos regionales y municipales. Esta es la opción del Gobierno a través del ministerio de Economía.
Esta orientación va causar complicaciones a varios proyectos de inversión que hay en las regiones. Pero es absurdo es que, habiendo una mayor cantidad de congresistas provenientes de las regiones (75 de 120), el Congreso apruebe con sus votos un presupuesto centralista que afecta el desarrollo regional.
Es el caso del proyecto Alto Piura. Este aumentará las tierras cultivables y producirá mayor energía eléctrica. Tiene la aprobación del gobierno regional y del gobierno central. El presupuesto de 2009 ya incluyó una partida de 75 millones de soles. Figura entre los mejores proyectos aprobados por el Congreso. El Presidente García prometió dotarlo de presupuesto cada año. Sin embargo, para el 2010 no se ha aprobado ninguna partida
Antes y durante del pleno hicimos muchas gestiones para obtener el presupuesto para el Alto Piura, junto con agricultores de la zona, y con el propio gobierno regional. El año pasado lo logramos. Pero esta vez no se pudo. De ello es responsable el ministro de Economía y sus opciones centralistas. Pero también son responsables ciertos congresistas apristas que anteponen sus problemas partidarios con el Presidente regional, y se han negado a apoyar el presupuesto para el Alto Piura.
El pueblo de Piura debe organizarse y movilizarse para obtener lo que se les ha negado en el Congreso. Ni el centralismo ni la irresponsabilidad de algunos podrán más que un pueblo decidido a defender sus derechos.
Si se revisan las cifras del presupuesto aprobado por el Congreso, veremos que el gobierno central ejecuta el 72 % del presupuesto nacional. El conjunto de gobiernos regionales ejecuta apenas el 16 % del presupuesto. El conjunto de más de 2000 gobiernos municipales ejecutan solamente el 12 %. Esta concentración del gasto es incluso mayor que en el año 2009.
Esto quiere decir que frente a la crisis mundial, una de las opciones que se ha tomado no es descentralizar más, sino aumentar el centralismo. Es decir, proteger más al gobierno central y quitar recursos a los gobiernos regionales y municipales. Esta es la opción del Gobierno a través del ministerio de Economía.
Esta orientación va causar complicaciones a varios proyectos de inversión que hay en las regiones. Pero es absurdo es que, habiendo una mayor cantidad de congresistas provenientes de las regiones (75 de 120), el Congreso apruebe con sus votos un presupuesto centralista que afecta el desarrollo regional.
Es el caso del proyecto Alto Piura. Este aumentará las tierras cultivables y producirá mayor energía eléctrica. Tiene la aprobación del gobierno regional y del gobierno central. El presupuesto de 2009 ya incluyó una partida de 75 millones de soles. Figura entre los mejores proyectos aprobados por el Congreso. El Presidente García prometió dotarlo de presupuesto cada año. Sin embargo, para el 2010 no se ha aprobado ninguna partida
Antes y durante del pleno hicimos muchas gestiones para obtener el presupuesto para el Alto Piura, junto con agricultores de la zona, y con el propio gobierno regional. El año pasado lo logramos. Pero esta vez no se pudo. De ello es responsable el ministro de Economía y sus opciones centralistas. Pero también son responsables ciertos congresistas apristas que anteponen sus problemas partidarios con el Presidente regional, y se han negado a apoyar el presupuesto para el Alto Piura.
El pueblo de Piura debe organizarse y movilizarse para obtener lo que se les ha negado en el Congreso. Ni el centralismo ni la irresponsabilidad de algunos podrán más que un pueblo decidido a defender sus derechos.
LAS ALAS POLÍTICAS DE UN RECTOR.
Es notable la red de influencias que la universidad particular Alas Peruanas ha tendido sobre nuestros poderes públicos. El rector de dicha universidad ha logrado establecer vínculos directos con una cantidad de jueces, congresistas y políticos de varias corrientes políticas.
¿Para qué quiere tanta influencia la mencionada universidad? Para tener la respuesta debemos recordar que Alas Peruanas no fue reconocida por los organismos autorizados para ello (Asamblea Nacional de Rectores y CONAFU). El rector actual tampoco fue reconocido por dichos organismos. Estos, entre los años 2000 y 2002, dictaminaron que ni la Universidad ni su rector contaban con los requisitos exigidos. Entonces los rechazados acudieron ante el Poder Judicial y éste dictaminó que debían ser reconocidos.
Sin embargo la universidad tiene otros centenares de juicios. El rector tiene cerca de treinta. Esto nos da una idea de porqué es importante, para ellos, tener redes en el poder judicial. Y no solamente entre jueces superiores o supremos sino en el mismo organismo encargado de nombrar y evaluar a jueces de todo nivel: el concejo nacional de la magistratura. Al menos uno de sus miembros también ha viajado con gastos pagados por Alas Peruanas.
La misma universidad, y otras semejantes, también pretenden que se den leyes que hagan muy permisivos los controles que debe ejercer la ANR y CONAFU. Esto nos da una idea de porqué el rector de Alan Peruanas también tiende redes en el Congreso, y en particular entre la bancada oficialista. Hay por lo menos tres congresistas apristas que tienen algún nivel de sociedad con Alas Peruanas. Dos de ellos son integrantes de la Comisión de Educación.
Como si fuera poco, últimamente se ha sabido que dicha universidad tiene como alumno al alcalde de Lima, aspirante a presidente y jefe político de varios congresistas, don Luis Castañeda Lossio, estudiante de arquitectura. Es mas, el rector de Alas Peruanas acaba de conseguir sus firmas para formar su propio partido político.
El Estado y el Gobierno debieran poder garantizar que una universidad privada, con numerosas filiales, no imparta educación de baja calidad. ¿Cómo va poder hacerlo si se permite que una de ellas, o su rector, se den el lujo de cooptar jueces, congresistas y políticos a diestra y siniestra?.
¿Para qué quiere tanta influencia la mencionada universidad? Para tener la respuesta debemos recordar que Alas Peruanas no fue reconocida por los organismos autorizados para ello (Asamblea Nacional de Rectores y CONAFU). El rector actual tampoco fue reconocido por dichos organismos. Estos, entre los años 2000 y 2002, dictaminaron que ni la Universidad ni su rector contaban con los requisitos exigidos. Entonces los rechazados acudieron ante el Poder Judicial y éste dictaminó que debían ser reconocidos.
Sin embargo la universidad tiene otros centenares de juicios. El rector tiene cerca de treinta. Esto nos da una idea de porqué es importante, para ellos, tener redes en el poder judicial. Y no solamente entre jueces superiores o supremos sino en el mismo organismo encargado de nombrar y evaluar a jueces de todo nivel: el concejo nacional de la magistratura. Al menos uno de sus miembros también ha viajado con gastos pagados por Alas Peruanas.
La misma universidad, y otras semejantes, también pretenden que se den leyes que hagan muy permisivos los controles que debe ejercer la ANR y CONAFU. Esto nos da una idea de porqué el rector de Alan Peruanas también tiende redes en el Congreso, y en particular entre la bancada oficialista. Hay por lo menos tres congresistas apristas que tienen algún nivel de sociedad con Alas Peruanas. Dos de ellos son integrantes de la Comisión de Educación.
Como si fuera poco, últimamente se ha sabido que dicha universidad tiene como alumno al alcalde de Lima, aspirante a presidente y jefe político de varios congresistas, don Luis Castañeda Lossio, estudiante de arquitectura. Es mas, el rector de Alas Peruanas acaba de conseguir sus firmas para formar su propio partido político.
El Estado y el Gobierno debieran poder garantizar que una universidad privada, con numerosas filiales, no imparta educación de baja calidad. ¿Cómo va poder hacerlo si se permite que una de ellas, o su rector, se den el lujo de cooptar jueces, congresistas y políticos a diestra y siniestra?.
martes, 3 de noviembre de 2009
NO A LA VIOLENCIA EN HUANCABAMBA.
Escribo esta columna el día lunes, cuando los diarios de Piura y Lima publican primeras informaciones sobre un ataque armado que se habría producido el domingo contra un campamento minero de la empresa Río Blanco, en el distrito de Carmen de la Frontera, en la provincia piurana de Huancabamba, con el saldo de dos vigilantes fallecidos.
La empresa ha denunciado que se trató del ataque de unas 20 personas armadas. El diario Correo, en su edición piurana, además de esa versión también incluye otra, según la cual las victimas habrían sido impactadas por disparos accidentales de la escopeta de otro de los vigilantes.
Sin embargo, la versión de la empresa también se refiere al incendio de las instalaciones del campamento. Poniéndonos en el caso de que efectivamente se haya tratado de un ataque por un grupo armado, toda la sociedad peruana y en particular la piurana, todos los sectores, debemos condenar esta acción y a sus autores.
De tratarse de un atentado, este debe ser rechazado con mucha fuerza porque, en primer lugar, ha ocasionado pérdida de vidas y, en segundo lugar, ocurre en un lugar en el que este atentado provocará mayor violencia y quienes sufrirán las consecuencias serán las poblaciones y comunidades locales.
Frente a esta denuncia, las autoridades deben actuar con mucha prudencia y no sugerir que los probables autores se encuentran entre las poblaciones que han rechazado la presencia de la mina Río Blanco, antes Majaz. De hecho, los propios funcionarios de la mina ya han señalado que no creen que dichos autores pertenezcan a dichas comunidades y han narrado que han sido los comuneros los que han prestado auxilios a algunos trabajadores después de ocurrido el eventual ataque.
Por otro lado, frente al conflicto que aún subsiste entre las comunidades de esta zona y la empresa Río Blanco, debemos recordar que este se origina porque el gobierno no cumple las obligaciones de consulta a las comunidades, previa al otorgamiento de concesiones mineras. Si se cumpliera debidamente con la consulta previa, libre e informada a estas comunidades esos conflictos no se hubieran producido. El gobierno aún está a tiempo de hacerlo para quitarle pretextos a cualquier grupo interesado en sembrar violencia en Huancabamba o en otras partes del Perú.
La empresa ha denunciado que se trató del ataque de unas 20 personas armadas. El diario Correo, en su edición piurana, además de esa versión también incluye otra, según la cual las victimas habrían sido impactadas por disparos accidentales de la escopeta de otro de los vigilantes.
Sin embargo, la versión de la empresa también se refiere al incendio de las instalaciones del campamento. Poniéndonos en el caso de que efectivamente se haya tratado de un ataque por un grupo armado, toda la sociedad peruana y en particular la piurana, todos los sectores, debemos condenar esta acción y a sus autores.
De tratarse de un atentado, este debe ser rechazado con mucha fuerza porque, en primer lugar, ha ocasionado pérdida de vidas y, en segundo lugar, ocurre en un lugar en el que este atentado provocará mayor violencia y quienes sufrirán las consecuencias serán las poblaciones y comunidades locales.
Frente a esta denuncia, las autoridades deben actuar con mucha prudencia y no sugerir que los probables autores se encuentran entre las poblaciones que han rechazado la presencia de la mina Río Blanco, antes Majaz. De hecho, los propios funcionarios de la mina ya han señalado que no creen que dichos autores pertenezcan a dichas comunidades y han narrado que han sido los comuneros los que han prestado auxilios a algunos trabajadores después de ocurrido el eventual ataque.
Por otro lado, frente al conflicto que aún subsiste entre las comunidades de esta zona y la empresa Río Blanco, debemos recordar que este se origina porque el gobierno no cumple las obligaciones de consulta a las comunidades, previa al otorgamiento de concesiones mineras. Si se cumpliera debidamente con la consulta previa, libre e informada a estas comunidades esos conflictos no se hubieran producido. El gobierno aún está a tiempo de hacerlo para quitarle pretextos a cualquier grupo interesado en sembrar violencia en Huancabamba o en otras partes del Perú.
lunes, 2 de noviembre de 2009
LA PROTESTA DE LOS PUERTOS.
El lunes 26 de octubre un paro de protesta detuvo buena parte de los puertos del país. Su demanda es que se anule la concesión del puerto de Paita y que no se repita esa medida con los otros puertos del país. Los congresistas que nos opusimos a la manera tan irregular como se hizo la concesión de Paita no lo hicimos por oponernos a la inversión privada. Al contrario,esa inversión, cuando se hace con las debidas regulaciones , puede ser beneficiosa para nuestro desarrollo.
Sin embargo, respecto a Paita, las condiciones favorables en exceso al concesionario privado, la empresa Terminales Portuarios Euroandinos. Se le da el puerto en condiciones de monopolio , se considera al muelle antiguo como si fuera parte de su inversión nueva, se le garantiza un nivel de ganancias , no se regula una parte importante de las tarifas, y se le permite demorar sus inversiones propias.
Para llegar a esto se modificaron leyes de desarrollo portuario y se redujeron las facultades de la Contraloría General de la República. Y cuando crecía el cuestionamiento a la concesión, el ministro de Transportes, Enrique Cornejo ,y la Jefa de Preinversión , Sra. Cayetana Aljovín, apresuraron el contrato.
Una de las razones de Cornejo y Aljovín para defender esta irregular concesión fue que iba a reducir las tarifas de los servicios portuarios ya hacer de Paita un puerto más competitivo.Sin embargo, como se sabe, lo primero que ha hecho la empresa EYP, el primer día que tomó posesión del Puerto ( 7 de octubre) ha sido decidir un alza descomunal de las tarifas , en algunos casos de hasta un 400%.Es decir que ha bastado un sólo día de concesión para que se demuestre la validez, de todos los argumentos de los trabajadores portuarios , de los expertos y de los congresistas que la cuestionamos.
A la inversa, ha bastado un solo día para que se revele la falsedad de los anuncios de Cornmejo y Aljovín.El rechazo a la concesión es ahora mayor que antes. Ahora también hay sectores de empresarios en aduanas, exportadores, industriales, transportistas y hasta comunicadores que se oponen. Esta amplia reacción ha motivado que la concesionaria se avenga a negociar las tarifas. Lo, que se necesita, sin embargo, es revisar el contrato pues en cualquier momento pueden subir las tarifas a su antojo.
Sin embargo, respecto a Paita, las condiciones favorables en exceso al concesionario privado, la empresa Terminales Portuarios Euroandinos. Se le da el puerto en condiciones de monopolio , se considera al muelle antiguo como si fuera parte de su inversión nueva, se le garantiza un nivel de ganancias , no se regula una parte importante de las tarifas, y se le permite demorar sus inversiones propias.
Para llegar a esto se modificaron leyes de desarrollo portuario y se redujeron las facultades de la Contraloría General de la República. Y cuando crecía el cuestionamiento a la concesión, el ministro de Transportes, Enrique Cornejo ,y la Jefa de Preinversión , Sra. Cayetana Aljovín, apresuraron el contrato.
Una de las razones de Cornejo y Aljovín para defender esta irregular concesión fue que iba a reducir las tarifas de los servicios portuarios ya hacer de Paita un puerto más competitivo.Sin embargo, como se sabe, lo primero que ha hecho la empresa EYP, el primer día que tomó posesión del Puerto ( 7 de octubre) ha sido decidir un alza descomunal de las tarifas , en algunos casos de hasta un 400%.Es decir que ha bastado un sólo día de concesión para que se demuestre la validez, de todos los argumentos de los trabajadores portuarios , de los expertos y de los congresistas que la cuestionamos.
A la inversa, ha bastado un solo día para que se revele la falsedad de los anuncios de Cornmejo y Aljovín.El rechazo a la concesión es ahora mayor que antes. Ahora también hay sectores de empresarios en aduanas, exportadores, industriales, transportistas y hasta comunicadores que se oponen. Esta amplia reacción ha motivado que la concesionaria se avenga a negociar las tarifas. Lo, que se necesita, sin embargo, es revisar el contrato pues en cualquier momento pueden subir las tarifas a su antojo.
jueves, 17 de septiembre de 2009
PAITA, CONTRATO BAJO SOSPECHA
La semana pasada la Comisión de Transportes del Congreso debatió el tema de la concesión del puerto de Paita. La suscrita y otras y otros congresistas pedimos que se forme un grupo de trabajo para que esclarezca este discutible caso y que la suscripción del contrato se aplace un mes hasta que haya un informe de dicho grupo de trabajo.
La propuesta no prosperó. Congresistas apristas, fujimoristas y de Unidad Nacional sostuvieron que el Congreso no debería interferir en las funciones de Proinversión, ni en el proceso de suscripción de un contrato. Un congresista fujimorista sostuvo que en el Perú había “una ofensiva antiinversión” y que el Congreso debía defender la inversión.
Si bien el Congreso debe jugar un papel favorable a la inversión, su rol fundamental es el de fiscalizar la legalidad de los actos del Ejecutivo. Mas bien, es el Congreso el que vive una ofensiva contra sus facultades de fiscalización por parte de los que favorecen sin mesura al inversionista privado.
Es el caso de la concesión del puerto de Paita. El concurso se inició en abril de 2008 y terminó con su adjudicación a un consorcio portugués en marzo de 2009. La semana pasada señalamos varios aspectos cuestionables en este asunto. Ahora nos centraremos en dos normas, una para aumentar los beneficios del concesionario privado, y otra para reducir el papel fiscalizador de la Contraloría.
El decreto legislativo 1022, de junio de 2008, modifica a la ley 27943 o ley del sistema portuario nacional, con la única finalidad de asegurarle mayores ganancias al concesionario. Quien compare la versión original de la ley y las modificaciones se percatará de ello con suma facilidad.
El decreto de urgencia 047 –2008, de diciembre de 2008, recortó facultades de fiscalización de la Contraloría, limitándola a emitir informe previo sólo sobre la versión final del contrato e impidiendo que se pronuncie sobre el diseño de la transacción. El miércoles 9, en el Congreso, el propio Contralor expresó su desacuerdo con ese decreto.
Con tales indicios de manipulación legal de la concesión, era imperativo que el Congreso indague antes de que se firme el contrato. No obstante, el contrato ya fue suscrito apresuradamente. Así, bajo sospecha y sin transparencia es como se hacen las cosas que luego desencadenan conflictos.
SUBVERSIÓN: ¿HAY ESTRATEGIA? ¿HAY CONDUCCIÓN?
Un nuevo ataque senderista ha causado un doloroso saldo de muerte entre efectivos de nuestras Fuerzas Armadas. Esta vez, las bajas han enlutado hogares de oficiales y efectivos de la Fuerza Aérea. Vayan hacia ellos nuestras más sentidas condolencias no sólo por el drama que ahora las envuelve, sino porque han caído cuando intentaban rescatar soldados heridos por un ataque previo de los mismos senderistas.
Para que este sacrificio no sea en vano, todos aquellos que tenemos algún deber o función al interior de los poderes públicos debemos preguntarnos si tenemos o no una verdadera política antisubversiva o si quienes la conducen lo están haciendo bien. O si, por el contrario, una conducción empírica y negligente está exponiendo a nuestros oficiales y soldados mucho más de la cuenta
Esta pregunta es un imperativo por que desde hace un año los senderistas le han causado 38 muertes a las Fuerzas Armadas, 10 a las Fuerzas Policiales y cuatro a los civiles. A ello se suman 43 heridos.
Se trata de una serie de ataques senderistas que han tomado por sorpresa a los efectivos de las fuerzas del orden en varias oportunidades desde octubre del año pasado. Fueron cuatro en las últimas dos semanas, pero tenemos anteriormente el caso de Sanabamba y el ataque a la comisaría de San José de Secce, ambos en Huanta.
Entonces cuando ya son varias veces que se producen estos ataques y toman desprevenidos a nuestros efectivos hay algo grave que esta pasando en términos de imprevisión. Y de esto no se puede responsabilizar ni a la prensa ni a quienes critican al gobierno.
El ministro de Defensa, Rafael Rey, parece que no lo entiende así. En su reciente presentación ante el Congreso, en la parte que fue difundida públicamente, no dio explicaciones al país respecto a cómo es posible que esté sucediendo todo esto ni cómo espera enfrentarlo, por lo menos a grandes líneas.
Lo que hizo el ministro es emprenderlas contra los “criticólogos”, los “derrotistas”, la Comisión de la Verdad o contra ex ministros. Incluso dio lecciones a la prensa sobre cómo debe ser los titulares y las primeras planas de los medios sobre la cuestión del terrorismo. Pero explicaciones sobre los hechos mismos de la última semana, ninguna.
Lo que un ministro de Defensa tendría que hacer, prioritariamente, es explicar al país y al Congreso donde están las fallas y hacer los cambios para que no se repitan. Tiene que estar mucho más enfocado en cumplir su responsabilidad de conducción. Si necesita recursos, pedirlos al MEF oportunamente. Si necesita que se fortalezcan los servicios de inteligencia, ordenarlo, pues eso está en su campo por lo menos parcialmente.
Pero más allá del ministro de Defensa hay una responsabilidad global del gobierno y de nuestro Congreso mismo. El problema de la subversión requiere un enfoque integral que incluya no sólo el problema del narcotráfico. En realidad ambos fenómenos están vinculados a los grandes niveles de desempleo, pobreza y corrupción que subsisten en el país. No bastan las estrategias focalizadas. Se necesita una que sea global. Y eso es lo que brilla por su ausencia.
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