NO A LA VIOLENCIA EN HUANCABAMBA.

Escribo esta columna el día lunes, cuando los diarios de Piura y Lima publican primeras informaciones sobre un ataque armado que se habría producido el domingo contra un campamento minero de la empresa Río Blanco, en el distrito de Carmen de la Frontera, en la provincia piurana de Huancabamba, con el saldo de dos vigilantes fallecidos.

La empresa ha denunciado que se trató del ataque de unas 20 personas armadas. El diario Correo, en su edición piurana, además de esa versión también incluye otra, según la cual las victimas habrían sido impactadas por disparos accidentales de la escopeta de otro de los vigilantes.

Sin embargo, la versión de la empresa también se refiere al incendio de las instalaciones del campamento. Poniéndonos en el caso de que efectivamente se haya tratado de un ataque por un grupo armado, toda la sociedad peruana y en particular la piurana, todos los sectores, debemos condenar esta acción y a sus autores.

De tratarse de un atentado, este debe ser rechazado con mucha fuerza porque, en primer lugar, ha ocasionado pérdida de vidas y, en segundo lugar, ocurre en un lugar en el que este atentado provocará mayor violencia y quienes sufrirán las consecuencias serán las poblaciones y comunidades locales.

Frente a esta denuncia, las autoridades deben actuar con mucha prudencia y no sugerir que los probables autores se encuentran entre las poblaciones que han rechazado la presencia de la mina Río Blanco, antes Majaz. De hecho, los propios funcionarios de la mina ya han señalado que no creen que dichos autores pertenezcan a dichas comunidades y han narrado que han sido los comuneros los que han prestado auxilios a algunos trabajadores después de ocurrido el eventual ataque.

Por otro lado, frente al conflicto que aún subsiste entre las comunidades de esta zona y la empresa Río Blanco, debemos recordar que este se origina porque el gobierno no cumple las obligaciones de consulta a las comunidades, previa al otorgamiento de concesiones mineras. Si se cumpliera debidamente con la consulta previa, libre e informada a estas comunidades esos conflictos no se hubieran producido. El gobierno aún está a tiempo de hacerlo para quitarle pretextos a cualquier grupo interesado en sembrar violencia en Huancabamba o en otras partes del Perú.

LA PROTESTA DE LOS PUERTOS.

El lunes 26 de octubre un paro de protesta detuvo buena parte de los puertos del país. Su demanda es que se anule la concesión del puerto de Paita y que no se repita esa medida con los otros puertos del país. Los congresistas que nos opusimos a la manera tan irregular como se hizo la concesión de Paita no lo hicimos por oponernos a la inversión privada. Al contrario,esa inversión, cuando se hace con las debidas regulaciones , puede ser beneficiosa para nuestro desarrollo.

Sin embargo, respecto a Paita, las condiciones favorables en exceso al concesionario privado, la empresa Terminales Portuarios Euroandinos. Se le da el puerto en condiciones de monopolio , se considera al muelle antiguo como si fuera parte de su inversión nueva, se le garantiza un nivel de ganancias , no se regula una parte importante de las tarifas, y se le permite demorar sus inversiones propias.

Para llegar a esto se modificaron leyes de desarrollo portuario y se redujeron las facultades de la Contraloría General de la República. Y cuando crecía el cuestionamiento a la concesión, el ministro de Transportes, Enrique Cornejo ,y la Jefa de Preinversión , Sra. Cayetana Aljovín, apresuraron el contrato.

Una de las razones de Cornejo y Aljovín para defender esta irregular concesión fue que iba a reducir las tarifas de los servicios portuarios ya hacer de Paita un puerto más competitivo.Sin embargo, como se sabe, lo primero que ha hecho la empresa EYP, el primer día que tomó posesión del Puerto ( 7 de octubre) ha sido decidir un alza descomunal de las tarifas , en algunos casos de hasta un 400%.Es decir que ha bastado un sólo día de concesión para que se demuestre la validez, de todos los argumentos de los trabajadores portuarios , de los expertos y de los congresistas que la cuestionamos.

A la inversa, ha bastado un solo día para que se revele la falsedad de los anuncios de Cornmejo y Aljovín.El rechazo a la concesión es ahora mayor que antes. Ahora también hay sectores de empresarios en aduanas, exportadores, industriales, transportistas y hasta comunicadores que se oponen. Esta amplia reacción ha motivado que la concesionaria se avenga a negociar las tarifas. Lo, que se necesita, sin embargo, es revisar el contrato pues en cualquier momento pueden subir las tarifas a su antojo.

PAITA, CONTRATO BAJO SOSPECHA

La semana pasada la Comisión de Transportes del Congreso debatió el tema de la concesión del puerto de Paita. La suscrita y otras y otros congresistas pedimos que se forme un grupo de trabajo para que esclarezca este discutible caso y que la suscripción del contrato se aplace un mes hasta que haya un informe de dicho grupo de trabajo.

La propuesta no prosperó. Congresistas apristas, fujimoristas y de Unidad Nacional sostuvieron que el Congreso no debería interferir en las funciones de Proinversión, ni en el proceso de suscripción de un contrato. Un congresista fujimorista sostuvo que en el Perú había “una ofensiva antiinversión” y que el Congreso debía defender la inversión.

Si bien el Congreso debe jugar un papel favorable a la inversión, su rol fundamental es el de fiscalizar la legalidad de los actos del Ejecutivo. Mas bien, es el Congreso el que vive una ofensiva contra sus facultades de fiscalización por parte de los que favorecen sin mesura al inversionista privado.

Es el caso de la concesión del puerto de Paita. El concurso se inició en abril de 2008 y terminó con su adjudicación a un consorcio portugués en marzo de 2009. La semana pasada señalamos varios aspectos cuestionables en este asunto. Ahora nos centraremos en dos normas, una para aumentar los beneficios del concesionario privado, y otra para reducir el papel fiscalizador de la Contraloría.

El decreto legislativo 1022, de junio de 2008, modifica a la ley 27943 o ley del sistema portuario nacional, con la única finalidad de asegurarle mayores ganancias al concesionario. Quien compare la versión original de la ley y las modificaciones se percatará de ello con suma facilidad.

El decreto de urgencia 047 –2008, de diciembre de 2008, recortó facultades de fiscalización de la Contraloría, limitándola a emitir informe previo sólo sobre la versión final del contrato e impidiendo que se pronuncie sobre el diseño de la transacción. El miércoles 9, en el Congreso, el propio Contralor expresó su desacuerdo con ese decreto.

Con tales indicios de manipulación legal de la concesión, era imperativo que el Congreso indague antes de que se firme el contrato. No obstante, el contrato ya fue suscrito apresuradamente. Así, bajo sospecha y sin transparencia es como se hacen las cosas que luego desencadenan conflictos.

SUBVERSIÓN: ¿HAY ESTRATEGIA? ¿HAY CONDUCCIÓN?

Un nuevo ataque senderista ha causado un doloroso saldo de muerte entre efectivos de nuestras Fuerzas Armadas. Esta vez, las bajas han enlutado hogares de oficiales y efectivos de la Fuerza Aérea. Vayan hacia ellos nuestras más sentidas condolencias no sólo por el drama que ahora las envuelve, sino porque han caído cuando intentaban rescatar soldados heridos por un ataque previo de los mismos senderistas.

Para que este sacrificio no sea en vano, todos aquellos que tenemos algún deber o función al interior de los poderes públicos debemos preguntarnos si tenemos o no una verdadera política antisubversiva o si quienes la conducen lo están haciendo bien. O si, por el contrario, una conducción empírica y negligente está exponiendo a nuestros oficiales y soldados mucho más de la cuenta

Esta pregunta es un imperativo por que desde hace un año los senderistas le han causado 38 muertes a las Fuerzas Armadas, 10 a las Fuerzas Policiales y cuatro a los civiles. A ello se suman 43 heridos.

Se trata de una serie de ataques senderistas que han tomado por sorpresa a los efectivos de las fuerzas del orden en varias oportunidades desde octubre del año pasado. Fueron cuatro en las últimas dos semanas, pero tenemos anteriormente el caso de Sanabamba y el ataque a la comisaría de San José de Secce, ambos en Huanta.

Entonces cuando ya son varias veces que se producen estos ataques y toman desprevenidos a nuestros efectivos hay algo grave que esta pasando en términos de imprevisión. Y de esto no se puede responsabilizar ni a la prensa ni a quienes critican al gobierno.

El ministro de Defensa, Rafael Rey, parece que no lo entiende así. En su reciente presentación ante el Congreso, en la parte que fue difundida públicamente, no dio explicaciones al país respecto a cómo es posible que esté sucediendo todo esto ni cómo espera enfrentarlo, por lo menos a grandes líneas.

Lo que hizo el ministro es emprenderlas contra los “criticólogos”, los “derrotistas”, la Comisión de la Verdad o contra ex ministros. Incluso dio lecciones a la prensa sobre cómo debe ser los titulares y las primeras planas de los medios sobre la cuestión del terrorismo. Pero explicaciones sobre los hechos mismos de la última semana, ninguna.

Lo que un ministro de Defensa tendría que hacer, prioritariamente, es explicar al país y al Congreso donde están las fallas y hacer los cambios para que no se repitan. Tiene que estar mucho más enfocado en cumplir su responsabilidad de conducción. Si necesita recursos, pedirlos al MEF oportunamente. Si necesita que se fortalezcan los servicios de inteligencia, ordenarlo, pues eso está en su campo por lo menos parcialmente.

Pero más allá del ministro de Defensa hay una responsabilidad global del gobierno y de nuestro Congreso mismo. El problema de la subversión requiere un enfoque integral que incluya no sólo el problema del narcotráfico. En realidad ambos fenómenos están vinculados a los grandes niveles de desempleo, pobreza y corrupción que subsisten en el país. No bastan las estrategias focalizadas. Se necesita una que sea global. Y eso es lo que brilla por su ausencia.

PAITA, CONCESIÓN CONTRA LAS LEYES

Un juzgado de Paita acaba de admitir a juicio una demanda de nulidad de la concesión de su Terminal Portuario. La demanda ha sido presentada por el sindicato de trabajadores de ENAPU – PAITA. El demandado es el Ministerio de Economía, que tiene a su cargo a PROINVERSION, responsable de la concesión.

La demanda de los trabajadores de Paita tiene que ver con la violación a sus derechos laborales, pues con la concesión se ven afectados su continuidad laboral y los adeudos que se les tiene. De consumarse la mencionada concesión pasaría a primar el régimen de los “cargos de confianza”.

Economía deberá responder en unos días la demanda ante el mencionado juzgado de Paita. Esperamos que se respete la independencia de la jueza Ana Luisa Yaipén Rodríguez. Que no haya la consabida presión política, ni sobre ella ni sobre sus superiores. Los piuranos debemos estar atentos a que este no sea el caso.

Sin embargo, el Ejecutivo y la Contraloría de la República deben también responder a otros cuestionamientos importantes que se han venido haciendo a la concesión del Terminal Portuario de Paita al consorcio Tertir Cosmos. Han sido hechos por los trabajadores, por militares en retiro como Roberto Chiabra , por ciudadanos como el ex congresista Manuel Dammert e incluso por varios congresistas, incluido el aprista Luis Negreiros.

Lo mas importante en este caso es la oposición de los propios trabajadores del puerto de Paita y de la población en general del mismo puerto. Esto se expresa en el activismo del Frente de Defensa de Paita y en la consulta ciudadana que realizaron en marzo pasado. En esa consulta, no siendo oficial ni obligatoria, votaron más de 11 mil ciudadanos, de los cuales cerca del 90 % se opuso a la concesión.

Lo que ocurre es que hay muchos aspectos cuestionables a esta concesión . La primera de ellas es que ha sido manejada de manera totalmente centralista, solo por funcionarios de Proinversión y otros sectores del Ejecutivo. Ni el gobierno regional ni la Municipalidad Provincial de Paita han tenido atribuciones para incidir sobre el proceso de la concesión.

Por otro lado, para facilitar la concesión a un privado se han forzado figuras legales como la de hacer pasar como una infraestructura nueva algo que ya tiene décadas de funcionamiento. Se ha sido muy poco exigente en cuanto a la capacidad de gestión demostrada por el adjudicatario de la concesión; se le ha pedido compromisos de inversión muy bajos, en plazos muy largos y con periodos de gracia también demasiado largos; el Estado le ha dado garantías de ganancias mínimas que de no ser alcanzadas serán cubiertas, es decir subsidiadas, por el propio Estado; se está permitiendo la configuración de un monopolio privado inconstitucional y finalmente se permite que el concesionario hipoteque la concesión con lo cual se pierde el manejo soberano del puerto por parte del Estado.

Estas irregularidades estaban siendo examinadas por la Contraloría. Sin embargo el gobierno ha dado el DS 181- 2009- EF otorgando garantías a la nueva empresa concesionaria. Lo cual implica la ilegal interrupción de un proceso de control que no se debe dejar pasar. Estemos atentos a este asunto trascendental para los piuranos.

LA VERDADERA INCLUSIÓN

Hacia 1973 nuestro país comenzó a sentir los impactos de la crisis mundial del petróleo. Subió el precio de los combustibles, y eso tuvo un efecto multiplicador sobre todos los otros precios. Los gobiernos empezaron a aplicar “paquetazos” que afectaron sobre todo el consumo, el empleo de las mayorías y los servicios sociales del Estado. Allí comenzó a crecer la pobreza, o sea la condición de la gente que no accede a satisfacer sus necesidades básicas.

A comienzos de los 80 estalló otro problema, el de la deuda externa. Para pagar la deuda los gobiernos tuvieron que continuar los “paquetazos”, castigando siempre el consumo, el empleo y los servicios sociales del Estado. Entonces la pobreza adquirió un carácter masivo y se le comienza a considerar el problema más urgente del país y se comienzan a implementar los llamados Programas Sociales de Emergencia.

A comienzos de los 90 el país sufre otro salto en sus niveles de pobreza. Esto ocurrió, primero, por la hiperinflación que hubo a fines de los años 80. Y, segundo, porque el recordado “shock” fujimorista apuntó a reducir la inflación mediante el recorte, otra vez, del consumo, del empleo y de los servicios sociales del Estado. Los programas de asistencia social tuvieron que ampliarse y se creó el llamado Foncodes o Fondo de Compensación Social.

A fines de los años 90, otra crisis internacional, la llamada crisis asiática, también tuvo efectos sobre la economía peruana. Esta entró en recesión, y volvió a obligar al gobierno de entonces a que se apliquen nuevos ajustes que castigaron el empleo y hubo un repunte de la pobreza. Cuando se recupera la democracia, en el año 2001, más del 54% de peruanos sufrían la condición de pobreza.

En la primera década del siglo XXI hemos tenido cifras de crecimiento económico durante 7 años. La pobreza, según ciertas mediciones, ha retrocedido, pero continúa siendo un problema preocupante. Ello se debe, primero, a que el crecimiento ha sido muy desigual. Hay regiones del país en donde la pobreza no ha retrocedido nada. También hay indicadores que no han mejorado nada, como el consumo de calorías. En segundo lugar, la actual crisis económica mundial está ocasionando, con toda seguridad, un repunte de la pobreza allí donde había mejorado.

Por eso, y por que los conflictos sociales han crecido mucho en los últimos años, es que el Presidente García se ha referido a la inclusión como una de sus metas principales. Inclusión, se entiende, es la superación de la pobreza. Es la incorporación de las personas pobres a las condiciones que le permitan satisfacer sus necesidades básicas. Por lo tanto no es atenuación ni paliativo pasajero, sino acceso sostenible a una vida digna.

En este sentido, programas como los Núcleos Ejecutores o el de muchos otros programas sociales, podrían ser paliativos o acciones de emergencia. Pero no son verdaderas vías de inclusión. Hay que ir a los factores causales de la pobreza. Fundamentalmente, a la generación de empleo sostenible, tanto urbano como rural. Y por otro lado, a la mejora de servicios sociales como la Educación y la Salud. Tenemos que lograr un tipo de economía que garantice eso. Si no, nunca tendremos una verdadera inclusión.

¿HASTA CUÁNDO SIN INTELIGENCIA ANTISUBERSIVA?

La elite política se encontraba discutiendo los anuncios del mensaje presidencial de Fiestas Patrias. Varios de estos anuncios, como los cambios en la forma de elegir al Congreso y a los gobiernos regionales o la entrega directa de dinero a núcleos ejecutores de obras comunales, estaban recibiendo diversas críticas. El nuevo ministro del Interior, Octavio Salazar, había hecho noticia en los últimos días con dos temas. En uno de ellos, el ministro anunciaba que su sector también iba a hacer monitoreo de conflictos. Curioso anuncio pues, como se sabe, el sector Interior ya tiene unidades de inteligencia cuya función precisamente es analizar y pronosticar la evolución del orden interno. Lo que pasa es que al ministro Salazar le encanta aparecer en los medios desde que era alto oficial de la Policía.

Por esa misma razón, el otro anuncio del ministro también fue de esos que buscan primeras planas. Señaló que iba a proponer que se penalice a los poseedores de drogas aunque sea en pequeña cantidad. Este anuncio fue criticado por especialistas en temas de represión al narcotráfico pues un adicto no es necesariamente un narcotraficante. Sin embargo cumplió el papel de colocar al ministro en las noticias.

En esas andábamos cuando, al igual que tantas veces antes, un nuevo atentado sorprende al país y deja un saldo de cinco muertos, tres de ellos policías y dos civiles. Ocurrió en San José de Secce, en Huanta, una localidad que ya durante los años 80 fue martirizada con diversos episodios de violencia. Este atentado es de suma gravedad no sólo por las víctimas sino porque ha mediado la virtual toma del pueblo por un grupo numeroso y bien armado de delincuentes armados que, obviamente, preparó la acción desde antes.

Como la vez anterior en que una patrulla del Ejército fue emboscada por un grupo subversivo en otro paraje de Huanta, con el saldo de 13 soldados muertos, es muy probable que en los días siguientes este tema desplace a otros de la atención pública. El Congreso volverá a escuchar las explicaciones del ministro, se hablará otra vez sobre el Plan VRAE, sobre inteligencia y desarrollo social, hasta que otros sucesos hagan olvidar a este reciente atentado.

No podemos continuar con esta manera de actuar sólo por reacción y despreciando la magnitud del problema del senderismo y del narcotráfico. Todos sabemos que esos son los dos mayores problemas delictivos que afronta el país. Justamente ambos tienen en las zonas aledañas de Huanta sus principales zonas de actividad en Ayacucho. A la vez todos sabemos que en ambos casos las operaciones clave son las de inteligencia.

Las acciones de desarrollo social también son imprescindibles para quitarle base social a narcos y subversivos. Pero las acciones de inteligencia son fundamentales para prevenir los atentados y para capturar a los mandos de esas organizaciones. Hasta ahora no tenemos señales de que en este campo se hayan logrado avances serios. ¿Podrá el nuevo ministro del Interior mostrarnos esos avances en poco tiempo? ¿A su vez, podrá el gobierno mostrarnos que por fin le da a este tema de la subversión y el narcotráfico la seriedad que se requiere?