La semana pasada señalamos que un decreto supremo podía volver a provocar conflictos en los distritos de Carmen de la Frontera y Paicapampa, en las provincias de Huancabamba y Ayabaca, en la sierra de Piura. El DS 024 2008 DE le concede derechos mineros a la empresa china Zijin, dado que ésta ha comprado a la Minera Río Blanco, antes Majaz.La concesión de derechos mineros a Zijin abarca un territorio aún más extenso que el de Majaz pues la empresa china ha adquirido a otra empresa que tenia concesiones en territorios vecinos, siempre en la zona de frontera. Como se sabe, las comunidades campesinas han cuestionado a la actividad minera en esta zona. Como sus puntos de vista son pasados por alto, se ha originado un conflicto que ya lleva años. Por eso las nuevas concesiones pueden dar lugar a un escalamiento del conflicto.
En los últimos días se han dado a conocer dos noticias que indican que el conflicto puede agudizarse en el corto plazo. Una da cuenta de un incendio de instalaciones de la empresa Río Blanco en Carmen de la Frontera. Los trabajadores de la minera han acusado a ronderos de las comunidades como autores del incendio. Los ronderos sostienen que se trata de un auto atentado para usarlo contra las comunidades. Esto muestra que la situación es tensa y que se puede polarizar aún más.
La otra noticia es la revelación, por un diario de Lima, de fotografías que muestran que el primero de agosto de 2005, una protesta de comuneros de la zona fue brutalmente reprimida por efectivos policiales y guardias privados de Minera Majaz. Las imágenes muestran la muerte de uno de los comuneros y los violentos vejámenes y torturas a que son sometidos 28 de sus compañeros. Esta información, cuya difusión es parte del legítimo oficio periodístico, también va a caldear los ánimos.
Es urgente que las autoridades de los poderes públicos actuemos para desactivar el conflicto y se eviten situaciones de violencia de dimensiones impredecibles.
En lo que respecta al Ejecutivo, invocamos al premier Yehude Simon que establezca una mesa de diálogo en la zona para que se escuchen las demandas de las comunidades y, si hay diferencias, sean tratadas con respeto y tolerancia. Creemos que es posible un diálogo más serio que aquel escenificado por el anterior premier Del Castillo.
En lo que respecta al Congreso, invocamos a nuestros colegas congresistas piuranos a que nos unamos para apoyar el diálogo y para contribuir a garantizar que los diferentes puntos de vista sean tratados también de manera pacífica y que no se produzcan nuevos excesos represivos.
A la vez, los congresistas piuranos debemos promover que se abra una investigación que deslinde las responsabilidades políticas e institucionales respecto a los gravísimos sucesos de agosto de 2005. El ministro del Interior de ese entonces, Félix Murazzo, y el director de la Policía Nacional, general Marcos Miyashiro, deben ser llamados a declarar ante una comisión investigadora del Congreso. Estas y otras medidas deben ser tomadas al más breve plazo.
Columna "Cuestión Previa" del diario EXPRESO.
Publicado el martes 13 de enero de 2009
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