El gobierno comienza mal el año 2009. Como ya lo hemos señalado, uno de sus principales defectos en el 2008, e incluso antes, ha sido su propensión a generar conflictos y malestar entre la población. Pues bien, entre fines del 2008 y comienzos del 2009 ha dado un decreto supremo que va a provocar conflictos en Piura y un decreto de urgencia por el cual, sin mayor fundamento, los ministros se aumentan los sueldo. Vamos a comentar la primera medida.El decreto supremo que va a generar conflictos en Piura tiene que ver con la autorización que da el gobierno para que se concedan 35 derechos mineros a una empresa china en la zona de frontera de las provincias de Huancabamba y Ayabaca.
El problema es que los derechos mineros otorgados a la empresa china Xiamen Zijin Tongguan Investment and Development se ubican dentro de una zona a 50 kilómetros de frontera. La Constitución prohíbe que se otorguen esos derechos a extranjeros en dicha zona salvo que el otorgamiento a esos derechos sea de necesidad pública.
Ocurre que la gran mayoría de estos derechos se ubican en el distrito de Carmen de la Frontera, provincia de Huancabamba y algunos otros en los distritos de Paicapampa y Ayabaca en la provincia de Ayabaca. Estos son distritos donde precisamente las poblaciones han expresado su rechazo a actividades mineras como en el caso de la minera Majaz. La empresa china que ahora ha recibido la autorización del gobierno es precisamente la dueña de los que antes era Majaz - antes era de ingleses- y ahora es Río Blanco.
Los conflictos de Río Blanco con la municipalidad distrital de Carmen de la Frontera y la municipalidad provincial de Huancabamba no han terminado. En el pasado mes de noviembre estas autoridades cuestionaron la legalidad de los estudios de impacto ambiental presentados por dicha empresa.
Ahora tenemos que se amplían los derechos mineros de la empresa china en dicha zona de frontera. Nótese que, para eludir las restricciones constitucionales, el ministerio de Defensa declara que otorgar esos derechos es de “necesidad pública”. ¿Cuál es su sustento? Pues leyes que se refieren a la minería o a la inversión en general, cuando la restricción constitucional se refiere específicamente a zonas de frontera y derechos a extranjeros en ella. Por tanto el sustento tendría que demostrar específicamente cómo así el otorgamiento de estos derechos a la empresa china en esta zona deviene “necesidad pública”.
Con el antecedente de Majaz y Rio Blanco –que incluso ha sido multada por el ministerio de Energia y Minas por incumplimiento de normas ambientales- lo mas probable es que se produzcan nuevos conflictos. ¿Son estos conflictos algo de “necesidad pública”? ¿Necesita conflictos el “público” de Huancabamba y Ayabaca?.
Resulta curioso, por otra parte, que sea el ministerio de Defensa, con el aval del Presidente García y el Premier Yehude Simon, el que defina la “necesidad pública” de esta medida mientras que no se toma en cuenta para nada el punto de vista de las localidades en donde se ubican las tierras vinculadas a los derechos mineros. Una expresión mas del centralismo insensible que tanto conflicto ha generado en nuestra patria.
Columna "Cuestión Previa", diario EXPRESO
Publicado el martes 6 de enero de 2009.
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