NO AL COBRO ILEGAL DEL FONAVI POR LA EPS

Ante nuevos e innecesarios conflictos sociales como consecuencia de los cobros ilegales por parte de las Entidades Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS), he presentado un proyecto de ley que excluye la cobranza de deudas de los usuarios con el Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), porque perjudica a las empresas que prestan ese servicio, afectan la economía del público consumidor que pone en riesgo la salud pública y vulneran la paz social del país.

La norma tiene por finalidad que las EPS no asuman la cobranza de las cuotas mensuales de los trabajos financiados con recursos del Fonavi, cuyas deudas fueron asumidas por los usuarios. Propongo que para evitar perjudicar a las empresas, las EPS celebren convenios con entidades bancarias o agentes especializados en recuperación de cartera pesada. También pido la urgente derogación de las normas que se opongan a la iniciativa legislativa que por cierto no irroga costo alguno al Estado, pues la modificación está orientada a que las entidades bancarias se encarguen de la cobranza.

Esta situación está generando diversos conflictos sociales en el país, como por ejemplo en el departamento de Piura, jurisdicción a la que represento, donde la población ha decidido no pagar el recibo de agua, perjudicando directamente a la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau S. A. (EPS Grau) que por el menor ingreso que recauda, su economía empieza a caer notablemente. También perjudica a los propios usuarios, porque ante la falta de pago de los recibos de agua por parte de la población, el servicio será suspendido.

También he remitido un oficio al presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon Munaro, solicitándole una reunión de trabajo para exponerle los fundamentos de la propuesta e informarle acerca de los posibles conflictos sociales que se está generando por esta situación, perjudicando directamente a miles de familias pobres de los asentamientos humanos y convulsiona la paz social que debe reinar en nuestro país.

Es importante para mí tener la responsabilidad de contribuir a resolver este problema, atendiendo los reclamos de la sociedad civil, alcaldes y autoridades que han recurrido a mi despacho parlamentario por este tema. Por esa razón, pediré al premier que mediante un Decreto de Urgencia disponga la suspensión de la cobranza de los saldos deudores por concepto de conexión domiciliaria de obras de infraestructura urbana básica de agua potable y alcantarillado, de las personas beneficiarias de préstamos otorgados con recursos del Fonavi.

Hay un riesgo ante la renuencia de los usuarios para pagar las cuotas de Fonavi en los recibos de agua, en virtud que el gobierno ha venido condonando deudas, conforme a la Ley Nº 27044 que extingue las deudas de electrificación y sustitución de la contribución de Fonavi por el Impuesto Extraordinario de Solidaridad. Incluso, mediante el Decreto de Urgencia Nº 016-2000, se dispuso la constitución de una comisión multisectorial encargada de realizar una evaluación de la situación de los préstamos del Fonavi otorgados a personas naturales para la ejecución de obras de infraestructura básica de electrificación y saneamiento, y poco se ha avanzado hasta la fecha. No olvidemos que hay 42,170 familias piuranas que están esperando soluciones a sus problemas y dispuestas a salir a las calles para reclamar justicia.

JUBILADOS EN LA AGENDA PENDIENTE

Escribir acerca de los jubilados es adelantarnos un poco a nuestras vidas, porque tarde o temprano, estaremos en esa situación. En el Callao existe un grupo de 950 personas, agrupados bajo el nombre de "Fondo de derechos adquiridos del ex sistema asistencial de estibadores" conocido simplemente como Fodasa. En realidad, no todos son jubilados, sino también lo integran los sobrevivientes y derivados por viudez, invalidez y orfandad.

Desde hace 13 años no perciben aumento de sus remuneraciones, siendo éstos entre 50 y 240 nuevos soles. Sí, tal como lo leen. Hay personas que perciben 50 nuevos soles mensuales, muy por debajo de una pensión digna que en un estado de derecho como el que predica el actual mandatario, que cada día reclama justicia social para todos, desdibuja las buenas intenciones de quienes nos gobiernas. Por lo que vemos en la realidad, la justicia aún no llega al Fodasa, existiendo 950 razones que reclaman una justa y digna remuneración.

El Fodasa es un fondo de trabajadores jubilados y pensionistas creado por Ley N° 21933 y es una pensión complementaria a la de la seguridad social que antes se regía por los aportes de los jubilados activos y jubilados derivados como viudez, orfandad e invalidez. Desde 1996 no reciben incremento alguno en sus haberes y han solicitado mediante el Congreso de la República la nivelación de sus pensiones de acuerdo con la Ley N° 27617.

Ellos siempre han contribuido con sus aportes. Desde que se disolvió el sistema laboral marítimo en 1991 (Decreto Supremo 054-91-PCM), ellos siguieron con sus contribuciones de manera privada hasta que mediante el Decreto Supremo 25702 de 1992, se eliminó el derecho a las navieras a seguir aportando.

No obstante, a la Ley N° 28550 que establece que el monto de la pensión mínima para los pensionistas del Régimen Especial del Decreto Ley N° 21933, incorpora a los estibadores del Régimen de Prestaciones de Salud que administra el SSP – Fodasa, no podrá ser inferior al monto de la pensión mínima establecida en la Ley N° 27617, esta norma no se cumple.
¿Qué está sucediendo para que esta ley no se cumpla? ¿Por qué el MEF (léase funcionarios burócratas) no ha reglamentado la ley, si la norma misma establece que el Ministerio de Economía es el encargado de reglamentarla? Esta ley, aprobada por el Congreso de la República, fue publicada el 17 de junio de 2005 y supuestamente entraba en vigencia el 1 de enero de 2006, previa reglamentación. Efectivamente, seis meses después, el 1 de junio de 2006, el MEF publica en la sección "Normas Legales" del diario El Peruano, el Decreto Supremo N° 076-2006-EF que "establece monto de la pensión mínima para los pensionistas que perciben como única pensión la del Régimen Especial que prevé el Decreto Ley N° 21933".

Sin embargo, en el camino surgieron inconvenientes, vinculados a intereses particulares, que establecieron que la mayoría de los pensionistas ya se han beneficiado del incremento de la pensión mínima establecida en la Ley N° 27617, decisión que hasta la fecha es rechazada por los jubilados, cuyas boletas de pago, efectivamente revelan que perciben 50 nuevos soles como pensión mensual. ¿Se trata de ignorancia burocrática o de un nuevo caso de corrupción en perjuicio de los jubilados?

DEUDA AGRARIA, COMPROMISO DEL PERU

El martes pasado escribimos acerca de la urgente necesidad que tiene el gobierno para pagar los bonos de la deuda agraria, en virtud que fue contraída por el Estado hace más de 38 años y hubo el compromiso de cancelarlos en el período establecido de 30 años, cuya fecha caducó el 30 de diciembre de 2006.

El ministro de Economía ha dicho que el pago de los cupones de la deuda agraria se efectuaba a su vencimiento a través del entonces Banco Agrario, para cuyo efecto, el MEF cumplió con transferir los recursos necesarios conforme al Decreto Ley 17716, conocida como la "Ley de Reforma Agraria". Pero esta tesis no se ajusta a la verdad porque el Banco Agrario cerró en 1990 y los bonos vencieron dieciséis años después.

Si bien es cierto que la deuda agraria no fue asumida en la presente administración gubernamental, también es real que es un compromiso que el Estado asumió con los tenedores de los bonos, por lo tanto es una deuda que debe cancelarse. Es verdad que algunos de los tenedores de esos papeles cobraron el justiprecio fijado por las autoridades de entonces, porque la ley facultaba la transferencia a terceros de aquellos instrumentos financieros, pero a qué precio. Por ejemplo, un tractor valorizado en más de S/. 50,000 por sus propietarios, para el Estado el valor fue de sólo un sol.

El ministro también afirmó que en la Dirección Nacional de Endeudamiento Público del MEF no hay registro alguno respecto a los bonos de la deuda agraria. No se trata de registro o padrón alguno, sino de cumplir con el compromiso del Estado que fue pagar la deuda y en última instancia, cumplir también con la sentencia del Tribunal Constitucional que establece la cancelación de los papeles. El TC ha sentencia que el Estado (Léase gobierno de turno) asuma el pago de las indemnizaciones al valor actual. Hacer caso omiso es burlarse del ente interpretador de las leyes en el Perú.

La sentencia del TC ha sido contundente y debe acatarse. No olvidemos que esa institución es el órgano de control de la constitucionalidad, autorizada por la Carta Magna. Significa que al Tribunal Constitucional se le ha confiado la defensa del principio de supremacía constitucional, es decir, que como supremo intérprete de la Constitución, cuida que las leyes o actos de los órganos del Estado no socaven lo dispuesto por ella. Interviene para restablecer el respeto a la Constitución en general y de los derechos constitucionales en particular, en este caso de los tenedores de los bonos de la deuda agraria.

Desde esta perspectiva, pido que el Estado asuma el pago de los cupones de la deuda agraria, cumpliendo de esta manera el compromiso que se hizo con los expropiados de la reforma agraria hace más de 38 años. Sólo cuando la justicia se aplica en el sentido más lato de la palabra, podemos afirmar que somos una nación donde la seguridad jurídica es la base del desarrollo económico del país. Dejemos la política del "perro muerto" y asumamos con hidalguía los compromisos que como Estado estamos obligados a cumplir, pero sobre todo, cuando una sentencia del TC, así lo exige.

EL ESTADO DEBE ASUMIR PAGO DE BONOS DE DEUDA AGRARIA

Los diversos medios de comunicación están difundiendo las declaraciones del ministro de Economía y Finanzas, Luis Carranza Ugarte, quien reveló en el Congreso de la República que el Estado no tiene registro de deuda alguna por parte de los tenedores de los bonos agrarios.

Sin embargo, al amparo de las normas legales vigentes y a los principios de justicia social, predicado por la administración del presidente Alan García Pérez, el Estado sí tiene la obligación de asumir el pago de esos bonos.

Efectivamente, de acuerdo a la Constitución Política de 1933 y la "Ley de Reforma Agraria" (DL Nº 17716), las expropiaciones por reforma agraria podían efectuarse con los denominados "Bonos de la Deuda Agraria", los cuales tenían valor nominal y efecto cancelatorio. Con la entrega de esos papeles, el Estado cumplió con cancelar la deuda por reforma agraria, surgiendo a partir de entonces una deuda de dinero contenida en los referidos bonos, los cuales eran libremente transferibles a partir de lo dispuesto en la Carta Magna de 1979.

Con el transcurrir del tiempo, algunos de esos tenedores de bonos transfirieron sus instrumentos financieros y cobraron de alguna manera lo que consideró el gobierno militar lo que habría de pagarse esos años. Otros, por el contrario, cuyas tierras fueron expropiadas y transferidas a terceros, no hicieron cobro alguno con la esperanza de rescatar sus propiedades. Son ellos a quienes el Estado debe pagarles los bonos de la deuda agraria. Algunos ya no están con nosotros, sólo sus descendientes, pero los derechos permanece iguales.

Si la administración de gobierno paga puntualmente los servicios de la deuda externa, pactos acordados por gobiernos pasados, por qué no se puede hacer lo mismo con la deuda interna. A nadie se le ocurre proponer que no se pague la deuda externa porque es responsabilidad de otros gobiernos. Los compromisos del Estados son invariables, cualquiera sea el color político de la administración de gobierno. De la misma manera, la administración García debe asumir la deuda contraída en el gobierno militar y reconocida por diversas autoridades de los gobiernos subsiguientes.

Desde esta perspectiva, el Estado debe asumir el pago de los cupones de la deuda agraria a través del Banco Agrario, cumpliendo de esta manera el compromiso que se hizo con los expropiados de la reforma agraria hace más de treinta años, cuando se les prometió el justiprecio real.

Tampoco se trata de negarse a pagar porque se canceló en papeles, sino de encontrar soluciones salomónicas para atender las demandas de este grupo de peruanos por ser de justicia social.

En tiempos de internacionalización económica y globalización social los estados basan su desarrollo en la seguridad jurídica, y el desarrollo es también actuar con justicia frente a los diversos problemas que tiene una sociedad, en el caso peruano, la deuda agraria. La debilidad o inexistencia de la seguridad jurídica también deja al descubierto prácticas de estados dictatoriales, lo cual rechazamos. De ahí la urgencia de encontrar soluciones para resolver este problema que ya lleva más de treinta años.

Además, el caso también es de justicia porque se les expropió propiedades que ellos no querían vender. Toda expropiación debe tener un fin común o bienestar social, pero en el caso de los agricultores, sus tierras simplemente fueron traspasadas a terceros. Recogiendo el espíritu bíblico de justicia, "dad al César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios".

GOBIERNO DEBE PAGAR DEUDA AGRARIA

El ministro de Economía ha dicho en la Comisión de Agricultura del Congreso de la República que el Estado no tiene por qué pagar los bonos de la deuda agraria en virtud que no se registran deudas con los tenedores de bonos en la Dirección Nacional de Endeudamiento Público del MEF.

Sin embargo, al amparo de la normatividad vigente, el Estado sí tiene la obligación de asumir el pago de los bonos de la deuda. Efectivamente, de acuerdo al artículo 29 de la Constitución Política de 1933 y del Decreto Ley Nº 17716 (Ley de Reforma Agraria), las expropiaciones por reforma agraria podían efectuarse con los llamados "Bonos de la Deuda Agraria", los cuales tenían valor nominal y efecto cancelatorio.

Como bien afirma el titular del MEF, con la entrega de esos papeles, el Estado cumplió con cancelar la deuda por reforma agraria, surgiendo a partir de entonces una deuda de dinero contenida en los referidos bonos, los cuales eran libremente transferibles a partir de lo dispuesto en la Constitución Política de 1979.

Con el tiempo, algunos de esos tenedores de bonos transfirieron sus instrumentos financieros y cobraron de alguna manera lo que consideró el gobierno militar lo que habría de pagarse esos años. Otros, por el contrario, cuyas tierras fueron expropiadas (léase sustraídas y transferidas a terceros) no hicieron cobro alguno con la esperanza de rescatar sus propiedades. Son ellos a quienes el Estado debe pagarles los bonos de la deuda agraria. Algunos ya no están con nosotros, sólo sus descendientes, pero los derechos son iguales.

La actual administración de gobierno paga puntualmente los servicios de la deuda externa, comprometido con anterioridad por otros gobiernos y a nadie se le ocurre decir que porque no fue la administración presente, no pagará la deuda. El compromiso es del Estado y no con las personas. De la misma manera, la administración García debe asumir la deuda contraída en el gobierno militar y reconocida por diversas autoridades de los gobiernos subsiguientes. No apliquemos la política del "perro muerto" y asumamos la deuda que el Estado tiene con otros peruanos.

Desde esta perspectiva, pido que el Estado asuma el pago de los cupones de la deuda agraria a través del Banco Agrario, cumpliendo de esta manera el compromiso que se hizo con los expropiados de la reforma agraria hace más de treinta años.

No se trata de decir alegremente: "no pago, porque en la Dirección Nacional de Endeudamiento Público del MEF no hay un registro de deuda agraria". Ya tenemos la mala experiencia de haber decidido arbitrariamente, limitar el pago de la deuda externa al 10 por ciento de las exportaciones, que al final lo único que se logró fue incrementar los intereses de la deuda no pagada y propiciar el cierre de puertas ante los organismos multilaterales de crédito internacional.

En tiempos de globalización económica todo se paga. Por lo tanto, la cancelación de los tenedores de bonos de la deuda agraria es justo porque se les quitó una propiedad que ellos no querían vender. "Dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios", así sentencia la Escritura.

Publicado el martes 12 de mayo de 2009.

EL NUEVO PLAN QUE EL VRAE NECESITA

En nuevo plan de lucha contra el narco-terrorismo en el VRAE será la principal herramienta que los gobiernos regionales podrán usar para iniciar en esa amplia zona el correcto desarrollo social que esperan los pueblos de la sierra sur del país.

Se tiene conocimiento que la nueva estrategia girará en torno a tres pilares: Desarrollo, Control de los terroristas y Combate contra el narcotráfico. Aunque, la aplicación de estas estrategias está intrínsecamente ligada entre ellas, dejaré las dos últimas para que se pronuncien los especialistas. Me referiré exclusivamente al desarrollo social.

Hemos escrito mucho sobre el particular e incluso hemos viajado a la zona para conocer in situ la realidad de la población, que no es ajena a la experiencia de la sierra norteña, región que conozco muy bien. Es decir, la realidad casi siempre es la misma: Falta la presencia del Estado en todas sus formas.

Urge que el Estado se haga presente mediante diversas acciones que garanticen un adecuado desarrollo económico con justicia social. La ausencia de estos elementos implicaría facilitar el funesto accionar de la delincuencia subversiva, fusionada en este caso, con cárteles organizados del narcotráfico. La pobreza siempre será el caldo de cultivo del narcoterrorismo.

El desarrollo social debería incluir, no solamente la construcción de escuelas y centros de salud, sino la aplicación de adecuados programas de educación acorde con la realidad de la zona y proyectos de salud preventiva que incluyan los servicios básicos de agua y desagüe. Asimismo, propiciar la interconexión de los pueblos mediante la construcción de caminos y carreteras, principales indicadores del desarrollo económico local.

Tampoco se trata de erradicar sin medida alguna los cultivos ilegales de coca, principal sustento económico de miles de campesinos que no tienen otra alternativa que sembrar indiscriminadamente miles de hectáreas de cocales. En algún momento se habló de sembríos alternativos como café, palma aceitera y frutales, pero ninguno de estos proyectos podrá ser realidad si antes no hay un proyecto integral de desarrollo local y donde participe la propia comunidad. Aquí está el desafío de los gobiernos regionales.

Por el lado del gobierno central, está el reto de incentivar la inversión privada en la zona. La instalación de empresas y plantas agroindustriales en la región, propiciará lentamente la generación de nuevos y mayores puestos de trabajo, sustitución progresiva de cocales ilegales, combate frontal contra el narcotráfico, lucha contra la extrema pobreza, reducción del analfabetismo y caída de la morbimortalidad infantil.

Es decir, el desarrollo social debe estar por encima de cualquier estrategia de control de terroristas y combate contra el narcotráfico. Si bien la desarticulación y la captura de remanentes subversivos son tareas de la Fuerza Armada y Policía Nacional del Perú, no será tan efectivo como tener a la población en óptimas condiciones y preparadas para rechazar de plano cualquier accionar de la delincuencia terrorista.

De la misma manera, la fuente de financiamiento de los subversivos se verá cortada y por lo tanto, su accionar también será limitado. Sólo el desarrollo social es capaz de traer paz y armonía en las comunidades del VRAE y zonas similares atacadas por el mismo problema.

Publicado el martes 5 de mayo de 2009

¡LARGA VIDA AL DECANO!

Han pasado 170 años, desde que el histórico sábado 4 de mayo de 1839, “El Comercio”, diario comercial, político y literario nació para constituirse en uno de los periódicos más importantes de América Latina en el siglo XXI.

Su slogan “comercial, político y literario” ha calado hondo en la sociedad peruana, que efectivamente, el suplemento “El Dominical” ha jugado un rol importante en la vida cultural de la nación, habiendo pasado por esa vieja redacción, ilustres hombres de prensa que iluminaron con su sabiduría la vida de las nuevas generaciones de periodistas, en las que me incluyo como comunicadora social.

Hablar del decano, es referirse a la historia misma del periodismo. Tal vez, muchas veces no estemos de acuerdo con la postura de sus editoriales, pero por sus 170 años que lleva adentro, merece resaltarse esta fecha. ¡Larga vida para el decano y otros medios de comunicación!

Este aniversario es un buen motivo para que los periodistas de cualquier redacción, tengamos un tiempo de reflexión acerca de lo que significa la comunicación social en el Perú de hoy. No pretendo dar clases de periodismo, simplemente llamó la atención de los hombres de prensa para rescatar y revalorizar esta noble profesión, tan venida a menos en los últimos años.

Urge volver a los principios elementales de informar con veracidad y desde los diversos ángulos. Si se trata de opinión, respetar las ideologías ajenas, tal vez ellos tengan su propia verdad. Rescatar lo bueno de las personas y también de las instituciones.

En el Congreso de la República no solamente hay noticias de “escándalo”, propicias para titulares de algunos medios, sino también, informaciones de vital importancia para el desarrollo social del país. Por ejemplo, la entrega de los primeros 75 millones de soles para iniciar el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético del Alto Piura, es fundamental para el desarrollo de casi un millón de peruanos que viven en el departamento de Piura.

Igualmente, las necesidades que tiene el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú para renovar su flota vehicular es otra noticia que interesa a todos, porque es la única institución social que goza del 97 por ciento de aceptación y es a la que recurrimos todos cuando estamos frente a una amenaza de incendio o muerte.

Los 170 años que cumple el decano o los aniversarios de los otros medios no deben pasar desapercibidos, ni terminar en una gran fiesta que por derecho corresponde, sino en un tiempo de reflexión para los periodistas y para todos aquellos involucrados con el cambio social.

Precisamente, Oscar Miró Quesada, el recordado RACSO, acuñó la frase que se hizo muy popular en las redacciones y facultades de comunicación social o ciencias de la comunicación: “El periodismo puede ser la más noble de las profesiones o el más vil de los oficios”. La respuesta deberá darla cada periodista que diariamente busca una noticia para informar a sus lectores, radioescuchas, televidentes o internautas.

El periodismo no sólo debe ser una pasión, sino también una gran responsabilidad social de quienes ejercen la profesión, dirigen los medios de comunicación o son los propietarios de los mismos.

Publicado el martes 5 de mayo de 2009.