EN DEFENSA DEL AGUA Y PROYECTO ALTO PIURA

En mi calidad de congresista de la República y representante del departamento de Piura, el viernes pasado me reuní con el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon Munaro, para tratar acerca de la transferencia de los S/. 75 millones para iniciar las obras del Componente I del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura.

Ante mi petición, el premier se comprometió con solicitar personalmente la respectiva partida al ministro de Economía, Luis Carranza, mañana en el Consejo de Ministros. Algo que debe quedar en claro es que en la Ley de Presupuesto para el presente ejercicio, ese monto ya está aprobado.

Además, el titular de la PCM, sostuvo que no habrá ningún condicionamiento para la transferencia del dinero, que debe concretarse esta semana. Como lambayecano, reconoció la importancia del Proyecto Alto Piura porque es una obra que generará nuevos y mayores empleos, reducirá la pobreza y reactivará el agro altopiurano.

Sin embargo, en caso que las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas no entreguen la partida para el Alto Piura, el titular de ese portafolio será denunciado constitucionalmente por oponerse a una norma legal aprobada en el Congreso de la República, al margen también de la promesa que hiciera el presidente Alan García Pérez.

Los piuranos somos gente de paz y nos gusta vivir en armonía con todos. Por el momento estamos facilitando el diálogo con las autoridades gubernamentales, tomando la iniciativa de reunirme con el premier. Sin embargo, si hay respuestas desfavorables para el pueblo piurano, respaldaré el paro regional convocado por el Frente Regional de Defensa del Agua y el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura, para el 25 de marzo.

Con respecto al agua del Río Huancabamba, sobre este tema no hay nada que discutir. El asunto ya fue zanjado hace tiempo y sus aguas, según los expertos, beneficiarán a los proyectos Alto Piura y Olmos. El representante de la Autoridad Nacional del Agua, Juan Carlos Sevilla afirmó recientemente que “el Estado definió 335 millones de metros cúbicos del Río Huancabamba para el Proyecto Alto Piura. Si Piura ya tiene agua que siga. Si el proyecto Olmos tiene las obras a medio hacer, debe concentrarse en solucionar su problema”.

Es cierto que desde los inicios del siglo pasado la idea fue trasvasar las aguas del Río Huancabamba para irrigar las pampas de Olmos, pero también es real que las aguas del Huancabamba que nace en las alturas de Cajamarca ocupa gran parte del departamento de Piura, de ahí su nombre. No queremos que en nombre del Proyecto Olmos, los piuranos nos veamos privados de un proyecto que ya tiene cerca de 50 años de lucha y que beneficiará el riego de más de 31 mil hectáreas de cultivo y ampliar la frontera agrícola del departamento en 34 mil nuevas hectáreas, con el respectivo desarrollo pecuario y forestal.

Los piuranos estaremos vigilantes para que se cumpla con la Ley, viviendo con dignidad y sin quitarle nada a nadie. Pero también expresando, que se nos respete y no se afecte nuestros derechos. Desde esta perspectiva, hacemos un llamado a la unidad y al diálogo con paz, pero que no se confunda que nuestra tranquilidad es sinónimo de conformismo social.

Columna "Cuestión Previa", Diario Expreso

Publicado el martes 24 de febrero de 2009

LLAMADO DE ALERTA EN PIURA

Desde hace buen tiempo la ciudad y la provincia de Sullana, en Piura, vienen siendo objeto de una alarmante incidencia de hechos delictivos. No se trata solo de robos de poca monta sino de asaltos con uso de armas de fuego. Frente a esto han comenzado a surgir grupos de ciudadanos que demandan una mejor actuación por parte de la Policía Nacional y las Municipalidades.

El fenómeno del crecimiento de la delincuencia ocurre en casi todas partes. Se da con mayor fuerza en las zonas cercanas a las fronteras como Piura, y Sullana, en particular. Las fronteras son propicias para toda clase de tráficos ilegales y estos irradian las conductas delictivas hacia las zonas cercanas.

Frente al crecimiento de la delincuencia se han ensayado una serie de respuestas. Entre esas respuestas están las que tienden a sobredimensionar las medidas represivas. Se aumentan las penas, algunos piden la pena de muerte para cierto tipo de delitos, o se reduce la edad para penalizar a los jóvenes, o se dispone la participación de los militares en la represión al delito común.

El resultado de sobredimensionar la respuesta represiva no ha sido positivo. Más represión no ha producido menos delitos. Por ejemplo, la pena de muerte no ha producido menos incidencia de los delitos para los cuales se aplica.

Respuestas más efectivas son las que tienen que ver con la reforma de las instituciones responsables de prevenir o castigar al delito. Estas instituciones, tales como la policía y el Poder Judicial, tienen que asegurar que las leyes y sanciones se cumplirán pues uno de los acicates del delito es la expectativa de impunidad.

Ahora bien, instituciones como la policía y el poder judicial, como cualquier otra institución, necesitan de la presión y la vigilancia de los ciudadanos y de las autoridades elegidas para que cumplan bien su labor.

Los alcaldes, por otro lado, debieran tener algún nivel de mando efectivo sobre la policía local. Las leyes les asignan responsabilidad en materia de seguridad pero poco podrán hacer si la policía sigue teniendo una estructura centralista que depende sólo de un ministro del Interior y de un director de la Policía en Lima. Somos de la idea de que la experiencia de los serenazgos debe ser canalizada para conformar verdaderas policías municipales.

La organización vecinal es otra de las respuestas más adecuadas para combatir al delito. Está probado que las ciudades, comunidades o barrios desorganizados son más propensos a la actividad delictiva o a ser víctimas de la misma. El caso de las rondas campesinas o algunas rondas urbanas es un ejemplo. Pero todo tipo de organización vecinal también es útil al momento de tener que movilizar a una población para enfrentar algún flagelo. El delito lo es, de hecho.

Esperamos que estas consideraciones nos sirvan para comenzar a responder ante la situación que preocupa a provincias como Sullana.

Revista GENTE
Publicado en la edición de febrero 2009

FUNCIÓN FISCALIZADORA EN CASO PETRO-TECH

Diversas lecturas se leen sobre el rol que debe tener la comisión congresal para investigar la reciente venta de las acciones de Petro-Tech a un consorcio colombo-coreano y el posible impacto que tendría esta transacción en el Estado peruano. Entre dimes y diretes se está perdiendo la objetividad de la función fiscalizadora que tiene el Congreso de la República, motivando titulares periodísticos que lo único que hacen es distraer la finalidad de la investigación.

El caso de Petro-Tech no es el único que por falta de decisión política de los diversos gobiernos de turno, se han convertido ahora en lesivo a los intereses de todos los peruanos. Tal vez, sólo sea la punta de un iceberg que urge darle una mirada para evitar nuevas sorpresas.

Es cierto que desde sus orígenes este contrato fue viciado al no cumplirse con las normas contenidas en la licitación internacional, que establecía otorgar la buena pro a una empresa de capitales foráneos o dueña en su totalidad de las acciones de sucursal alguna. Pues bien, este contrato se suscribió con Petro-Tech Peruana, sucursal de Petro-Tech Internacional y propietaria sólo del 99 por ciento de las acciones. Los ex ministros Daniel Hokama y Jorge Camet Dickman probablemente tengan mucho que decir sobre este caso. Es más, el actual ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, también debe saber algo, en virtud que fue asesor del MEM en esos años.

Si bien es cierto que la moción para conformar la Comisión Investigadora el pasado jueves 12 de febrero fue investigar las razones de la venta y sus contingencias tributarias, societarias y de otro tipo con relación a los contratos celebrados con el Estado, también es real que la autonomía del Congreso de la República, permite que esta comisión no puede tener restricciones para la elaboración de su trabajo. Creemos firmemente que esta comisión debe investigar, no solamente posibles irregularidades recientes, sino lo actuado desde sus orígenes cuando se presume que hay vicios cometidos.

Hay quienes creen que un posible “exceso” de la comisión atentaría contra las inversiones en el país. Eso no es así. El Congreso no tiene facultad para modificar una relación contractual como son los convenios y contratos internacionales, pero sí los congresistas tenemos el deber ético de denunciar actos que atenten contra los intereses nacionales.

El reputado jurista francés André Hauriou, afirmaba que un parlamento es un conjunto de censores que obliga a los gobernantes a justificarse públicamente y someter a la crítica pública las razones de su política. Desde esta perspectiva, el contrato con Petro-Tech es un caso de interés público y por lo tanto, sujeto a la crítica y análisis de sus censores, en este caso del Congreso de la República.

Además, las comisiones investigadoras no constituyen solamente un control político, sino también proveen elementos de control jurídico. Precisamente, en la labor fiscalizadora de sus integrantes, está la base de la seguridad jurídica que requieren las inversiones para establecerse en el país. Los inversionistas deben saber que para hacer buenos y exitosos negocios en el Perú, se requiere cumplir con normas limpias y transparentes, así como de los mecanismos de control que tienen las diversas instituciones del Estado.

Columna "Cuestión Previa" del diario EXPRESO
Publicado el martes 17 de febrero de 2009

RESPUESTAS FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA

Desde hace buen tiempo la ciudad y la provincia de Sullana, en Piura, vienen siendo objeto de una alarmante incidencia de hechos delictivos. No se trata solo de robos de poca monta sino de asaltos con uso de armas de fuego. Frente a esto han comenzado a surgir grupos de ciudadanos que demandan una mejor actuación por parte de la Policía Nacional y las Municipalidades.

El fenómeno del crecimiento de la delincuencia ocurre en casi todas partes. Se da con mayor fuerza en las zonas cercanas a las fronteras como Piura, y Sullana, en particular. Las fronteras son propicias para toda clase de tráficos ilegales y estos irradian las conductas delictivas hacia las zonas cercanas.

Frente al crecimiento de la delincuencia se han ensayado una serie de respuestas. Entre esas respuestas están las que tienden a sobredimensionar las medidas represivas. Se aumentan las penas, algunos piden la pena de muerte para cierto tipo de delitos, o se reduce la edad para penalizar a los jóvenes, o se dispone la participación de los militares en la represión al delito común.

El resultado de sobredimensionar la respuesta represiva no ha sido positivo. Más represión no ha producido menos delitos. Por ejemplo, la pena de muerte no ha producido menos incidencia de los delitos para los cuales se aplica.

Respuestas más efectivas son las que tienen que ver con la reforma de las instituciones responsables de prevenir o castigar al delito. Estas instituciones, tales como la policía y el Poder Judicial, tienen que asegurar que las leyes y sanciones se cumplirán pues uno de los acicates del delito es la expectativa de impunidad.

Ahora bien, instituciones como la policía y el poder judicial, como cualquier otra institución, necesitan de la presión y la vigilancia de los ciudadanos y de las autoridades elegidas para que cumplan bien su labor.

Los alcaldes, por otro lado, debieran tener algún nivel de mando efectivo sobre la policía local. Las leyes les asignan responsabilidad en materia de seguridad pero poco podrán hacer si la policía sigue teniendo una estructura centralista que depende sólo de un ministro del Interior y de un director de la Policía en Lima. Somos de la idea de que la experiencia de los serenazgos debe ser canalizada para conformar verdaderas policías municipales.

La organización vecinal es otra de las respuestas más adecuadas para combatir al delito. Está probado que las ciudades, comunidades o barrios desorganizados son más propensos a la actividad delictiva o a ser víctimas de la misma. El caso de las rondas campesinas o algunas rondas urbanas es un ejemplo. Pero todo tipo de organización vecinal también es útil al momento de tener que movilizar a una población para enfrentar algún flagelo. El delito lo es, de hecho.

Esperamos que estas consideraciones nos sirvan para comenzar a responder ante la situación que preocupa a provincias como Sullana.

Columna "Cuestión Previa" del diario EXPRESO
Publicado el martes 10 de febrero de 2009.

ABUSO EN UNA ESCUELA DE LA POLICÍA: ¿POR QUÉ OCURREN?

El último domingo 1 de febrero, el programa “Día D” de ATV pasó un video que registra imágenes de graves abusos cometidos en agravio de jóvenes de ambos sexos, ingresantes a la Escuela de Suboficiales de la Policía Nacional de Chimbote.

Un primer momento de los abusos es en la “bienvenida”, el primer día que los jóvenes quedan internados en la Escuela. Esa noche, cadetes de años superiores ingresan a los cuartos de los ingresantes. Les echan talco y aparentemente betún. Hasta aquí no se pasa de lo jocoso. Pero a uno de los ingresantes le aplican un spray deodorizador en la boca.

Más adelante, cerca de las 4 a.m., un oficial ingresa a las habitaciones de los ingresantes y esparce abundante gas lacrimógeno. Varios de los cadetes terminan vomitando y al borde de la asfixia. Después de unos instantes los obligan a que reingresen, ocurriendo lo mismo.

El segundo momento es aún peor. Ocurre unos meses después con el llamado “bautizo”. A los cadetes hombres y mujeres los hacen arrastrarse por un túnel similar a una acequia de desagüe, a la salida los hacen gritar para echarles puñados de tierra en la boca, y luego les hunden la cabeza en una pozo de barro. Después los hacen arrastrarse sobre basura llevando pedazos de desechos en la boca y obligándolos a rugir.

Lo más revelador es que el video tiene créditos abiertamente señalados. Quien aparece como productor del video es el propio director de la Escuela. Al final de la cinta aparece su foto y el texto “Cmdte PNP Juan Manuel García Ríos ETS PNP Chimbote Presenta Ceremonia Entrega de Huesos y Pulgas”. Según los periodistas este video se vendía a 15 soles a los familiares de los ingresantes.

Estos hechos revelan tres cosas. Primero, que en dicha Escuela el director promueve que se cometan abusos incalificables en contra de las y los cadetes ingresantes. Segundo, que este oficial es un evidente infractor de diversos artículos de la ley de régimen disciplinario de las fuerzas armadas y policiales, una ley que rige su comportamiento en tanto integrante de las fuerzas policiales. Tercero, que los cadetes y sus familias han asumido que esto es parte normal de la formación en una Escuela policial.

Infracción a la ley y a los derechos de las y los cadetes por parte de los que conducen dicha Escuela, y desconocimiento de sus propios derechos por parte de los cadetes y de sus familias, por otra parte, nos indican una situación propicia para que se cometan este tipo de abusos. Es más, ello abre las puertas a abusos todavía más graves.

¿Esto es un hecho aislado?. No parece. En agosto de 2007 una cadete de la escuela de suboficiales de la policía de Ayacucho denunció que unas instructoras le hicieron permanecer de madrugada con la ropa mojada. En otro momento la hicieron comer un recipiente lleno de ají con dos litros de leche. Lo primero le provocó una neumonía. Lo segundo, una gastritis crónica.

Hechos como éstos ameritan que el ministro del Interior informe a las comisiones del Congreso cómo es que las diversas Escuelas de la Policía garantizan o no el respeto a la dignidad, a la salud y a los derechos de sus cadetes.

Publicado en el diario EXPRESO.
Martes, febrero 3, 2009

URGE PLAN DE SEGURIDAD PARA PIURA

En los últimos meses se ha venido observando un incremento de la delincuencia común y organizada en diversas partes del país, especialmente en el departamento de Piura. Robos, asaltos, secuestros y actos de violencia de toda índole están ocurriendo por doquier. Urge entonces, un plan de seguridad ciudadana que devuelva la tranquilidad a todos los piuranos.

Ese plan integral, basado en la convivencia y seguridad ciudadana, debería ser elaborado, no sólo por las autoridades pertinentes, sino por representantes de las instituciones tutelares de la región como el Poder Judicial, gobiernos locales, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo; Policía Nacional del Perú y organizaciones de la sociedad civil, algunas de las cuales ya están trabajando ese tema.

La idea es garantizar la realización de una serie de estrategias, acciones y programas específicos, que tengan como objetivo erradicar la delincuencia común y tratar de manera integral, la problemática que origina esta lacra social.

Ese plan que se confeccione debe guardar relación con un diagnóstico verídico de la situación de cada distrito, para lo cual habría que realizar un proyecto piloto. Proponemos que ese piloto sea la provincia de Sullana porque en esa ciudad ya existe un trabajo pionero, el que realiza el Movimiento Cívico por la Paz.

Es urgente que el diseño esté construido con el concurso de todas las entidades del Estado encargadas del tema que operen en las diversas jurisdicciones. Debe participar la comunidad y que debería ser validado por el Consejo de Seguridad, instancia que haría el seguimiento y la evaluación del mismo.

Por cierto, que ya hubo planes en el pasado, pero que hasta la fecha, no han funcionado o simplemente no se han implementado. Se debe tener en cuenta que mediante ese Plan se determinarán las estrategias y las acciones a seguir. De ahí que sea fundamental que cuente con indicadores a ser evaluados en un tiempo específico. Esta estrategia debe contener compromisos, responsabilidades, objetivos y metas claras, que nos permita monitorear cada una de las acciones.

Como primera tarea, propongo la conformación de una Mesa de Concertación de Lucha Contra la Delincuencia e Inseguridad Ciudadana; que nos permita aprobar en primera instancia el “Plan integral de convivencia y seguridad ciudadana”. Para ello, se debe hacer una convocatoria a todas las autoridades y sociedad civil organizada relacionadas con el tema.

La iniciativa debe partir del Ejecutivo. En la medida que demoren en elaborar un plan integral que garantice la seguridad ciudadana, se continuará lamentándose acciones violentas que aquejan a los piuranos, y en algunos casos, hasta les quitan la vida. Como representante del pueblo, apoyaremos iniciativas que sirvan para el bienestar de todos, y que incluso, contribuyan con el crecimiento económico regional, porque garantizará también, el desarrollo de un turismo interno que dinamice a los diversos operadores económicos, creando riqueza y empleo para los piuranos. Una ciudad segura, es también una excelente plaza turística para desarrollar. No olvidemos que seguridad ciudadana está ligada con el desarrollo social.

Publicado el 29 de enero de 2009

APROBEMOS LA LEY GENERAL DEL AGUA

El jueves 15 de enero, el pleno del Congreso logró aprobar en primera votación la Ley de Recursos Hídricos o Ley General del Agua. Participamos en este debate recogiendo los puntos de vista de juntas de usuarios y comités de regantes que demandan la pronta aprobación de esta ley.

Algunos congresistas sostuvieron que debía posponerse la aprobación del proyecto pues no habría sido bien debatida. Cabe señalar que los proyectos de ley sobre este tema se vienen debatiendo desde el 2006 y que el dictamen que ha llegado al pleno obtuvo consenso en la Comisión de Agricultura.

Además este proyecto debe reemplazar a una ley que data de 1969 y las condiciones actuales ya son muy distintas. Igualmente trata de poner un marco legal general antes de que se aplique el decreto legislativo 1081 cuyos efectos pueden ser funestos, tal como lo han advertido los usuarios y regantes.

En efecto, el DL 1081 puede generar muchos conflictos. Crea una Autoridad Nacional del Agua (ANA) como principal organismo de gestión del agua. Pero su consejo directivo sólo incluye a representantes del poder ejecutivo. No incluye a representantes de las organizaciones sociales usuarias del agua. Por otro lado, el mencionado decreto legislativo autoriza a la mencionada ANA a entregar la gestión del agua a empresas privadas.

Con tales medidas, el Decreto Legislativo 1081 conforma una ANA excluyente y abre las puertas a que se privatice la gestión del agua, lo cual significa que el lucro será un criterio de gestión y se impondrán mayores costos para los usuarios.

En cambio el proyecto de ley que está en proceso de aprobación establece “la participación de los usuarios y de la población organizada en la toma de decisiones que afectan el agua”. Señala también que la administración del agua “sólo puede ser otorgada y ejercida en armonía con el bien común”.

A la vez, el proyecto de ley establece que el consejo directivo de la ANA incluya representantes de gobiernos regionales, municipios rurales, de las organizaciones de usuarios y de las comunidades campesinas y nativas.

El contenido del proyecto define y regula el sistema nacional de gestión de recursos hídricos, liderado precisamente por la ANA. Define y regula las autoridades administrativas del agua y los consejos de cuenca. Define el rol de gobiernos regionales y locales, así como de las organizaciones usuarios.

El proyecto también regula los distintos tipos de usos del agua así como los diversos derechos de uso y su extinción. Igualmente, el régimen económico del uso del agua. También establece normas de protección y de planificación en la gestión del agua y las correspondientes infracciones y sanciones para los que violen la ley.

Como tenia que ser, el proyecto propone la derogatoria de la antigua ley 17752 y de los decretos legislativos poco atinados como el 1081. Esperamos que la Comisión Permanente del Congreso no se demore en aprobar la segunda votación para que el proyecto pase al Poder Ejecutivo y sea promulgado.

Publicado en el diario EXPRESO
Martes 20 de enero de 2009