PROMOCIONEMOS EL PROYECTO ALTO PIURA

Con la promulgación del decreto supremo por parte del MEF, el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura es una realidad. Ahora nos toca promocionar este proyecto ante los inversionistas extranjeros, porque no solamente se trata de un buen negocio para los capitales extranjeros, sino también de fomentar el desarrollo social, agroindustrial, energético y exportador que cambiará la vida de miles de agricultores.

Ante la crisis financiera internacional que está afectando a las economías industrializadas del mundo y que recién se está sintiendo en la región, es importante prestar atención a aquellos proyectos que son rentables para cualquier inversionista, pero que también cumplen un rol importante para saldar parte de la deuda social de los pueblos. El Proyecto Alto Piura es uno de ellos.

El proceso de globalización está generando en casi todas las naciones un déficit de energía, donde el Perú no es ajeno a esta realidad. El crecimiento demográfico y el incremento de empresas con nuevas tecnologías demandan mayor consumo de energía. Siendo que el Proyecto Alto Piura contempla la construcción de dos centrales hidroenergéticas, urge entonces darle prioridad en la agenda pública en los próximos años para su promoción internacional.

Confiamos que el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon, también pueda programar una visita a los terrenos donde se iniciará la construcción del Proyecto Alto Piura, y si puede llevar a algunos empresarios y representantes de medios de comunicación, mejor. De esa manera, se difundiría las bondades de este gran proyecto que no sólo beneficiará al departamento de Piura, sino al norte peruano.

Desde esta perspectiva, esta semana será decisiva para el gobierno y también para el pueblo de Piura. Por un lado, el gobierno debe promulgar el Decreto Supremo que incorpora los 75 millones de nuevos soles para iniciar las obras del Componente I del proyecto, y por el otro lado, el pueblo piurano mediante el gobierno regional, podrá disponer de los recursos para la licitación del proyecto.

El proyecto piurano es también una excelente oportunidad que tiene el gobierno para fomentar la inversión pública y reactivar la demanda interna. Si para combatir los efectos de la crisis financiera internacional urge poner en marcha toda la maquinaria de los grandes proyectos, se debe considerar al Alto Piura como uno de los más rentables para la inversión pública, pero también para cualquier inversionista foráneo.

Piura se caracteriza por tener una de las tierras más ricas en materia agrícola, agroindustrial y producción agropecuaria. El proyecto no sólo generará energía eléctrica, producción agrícola y pecuaria, sino también mejorará la calidad de vida de miles de campesinos de Ayabaca, Morropón y Huancabamba, considerados los más pobres de la región. Es decir, es una buena estrategia para combatir la pobreza en el campo.

Si bien es cierto, Piura aún no tiene construcción alguna que mostrar a la prensa, tal como se hizo con nuestro vecino Olmos, estamos seguros que las autoridades gubernamentales tendrán presente que el Alto Piura representa un hito histórico en el desarrollo social del país, en la reactivación de la demanda interna del norte y en el cambio de vida de miles de campesinos. Por todas estas razones, promocionemos el Proyecto Alto Piura.

Publicado en el diario EXPRESO.
Columna "Cuestión Previa" / Martes, marzo 17, 2009

PROYECTO ALTO PIURA: URGE QUE MEF SEA MÁS DILIGENTE

El próximo lunes se reunirán los integrantes de la Comisión Técnica Interregional para determinar el tema del agua para Lambayeque, Cajamarca y Piura, pero aún el Ministerio de Economía y Finanzas no ha publicado el decreto supremo que incorpore en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios los 75 millones de nuevos soles para iniciar las obras del Componente I del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura.

¿Qué pasa en el MEF? Ya casi ha pasado una semana desde que el gobierno promulgó el decreto de urgencia que establece las medidas extraordinarias para asegurar el financiamiento del Componente I del Proyecto Alto Piura, pero aún los funcionarios de ese portafolio no se pronuncian. También hemos remitido un oficio al ministro Luis Carranza, a quien solicitamos promulgar con carácter de urgencia la dación del referido decreto supremo.

En el DS se autoriza al MEF incorporar el monto asignado, quedando supeditada dicha autorización a la aprobación del respectivo expediente técnico. En el oficio remitido al ministro, también le adjuntamos la respectiva resolución del Gobierno Regional de Piura que aprueba el expediente técnico. Para el pueblo piurano la prioridad la tiene la transferencia de los fondos. La pregunta que muchos se hacen es: ¿De dónde vendrán los 75 millones?

En principio, la septuagésima segunda disposición final de la Ley Nº 29289, Ley de Presupuesto del Sector Público para 2009, autoriza al MEF incluir en el Presupuesto General de la República el monto asignado que aseguren el flujo futuro para la ejecución de las obras. En ese sentido, con la finalidad de atender el financiamiento a que se refiere la citada disposición final se ha promulgado el Decreto de Urgencia Nro. 033-2009.

En el Artículo 2º del citado decreto se autoriza al MEF, mediante la Dirección Nacional del Tesoro Público, a constituir un depósito por el monto que se necesita con cargo a los saldos disponibles de los recursos establecidos en el numeral 1.1 del artículo 1º del Decreto de Urgencia Nº 016-2009. ¿Qué expresa ese numeral? Dice: "Exceptúase el saldo presupuestal de libre disponibilidad del Tesoro Público obtenido al final del año fiscal 2008 en la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios, de la aplicación del inciso a) del párrafo 7.1 del Artículo 7° de la Ley N° 27245, Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal; y, autorízase para que con cargo a dichos saldos de libre disponibilidad se financie la Séptima Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 29291, Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2009".

Es decir, la sétima disposición complementaria, amplía el Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local (Foniprel) en 1,567 millones de nuevos soles para cuyo efecto autorízase a la Dirección Nacional del Tesoro Público a depositar dichos recursos en la cuenta del Foniprel, suma que forma parte de las deducciones para efectos de la aplicación del inciso a) del párrafo 7.1 del artículo 7° de la Ley N° 27245, Ley de responsabilidad y transparencia fiscal. Tales recursos se sujetan a las disposiciones que regula el Foniprel, incluido el Decreto de Urgencia N° 030-2008.

Esto quiere decir que los 75 millones serán financiados con los recursos del Fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local.

Publicado el martes 10 de marzo de 2009.

Diario EXPRESO / Lima

DERECHO DE CADETES MUJERES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y PNP

A pocos días de celebrarse el Día Internacional de la Mujer, es lamentable dar a conocer públicamente las constantes agresiones físicas y psicológicas a cadetes mujeres que estudian en instituciones castrenses.

Nos referimos a los casos de las cadetes mujeres de la escuela de oficiales de la Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, sólo por citar ejemplos que son de público conocimiento, entre otros tantos que por razones obvias no se salen a la luz.

Cuando hace dos años presidía la Comisión de la Mujer del Congreso de la República, conjuntamente con representantes de diversas instituciones de la sociedad civil, trabajamos una Ley de Igualdad de Oportunidades (LIO) para hombres y mujeres, que tenga por objetivo poner fin a una serie de abusos y discriminaciones, no solamente en los ámbitos laboral, social y económico, sino también en el académico, como es el caso de las cadetes mencionadas.

Sin embargo, al parecer esta norma que es Ley en todo el territorio peruano, no se aplica en las escuelas militares. La LIO garantiza a mujeres y hombres el libre ejercicio de sus derechos con plena igualdad y sin discriminación. ¿Qué está faltando en el país para que esta norma no se cumpla en las instituciones castrenses? ¿Las mujeres son menos que los varones? ¿Quiénes son los responsables para que la ley se cumpla?

No pretendemos que las mujeres sean tratadas como cristales o personas especiales en las escuelas de formación militar, simplemente queremos que se respeten sus derechos y no se abuse con maltratos psicológicos y castigos corporales a quienes exigen sus derechos como personas.

Es lamentable que en el Grupo de Trabajo sobre "Control político y fiscalización de las denuncias por violencia familiar, social y laboral; Violación sexual y abuso de autoridad en la Fuerzas Armadas, PNP e instituciones del Estado en agravio de mujeres, niños, niñas, adolescentes y adulto mayor", se sigan recibiendo diversas denuncias sobre violación sexual, acoso y hostigamiento en agravio de cadetes y soldados mujeres, y personal femenino en las Fuerzas Armadas.

La Ley 28983 promulgada en marzo de 2007 tiene como finalidad, no solamente de fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, sino también de hacer respetar los derechos de ciento de mujeres que cada día son discriminadas y sus derechos vulnerados.

El caso de las cadetes merece toda nuestra atención. Ellas ingresaron a las escuelas militares con buena salud, aptas para la vida militar y con proyectos de vida. Sus padres confiaron en el Estado para dejar a sus hijas en instituciones tutelares de las Fuerzas Armadas. No es posible que por la culpa de algunos malos oficiales, no de las instituciones que merecen todo nuestro respeto, los proyectos de vida de las jóvenes se vean truncados.

Es responsabilidad del Estado garantizarle a cada una de las cadetes, no solamente la indemnización por el daño recibido, sino también ayudarles a reintegrarse a la sociedad. Sólo así entenderemos que la LIO está vigente y que cumple su rol integrador en la sociedad peruana.
A dos años de la Ley, urge darle nuevos bríos, exigiendo que se respeten los derechos de cadetes y soldados mujeres, y personal femenino en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú.

Publicado el martes 3 de marzo de 2009.

Diario EXPRESO / Lima.

EN DEFENSA DEL AGUA Y PROYECTO ALTO PIURA

En mi calidad de congresista de la República y representante del departamento de Piura, el viernes pasado me reuní con el presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon Munaro, para tratar acerca de la transferencia de los S/. 75 millones para iniciar las obras del Componente I del Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura.

Ante mi petición, el premier se comprometió con solicitar personalmente la respectiva partida al ministro de Economía, Luis Carranza, mañana en el Consejo de Ministros. Algo que debe quedar en claro es que en la Ley de Presupuesto para el presente ejercicio, ese monto ya está aprobado.

Además, el titular de la PCM, sostuvo que no habrá ningún condicionamiento para la transferencia del dinero, que debe concretarse esta semana. Como lambayecano, reconoció la importancia del Proyecto Alto Piura porque es una obra que generará nuevos y mayores empleos, reducirá la pobreza y reactivará el agro altopiurano.

Sin embargo, en caso que las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas no entreguen la partida para el Alto Piura, el titular de ese portafolio será denunciado constitucionalmente por oponerse a una norma legal aprobada en el Congreso de la República, al margen también de la promesa que hiciera el presidente Alan García Pérez.

Los piuranos somos gente de paz y nos gusta vivir en armonía con todos. Por el momento estamos facilitando el diálogo con las autoridades gubernamentales, tomando la iniciativa de reunirme con el premier. Sin embargo, si hay respuestas desfavorables para el pueblo piurano, respaldaré el paro regional convocado por el Frente Regional de Defensa del Agua y el Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura, para el 25 de marzo.

Con respecto al agua del Río Huancabamba, sobre este tema no hay nada que discutir. El asunto ya fue zanjado hace tiempo y sus aguas, según los expertos, beneficiarán a los proyectos Alto Piura y Olmos. El representante de la Autoridad Nacional del Agua, Juan Carlos Sevilla afirmó recientemente que “el Estado definió 335 millones de metros cúbicos del Río Huancabamba para el Proyecto Alto Piura. Si Piura ya tiene agua que siga. Si el proyecto Olmos tiene las obras a medio hacer, debe concentrarse en solucionar su problema”.

Es cierto que desde los inicios del siglo pasado la idea fue trasvasar las aguas del Río Huancabamba para irrigar las pampas de Olmos, pero también es real que las aguas del Huancabamba que nace en las alturas de Cajamarca ocupa gran parte del departamento de Piura, de ahí su nombre. No queremos que en nombre del Proyecto Olmos, los piuranos nos veamos privados de un proyecto que ya tiene cerca de 50 años de lucha y que beneficiará el riego de más de 31 mil hectáreas de cultivo y ampliar la frontera agrícola del departamento en 34 mil nuevas hectáreas, con el respectivo desarrollo pecuario y forestal.

Los piuranos estaremos vigilantes para que se cumpla con la Ley, viviendo con dignidad y sin quitarle nada a nadie. Pero también expresando, que se nos respete y no se afecte nuestros derechos. Desde esta perspectiva, hacemos un llamado a la unidad y al diálogo con paz, pero que no se confunda que nuestra tranquilidad es sinónimo de conformismo social.

Columna "Cuestión Previa", Diario Expreso

Publicado el martes 24 de febrero de 2009

LLAMADO DE ALERTA EN PIURA

Desde hace buen tiempo la ciudad y la provincia de Sullana, en Piura, vienen siendo objeto de una alarmante incidencia de hechos delictivos. No se trata solo de robos de poca monta sino de asaltos con uso de armas de fuego. Frente a esto han comenzado a surgir grupos de ciudadanos que demandan una mejor actuación por parte de la Policía Nacional y las Municipalidades.

El fenómeno del crecimiento de la delincuencia ocurre en casi todas partes. Se da con mayor fuerza en las zonas cercanas a las fronteras como Piura, y Sullana, en particular. Las fronteras son propicias para toda clase de tráficos ilegales y estos irradian las conductas delictivas hacia las zonas cercanas.

Frente al crecimiento de la delincuencia se han ensayado una serie de respuestas. Entre esas respuestas están las que tienden a sobredimensionar las medidas represivas. Se aumentan las penas, algunos piden la pena de muerte para cierto tipo de delitos, o se reduce la edad para penalizar a los jóvenes, o se dispone la participación de los militares en la represión al delito común.

El resultado de sobredimensionar la respuesta represiva no ha sido positivo. Más represión no ha producido menos delitos. Por ejemplo, la pena de muerte no ha producido menos incidencia de los delitos para los cuales se aplica.

Respuestas más efectivas son las que tienen que ver con la reforma de las instituciones responsables de prevenir o castigar al delito. Estas instituciones, tales como la policía y el Poder Judicial, tienen que asegurar que las leyes y sanciones se cumplirán pues uno de los acicates del delito es la expectativa de impunidad.

Ahora bien, instituciones como la policía y el poder judicial, como cualquier otra institución, necesitan de la presión y la vigilancia de los ciudadanos y de las autoridades elegidas para que cumplan bien su labor.

Los alcaldes, por otro lado, debieran tener algún nivel de mando efectivo sobre la policía local. Las leyes les asignan responsabilidad en materia de seguridad pero poco podrán hacer si la policía sigue teniendo una estructura centralista que depende sólo de un ministro del Interior y de un director de la Policía en Lima. Somos de la idea de que la experiencia de los serenazgos debe ser canalizada para conformar verdaderas policías municipales.

La organización vecinal es otra de las respuestas más adecuadas para combatir al delito. Está probado que las ciudades, comunidades o barrios desorganizados son más propensos a la actividad delictiva o a ser víctimas de la misma. El caso de las rondas campesinas o algunas rondas urbanas es un ejemplo. Pero todo tipo de organización vecinal también es útil al momento de tener que movilizar a una población para enfrentar algún flagelo. El delito lo es, de hecho.

Esperamos que estas consideraciones nos sirvan para comenzar a responder ante la situación que preocupa a provincias como Sullana.

Revista GENTE
Publicado en la edición de febrero 2009

FUNCIÓN FISCALIZADORA EN CASO PETRO-TECH

Diversas lecturas se leen sobre el rol que debe tener la comisión congresal para investigar la reciente venta de las acciones de Petro-Tech a un consorcio colombo-coreano y el posible impacto que tendría esta transacción en el Estado peruano. Entre dimes y diretes se está perdiendo la objetividad de la función fiscalizadora que tiene el Congreso de la República, motivando titulares periodísticos que lo único que hacen es distraer la finalidad de la investigación.

El caso de Petro-Tech no es el único que por falta de decisión política de los diversos gobiernos de turno, se han convertido ahora en lesivo a los intereses de todos los peruanos. Tal vez, sólo sea la punta de un iceberg que urge darle una mirada para evitar nuevas sorpresas.

Es cierto que desde sus orígenes este contrato fue viciado al no cumplirse con las normas contenidas en la licitación internacional, que establecía otorgar la buena pro a una empresa de capitales foráneos o dueña en su totalidad de las acciones de sucursal alguna. Pues bien, este contrato se suscribió con Petro-Tech Peruana, sucursal de Petro-Tech Internacional y propietaria sólo del 99 por ciento de las acciones. Los ex ministros Daniel Hokama y Jorge Camet Dickman probablemente tengan mucho que decir sobre este caso. Es más, el actual ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, también debe saber algo, en virtud que fue asesor del MEM en esos años.

Si bien es cierto que la moción para conformar la Comisión Investigadora el pasado jueves 12 de febrero fue investigar las razones de la venta y sus contingencias tributarias, societarias y de otro tipo con relación a los contratos celebrados con el Estado, también es real que la autonomía del Congreso de la República, permite que esta comisión no puede tener restricciones para la elaboración de su trabajo. Creemos firmemente que esta comisión debe investigar, no solamente posibles irregularidades recientes, sino lo actuado desde sus orígenes cuando se presume que hay vicios cometidos.

Hay quienes creen que un posible “exceso” de la comisión atentaría contra las inversiones en el país. Eso no es así. El Congreso no tiene facultad para modificar una relación contractual como son los convenios y contratos internacionales, pero sí los congresistas tenemos el deber ético de denunciar actos que atenten contra los intereses nacionales.

El reputado jurista francés André Hauriou, afirmaba que un parlamento es un conjunto de censores que obliga a los gobernantes a justificarse públicamente y someter a la crítica pública las razones de su política. Desde esta perspectiva, el contrato con Petro-Tech es un caso de interés público y por lo tanto, sujeto a la crítica y análisis de sus censores, en este caso del Congreso de la República.

Además, las comisiones investigadoras no constituyen solamente un control político, sino también proveen elementos de control jurídico. Precisamente, en la labor fiscalizadora de sus integrantes, está la base de la seguridad jurídica que requieren las inversiones para establecerse en el país. Los inversionistas deben saber que para hacer buenos y exitosos negocios en el Perú, se requiere cumplir con normas limpias y transparentes, así como de los mecanismos de control que tienen las diversas instituciones del Estado.

Columna "Cuestión Previa" del diario EXPRESO
Publicado el martes 17 de febrero de 2009

RESPUESTAS FRENTE A LA INSEGURIDAD CIUDADANA

Desde hace buen tiempo la ciudad y la provincia de Sullana, en Piura, vienen siendo objeto de una alarmante incidencia de hechos delictivos. No se trata solo de robos de poca monta sino de asaltos con uso de armas de fuego. Frente a esto han comenzado a surgir grupos de ciudadanos que demandan una mejor actuación por parte de la Policía Nacional y las Municipalidades.

El fenómeno del crecimiento de la delincuencia ocurre en casi todas partes. Se da con mayor fuerza en las zonas cercanas a las fronteras como Piura, y Sullana, en particular. Las fronteras son propicias para toda clase de tráficos ilegales y estos irradian las conductas delictivas hacia las zonas cercanas.

Frente al crecimiento de la delincuencia se han ensayado una serie de respuestas. Entre esas respuestas están las que tienden a sobredimensionar las medidas represivas. Se aumentan las penas, algunos piden la pena de muerte para cierto tipo de delitos, o se reduce la edad para penalizar a los jóvenes, o se dispone la participación de los militares en la represión al delito común.

El resultado de sobredimensionar la respuesta represiva no ha sido positivo. Más represión no ha producido menos delitos. Por ejemplo, la pena de muerte no ha producido menos incidencia de los delitos para los cuales se aplica.

Respuestas más efectivas son las que tienen que ver con la reforma de las instituciones responsables de prevenir o castigar al delito. Estas instituciones, tales como la policía y el Poder Judicial, tienen que asegurar que las leyes y sanciones se cumplirán pues uno de los acicates del delito es la expectativa de impunidad.

Ahora bien, instituciones como la policía y el poder judicial, como cualquier otra institución, necesitan de la presión y la vigilancia de los ciudadanos y de las autoridades elegidas para que cumplan bien su labor.

Los alcaldes, por otro lado, debieran tener algún nivel de mando efectivo sobre la policía local. Las leyes les asignan responsabilidad en materia de seguridad pero poco podrán hacer si la policía sigue teniendo una estructura centralista que depende sólo de un ministro del Interior y de un director de la Policía en Lima. Somos de la idea de que la experiencia de los serenazgos debe ser canalizada para conformar verdaderas policías municipales.

La organización vecinal es otra de las respuestas más adecuadas para combatir al delito. Está probado que las ciudades, comunidades o barrios desorganizados son más propensos a la actividad delictiva o a ser víctimas de la misma. El caso de las rondas campesinas o algunas rondas urbanas es un ejemplo. Pero todo tipo de organización vecinal también es útil al momento de tener que movilizar a una población para enfrentar algún flagelo. El delito lo es, de hecho.

Esperamos que estas consideraciones nos sirvan para comenzar a responder ante la situación que preocupa a provincias como Sullana.

Columna "Cuestión Previa" del diario EXPRESO
Publicado el martes 10 de febrero de 2009.