PREPARÉMONOS ANTE EVENTUAL FENÓMENO DE "EL NIÑO"

Ante la posibilidad de un severo fenómeno de "El Niño", pronosticado por la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), agencia científica del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, urge que los presidentes regionales, alcaldes y autoridades vinculadas con la prevención de desastres naturales desarrollen un plan de contingencia y ejecuten obras que minimicen los posibles riesgos en el país.

Es importante la labor que realiza el Instituto Nacional de Defensa Civil, pero no será suficiente, si este trabajo no se articula con un proyecto de alcance nacional, donde participen todos los involucrados y no solamente se prioricen departamentos costeros.

La advertencia de la NOAA debe llevarnos a una seria reflexión en la toma de decisiones, no obstante que el pasado sábado, el gobierno destinó mediante decreto de urgencia un monto de S/. 15.8 millones para invertir en proyectos de prevención en el norte peruano, cantidad que considero insuficiente para los departamentos de Tumbes, Piura y Lambayeque.

Es conocido que en los dos primeros meses de cada año se producen huaycos, derrumbes e inundaciones, obstaculizando el comercio, transporte de carga y tránsito de personas. Esta situación se agrava aún más en períodos cuando los fenómenos de "El Niño" son severos. La temporada de precipitaciones pluviales se inicia en noviembre, pero el efecto se siente en los siguientes meses, de ahí la necesidad de tomar las medidas de prevención ahora que aún tenemos tiempo y evitar de esta manera, daños severos que afecten a nuestra economía.

El fenómeno "El Niño" ocasiona excesivas lluvias que provocan inundaciones y desborde de ríos, además de alterar los ecosistemas marinos y costeros, sin contar con los innumerables aludes que se producen. Hay indicios que se está formando un fenómeno severo, razón por la cual todos debemos participar para estar prevenidos y evitar que los desastres nos tomen desprevenidos.

Ante esta advertencia, las naciones asiáticas ya están tomando acciones de prevención con altos presupuestos a fin de evitar la caída de sus economías, precisamente en tiempos de recesión y crisis financiera internacional. Las investigaciones indican que se está desarrollando un fenómeno que alteraría los patrones del clima en todo el mundo.

El reporte de la NOAA revela que existe la creciente probabilidad que este fenómeno llegue a las costas norteñas peruanas ocasionando muchos siniestros. Aún se recuerda los destructivos y devastadores fenómenos en 1983 y 1997, que no solamente afectaron al norte, sino a todo el país.

En el ámbito internacional el fenómeno "El Niño" se está desarrollando justo cuando las economías globales están luchando por superar el impacto de la peor crisis financiera mundial desde la Gran Depresión en 1929. Reportes pasados indican que "El Niño" causó la muerte de más de 2,000 personas entre 1997 y 1998 y miles de millones de dólares en daños a granjas, infraestructura, puertos y minas.

La NOAA es una organización especializada en realizar estudios de las condiciones de los océanos y la atmósfera. Avisa del tiempo meteorológico, realiza cartas de mares y de cielos, guía sobre el uso y la protección de los recursos oceánicos y costeros, y conduce estudios para mejorar el entendimiento y la administración del medio ambiente.

NUEVO GABINETE, NUEVAS OPORTUNIDADES SOCIALES

La presencia de un nuevo gabinete ministerial no solamente significa "oxigenar" al Ejecutivo, sino también la oportunidad que tiene el presidente de la República para fortalecer algunas debilidades en su gestión gubernamental, afectada últimamente con diversos conflictos sociales.

Estamos tan ensimismados por los conflictos, algunos de origen político y ponderados por los medios de comunicación, que muchas veces hemos olvidado que los principales enemigos del país son la pobreza y el subdesarrollo, tétricos titanes que debemos superar en los siguientes años.

El camino a recorrer es aún largo y deberá estar basado en el diálogo y el consenso social. Hemos escrito en diversas oportunidades que el diálogo es la principal herramienta del desarrollo y éste se logra cuando las partes tienen voluntad de hacerlo.

De ahí que urge recuperar el principio de autoridad, pero también las buenas prácticas de gobernabilidad que incluya al diálogo como herramienta transversal de la gestión pública. Las nuevas propuestas de desarrollo social deberán ser inclusivas y tener el respaldo de la sociedad civil organizada, especialmente de los diversos ámbitos naturales de las iniciativas legislativas, públicas y gubernamentales. Todos reclaman cambios y la población está de acuerdo con ello. Se trata, entonces, de impulsar el desarrollo social mediante nuevas y mayores inversiones en las regiones y gobiernos locales.

En la elaboración de las propuestas de desarrollo, las nuevas oportunidades implican también tener el concurso de quienes serán los beneficiados mediante las denominadas "mesas de diálogo", a fin de evitar posibles enfrentamientos innecesarios que contribuyan con el subdesarrollo, la pobreza y proyecten una imagen de país bananero. Ya no se puede perder más tiempo.

El Perú ha encontrado el camino de su desarrollo y vamos hacia ese horizonte. Los 94 meses de crecimiento económico es un indicador óptimo, pero faltan algunos ajustes en la parte social, cuyas soluciones están precisamente en las organizaciones de base.

Por cierto que de la noche a la mañana no se resolverán los problemas, muchos de ellos originados en anteriores administraciones o en los gobiernos locales o regionales. Sin embargo, es necesario respetar los acuerdos suscritos por las administraciones Del Castillo y Simon, porque el cambio de gabinete no representa ausencia de problemas, caldo de cultivo de los conflictos sociales.

Nuestros pueblos han esperado durante años la solución de sus problemas. Han sido pacientes, de ahí que algunas personas hayan confundido esta paciencia con la sumisión y humillación, violando los principios elementales de los derechos civiles, tan humanos como la vida misma. Han abusado de nuestros pueblos hasta dejarlos en la orfandad social y abandonados a su suerte. Esa injusticia es una deuda que la sociedad tiene con los grupos más vulnerables como las etnias amazónicas, pueblos andinos y comunidades urbano-marginales.

En esta nueva etapa, no solamente expresamos nuestros buenos deseos, sino que exhortamos al gabinete Velásquez a tener una vocación integradora y de servicio, visión de futuro y compromiso social con los más necesitados de nuestra patria. Son nuevos tiempos que requieren también nuevas oportunidades para todos.

Coincidimos con Basadre cuando dijo que el Perú es más grande que sus problemas, pero también estaremos atentas a las decisiones que tome el nuevo presidente del Consejo de Ministros.

LIDERAZGO PARA EL DESARROLLO Y DIÁLOGO PARA LOS CONFLICTOS

Nuestro país vive momentos difíciles como resultado de los conflictos sociales que se están desarrollando estos días. Algunos de ellos probablemente tengan válidas razones, pero por las acciones violentas que se suscitan con las fuerzas del orden, éstas pierden sus justas aspiraciones.

En nuestro trabajo de representatividad hemos comprobado que no se necesitan realizar acciones de violencia para lograr objetivos concretos que beneficien a nuestros representados. Creemos firmemente que el diálogo es la principal herramienta para lograr un clima de armonía y confianza.

El camino que nos toca recorrer está en el diálogo y no en la violencia que siempre generará funestos resultados. Todos reclaman cambios sociales y la mayor parte de la población está de acuerdo con impulsar el desarrollo económico-social a través de nuevas y mayores inversiones en las regiones. Sin embargo, cuando nos enteramos que al cierre del primer semestre del año, el gobierno sólo ha ejecutado el 23.1 por ciento de la inversión presupuestada para el 2009, pareciera que las protestas tienen asidero real. ¿Qué está pasando? Precisamente en un año difícil marcado por la crisis financiera internacional, se debe impulsar la demanda interna mediante las inversiones públicas.

Es más, las protestas reclaman mayor atención a sus problemas, pero también sus autoridades son responsables de la situación en la que se encuentran. Según las estadísticas del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, hasta junio de 2009 los gobiernos regionales y locales sólo han gastado el 17.6 y 24.4 por ciento de sus presupuestos de inversión, respectivamente.

Como representante del departamento de Piura, conozco de cerca la realidad de las regiones. He participado en diversas protestas, pero siempre ha primado el diálogo. Para muestra un botón. El pueblo piurano ha estado esperando durante más de 70 años hacer realidad el ansiado Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura que estuvo encarpetado muchos años. Ese proyecto se logró con esfuerzo y participación de todos los piuranos, pero básicamente mediante el diálogo con las autoridades que escucharon la importancia de este proyecto.

En su momento salimos a las calles a protestar, respetando por cierto la propiedad privada y pública, incluso hemos realizado un paro regional a favor del Alto Piura. Usando como herramienta el diálogo se conformó el Frente de Defensa Regional y posteriormente una Mesa de Trabajo integrada por las autoridades locales y regionales.

Con diálogo hemos suscrito un Acta de Acuerdos con las autoridades gubernamentales y congresales entre quienes estuvieron las máximas autoridades del Congreso de la República, Comisión Agraria del Congreso de la República, Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerio de Economía y Finanzas, y el Ministerio de Agricultura. Cada instancia la hemos asumido con firmeza, pero también con diálogo.

¿Y cuál fue el resultado de esas acciones pacíficas? El resultado fue que se consiguió los primeros 75 millones de nuevos soles para el Proyecto Alto Piura, considerado como una de las mejores leyes del Congreso de la República en el 2008. Hemos citado al Alto Piura como ejemplo para demostrar que muchos conflictos sociales pueden resolverse cuando las partes tienen la voluntad de encontrar soluciones pacíficas. Luchemos juntos contra nuestros principales enemigos que son la pobreza y el subdesarrollo.

DIÁLOGO COMO SOLUCIÓN DE CONFLICTOS SOCIALES

Al término de esta tercera legislatura en el presente período, aún nos quedan muchas tareas por cumplir en diversos aspectos del desarrollo social. Hemos comprobado en algunos casos, que no se necesitan realizar acciones de violencia para lograr objetivos concretos que beneficien a nuestros pobladores. Creemos firmemente que el diálogo es la principal herramienta para retomar la paz social y lograr la armonía que siempre ha caracterizado a nuestros pueblos.

Las hojas de ruta que requiere el país están en el diálogo y no en la violencia que genera innecesarios conflictos sociales, donde cada uno hace lo que bien le parece. Hay falencias que deben ser superadas y responsabilidades que urgen ser asumidas en ambos lados de los conflictos.

Como representante del departamento de Piura, he participado en diversas protestas, pero siempre ha primado el diálogo. Hemos hablado fuerte en el hemiciclo, pero lo hicimos con respeto y altura. Nuestra voz se ha escuchado y no nos hemos callado ante la injusticia. Por cierto que no todo ha salido favorable, pero hemos logrado con la ayuda del pueblo y sus autoridades, alcanzar metas históricas usando como herramienta el diálogo.

El Proyecto Especial de Irrigación e Hidroenergético Alto Piura que durante más de 50 años estuvo encarpetado, no obstante haber tenido parlamentarios que tuvieron la oportunidad de rescatarlo de los archivos, se logró con esfuerzo y participación de todos los piuranos, pero básicamente con diálogo con las autoridades pertinentes que escucharon la importancia de este proyecto para el departamento de Piura.
Asimismo, como responsable de un grupo de trabajo que recibió diversas de denuncias de cadetes mujeres por abuso de autoridad, hostigamiento laboral y acoso sexual en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, también hemos logrado que algunas de estas cadetes hayan sido repuestas en sus centros de estudios. El caso de la cadete PNP, Flor de María Cahuaya Alegre, quien fue dada de baja por haber salido embarazada, se logró con diálogo porque fue un caso de justicia para ella.

También Karla Vargas Torrejón fue repuesta como cadete de la Escuela Militar de Chorrillos (EMCH) y en las próximas semanas se estará graduando como subteniente EP. Aunque el caso de ella fue distinto, el diálogo con el ministro de Defensa y con las autoridades de la EMCH fue cardinal para lograr resolver casos de justicia para ella.

Asimismo, cuando presentamos el proyecto de Defensoría del Personal Militar y lo coordinamos con el Ministerio de Defensa, lo hemos hecho con la convicción de contribuir al bienestar de las personas, pero al mismo tiempo respetando las normas y reglamentos internos que tienen las instituciones.

Hemos citado algunos ejemplos para demostrar que muchos conflictos sociales pueden resolverse cuando las partes tienen la voluntad de encontrar soluciones pacíficas. Necesitamos que el país recobre la paz social y que todos los peruanos vivan en armonía.

No permitamos que propósitos foráneos y voluntades totalitarias pretendan imponer sus concepciones en el país, pero al mismo tiempo, invocamos a las autoridades gubernamentales, tener mayor sensibilidad para escuchar a las diversas voces que nuestros pueblos tienen. Permitir conflictos sociales por falta de diálogo es atentar contra las inversiones y el desarrollo social que los peruanos anhelamos. Que no se borre con una mano lo construido con la otra.

APORTES DE LA CONGRESISTA PARA LA EPS GRAU DE PIURA

Es importante destacar el rol que juegan los trabajadores cuando se unen para sacar adelante algún proyecto social que beneficie a las mayorías nacionales. Nos referimos a los trabajadores de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Grau del departamento de Piura, quienes al ver a su institución inmersa en un proceso concursal y lista para su concesión o privatización, decidieron asumir la defensa de la organización con competitividad empresarial, vocación de servicio, visión de futuro y trabajo en equipo.
De tal manera que la EPS Grau salió de su estado de postración, casi en la bancarrota, a uno de cuidados intensivos. Tal vez pasó lo peor, pero aún queda un largo camino por recorrer. Pero el mérito no lo tienen los directores, quienes desde Lima han pretendido liderar a la institución. Tampoco lo tiene la alta gerencia, mayormente foránea, que por desconocimiento de la idiosincrasia piurana tuvo más errores que aciertos. El mérito está en los trabajadores, quienes desde el principio consideraron a la EPS Grau como una empresa que es fuente de vida.
A raíz que a la empresa se le declaró en reestructuración patrimonial, suspendiendo a las 25 municipalidades del ámbito de su competencia por una Junta de Acreedores, la EPS Grau no puede aspirar a mejores condiciones empresariales ni ser sujeta de crédito internacional, precisamente por estar vigente el proceso concursal. Por esa razón, presenté un proyecto de ley que busca capitalizar las acreencias a favor de la empresa y ponerla al servicio de todos los piuranos.

La norma tiene por objeto la capitalización de las acreencias directas con el Fondo Nacional de Vivienda y deudas originadas por las contribuciones reembolsables derivadas de la ejecución de obras de infraestructura de saneamiento a favor de los usuarios con recursos del Fonavi. Es decir, pretendemos fortalecer el patrimonio empresarial de la EPS Grau. Sin embargo, esta decisión no exime a los directivos y funcionarios de las responsabilidades administrativas y penales en que hubieran incurrido en el ejercicio de sus funciones, especialmente ahora que existe un nuevo directorio.

El anterior directorio quiso privatizar a la empresa, aduciendo que la gestión privada es más eficiente, olvidándose que son 25 municipalidades los verdaderos accionistas de la institución y que precisamente llegó a un estado de falencia por la gestión de ellos mismos. Luego, la Junta de Acreedores optó por concesionar a la empresa, pero ante la presión social de los pobladores, se dio marcha atrás. Ahora se habla de un "contrato de gerencia", modalidad que consiste en entregarla a un operador privado que no efectuará inversión alguna, simplemente será un administrador.

Otra lucha que es mérito de los trabajadores es el recurso de amparo que hemos presentado para dejar sin efecto el mandato judicial emitido por la Corte Superior de Justicia de Piura que restablecía la cobranza de los créditos del Fonavi. Esta medida ha dado su fruto, porque el MEF suspendió por dos meses esta cobranza.

Paralelamente al recurso de amparo, también hemos presentado un proyecto de ley que excluye a las EPS la cobranza de las deudas por conexión domiciliaria con fondos financiados por el Fonavi. Cuando los trabajadores se unen por un bienestar social, aún el trabajo congresal es más productivo

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LOS PUEBLOS AMAZÓNICOS

Hay lecciones importantes para aprender de lo sucedido en el conflicto social de nuestra amazonía. Una de esas lecciones es la igualdad de oportunidades que deberían tener las comunidades nativas y los pueblos originarios en el Congreso de la República, como lo tienen las mujeres en la representación nacional o ellos mismos en los gobiernos regionales.

Los tristes sucesos ocurridos en la ciudad de Bagua con la fría estadística de 33 fallecidos, un desaparecido y cerca de 550 millones de nuevos soles en pérdidas desde que se inició el paro amazónico, se hubieran evitado, si en el parlamento tuviésemos interlocutores válidos de las legítimas aspiraciones de los pueblos nativos, que hoy reclaman ser escuchados.

El artículo 12 de la Ley de Elecciones Regionales establece que las agrupaciones políticas deben presentar candidatos a la presidencia, vicepresidencia y Consejo Regional de cada provincia con un mínimo de 15 por ciento de presentantes de comunidades nativas y pueblos originarios de cada región donde existan, conforme lo determine el Jurado Nacional de Elecciones. Esta misma realidad debería reflejarse en el ámbito nacional, de tal manera, que en el Congreso de la República habría representantes de la amazonía peruana.

Es más, no tener representantes de nuestra amazonía en el parlamento significa estar en contraposición con la Ley N° 28983, Ley de Igualdad de Oportunidades entre hombres y mujeres, que establece en su primer artículo que la ley tiene por objeto garantizar a hombres y mujeres el ejercicio de sus derechos a la igualdad, dignidad, libre desarrollo, bienestar y autonomía, impidiendo la discriminación en todas sus esferas.

Por esa razón, consideramos de suma importancia que en la Ley Orgánica de Elecciones (Ley N° 26859) se incluya la propuesta que establece que un mínimo de 15 por ciento de representantes de comunidades nativas y pueblos originarios de cada región donde existan, conforme lo determine el Jurado Nacional de Elecciones, sean parte de los candidatos al Congreso de la República. Eso sería justo y equilibrado para una nación tan diversa como el Perú. No olvidemos que el país es un conjunto de nacionalidades y que cada una de ellas tiene su propia idiosincrasia y cosmovisión. La riqueza peruana es precisamente que es una nación pluricultural y multilingüista.

Muchos de los problemas que tenemos en la actualidad y gran parte de las limitaciones que afronta el proceso de descentralización, se deben precisamente a la falta de interlocutores válidos entre el Congreso y las diversas etnias. Con la propuesta, deseamos contribuir a solucionar parte de los futuros conflictos sociales que por falta de representatividad y de comunicación, siguen causando pérdidas económicas y deteriorando nuestra imagen como país.

Ante los sucesos de Bagua, todos reconocemos que los pueblos amazónicos son peruanos como nosotros, pero muchas veces en la práctica, este reconocimiento es nulo cuando se trata de sus derechos. De esta manera, el Congreso de la República tiene nuevamente la oportunidad de contribuir en la formación de un país sin exclusiones ni discriminaciones, donde todos somos iguales ante Dios y la ley. Con este aporte, estamos seguros que nuestro país será más unitario en medio de la pluriculturalidad.

LECCIONES DE BAGUA

Los funestos sucesos acaecidos en Bagua nos deben hacer reflexionar que en el Perú aún falta trabajar el proceso de democratización en diversos ámbitos de la población, especialmente en los grupos étnicos amazónicos, comunidades rurales y estratos urbano-marginales. Quienes creen que democracia es sufragio universal o libertad de prensa se equivocan. Lamentablemente, el caso Bagua nos deja importantes lecciones con un costo social demasiado alto.

Cuando se publicó el controvertido Decreto Legislativo 1090 el 28 de junio de 2008, norma que aprueba la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, poco se hizo para difundir los alcances de este decreto y peor aún, no se tomó en cuenta la opinión de quienes debieron participar en las consultas previas. Esta situación se prestó para muchas manipulaciones y conjeturas. Si las autoridades gubernamentales hubieran convocado a los dirigentes nativos, por competencia del tema, probablemente hoy estarían con vida los 34 peruanos entre policías y nativos, y la economía nacional no hubiera perdido más de US$ 186 millones (560 millones de nuevos soles) como consecuencia del paro amazónico. La cantidad de muertos son cifras oficiales, pero los grupos amazónicos revelan que hay más de 60 fallecidos, que sigue siendo un número aún no determinado de nativos muertos.

De esta manera los grupos amazónicos estarían informados de los alcances del decreto legislativo y no se hubiera permitido manipulaciones de caudillos que por afán electorero o compensanción económica incitaron al paro amazónico con su secuela de violencia fratricida. Los principios democráticos así lo exigen y lo demandan de quienes presiden la administración del Estado, porque se trata del gobierno del pueblo para el pueblo.

La situación es compleja para la administración García y también para las comunidades amazónicas. A pesar del estado de emergencia y toque de queda en la zona, en otros lugares hay brotes de violencia muy cercana a la subversiva combinada con el narcotráfico. No estamos acusando a nadie, pero una situación de desgobierno en la amazonía, es el insumo que necesitan los grupos antidemocráticos, donde lo único que prima es literalmente la ley de la selva.

Dos lotes de la empresa pluspetrol fueron invadidos, el aeropuerto Trompeteros, base de transporte del Lote N° 8, fue tomado, nuevas carreteras están bloqueadas y para el 11 de junio se organizan diversas manifestaciones callejeras de protesta en Lima y otras ciudades de provincias.

Ante esta situación, hacemos un llamado a las autoridades gubernamentales y grupos amazónicos a que cesen los enfrentamientos en diversas localidades, para lo cual solicitamos que se suspenda el estado de sitio en Bagua. Lamento que las autoridades no hayan tenido la capacidad de resolver el conflicto por medios pacíficos.

Otra lección que nos debe quedar en claro es que ante este problema, urge que el Ejecutivo o Congreso de la República suspenda o derogue los decretos que están generando estos enfrentamientos y que la Mesa de Diálogo conformada para ese fin haga llegar las propuestas necesarias a fin de reformar las normas de acuerdo a las necesidades que existan en la amazonía.

Nos preocupa la violencia que se está generando por esta situación, propiciada por la intolerancia y la intransigencia de quienes pueden resolver el problema con diálogo y atender de esa manera las demandas de los grupos amazónicos.